Por Jorge Devincenzi, especial para Causa Popular.- En 1978, la dictadura argentina pagó 394,5 millones de dólares para estatizar la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE). La cotización que se había hecho en 1975, estudios posteriores e incluso las valuaciones del entonces subsecretario de Energía (que la valuó 100 millones de U$S abajo), indican que el precio real era mucho menor, y que el perjuicio para el Estado fue de más de 156 millones de dólares.
Situación
Estatizar la CIAE era una decisión antagónica con los lineamientos de la política económica liberal de la dictadura del 76-83, que inauguraba un proceso sistemático de desguace del Estado y outsourcing. Es decir, cuando todo se privatizaba, la CIAE era estatizada.
En décadas anteriores, las centrales de la Ítalo habían sido interconectadas con las de Segba (estatales) para impedir que la oferta de energía colapsara.
A pesar de ello, los cortes eran frecuentes y la interconexión ocultaba la verdad: la CIAE, que no proveía más del 10% de toda la oferta, estaba incapacitada para prestar el servicio porque sus equipos no producían lo que exigía el contrato. Aunque durante el primer gobierno peronista se había decidido interconectar todo el sistema bajo la supervisión de la recientemente creada Agua y Energía (a fin de lograr un creciente control estatal), esa misma interconexión se había convertido en un negocio para la empresa, que terminaba distribuyendo, con cables instalados 50 años atrás, electricidad producida en usinas del Estado.
Aunque ésta situación anómala era causal de recesión inmediata, cualquier indemnización era tan excelente negocio para los accionistas de la Ítalo como pésimo para el Estado ya que la mayor parte de sus activos estaban amortizados.
Pero sus directivos, colocados en distintos gobiernos (Frondizi, Guido, Videla), lograrían primero prorrogar ilegalmente la concesión, y luego, cuando la decisión de nacionalizarla estaba tomada y la Procuración había emitido un fallo lapidario declarando nulo el contrato, sobrevino la dictadura y, en un sórdido vuelco de 180°, sus dueños fueron generosamente indemnizados.
El grupo y sus jugadores
En 1977 el panorama era el siguiente:
La CIAE era una empresa de capitales suizos, filial del consorcio Motor Columbus con sede en Suiza.
Integraban el grupo las empresas locales: Sociedad Comercial del Plata; diversas compañías eléctricas ubicadas en el interior; la Cía Industrial Sud Americana y la Cía General de Combustibles (CGC), petrolera. Esta última, creada con el único objetivo de abastecerla de fuel-oil barato que producía YPF.
El argentino-suizo Francisco Soldati (padre) presidía la CIAE, CGC y Comercial del Plata. También había sido director de Motor Columbus.
Su hijo homónimo era director del Banco Central, y también lo era de Comercial del Plata y CGC. Se reunía frecuentemente con los negociadores del traspaso.
Roberto T. Alemann integró el directorio de Motor Columbus y CGC. Además, representó a la Unión de Bancos Suizos, accionista de la CIAE y de Motor Columbus. Había suscripto como ministro de Economía en 1961 el nuevo contrato de concesión.
El embajador suizo en Argentina durante la estatización era director de Motor Columbus.
Parte del paquete de Motor Columbus pertenecía a la británica Brown Boveri. Walter Boveri era director de la CGC.
El ministro José Alfredo Martínez de Hoz era director de CIAE desde 1969 y se excusó de actuar, pero sólo formalmente.
El empresario Nicanor Costa Méndez, anterior ministro de relaciones exteriores de Onganía, era presidente de la CGC y volvería al mismo ministerio en 1982.
Como director del Banco Central, Eugenio Folcini participó en un elemento clave de la negociación: aconsejar que el convenio se hiciera en francos suizos, porque los dólares inicialmente reclamados por la empresa se estaban devaluando en el mercado financiero internacional.
Al ser interrogado por el Congreso en 1985, Folcini aseguró que asesoraba a los negociadores como director del Banco Central.
Su presidente Adolfo Diz, sin embargo, sostuvo que lo hacía a título personal.
Folcini luego fue presidente del Banco Central nombrado por Carlos Menem, como lo había sido su padre en el de Lonardi.
Cómo empezó todo
El 4 de octubre de 1912, la CIAE obtuvo la concesión para prestar servicios de generación, distribución y venta de electricidad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires (en la zona de la actual Edesur), y luego se extendió a algunos partidos del Gran Buenos Aires.
En cuanto se otorgó la concesión, el secretario del Obras públicas municipales, Atanasio Iturbe, fue premiado con un lugar en el directorio. Lo mismo haría el intendente Tomás de Anchorena tras cumplir su mandato.
El convenio establecía que los edificios, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían automáticamente al patrimonio de la municipalidad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato, igual que todas las ampliaciones y extensiones. Mediante una amortización progresiva del 2% anual, la municipalidad iba convirtiéndose en condómino de la compañía.
Se establecía un fondo de previsión o renovación, suerte de garantía pagada por las tarifas que aseguraba que al terminar la concesión todas las instalaciones pasarían al Estado en perfecto estado de conservación.
Innovaciones en la década infame
En 1936 se modificaron los términos de la concesión original por la ordenanza 8029, con una anticipación de 25 años respecto del vencimiento del plazo original,
Algo similar decidiría el gobierno de De la Rúa con el yacimiento Loma de La Lata en el 2001.
Los concejales, que habían sido sobornados por Sofina, el grupo belga dueño de la CADE, establecieron que la cesión sería mediante un acto de compraventa.
Como pago, se les regaló el edificio de la Casa Radical.
Las ordenanzas fueron tan escandalosas que en 1943 se formó una comisión investigadora integrada por Matías Rodríguez Conde, Juan Sábato y Juan Pablo Oliver, donde se determina que lo actuado en 1936 es absolutamente ilícito. Su informe recién sería publicado por Eudeba en 1974, cuando la dirigía don Arturo Jauretche.
En 1957, una comisión del gobierno (dec. 4498/57) dictaminó que “el contrato de 1936 fue celebrado sin licitación previa… ni contó con la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante, por lo cual se produce la nulidad de la concesión.
Frente a ello, la CIAE inició juicios contra la municipalidad y el Estado Nacional.
Alemann y Gelbard
En 1961, el Estado aprueba un nuevo convenio de concesión que mejora las condiciones de la ordenanza de 1936. Se le garantizaba un porcentaje mínimo de rentabilidad, asegurándole una utilidad neta sobre el total de sus inversiones en bienes de uso, los que serían revaluados anualmente. El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE, y ésta se comprometía a modernizar los equipos.
El convenio fue aprobado por el decreto 5571 y firmado por Frondizi, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe. El segundo no creyó pertinente excusarse.
El télex de setiembre 1962 del presidente de la CIAE a la central de Motor Columbus muestra qué seriedad otorgaba el consorcio a sus obligaciones: “Hemos resuelto postergar o reconsiderar según circunstancias, siguientes puntos del convenio…” refiriéndose al compromiso de ampliar la Usina Puerto Nuevo con un turbogrupo de 200.000 kW, y agregar tres subusinas de transformación.
Las promesas de inversión de 1961 recién se harían realidad durante 1967 (dictadura de Onganía) cuando el Estado se avino a avalar la compra de equipos Brown Boveri (del mismo grupo Motor Columbus) pagados por el Banco Industrial, que así tendría otro motivo para quebrar.
La naturaleza de estos avales puede apreciarse en la carta de presidente de la CIAE del 7/1/72 a la central de Motor Columbus: “Quisiéramos señalar que el banco (Banco Nacional de Desarrollo, ex Banco Industrial) paga estas operaciones sin indicar que lo está haciendo con sus fondos propios, por lo cual les rogamos que mantengan la más estricta reserva sobre el particular, para no perjudicar innecesariamente nuestro crédito”.
En 1975, la Procuración General del Tesoro establecería que después de 1961, la CIAE “nunca aportó capitales nuevos e hizo de la inflación uno de sus principales negocios. Como muestra de esto último queda el revalúo permitido por el Convenio de Concesión que le posibilitó incrementar al 31 de diciembre de 1961 en 1.800% el valor de la reservas respecto al 31 de diciembre del año anterior, y aumentó en la misma medida el valor de su capital accionario”.
En 1974 se crea una comisión de estudio de la concesión formada entre otros por Guido di Tella y Alieto Guadagni. El entonces ministro de Economía José Ber Gelbard suscribió sus conclusiones y recomendaciones: pagar unos 60 millones de dólares. Durante la dictadura deaparecerán todos los antecedentes de la CIAE archivados en el ministerio de Economía.
Minutos antes de marzo de 1976
En los últimos meses de 1975 se había sancionado el decreto 648, por el que se declaraba “la manifiesta irregularidad y en consecuencia la ineficacia e inexigibilidad del contrato-concesión suscrito entre el gobierno de la Nación y CIAE con fechas 12 de mayo y 30 de junio de 1961…” y se instruía “a la Procuración del Tesoro de la Nación para iniciar oportunamente las acciones judiciales tendientes a obtener la declaración de nulidad de los contratos mencionados”.
Isabel Martínez anuncia que la Ítalo sería nacionalizada.
Por decreto 731 se encomienda requerir al procurador del Tesoro que estudie la legalidad del contrato-concesión.
El dictamen del procurador Edgar Sáa del 30 de diciembre de 1975 determina que el convenio de 1961 lesiona las concesiones que otorgara el Congreso mediante ley 14.772 a empresas estatales o de propiedad estatal; su aprobación por decreto no es suficiente para conferirle eficacia; y es violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasiona su nulidad absoluta.
Entra Martínez de Hoz
Por decreto 223 de abril del 76, la dictadura, considerando los diferendos con el Estado que existían con distintas empresas, creó en el área del ministerio de Economía varias comisiones asesoras que estudiarían la situación, entre otras, de Siemens y Standard Electric (proveedores de EnTel), CIAE, Esso y Shell (por la nacionalización de las bocas de expendio), etc.
Por decreto 274 del mismo mes de abril, el ministro de Economía se excusa para intervenir en asuntos de que pudieran ser parte interesada la CIAE. Sin embargo, luego él mismo nombra, por Res. 92/76, a los miembros de la comisión que se encargaría del caso Ítalo, formada por civiles y militares.
La primera comisión solo era asesora, pero con la resolución 92 se convierte en negociadora y se incorporan nuevos miembros, cercanos al ministro.
A continuación se promulga la llamada Ley 21.299 que declara suspendidos por 180 días todos los juicios que mantiene el Estado con empresas privadas.
No fue derogado el decreto 648 de nulidad del contrato, porque eso hubiera significado que se generalizara la sospecha sobre los que se estaba tramando, y Martínez de Hoz anuncia a la prensa que su objetivo es lograr una buena negociación para atraer capitales.
La comisión investigadora de diputados probó en 1985 que los involucrados se reunían habitualmente en el despacho del ministro para evaluar las alternativas de la negociación, y que éste viajó a Suiza para finiquitar los detalles. El acta 19 de la comisión señala textualmente que Martínez de Hoz convocó a sus miembros a su despacho “a fin de tratar asuntos vinculados con el tema Ítalo”.
En el acta 9 de la comisión 6 encargada del caso Ítalo se indican las posibles líneas de acción: compra de la empresa, firma de un nuevo contrato de concesión o expropiación.
Cuando el almirante Massera pareció interesarse por el tema, un capitán de fragata Pérez Ciccone le eleva un informe en el que señala que: “los elementos con los que cuenta el suscripto sólo consisten en las publicaciones de la empresa” y que “el patrimonio neto se encuentra comprometido”: el pasivo había subido de 1.500 a 10.179 millones de pesos entre 1973 y 1975: y los compromisos en el mismo período habían pasado de 828 a 4.344 millones de pesos.
La conclusiones de la comisión necociadora indicaron dos cursos de acción: 1) derogar el decreto 648 de Isabel Martínez y “no tomar otra acción dejando la iniciativa a la empresa, la que presumiblemente denunciarían el convenio”, o 2) negociar la compra con la empresa.
Luego del viaje de Martínez de Hoz a Suiza, la Junta Militar produjo el acta secreta n° 40 en la que se decide adoptar el curso de acción 2, la compra, aunque la comisión parecía sugerir la pertinencia del primero.
Luego se designa al doctor Alejandro Caride, un ex juez de menores y amigo personal del general Videla, como negociador único. Ante los diputados, en 1985, Caride reconoció su desconocimiento de las ramas del derecho que involucraba la negociación, aunque se justificó en “el patriotismo” y que “la estatización era virtualmente inevitable”.
El 2 de junio de 1978 se firma el pre-contrato.
Los estudios realizados en 1985 establecieron que el costo total de la transferencia fue (en dólares):
Un funcionario subalterno del ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego de Bel, director del registro de Inversiones Extranjeras, encargado de certificar que la CIAE era una empresa de capitales extranjeros, fue secuestrado el 15 de junio de 1977 y desapareció.
Tres ex directivos de la CIAE pasaron a formar parte del directorio de Agua y Energía.
La CIAE nunca pudo demostrar origen, monto y aplicación de las inversiones que la hubieran catalogado como empresa extranjera, refugiándose en las ambiguedades del contrato de 1961.
Un año después de celebrado el contrato de traspaso, el subsecretario de Inversiones Extranjeras Federico Dumas, superior del desaparecido Casariego del Bel, todavía preguntaba por nota cuáles habían sido las inversiones y cuál era el capital de la CIAE.
Dumas también era asesor de ADELA, el grupo inversor con sede en Bahamas e integrado por Adalbert Krieger Vasena que vació el frigorífico Swift.
Tampoco se excusó Martínez de Hoz cuando designó al contralmirante Fitte como administrador de los bienes de la ex CIAE. Nunca se hizo inventario de bienes, nI nunca se supo qué se recibió ni en que estado.
A mediados de los 80, un estudio técnico de Segba estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex CIAE estaban amortizados, eran chatarra y habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los 30, turbinas obsoletas y cables con 50 años de antigüedad que la ex Segba se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y BID.
Hoy, la Central Puerto Nuevo es un monumento al óxido y a la infamia.
El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra.
