Muertes y disputas en la estatización de la CIAE

Como se vio anteriormente, la dictadura de Videla pagó en 1978 394,5 millones de dólares (en su equivalente en francos suizos) a los accionistas de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE). No bien se acordó el precio final, el Banco Central, encabezado entonces por Adolfo Diz (un Chicago boy del riñón de Martínez de Hoz), emitió bonos en francos suizos que serían adquiridos precisamente por la Unión de Bancos Suizos (de la que era representante el futuro ministro Roberto Alemann), entidad que, oh casualidad, era accionista de la Ítalo.

Esa deuda, como otras, fue investigada por Alejandro Olmos, en aquel expediente histórico donde el juez Ballestero declaró la ilegalidad de todo lo actuado.

La comisión de diputados que en 1985 estudió el caso concluyó que Martínez de Hoz participó activamente con varios de sus subordinados (Klein y Soldati, los más notorios) en el trámite de negociación con la Ítalo, aunque había pertenecido a su directorio y a pesar del difuso decreto 274 de excusación firmado apresuradamente por Videla tres días después de que se formara la comisión negociadora con miembros elegidos por el propio ministro.
También se constataron oscuras relaciones del estudio del ex ministro con el desaparecido financista David Graiver, quien administraba el dinero de Montoneros.

La Ítalo había pagado el rescate de Francisco Soldati, secuestrado por esa organización armada, y nunca se supo si el dinero pasó a pérdidas de la empresa, si fue incorporado al costo tarifario (es decir, pagado por los usuarios) o si fue incluido en el precio de la estatización.

El subsecretario de Energía, Bernardo Bronstein, había valuado los bienes de la empresa eléctrica 100 millones de U$S por debajo de lo que luego se terminaría pagando. Luego de este traspié, varios testigos directos e indirectos relataron las alternativas de una tumultuosa reunión entre Bronstein, su superior Guillermo Zubarán, y Alberto Kurlat, director de la CIAE, a resultas de la cual, y por orden del general Villarreal que reportaba directamente a Videla, el subsecretario terminaría realizando un nuevo informe con los valores exigidos por los accionistas, los que efectivamente se pagaron.

Un testigo reveló que, enterado del diferendo, vino “una orden severa desde Presidencia alertando para no interferir” y una protesta de De Pablo Pardo, el hombre de Martínez de Hoz y Alemann con cargo de embajador en Ginebra, que trasmitía las exigencias de Motor Columbus.
Interrogado en 1985, Bronstein declaró que actuó “con sujeción a las normas de ese entonces”: a) No comprar la empresa; b) Si esa gestión fracasaba, recién pasar a la operación compra, repitiendo textualmente la conclusión de la comisión asesora militar designada por el gobierno, lo que no era técnicamente cierto.

Cuando se le preguntó al abogado Caride (un mayor auditor del Ejército nombrado por Videla miembro de la Suprema Corte y luego “negociador único”) si había “dos informes Bronstein”, declaró que el ex funcionario en realidad había hecho una “interpretación de su propio informe original”, en la que aparecen milagrosamente 100 millones de dólares adicionales.

A continuación, Bronstein mandó el informe primitivo al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, de conocida relación con la Armada, para su publicación.
Varios de los personajes que intervinieron en el núcleo de la negociación murieron violentamente.

El secretario de Energía Guillermo Zubarán, tras un extraño accidente automovilístico en el sur.

El subsecretario de Coordinación del ministerio de Economía, Miguel Tobías Padilla, recibió un tiro en la cabeza a través de la ventanilla de su automóvil en abril de 1978.

Interrogado sobre el tema, el doctor Oscar Alvarado Uriburu, que fuera secretario privado del ministro de Economía Martínez de Hoz durante la intervención militar a la provincia de Salta en 1956, y luego se desempeñaría como presidente del Mercado de Valores de Buenos Aires, declaró:

– P.: Se le atribuyó al desaparecido doctor Padilla ser asesor de la Ítalo y llevar una carpeta paralela. Resulta que del ministerio de Economía desaparecieron todos los antecedentes de la empresa…

– Alvarado Uriburu: Lo entiendo perfectamente. Su explicación es válida. Si pudiera aportar elementos, lo haría con gusto.

– P.: ¿Recuerda si el doctor Padilla llevaba alguna documentación?

– A. Uriburu: Recuerdo que el doctor Padilla se dedicaba al tema de sueldos y salarios, y tenía un proyecto de ley de obras sociales.

– P.: ¿Padilla podría haber sido la persona que asesoró al Poder Ejecutivo respecto del costo del traslado de los trabajadores de la Ítalo al Estado?

– A. Uriburu: Es posible.

Un año antes, el 11 de febrero de 1977, había desaparecido el sindicalista Oscar Smith, que formaba parte de la comisión gremial encargada de negociar esos temas con el gobierno.

Según el periodista Ricardo Roa (Clarín, 24/3/2006) “la pelea entre Videla y Massera no se manifestó casi en el sindicalismo: la desaparición del lucifuercista Oscar Smith fue la excepción. La disputa interna fue con Martínez de Hoz”.

En cuanto al español Juan Carlos Casariego de Bel, director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, desapareció el 15 de junio de 1977, cuatro meses después de Smith.
En nota anterior dábamos cuenta de las declaraciones de los funcionarios de la dictadura Carlos Alberto Elías Alvarado, también socio del estudio de Casariego de Bel, y Federico Dumas, su superior, que dependía directamente de Guillermo Walter Klein.

Alvarado afirmó:

– 1) Que Casariego estaba a cargo del Registro de Inversiones Extranjeras.
– 2) Que tras su desaparición, la esposa intentó entrevistarse con Klein, pero no fue atendida, aunque el funcionario secuestrado tenía trato directo con el Secretario de Coordinación.

En otra parte del interrogatorio se pregunta a Alvarado Uriburu:

– P.: ¿Recibió el doctor Casariego en algún momento órdenes respecto del registro de inversiones extranjeras?

– Alvarado Uriburu: Yo recibí una consulta acerca de si se podía destruir el registro. Entonces, como se trataba de un instrumento público, hablé con el doctor García Belsunce, que era el jefe del archivo, y le dije que iba a mandar por escrito la consulta.

En cuanto a Dumas, que sufrió durante el interrogatorio un agudo ataque de desmemoria, reconoció que en su área la ley se tomaba bien a la ligera, aceptando o rechazando los montos reales de las inversiones extranjeras de acuerdo a criterios sui generis que él mismo determinaba para cada caso.

Familiares de Casariego de Bel han sostenido en estos días que el abogado desaparecido se negaba a destruir evidencias o firmar disposiciones non sanctas, presión que en cualquier caso había resentido su salud.

Esas directivas sólo podían provenir de sus superiores directos, Dumas y Klein, ya que él no parece haber tenido trato directo con Martínez de Hoz.

El ex ministro también fue interrogado.

– P.: Hubo denuncias en el sentido de que durante el lapso que usted fue ministro, personas encapuchadas interrogaron a distintos funcionarios del Ministerio de Economía.

– Martínez de Hoz.: Nunca me llegó ninguna denuncia al respecto.

P.: Hubo también denuncias en el sentido de que miembros o asesores de su ministerio habrían intervenido en el secuestro y posterior desaparición del directivos del banco de Hurlingham (del grupo Graiver, con el que el ex ministro había estado relacionado).

M. de Hoz.: Fue todo al revés. Quien tomó la decisión de hacer las cosas en el Banco de Hurlingham, en contra de nuestro consejo, fue el general Suárez Mason. Tanto es así que el doctor Abeledo, que era subsecretario del doctor Klein, dejó ese cargo durante un tiempo y se le pidió que fuera síndico del Banco de Hurlingham.

Aurelio Cid, subordinado de Martínez de Hoz, sucesor de Casariego de Bel, ex síndico del Banco de Húrlingham y propuesto por el ministro para integrar la comisión negociadora, fue secuestrado y luego apareció como “detenido a disposición del PEN” durante la liquidación de esa entidad. Estuvo en esa situación alrededor de un año.

Francisco Soldati padre, quien disfrutaba la doble nacionalidad argentina y suiza y había presidido el directorio de la CIAE y formaba parte de la conducción de su controladora, Motor Columbus, también fue víctima de un atentado.

Interrogado Emilio Eduardo Massera en 1985, respondió muy confusamente sobre el episodio:

– P.: ¿Conoce algo sobre el atentado y la muerte de Soldati?
Massera: Ya no era comandante. Incluso lo mataron en la esquina de mi oficina, yo escuché dos tiros. Creo que fue en el 80.

(Soldati murió el 13 de noviembre de 1979 junto con su chofer de apellido Durán. Luego de una ráfaga de ametralladora, el vehículo fue destruido con una granada. Las ejecuciones fueron atribuidas a Montoneros).

– P.: Versiones periodísticas de la época hablan de una acción de combate desarrollada por miembros de su custodia.

– Massera: Ahora recuerdo, no intervinieron, se dijo eso porque había… (confuso).

– P.: Había habido un tiroteo.

– Massera: Sí, de acuerdo, mi custodia estaba… No hay nada, yo tampoco…

Para esa época, que se sepa, el ex almirante todavía no había sufrido ninguna lesión cerebral permanente.

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