Negociar necesse

Sin habérselo propuesto, la Corte de La Haya alejó la solución del conflicto al poner a ambos países en una situación más pareja: para el tribunal no existe un solo agresor y una sola víctima, como pretende el gobierno uruguayo. En cambio, se abre -sobre todo a falta de otras instancias- el camino del diálogo y la negociación. Con o sin cortes de ruta, porque la realidad suele ser más terca que las declaraciones.

El fallo del martes 23 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sorprendió a tirios y troyanos. En primer lugar, porque Uruguay venía ganando en cada instancia internacional en que se había examinado la controversia. En julio de 2006, en la misma CIJ, cuando Argentina solicitó, también como medida cautelar, que se interrumpiera la construcción de las plantas de celulosa de Fray Bentos; en el tribunal ad hoc del Mercosur, que declaró que los cortes de rutas afectaban el artículo 1 del Tratado de Asunción; y en el Banco Mundial, que concedió a Botnia el préstamo y la garantía que había solicitado tras entender que su planta no causaría un daño grave al ambiente.

La segunda razón de la sorpresa es que en Argentina los dirigentes ambientalistas, varios medios de prensa e incluso más de un gobernante pronosticaron en los días previos que seguramente Uruguay volvería a ganar esta instancia y no faltaron, incluso entre las autoridades provinciales, quienes proclamaran a voz en cuello que, si perdían, no acatarían el fallo. Y hay una tercera razón para sorprenderse: el fallo fue casi unánime. Lo compartieron 14 de los 15 magistrados de la CIJ, y el único voto discorde fue el del juez ad hoc propuesto por Uruguay, el español Santiago Torres Bernárdez. Fue un fracaso igual al que había sufrido Argentina el 13 de julio, ante su pedido de una medida cautelar.

Quién y por qué.

¿Qué fue lo que pasó? El gobierno uruguayo no evaluó correctamente los antecedentes, ni siquiera el que le había tocado vivir, como ganador, pocos meses atrás, cuando el tribunal consideró que la construcción de un edificio con una enorme chimenea no implica un riesgo inminente de contaminación ambiental. La CIJ entiende -y siempre lo entendió- que, para adoptar medidas cautelares, debe existir un riesgo inminente de que, con relación al fondo del conflicto, una de las partes en el litigio pueda sufrir un daño irreparable. El fondo de la cuestión, en este caso, es la construcción de plantas de celulosa en territorio uruguayo, en violación -según la demanda argentina- de las obligaciones contenidas en el Estatuto del Río Uruguay.

Lo que pidió Uruguay a la CIJ en noviembre, en carácter de medida cautelar, es que obligue a Argentina a poner fin a los bloqueos de los puentes que unen a ambos países. La CIJ consideró que no debía hacer lugar a esa demanda porque los bloqueos no afectan el derecho de Uruguay a construir plantas de celulosa en su territorio. La CIJ aceptó la argumentación de Argentina en el sentido de que los bloqueos no impidieron que Botnia siguiera construyendo su planta, lo cual es innegable: actualmente ha terminado más del 70% de la obra y su puesta en funcionamiento está prevista para el último trimestre de este año. De acuerdo con esta línea de razonamiento, nada tiene que ver el daño que puedan provocar los bloqueos al comercio entre ambos países o al turismo en Uruguay, daño que por otra parte sería reparable por la vía de las demandas económicas que pueden plantearse ante los tribunales competentes. Tampoco constituye un daño inminente o irreparable el efecto de chantaje de la medida de fuerza, es decir el planteo de que los cortes de ruta se mantienen mientras la planta de Botnia no se desmantele.

Leída con un mínimo de atención la ordenanza de la CIJ, todo parece muy claro y la principal interrogante es, si efectivamente era así, por qué Uruguay pidió una medida cautelar que, de antemano, debió suponer que no sería aceptada. Debió imaginarlo, primero, porque había argumentos muy sólidos para rechazarla, pero además porque la jurisprudencia de la CIJ exhibe una reticencia muy marcada para adoptar medidas cautelares. Existía otro riesgo: el de que la CIJ se declarara incompetente sobre el punto planteado por Uruguay, que fue en definitiva la argumentación central de Argentina. Esto no ocurrió y lo que pasó fue mucho peor para los intereses uruguayos: no hizo lugar a la solicitud.

La segunda interrogante, que surge a partir de que la conducción de la posición uruguaya a lo largo del conflicto con Argentina ha variado, es si la decisión de solicitar las medidas cautelares a la CIJ se tomó por iniciativa del Palacio Santos o del Edificio Libertad (más allá de que, cualquiera haya sido el origen, la Presidencia aprobó la gestión).* En todo caso, según ha revelado el ex profesor de derecho internacional Edison González Lapeyre, el equipo de asesores honorarios de la cancillería no fue consultado a este respecto y recién fue informado del texto de la demanda a principios de diciembre, varios días después de que la misma hubiera sido presentada en La Haya, motivo por el cual renunció a seguir participando en ese grupo asesor.**

Así lo reveló González Lapeyre en la entrevista de radio El Espectador (miércoles 24), en la que dijo, además, que siempre creyó que no era ésta la oportunidad procesal adecuada para hacer una solicitud de esta naturaleza, sino que hubiera sido preferible plantearla “al contestar la demanda, reconvenir u oponer excepciones preliminares”.

También sostuvo que, aun en el caso de que la decisión de la CIJ hubiese sido favorable a Uruguay, poco o nada se hubiera logrado con miras a la solución del conflicto. Dijo en ese sentido que “el 70 por ciento de las medidas provisionales y conservatorias que adopta la CIJ no es acatado” y que “en este caso la decisión no habría sido acatada porque el presidente Kirchner, en reiteradas oportunidades, dijo que no iba a reprimir, y los piqueteros de Gualeguaychú no se iban a retirar de los bloqueos si no había represión”.

Hay otros indicios que apuntan a sospechar que la decisión de recurrir en este momento a La Haya no fue pergeñada por una cabeza diplomática, sino política: uno de ellos es que, según pudo saber BRECHA, la primera reacción del embajador Héctor Gros Espiell -expositor de la nueva presentación ante la CIJ- fue la de desaconsejar que se siguiera este camino y que finalmente optó por acatar las órdenes superiores impartidas desde Montevideo.

Otro de los indicios en el mismo sentido fueron los esfuerzos y “pininos” que debieron hacer algunos diplomáticos de carrera para encontrar “un lado bueno para Uruguay” en la decisión de La Haya del martes 24, como el propio Gros Espiell, el embajador Carlos Gianelli o el director general de la cancillería José Luis Cancela, quien llegó a sostener que se confirmó -implícitamente, claro- que “Uruguay está en su pleno derecho de seguir adelante con el emprendimiento de Botnia” y que el planteo uruguayo ante la CIJ no había sido “un gol en contra” sino sólo “un penal atajado por Argentina” (La República, miércoles 24).

Más allá de la justicia.

La batalla en el campo del derecho internacional la ganó Argentina, por un fallo contundente del máximo órgano de justicia en el mundo. Aunque nadie pueda vaticinar hoy cuál será, la decisión final de la CIJ no se verá afectada por el traspié, pero el fallo del martes 24 tiene innegables repercusiones políticas para los intereses del gobierno uruguayo: lo coloca en una situación de mayor debilidad en todos los ámbitos en que se siga desarrollando el conflicto.

Aunque sea forzando el espíritu del fallo, los asambleístas de Gualeguaychú pueden alegar que la CIJ admite, por lo menos indirectamente, su comportamiento, y el gobierno de Néstor Kirchner se siente respaldado en su decisión de no reprimir a quienes sostienen que están defendiendo el derecho a la vida propia y a la de sus descendientes. Más allá de que no se trate de la lectura más correcta del texto de la CIJ, esa interpretación “facilitará” la resistencia que la incómoda participación en un conflicto entre dos socios genera en el Mercosur y coloca a ambas partes en una situación menos despareja en cualquier negociación futura, incluida la que promueve el rey de España.

La nueva relación de fuerzas obligará al gobierno uruguayo a dialogar -y también a negociar- por más que persistan los bloqueos. La empresa Botnia parece haberlo comprendido, y de ahí los contactos que mantuvo en Helsinki con el mensajero del rey. Uruguay, si no cambia su posición, se expone a ser calificado como el intransigente de la película. De ahí la hábil actitud de Kirchner de controlar su alegría tras el fallo, de reiterar su afecto por “los hermanos uruguayos” y de invitar al gobierno de Vázquez a transitar el camino del diálogo. La Haya, sin quererlo, le dio la oportunidad de presentarse como el bueno de la misma película.

Es en estas circunstancias que el lunes 29 volverá al Río de la Plata el embajador Juan Antonio Yáñez Barnuevo. Hombre precavido, Yáñez prefirió esperar el pronunciamiento de la CIJ para proseguir sus gestiones; ahora tiene todas las cartas a la vista para conversar con cada parte. El gobierno uruguayo, al principio reticente respecto de su gestión, hoy apuesta con más convicción al resultado que pueda obtener, quizás porque ha comprobado que no puede ganar “de todas, todas”.

En cuanto a la interna uruguaya, el fracaso en la CIJ vuelve a colocar al canciller Reinaldo Gargano en la picota, con las consecuencias que ello puede tener en las relaciones con la oposición y también en la interna del Frente Amplio. Por un lado, varios dirigentes de la oposición -como el senador Jorge Larrañaga y el ex presidente Jorge Batlle- señalan el error táctico del gobierno al haber solicitado a La Haya una medida cautelar que era previsible que no sería aprobada. Se trata de una de las pocas veces en que la oposición ha cuestionado al oficialismo a lo largo del conflicto con Argentina, único asunto en el cual todo el espectro político se ha solidarizado con la posición del gobierno. Lo hace “con el diario del lunes”, es decir una vez conocida la decisión de La Haya, pero el pretexto es atendible: criticar antes hubiera debilitado la posición uruguaya.

Por otra parte, los diputados de Correntada Wilsonista Beatriz Argimón y Carlos Enciso anunciaron que pedirán informes a la cancillería sobre la actitud a tomar después de la decisión de la CIJ. En cuanto a la relación de fuerzas dentro de la izquierda, hay que tener presente que el presidente del Partido Socialista es uno de los principales defensores de la integración en el Mercosur y uno de los dirigentes que más se opuso a la firma de un TLC con Estados Unidos.

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* Según informó ayer, jueves, El Observador, fuentes “del entorno del presidente” revelaron que en los últimos días habría prevalecido la idea de que “era muy probable que finalmente se concretara el primer revés jurídico internacional” en el conflicto con Argentina.

** Este equipo asesor, integrado por expertos en derecho internacional, en su mayoría de filiación colorada y también por el frenteamplista Alberto Pérez Pérez, quedó prácticamente desintegrado en el segundo semestre de 2006. Además de González Lapeyre, renunció por razones personales el profesor Roberto Puceiro, y su colega, el embajador Felipe Paolillo, dejó de ser convocado a las reuniones.

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