Motivos de una distancia

El proceso de expansión comercial sustentado por la política venezolana hacia Uruguay, que incluye inversiones por 900 millones de dólares, y la perspectiva de estabilidad energética, entró en una etapa de dificultades debido a enfoques divergentes en el seno del gobierno de Tabaré Vázquez.

“Para algunos uruguayos Venezuela es como la mina del barrio: todos la desean, pretenden sus favores, pero no quieren que los vean con ella.” La imagen, que trasunta amargura, expresa gráficamente el punto de vista venezolano tras un balance del resultado real de las relaciones con Uruguay desde la visita del presidente Hugo Chávez en 2005, que dio el puntapié inicial para la concreción de 78 acuerdos, convenios, e instrumentos de cooperación e integración. A diciembre de 2006 implicaron un desembolso de unos 400 millones de dólares entre donaciones, compensaciones comerciales y compra de bienes y servicios.

Las inversiones directas, efectuadas o proyectadas, en las áreas financiera, energética, industrial y comercial ascienden, en un cálculo conservador, a 925 millones de dólares. Y los acuerdos petroleros -que entre agosto de 2005 y julio de 2006 permitieron un ahorro en las compras de crudo de 55 millones de dólares- instalan la perspectiva de que en un plazo de tres años Uruguay pueda cubrir totalmente sus necesidades de petróleo con un ahorro de 20 por ciento en el desembolso, asegurando además su estabilidad energética. “¿Quién ha dado más, respetando la soberanía y la independencia?”, se preguntan los venezolanos.

Paradójicamente, son los beneficios concretos y las expectativas de futuro los que activaron una coyuntura contraria: en el seno del gobierno uruguayo se consolida una tendencia que interpreta la relación con Venezuela como un peligro de dependencia económica y política. Las relaciones entre ambos países han entrado, al día de hoy, en un cono de sombra que amenaza con congelar, e incluso revertir, el grado de intercambio, complementación e integración cuyos resultados presentes y perspectivas inmediatas ofrecen, a juicio de los venezolanos, mucho más que cualquier futuro tlc o tifa. Las fuentes uruguayas, off the record, grafican esos temores en una particular lectura de los gestos políticos del presidente Hugo Chávez: “Si seguimos por este camino, Chávez nos hace un acto como el de Argentina, en que atacó a Bush interfiriendo con la visita de éste a Uruguay”. Detrás de esa lectura se expresa una toma de posición respecto de la lucha por los espacios geopolíticos en Sudamérica y de las grandes orientaciones económicas que, entre paréntesis, dividen al elenco del gobierno progresista.

Los factores que detonaron la irritación venezolana tienen que ver con la decisión del presidente Tabaré Vázquez de no asistir a la Cumbre Energética, que tendrá lugar el lunes y el martes próximos en Isla Margarita, Venezuela; el anuncio del ministro de Industria, Jorge Lepra, sobre las intenciones de la trasnacional brasileña Camargo Correa de impulsar una asociación con ancap para la explotación de cemento pórtland uruguayo; y la orientación con que se utiliza el fondo de 276 millones de dólares, aportados por Venezuela y administrados por un fideicomiso, para el estímulo de exportaciones uruguayas a Venezuela.

La ausencia.

Vázquez será el único mandatario sudamericano ausente en el encuentro de Margarita, cuyo objetivo es acordar las políticas estratégicas de integración energética que aportarán a la subregión estabilidad frente a la crisis mundial del petróleo. La Presidencia y la cancillería explicaron que la ausencia de Vázquez obedece a “razones de agenda interna”, pero extraoficialmente se sugirió que la decisión obedece al malestar del presidente por las actitudes del presidente Chávez en Argentina durante la visita de Bush a Uruguay.

La delegación uruguaya a Margarita estará encabezada por el vicepresidente Rodolfo Nin; la vicecanciller Belela Herrera (el canciller Reinaldo Gargano deberá representar a Uruguay, por las mismas fechas, en la reunión de Madrid convocada por el facilitador español para acercar posiciones en el conflicto con Argentina), el ministro interino de Industria Martín Ponce (el ministro Lepra optó por asistir a un evento organizado por la embajada uruguaya en Suiza), el ministro de Ganadería José Mujica y los tres directores de ancap, Daniel Martínez, Raúl Sendic y Germán Riet.

La delegación ofrece un “equilibrio” entre las visiones opuestas sobre el relacionamiento con Venezuela y no atenúa la señal política de la ausencia presidencial. El presidente de ancap, Martínez, comentó a BRECHA: “Tabaré maneja la globalidad de la situación, que yo respeto. Es una decisión que tenía que tomar, y la tomó para un cierto lado. Nosotros (el directorio) vamos para darle un empujón grande a ciertos temas que son fundamentales”.

El senador de Asamblea Uruguay Carlos Baraibar aventuró una explicación para esa ausencia: “Tabaré ha tenido una agenda muy apretada. Pero también es cierto que el estilo de Chávez es impredecible, un estilo que en mi opinión se irá corrigiendo a medida que se afirme el proceso bolivariano. Hay que tener en cuenta que hay presidentes, con coyunturas internas complejas, que son reticentes a enfrentar hechos políticos que no están en la agenda de esos encuentros y que el estilo de Chávez pone imprevistamente sobre la mesa”. Un ejemplo es el discurso de Chávez en Buenos Aires fustigando a Bush que, en opinión de Baraibar, “implicó una crítica al gobierno uruguayo que en esos momentos recibía la visita del presidente estadounidense”.

El negocio del cemento.

La ausencia de Vázquez se suma a la irrupción de la trasnacional brasileña Camargo Correa en un proyecto que Venezuela considera estratégico. Las necesidades venezolanas de cemento tienen que ver con la expansión de la infraestructura de Petróleos de Venezuela sa (pdvsa), el quinto productor mundial de hidrocarburos, que controla además la mayor reserva mundial de crudo pesado. En la oferta que hace un año pdvsa formuló a ancap había un interés central: asegurar su necesidad de cemento destinado al “encamisado” de los pozos petroleros, el mantenimiento de los actuales y el de los pozos que entrarán en actividad en la llamada “faja del Orinoco”, algunos de los cuales serán explotados en asociación con la estatal argentina Enarsa y con ancap.

La propuesta venezolana para la explotación de las calizas uruguayas comprendía una complementación (no asociación) por la cual pdvsa invertía 200 millones de dólares en la modernización y ampliación de la planta de ancap en Paysandú, con la modificación de la matriz energética para la producción de clinker, que después se transforma en cemento; la planta permanecería en un100 por ciento propiedad de ancap y la inversión se pagaría con un porcentaje del producido de cemento. El esquema incluye la importación de coque de petróleo venezolano, un producto residual de la refinación de crudo pesado que opera como combustible más eficiente y de bajo costo. Y del cual Caracas tiene un considerable excedente que necesita colocar. El coque sería transportado en un carguero de 65 mil toneladas, que a su regreso a Venezuela llevaría el clinker en una de sus bodegas y “productos secos” uruguayos (alimentos y otros bienes de exportación), abaratando notoriamente los costos de flete. Venezuela, a su vez, instalaría en su territorio hornos para la producción del cemento con el clinker importado de Uruguay, ahora sí asociando a ancap.

La propuesta de Camargo Correa, con una inversión de menos de 100 millones de dólares para la producción de clinker en Paysandú, es esencialmente diferente porque implica la asociación de ancap con una participación minoritaria en la planta modernizada. Aunque los documentos de entendimiento del proyecto venezolano están más avanzados que la declaración de voluntad de la trasnacional brasileña, la lentitud (o el estancamiento) del proceso de concreción fue interpretado por Venezuela como una “interferencia antagónica”. Martínez, por su parte, dijo a Brecha que no advierte en sectores del gobierno “una intención de trancar”. Afirmó que los proyectos son complementarios: “Si logramos hacer una planta con pdvsa y una planta con Camargo Correa, asegurando que las reservas de piedra caliza, que es lo estratégico del país, queden en manos y bajo control de ancap, espectacular”.

El subsecretario Ponce aseguró, por su parte, que la decisión sobre una asociación o complementación con la planta de cemento es resorte exclusivo de ancap. “La explotación de las calizas para cemento no es monopólica”, dijo a Brecha. “Cualquiera puede hacer el emprendimiento, comprando tierras, haciendo los estudios de prospección y montando la planta. El Estado, que es soberano sobre su subsuelo, otorga autorización y plazos, y cobra un canon, como lo cobra el dueño de las tierras. En su planta, ancap cuenta con autorización y con las tierras. Si decide asociarse, deberá resolver cuál es la mejor inversión y las mejores condiciones para sus planes de crecimiento.”

Más allá de las inversiones y de los alcances comerciales, hay un aspecto geopolítico: la propuesta de pdvsa implica un acuerdo entre empresas estatales; la otra propuesta significa integrar a una trasnacional, que pasaría a controlar, por los porcentajes de asociación, las calizas sanduceras, que ofrecen las mejores condiciones de rendimiento. En el fondo lo que se dirime es una cuestión de opciones económicas (véase página 4). Fuentes venezolanas señalaron que la propuesta de pdvsa, con la producción de clinker en Uruguay y la producción de cemento en Venezuela, abre a ancap la posibilidad de disputar el mercado argentino y el del sur de Brasil, desde su planta de Paysandú (en una medida exponencial por el cambio de la matriz energética), y el mercado del norte brasileño por una asociación en la planta venezolana. Además, concretaría una aspiración del ministro Mujica, que estima como esencial la obtención de un transporte marítimo que permita potenciar la exportación de bienes de pequeños y medianos productores.

De hecho, el proyecto sobre el cemento obliga a una definición frente a la lucha por los espacios regionales que enfrentan a Brasil y Venezuela. Los vericuetos de su negociación recuerdan las dificultades que enfrentó el Bandes para instalarse en Uruguay, a partir del cierre de Cofac, o el fracaso de las negociaciones con la línea aérea Conviasa para el rescate de Pluna. Cuando el gobierno anunció en enero último el acuerdo con la ignota Leadgate Corporation se explicó que las negociaciones con Conviasa habían sido interrumpidas por Venezuela. Ello es parcialmente cierto: el Ministerio de Infraestructura venezolano desistió del proyecto porque Pluna exigía una capitalización de 43 millones de dólares, tres veces más que la aceptada a Leadgate.

El fideicomiso de la discordia.

El tercer factor de conflicto es el resultado de la ejecución del fideicomiso del Fondo Bolívar-Artigas. Ese fondo es producto de la decisión venezolana de depositar en una cuenta bancaria en Uruguay el 12 por ciento de los pagos de ancap por la compra de petróleo. Según los acuerdos, pdvsa cobra el 75 por ciento del suministro de crudo a 60 días con un interés del 2 por ciento. El 25 por ciento restante se pagará a 15 años con un interés del 2 por ciento, y ello implica que, a la fecha, ancap cuenta con un remanente de 180 millones de dólares, depositados en una cuenta del Banco República, que pretende canjear por bonos de deuda, de modo de transferir el dinero a la administración central y sanear sus balances.

El fondo se conformó con un aporte inicial venezolano de 200 millones de dólares del cobro de crudo a 60 días, destinados a financiar el intercambio de bienes y servicios de Uruguay con Venezuela. A la fecha hay proyectos por 276 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado 137 millones. Del fideicomiso salieron las donaciones a empresas productivas recuperadas (Funsa, Midobers, Envidrio) por un total de 5 millones de dólares; la donación al Hospital de Clínicas por 10 millones; la compra anticipada de etanol a Alur por 7 millones; la capacitación técnica que vende ute por 10.300.000; la exportación de medicamentos por 2.140.000; la exportación de tecnología informática por 59 millones; la exportación de ganado vacuno por 6.200.000; y la exportación de casas prefabricadas por 36 millones de dólares.

El objetivo del fideicomiso (del que es un ejemplo de beneficio mutuo el convenio de ute) quedó parcialmente desvirtuado, según la apreciación venezolana, por el predominio de negocios con empresas particulares, algunos elaborados aun antes de que se efectuara el depósito para el fondo, y que comprende proyectos por 242 millones de dólares, es decir el 90 por ciento de la cifra destinada. Algunos de esos negocios generaron episodios de corrupción, en Uruguay y en Venezuela, que obligaron a su suspensión (véanse páginas 4 y 5).

El saldo de la relación. Desde la firma de los primeros acuerdos cuando la asunción de Vázquez, la balanza comercial Uruguay-Venezuela experimentó un gigantesco crecimiento. En 2004 las importaciones uruguayas de productos venezolanos llegaban a un millón y medio de dólares y las exportaciones a 33 millones. En 2006, las importaciones uruguayas implicaron 503 millones de dólares, y las exportaciones 74 millones. La relación se invirtió sustancialmente, y ello porque la compra de petróleo insumió 501 millones de dólares. Exceptuando el petróleo, la balanza comercial es sumamente favorable a Uruguay, sin contar los beneficios de los convenios petroleros en tasas de interés y plazos de pago.

Si a esta realidad se suman los proyectos de explotación de la faja del Orinoco (que permitirían un ahorro de 200 millones de dólares anuales), las razones de las dificultades que enfrenta la relación con Venezuela deben buscarse en el plano de la política y la ideología. Hasta ahora no existe un solo indicio de que Venezuela haya intentado una injerencia en asuntos internos, o algún tipo de condicionamiento que afecte la independencia o lesione la soberanía. El presidente Chávez ha reiterado su apoyo al reclamo uruguayo sobre las asimetrías en el Mercosur. Incluso dirigentes políticos vernáculos consideran que la actitud de Chávez frente al acercamiento uruguayo a Estados Unidos ha sido contemplativa y recuerdan su apoyo a la firma del tratado de inversiones.

Las dificultades, en todo caso, son consecuencia de la confrontación interna de visiones político-económicas y de operadores políticos que realizan su propio juego de intereses. En la apreciación de un sector del gobierno, una intensificación de las relaciones con Venezuela choca con los propósitos de orientar la política económica hacia los llamados sectores de poder tradicionales: las trasnacionales y los circuitos financieros internacionales, según señalaron voceros del mpp a Brecha.

Si la inversión es un objetivo central de la política económica, las propuestas venezolanas deberían ser acogidas con mayor entusiasmo. Según el senador comunista Eduardo Lorier, “el factor determinante es la orientación de la política desde el Ministerio de Economía. Una visión de la inversión extranjera, tratados de libre comercio, para llegar a un mercado supuestamente infinito. En este contexto lo de Venezuela queda relegado, porque con Venezuela se impulsa la inversión pública, el acuerdo entre estados. No le sirve al gran capital el fortalecimiento de ancap con inversión en refinería, en exploración de yacimientos de petróleo, etcétera. Se están privilegiando vínculos estrechos con Estados Unidos, y en el cuadro actual de confrontación de Bush con Venezuela este tipo de políticas no es compatible”.

Inversiones en cifras

La inversión realizada o proyectada de Venezuela en Uruguay comprende:
• Producción de etanol: 20 millones de dólares.
• Compra de las gasolineras de Solpetróleo en Argentina: 20 millones de dólares (más el ahorro de pérdidas mensuales, que de 2 millones de dólares se redujeron a 200.000).
• Alur: 7 millones de dólares.
• Bandes: capitalización por 78 millones de dólares (incluida una línea de crédito a ancap).
• Modernización de la planta de cemento de ancap: 200 millones de dólares.
• Ampliación de la refinería de La Teja: 600 millones de dólares.

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