Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular.- El desprestigio del sistema judicial, que no disminuyó con los procesos a las juntas militares y que con las maniobras menemistas alcanzó su punto más alto, habilita para cualquier cosa. Por ejemplo, para que Anibal Ibarra, que alguna vez fue abogado y hasta fiscal, diga que el fallo de la Cámara que dictó la libertad provisional de Omar Chabán es “incomprensible e indigerible”, siendo que él mismo permanece en libertad estando imputado en la misma causa. El presidente no se quedó atrás: “Ese fallo es un cachetazo a la sociedad”, afirmó. También es abogado, pero parece ignorar que los fallos judiciales pueden estar en sintonía con cualquier cosa, menos con el humor popular. De ser así, no harían falta ni los códigos, ni las leyes, ni los tribunales ni nada: bastaría con una soga.
Alberto Fernández anunció que instruiría al procurador -que no puede recibir instrucciones de nadie y mucho menos del jefe de Gabinete- para que apelara ese fallo.
Fernández también es abogado.
Los abogados de la Correpi cuestionan la libertad provisional de Omar Chabán y María Julia Alsogaray porque hay miles de procesados sin condena que permanecen en prisión.
La Correpi defiende los derechos humanos, de los que deben gozar, valga la tautología, todos los humanos, por el simple hecho de serlo. Parece que no es así. Para los abogados de la Correpi, puesto que hay miles de procesados presos, ninguno de ellos debe ser puesto en libertad.
Se trata de una extraña forma de defensa, pero, bueno, son abogados. Como Ruckauf o el patibulario diputado Casanovas -ambos también abogados- que distinguen a los seres humanos de los delincuentes y sospechosos de serlo, amén de otras especies animales.
Vilma Ripoll no es abogada, pero parece. Roja de indignación (aunque no de vergüenza) aseguró que “los jueces garantistas consagran la impunidad”.
Aparte de no ser abogada desconoce la historia de los últimos cincuenta años y algunas otras cosas elementales. Si alguien la ve por ahí, mejor le avisa que Stalin murió hace rato, y que decir “juez garantista” es como hablar de una “bicicleta de dos ruedas”: una redundancia. Desde la Revolución Francesa, en la generalidad de los países sensatos, la función principal de un juez es garantizar los derechos individuales frente al poder del Estado o la discrecionalidad de los gobiernos.
La más notable contribución de la Revolución Francesa fue, sin duda, el principio de inocencia, establecido posteriormente en el Código Napoleónico. Dice así: toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
No es una frase de circunstancias, aunque, por lo que se ve, los estudiantes de leyes la lean como quien mira un reglamento de tránsito: es el principio en que se asienta la posibilidad de vivir en libertad.
De otro modo, cualquier mandón podría meternos en el calabozo por portación de cara, lo que ha ocurrido durante décadas gracias a los edictos policiales, y sigue ocurriendo, pero sin amparo legal. Por otra parte ¿quién dice que los encargados de hacer respetar las leyes no vayan a violarlas?.
Delincuentes hay en todas partes, hasta en la Cámara de Diputados, si se me permite decirlo. El asunto se torna más bien turbio cuando son los hombres de leyes quienes se ciscan en el principio básico de nuestra legislación: toda persona es inocente y como tal debe ser tratada hasta que alguien consiga demostrar que no lo es.
Habida cuenta la onda que sintonizan tantos prominentes abogados, cualquiera se tentaría de pensar que el desprestigio del sistema judicial obedece a que está enteramente compuesto de abogados. Pero sería una simplificación: hay excepciones, de uno y otro lado del mostrador, o para decirlo con mayor propiedad, del estrado; personas que no se abocan a exacerbar los peores sentimientos y pasiones que todos llevamos dentro como medio de aumentar su popularidad. O sus ventas, porque observando el comportamiento de los medios de comunicación podríamos fácilmente concluir en que el periodismo es un postgrado de la carrera de Derecho.
Pocas veces, en apenas una sola semana se ha visto tal despliegue de bajeza, oportunismo y demagogia de la peor especie.
Y no toda demagogia es nociva. “Bienaventurados los humildes porque de ellos es el reino de los cielos” es una mentira demagógica que apela a lo mejor de nosotros mismos, que nos induce a ser mejores personas. “Todos los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios”, es otra, que debería incitarnos a dejar de tratarnos unos a otros como basura.
De personas destacadas, de dirigentes políticos que aspiran a conducir el destino colectivo, y más que nadie, del Presidente de la Nación, deberíamos esperar esa clase de mentiras demagógicas, no la exacerbación del deseo de venganza o el señalamiento de chivos expiatorios.
María Julia Alsogaray y Omar Chabán son anecdóticos, apenas dos de los tantos miles de acusados de haber cometido delitos. Se trata de personas de seguro muy desagradables y hasta despreciables.
Probablemente sean culpables, tal vez reciban castigo. Pero no son ellos el punto acá, sino la irresponsable liviandad con que las personas más influyentes buscan halagar a las víctimas ciscándose en el principio más elemental de la vida en una sociedad libre.
Es natural que las víctimas de los delitos, de cualquier delito, sientan un profundo deseo de venganza. Precisamente por eso no pueden erigirse en jueces ni deberían ser alentados a hacerlo.
Les guste o no les guste, la culpabilidad hay que demostrarla, no prejuzgarla, en base a un derecho que nos ampara o debe amparar a todos por igual, por más pinta de crápulas que tengamos.
Debería tenerse la decencia de hacérselos comprender.
