Por Causa Popular.- La rebelión popular por la nacionalización de los hidrocarburos no descansa en Bolivia. El próximo lunes 16 se reanudarán los bloqueos y las movilizaciones protagonizadas por organizaciones sociales, políticas, sindicales, campesinos e indígenas para exigir la derogación de la Ley de hidrocarburos y el cierre del Congreso Boliviano, donde se votó las modificaciones a la Ley el pasado jueves 5 de mayo. El Presidente Carlos Mesa pasa por su peor momento desde que asumió la presidencia el 17 de octubre de 2003 y difícilmente pueda mantenerse en el cargo hasta fin de año, pues, una vez más, fracasó en su intento de “pacificar” el país con una maniobra política.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara las 40 modificaciones realizadas por el senado a la Ley que un mes atrás había sido consensuada por las organizaciones sociales, el pasado martes 10 Mesa convocó a representantes de los sectores políticos, sociales, cívicos, municipales, empresariales e indígenas a participar de un Encuentro por la Unidad de Bolivia para decidir si vetaba o no la Ley. Ninguno de los convocados aceptó la invitación y el país entró en una etapa de incertidumbre cuya máxima tensión se espera para el lunes cuando el ejército y la policía se acuartelarán en la Paz para esperar a los manifestantes que se movilizarán a la Capital del país.
Las movilizaciones sociales comienzan a las cero horas del lunes en la ciudad de El Alto. Organizaciones campesinas anunciaron bloqueos en esta ciudad y en la carretera que comunica La Paz con Oruro. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, afirmó que las movilizaciones serán contundentes en todo el país exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos. El diputado Dionisio Nuñez, del partido que dirige Evo Morales, el MAS, informó que el movimiento cocalero de los Yungas también se movilizará desde las cero horas del lunes, exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos.
Por su parte el ampliado de las seis federaciones de productores de coca del trópico decidió marchar sobre el Parlamento en La Paz desde el lunes con el objeto de lograr la Ley de Hidrocarburos propuesta por los sectores populares y sociales. En tanto, el dirigente campesino Alejo Véliz pidió la renuncia de Mesa por incapacidad para gobernar y lo acusó de acudir a maniobras retóricas para no cumplir sus obligaciones.
Los maestros urbanos ratificaron que a partir de este lunes comienza la huelga general indefinida. Piden el 20 % de aumento salarial. A los urbanos se sumarán los maestros rurales que con nueva directiva a la cabeza de Porfirio Roque declararon un paro de 72 horas a partir también del lunes.
El gobierno suspendió el pasado viernes el diálogo por la “unidad del país” luego de que, a la falta de apoyo de las organizaciones sociales, se le sumara la inhabilitación de la iniciativa, de forma automática, por la decisión del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de no participar. Cívicos, empresarios, alcaldes a excepción de los cruceños, prometieron su asistencia, pero se mostraban poco optimistas por los resultados.
“En estas circunstancias no queda más que suspender el encuentro nacional”, reconocieron los asistentes. Es que el espacio de diálogo tenía en agenda hablar sobre la ley energética y concertar la fecha de realización de la elección de prefectos, referéndum autonómico y elección de constituyentes, pero los legisladores rechazaron la invitación por considerar que los temas planteados son parte de su agenda.
Mientras que las organizaciones populares declararon que se agotó su paciencia para que se cumpla la agenda de “Octubre” acordada con el gobierno.
“El Gobierno comunica al pueblo de Bolivia que, a pesar de su vehemente llamado a un Encuentro por la Unidad de la Patria, el Congreso Nacional ha resuelto no participar de este crucial evento. Siendo el objetivo fundamental del encuentro la apertura de un espacio de concertación y diálogo entre los sectores más representativos del país, la decisión institucional del Congreso Nacional inhabilita automáticamente dicho propósito, porque los cuatro puntos planteados: Ley de Hidrocarburos y determinación de las fechas de realización de la Elección de Prefectos, Referéndum Autonómico y Elecciones para Asambleístas Constituyentes, deben ser necesariamente definidos en el Congreso.
En estas circunstancias no queda otra opción que suspender la realización del Encuentro por la Unidad de Bolivia. (…) Los riesgos para la convivencia democrática y la unidad del país se mantienen vigentes. Ante este panorama el gobierno invoca a los ciudadanos y ciudadanas a mantener la serenidad y continuar apostando a la paz y la concertación y reitera su decisión de llevar a cabo la agenda nacional de manera firme y preservando el Estado de Derecho”, dice parte del comunicado oficial difundido el pasado viernes 13.
“Es lo mejor que podía haber hecho el Presidente Mesa; el encuentro suplantaba al Parlamento abriendo una especie de asambleísmo. Ahora el Presidente lo que debe hacer es establecer las observaciones que tenga a la ley de hidrocarburos y remitir al Congreso hasta el martes”, comentó el senador Hugo Carvajal (MIR) que integra una de las bancadas que votó a favor de la Ley en el Congreso.
El diputado de la oficialista bancada patriótica Hugo San Martín llamó “sedicioso” al Parlamento por su negativa a acudir al diálogo y dijo que el Poder Judicial está rindiendo pleitesías a quienes les eligieron. “El diálogo nunca es extemporáneo, así la Corte Suprema y algunos parlamentarios que fungen de testaferros del autoritarismo estén señalando que el diálogo es extemporáneo. El diálogo en la democracia es lo último que debe morir…Quien rechaza el diálogo está en una posición autoritaria o sediciosa”, insistió el oficialista.
Juan Careaga, uno de los responsables de la implantación del neoliberalismo en Bolivia y que hoy hace las veces de analista, ve a Carlos Mesa como un hombre sólo al que se le acabaron las maniobras. “Un hombre sólo no puede gobernar. El país no le debe temer el cambio”, dijo al asegurar que Bolivia está siendo arrastrada hacia la “lucha de clases”.
Varias veces intentó el Presidente desactivar los conflictos internos recurriendo a golpes mediáticos. Renunció dos veces, a medias, pensando que así lograría conmover y obtener respaldo en los sectores más conservadores de la clase media.
En marzo intentó hallar apoyo en el Congreso aliándose a los partidos tradicionales de derecha y este martes evitó pronunciarse directamente sobre la Ley de Hidrocarburos y llamó a un Encuentro por la Unidad de Bolivia en una forma de “puentear” al Congreso. Ninguna de esas medidas dio resultados y, muy por el contrario, resultaron contraproducentes.
La modificaciones a la Ley
Los parlamentarios de partidos de derecha aprobaron el pasado 5 de mayo la Ley de Hidrocarburos elaborada por el Senado, con casi 40 modificaciones a la propuesta original consensuada en la Cámara de Diputados. Según la oposición de izquierda, los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo para ratificar los 76 contratos petroleros que entregaron la propiedad de las reservas energéticas bolivianas a las transnacionales.
En total votaron 110 diputados, 59 aceptaron la Ley del Senado y 48 votaron en contra. Tres parlamentarios votaron en blanco. Luego de la aprobación, la Ley se remitió al Poder Ejecutivo, que tiene 10 días para pronunciarse, ya sea promulgando la norma o devolviéndola al Congreso en caso de tener observaciones.
En diferentes intervenciones, los diputados de la ex coalición que gobernó con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada argumentaron que la Ley de Hidrocarburos aprobada abroga la ley neoliberal 1689, recupera la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), garantiza el 50% de los ingresos del negocio energético y la industrialización del gas.
Sin embargo, leyendo la letra chica, se puede confirmar que ni la industrialización ni la recuperación real de las reservas están consideradas en la norma de los senadores.
La Cámara de Diputados propuso dejar sin efecto la Ley 1731 que permite a las empresas recuperar parte de los impuestos que pagan al Estado a través de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeims). En la propuesta del Senado no se deroga dicha ley y más bien se validan los certificados a favor de las empresas. “Esto es un gran engaño para el pueblo boliviano”, aseguró el diputado de MAS Santos Ramírez.
Ratificar los Cedeims significa que no está garantizado el cobro de 32% de impuestos por la actividad petrolera. Eso quiere decir que tampoco está garantizado que el Estado reciba el 50% de los recursos que genera el negocio energético (18% de regalías más 32% de impuestos).
En el proyecto de Ley de Hidrocarburos de los diputados se refunda YPFB para que opere en toda la cadena de hidrocarburos; en el proyecto de los senadores YPFB es considerada una empresa más en el negocio obligada a competir con las corporaciones extranjeras. Según la Ley del Senado, el Estado no define los precios de los hidrocarburos, sino el mercado internacional.
Dirigentes del MAS y del MIP, los únicos partidos considerados de izquierda, opinan que los partidos que avalaron la destrucción de Yacimientos (MNR, MIR, MBL, UCS y ADN) se rearticulan y vuelven a las andanzas con la ayuda de NFR esta vez para consolidar el poder petrolero.
Se trata de una traición más de los partidos que enajenaron los recursos naturales ratificando los contratos de riesgo compartido y que ahora los legalizan. El pueblo tendrá que hacer escuchar su voz, adelantó el diputado Jorge Alvarado del MAS.
La crisis boliviana está por dar un nuevo giro y la resistencia popular a la enajenación de su subsuelo nacional no sólo traerá situaciones límite para su gobierno, sino para toda América Latina.
Queda aún por verse cuál es la posición de Estados Unidos al respecto, pero por sobre todo, queda por verse si el resto de América del Sur aprende de semejante lección.
