Al cierre de esta edición, la Presidenta de la Nación recibía una propuesta con 21 puntos proponiendo un nuevo marco normativo de espítiru pluralista para reemplazar al actual, que rige desde la dictadura. Casi al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Medios Públicos realizaba un debate donde el flamante titular del COMFER afirmaba que este año se avanzará en la nueva ley. La voluntad política que trasuntan estas gestos del gobierno colisiona con algunas decisiones pasadas del Ejecutivo que favorecieron la concentración mediática. ¿Hasta dónde llegará el oficialismo en su avanzada sobre el lobby de los grandes medios?
Como buena parte de las políticas oficiales del gobierno de Cristina, y de su antecesor Néstor, una vez más vemos contradicciones e indecisión a la hora de avanzar en la resolución estructural de viejos problemas institucionales. Tal como sucedió con diferentes actores políticos, sociales o sindicales, la inclusión dentro del proyecto nacional dura lo que dura la funcionalidad. Un ejemplo de esto fue el apoyo al “campo” durante el primer mandato K, que supo garantizarles niveles de rentabilidad inéditos en la historia argentina; hoy este sector es el enemigo político número uno del gobierno. De este conflicto, como en todos, se abrió un nuevo frente de batalla. A partir del comportamiento y la cobertura dada por los medios de comunicación masivos, el gobierno nacional se propuso, al menos nuevamente en lo discursivo, avanzar en la reforma de la Ley de Radiodifusión Nacional, herencia indiscutible de la última dictadura militar.
Actualmente nos encontramos con un nuevo frente de conflicto con quienes hasta ayer fueron parte o beneficiarios del trazado estratégico
Si bien se ve con buenos ojos el pase de Gabriel Mariotto de la Subsecretaría de Medios a la titularidad de Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), así como también fue positivo el pase a manos del Estado del espacio radioeléctrico que estaba desde hace años controlado por la empresa francesa Thales Spectrum, no es menos cierto que el funcionario saliente del COMFER, Julio Bárbaro, también fue designado por la anterior gestión K. Al marcharse, Bárbaro no había realizado o impulsado reformas a la ley nacional de medios. Incluso, en diferentes declaraciones afirmó que «aunque existe la necesidad de una ley y las ganas de hacerla, no siento ni al parlamento ni al gobierno muy lanzados a eso”. Por el contrario, el entrante interventor del COMFER y ex candidato a intendente de Lomas de Zamora es promotor de los proyectos de comunicación comunitaria y fuertemente crítico de la vigente ley. De todas formas, sería pecar de ingenuos no leer que su designación en medio del conflicto con el “campo” y los “medios” huele más a mecanismo de conveniencias que a una voluntad política de democratizar la prensa.
Cara y contracara
Fruto de un armado político, en parte heredado de las viejas estructuras del PJ y en parte producto de la incorporación de figuras políticas sin pertenencia a un bloque definido o ganados legítimamente a otras fuerzas, el bloque oficialista se ha visto envuelto en un constante ir y venir. Desde la bancada oficial se han dado señales tanto de querer avanzar en la derogación de la polémica ley así como también de no innovar.
Dos años atrás el Congreso Nacional votaba a favor de la modificación parcial de la Ley de Radiodifusión. Específicamente abrió las puertas para que organizaciones sociales, comunitarias o sin fines de lucro puedan hacerse de las licencias necesarias para transmitir legalmente. No obstante, aun aprobada la modificación, los actores minoritarios se
A contrapelo de estas decisiones, el 20 de mayo de 2005 el Boletín Oficial publicaba el Decreto Nº527, el cual sostenía que “en virtud de la grave crisis que atravesó nuestro país (…) los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, han sido uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que ha provocado situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas. Que, en este entendimiento, se advierte la imperiosa necesidad de proceder a la suspensión por un plazo de DIEZ (10) años de los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias, sin perjuicio de disponerse que en ningún caso la suspensión dispuesta impedirá la aplicación del régimen sancionatorio contemplado en aquel cuerpo normativo.” Esto es, se les renovó de manera automática las licencias de transmisión por 10 años a los medios masivos de comunicación, bajo el argumento de ser parte de los principales afectados por la crisis del 2001, desconociendo así las ventajas obtenidas al haberse visto beneficiados por la pesificación de sus deudas una vez devaluada la moneda nacional. En caso que no haya modificación total de la ley, esta decisión garantizará que para el 2015 los medios hegemónicos hayan estado 25 años definiendo los lineamientos de la políticas de comunicación del país.
Proyectos en danza
En los últimos diez años hubo un sinnúmero de proyectos de modificación parcial o total de la Ley de Radiodifusión, así como fallos judiciales que beneficiaron las trasmisiones de, principalmente, radios comunitarias. En el año ’99 el Congreso de la Nación aprobó mediante la Ley 25.208 la creación de RTA, Radio Televisión Argentina. Este organismo tenía previsto funcionar administrando desde el parlamento los medios públicos, garantizando la información plural e imparcial, promoviendo el espíritu crítico, la solidaridad y el cooperativismo. Esta ley fue vetada en su momento por el presidente De La Rúa, quedando el proyecto en el olvido. A fines de 2007, la Secretaría de Medios, a cargo de Enrique Albistur, normalizó el Sistema Nacional de Medios Públicos, organismo del Poder Ejecutivo del que actualmente dependen Canal 7 y Radio Nacional, que se encontraba intervenido.
En la actualidad, la Cámara Alta está a la espera de evaluar varios pedidos de modificación de la ley impulsados por los diferentes bloques. Algunos de ellos son el: 6460-D-00 , 0211-D-01 , 0571-D-01, 0771-D-01 y 0011-PE-01 y abarcan diversos enfoques que van desde la modificación completa de la ley, pasando por la obligatoriedad de los subtítulos con el objetivo de incluir a los discapacitados, hasta la preocupación por los contenidos dentro del horario de protección al menor.
En este sentido también desde la sociedad civil se reclama desde hace tiempo una urgente intervención del Ejecutivo en este tema. La conformación de la “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión Democrática” es el producto de años de discusiones entre las organizaciones sociales y periodísticas para definir una plataforma ciudadana de comunicación con 21 puntos definidos. Centrando sus reclamos en que “la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial”, solicitan la inmediata intervención estatal en las comunicaciones a la vez que promueven “la diversidad y el pluralismo como el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión”. Entre sus principales adherentes e impulsores se encuentran el Foro Argentino de Radios Comunitarias, diputados, legisladores y personalidades del ámbito de la cultura.
Por último, en estos días vemos que el gobierno nacional ha tomado notas de sus falencias y se ha decidido a avanzar en la conformación de un Observatorio sobre la Discriminación en los Medios de Comunicación. Esta iniciativa fue impulsada hace algunos años por los directores de carreras de comunicación de distintas Universidades Nacionales, teniendo como figura visible a Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El Observatorio está compuesto también por el Consejo Nacional de la Mujer, el COMFER y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), y trabajará sobre el análisis de los contenidos de los medios de comunicación masivos, así como en la discusión de una nueva Ley de Radiodifusión. Con esta iniciativa el gobierno nacional busca retrotraer los espacios cedidos a quienes otrora fueron aliados estratégicos y en la actualidad son vistos como potenciales integrantes de la oposición.
