Por Causa Popular.- Al igual que la decisión tomada por Bush de militarizar la frontera es una medida teñida por las próximas elecciones legislativas, desde el país vecino, las respuestas a la medida no estuvieron ajenas a una sintonía similar. En julio se elige nuevo presidente en México, la economía más importante de América Latina, que desde 1994 forma parte del NAFTA -un Tratado de Libre Comercio firmado junto a Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, el tráfico de trabajadores ilegales entre ambas fronteras aumentó exponencialmente, un indicador más de la consecuencia que trae aparejado un intercambio comercial “libre” con la máxima potencia económica, política y militar del mundo.
En forma paralela a la flexibilización de las restricciones en el intercambio de bienes, se volvieron más rígidas las leyes migratorias. No vaya a ser que los beneficios de la economía más fuerte pretendan ser también aprovechados por la población del país perjudicado en el intercambio. Los antecedentes del presidente de México, Vicente Fox, en materia del respeto a los derechos humanos, permiten entender con más claridad la sintonía ideológica con su par norteamericano George Bush.
La presencia de militares estadounidenses en la frontera, anunciada por Bush el lunes y aprobada el pasado jueves por la Cámara de Representantes, es una imagen que causa resquemor en el pueblo mexicano, sobre todo por la posible utilización de armas de fuego que ello implica.
En febrero de 1999, luego de que tres incidentes con armas de fuego causaron la muerte de tres mexicanos ilegales -uno de ellos ultimado por un infante de marina-, se firmó un memorándum de entendimiento entre ambos países para evitar el uso de armas de fuego por parte de la Patrulla Fronteriza.
Desde entonces se le otorgó el privilegio al uso de balas de goma y de gas pimienta. Fox reconoció el sábado desde Bratislava que la frontera norte de México es una zona de “claroscuros”, con los mayores índices de desarrollo pero también escenario de violentos enfrentamientos del crimen organizado.
Como una muestra de las consecuencias que puede traer el espíritu belicista del gobierno norteamericano en la frontera, el jueves se conoció que un hombre que manejaba su vehículo rumbo a México, desde Estados Unidos, fue asesinado a tiros por un agente fronterizo estadounidense que lo consideró sospechoso de ser un traficante de migrantes ilegales.
El hecho tuvo lugar en el transitado cruce de San Ysidro, entre San Diego, California, y Tijuana, México. El conductor llevaba en el vehículo, una SUV negra, a tres personas, y manejaba hacia la frontera por la interestatal número 5 cuando fue tiroteado.
Según los informes, el hombre no obedeció una orden de detención emitida por el agente y recibió varios impactos de bala mientras proseguía camino.
La inmigración ilegal a los Estados Unidos se convirtió en los últimos diez años en una de las pocas esperanzas con las que cuentan millones de mexicanos que no encuentran en su país las condiciones necesarias para sobrevivir. Las reacciones que produjo en México la decisión tomada por el gobierno norteamericano no pueden ocultar, u obviar, las responsabilidades que le caben a los gobernantes mexicanos, actualmente en su mayoría dominados por el Partido de Acción Nacional (PAN).
Tan sólo en el último año, la policía fronteriza estadounidense detuvo 766.617 personas. Por esta razón la frontera con los Estados Unidos, es un tema ineludible de la actual campaña presidencial en la que Felipe Calderón por el partido oficialista PAN, y el ex alcalde de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) son los principales candidatos a remplazar a Fox.
Para el representante de México ante la Unión Europea, Porfirio Muñoz Ledo, es fundamental volver a la diplomacia que dignificó a México desde la época del presidente Benito Juárez. Los problemas de la frontera se deben resolver de una manera solidaria, agregó, pero México es el único país del mundo en donde existe un acuerdo comercial y no hay una libre circulación de personas.
Nada de esto parece estar presente, al menos en el debate que en la actualidad los medios mexicanos y las agencias internacionales reproducen. Algunos legisladores del PRD critican la medida de militarizar la frontera: “No se debe criminalizar la emigración y menos aún se debe usar ésta como pretexto para militarizar la frontera. La actitud del gobierno norteamericano es absolutamente hostil y requiere de una respuesta firme de nuestro gobierno”, consideró el PRD en un comunicado difundido el miércoles por una
agencia de noticias internacional.
A pesar de que el PRD y el candidato presidencial del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, en campaña ambos, criticaron el anuncio del presidente de Estados Unidos, el presidente Vicente Fox y sus ministros, por el contrario, lejos estuvieron de la dureza reclamada por la oposición.
Según un comunicado oficial, el presidente de México Vicente Fox, habló con Bush el domingo pasado para pedirle explicaciones sobre la medida que el viernes 12 ya se había filtrado a la prensa. La forma en cómo se describió la situación da una idea de hasta qué
punto los mexicanos están fuera del debate sobre la seguridad que imponen los Estados Unidos a lo largo de los 3.140 km de frontera común.
El gobierno mexicano nunca tuvo brújula en materia de política exterior, porque sus acciones sólo parecen valorizarse en el norte, llevándolo a niveles importantes de obsecuencia. Pero ante la militarización de la frontera y la consiguiente aprobación parlamentaria de construir un muro de casi 600 kilómetros, no le quedó otra que asumir su
gravedad, ya que la inminencia de las próximas elecciones y las permanentes violaciones a los derechos humanos de mexicanos, lo dejaron sin mucha opción.
En este sentido el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, se reunió el pasado jueves con sus pares de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para analizar las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos para la frontera, quienes
al finalizar el encuentro se alinearon con la postura mexicana.
El mismo día la Cancillería de México envió una nota diplomática al Departamento de Estado norteamericano para comunicarle “sus preocupaciones ante las medidas anunciadas” en Estados Unidos para reforzar la seguridad en la frontera. En el texto, el gobierno mexicano “ha manifestado nuevamente su posición en el sentido de que la construcción de barreras físicas, no constituye un medio eficaz para garantizar la seguridad de nuestra frontera común y altera el espíritu de cooperación”.
Además, México solicitó “que se tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier participación de la Guardia Nacional de ese país en la frontera vulnere los derechos de nacionales mexicanos, con independencia de su status migratorio”.
Para la organización internacional de Derechos Humanos Human Rigth Watch, en toda la gestión del presidente Fox faltó el liderazgo necesario en esta materia, lo que le da un marco bastante dudoso al pedido de la Cancillería mexicana. Máxime si se tiene en cuenta qué país es el receptor del reclamo. La sintonía en materia de Derechos Humanos entre ambos gobiernos queda de esta manera esclarecida.
Durante la presentación del documento “El cambio inconcluso”. Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rigth Watch insistió: “Fox no mostró el liderazgo presidencial que se necesitaba para obtener mejores resultados en los proyectos, reformas y programas de derechos humanos que impulsó.
Los rezagos -pendientes- que deja su administración son su responsabilidad”
Entre esos rezagos, citó numerosos antecedentes que permiten entender con mayor profundidad la afinidad ideológica entre Vicente Fox y George Bush: “Fox no logró que los fuerzas militares colaboraran y entregaran sus archivos sobre la guerra sucia a la Femospp, bloquearon las investigaciones de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, así como los casos de más de 600 desaparecidos de esa época”.
Al tocar el tema de la tortura, dijo que “aunque ya no se utiliza la violencia como política de Estado, todavía la tolera, la fomenta, y en algunos casos ordena que se cometan abusos en nombre de la seguridad pública”.
