La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el dictamen acusatorio contra el ministro de la Corte Suprema, Adolfo Vázquez, por presunto mal desempeño de sus funciones, y la giró al Senado de la Nación que deberá decidir sobre su eventual destitución.
(Télam)
La medida, adoptada en el marco de la ofensiva contra la denominada “mayoría automática” que respaldó los fallos más controvertidos en el gobierno de Carlos Menem, deja a Vázquez ante la posibilidad de ser el cuarto miembro de la Corte en abandonar su cargo, tras la asunción del presidente Néstor Kirchner.
El dictamen fue aprobado por 163 votos contra 21 y 6 abstenciones, en el marco de una extensa sesión que se inició poco después de las 19, donde se escucharon fuertes cuestionamientos hacia la figura de Vázquez y en torno a los fallos dictados por la denominada “mayoría automática”.
La acusación contra Vázquez fue respaldada por el justicialismo -aunque con diferencias internas- el radicalismo, el ARI, el socialismo y los diputados que integran los denominados bloques transversales, en tanto que el Interbloque Federal dejó en libertad de acción a sus diputados aunque votó en su mayoría a favor del juicio político.
En cambio, los que votaron en contra del enjuiciamiento a Vázquez fueron legisladores menemistas, el diputado de la Ucedé Córdoba, Mauricio Bossa; del Paufe de Luis Patti, Juan Carlos Bonacorsi, entre otros.
De esta forma, se cierra la primera etapa del juicio político, consistente en la acusación, mientras que la segunda etapa, correspondiente al enjuiciamiento público propiamente dicho, depende del Senado, que es el que determina si el magistrado incurrió o no en mal desempeño de sus funciones.
En tanto, y mientras dure la segunda etapa del proceso, el Senado puede decidir la suspensión preventiva del magistrado como recomienda el dictamen acusatorio de la comisión de Juicio Político de la cámara, según recordó el titular de ese cuerpo, Ricardo Falú al realizar la defensa de ese despacho.
El tratamiento de la acusación contra Vázquez -que había sido acordado por los bloques parlamentarios en julio pasado- fue ratificado por la decisión del justicialismo que resolvió ayer en su reunión de bloque impulsar el debate del dictamen, pese a las diferencias que generó en el seno del oficialismo la cuestión.
Esas disidencias en el bloque oficialista, que surgieron por parte de una veintena de diputados en torno a la estrategia de renovar la Corte Suprema, fueron manifestadas por ex menemistas, pocos duhaldistas y algunos santafesinos que responden a Carlos Reutemann como Angel Baltuzzi.
En su exposición en el recinto, Falú recordó que Vázquez «siempre descalificó al investigador y no quiso nunca hablar de la denuncia» y sostuvo que cuando el magistrado concurrió a la cámara baja a realizar su defensa «nos dijo que éramos una turba y que el juicio era obra de montoneros setentistas».
«Vázquez estaba habituado a un sistema de impunidad. No suponía que iba a ser alcanzado por el control», aseveró el titular de la comisión de Juicio Político ante el plenario de la cámara baja, donde afirmó además que el magistrado es «indefendible».
Por su parte, la diputada del Frepaso, Nilda Garré, vicepresidenta primera de la comisión de Juicio Político, sostuvo que «esta cámara debe acusar a Vázquez, ejerciendo un mandato constitucional de control que hace a la división de poderes».
También, desde el radicalismo, el diputado Juan Jesús Mínguez, vicepresidente segundo de la comisión de Juicio Político, advirtió que Vázquez «violó y transgredió la Constitución nacional» y recordó que la UCR presentó un pedido de juicio político contra el juez Antonio Boggiano «por las mismas causales».
El dictamen acusatorio de la comisión de Juicio Político contiene quince cargos por presunto mal desempeño desprendidos de los denominados casos «Macri», «Magariños», «Dragonetti de Román» y «Meller».
Si bien ese dictamen fue aprobado en diciembre pasado, los diputados prefirieron que primero se voten los pliegos de Elena Higton de Nolasco y Carmen Argibay previo a avanzar con esta acusación para evitar que se mezclen ambos temas.
El proceso contra la denominada «mayoría automática» -mote que se han ganado algunos jueces por convalidar las políticas de Menem-, comenzó con la investigación a Julio Nazareno, quien renunció previo a la votación de un dictamen en su contra.
Posteriormente se avanzó con el ahora destituido Eduardo Moliné O’Connor y posteriormente se procedió a la apertura de otro sumario a Guillermo López, tampoco concretada por la dimisión de este juez.
Con la aprobación de la acusación, este magistrado puede convertirse a fin de año en el segundo ministro del tribunal que fue destituido en los últimos cincuenta años, ya que Moliné O’Connor fue removido de su cargo por la Cámara de Senadores el pasado de 3 de diciembre.
En cambio, el ex titular de la Corte Julio Nazareno y Guillermo López renunciaron a sus cargos cuando en diputados ya estaba avanzado un proceso de juicio político en su contra, por los mismos casos que luego motivaron la acusación contra de Moliné O’Connor.
A diferencia de Moline O’Connor, Vázquez tuvo un alto perfil público al realizar personalmente su defensa, donde denunció «persecuciones» políticas por su condición de peronista y señaló que lo quieren sacar de la Corte Suprema para tener una nueva mayoría a favor del gobierno. (Télam)
