Por Causa Popular.- El presidente estadounidense George Bush responde con más libre comercio, a los desafíos lanzados por Venezuela con el ALBA. Fracasadas las negociaciones para la constitución del ALCA en el 2005, Estados Unidos avanza con acuerdos regionales. Al NAFTA, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los norteamericanos, Cánada y México, y el TLC bilateral con Chile, esta semana se sumo el CAFTA, luego de que el pasado martes fuera rubricado por Bush. Este nuevo tratado que hasta el momento sólo fue ratificado por El Salvador, Guatemala y Honduras, pero que incluye a Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, está siendo fuertemente combatido por sus poblaciones, convencidas que abrirá las puertas de sus exprimidas naciones centroamericanas a los intereses económicos y geopolíticos del imperialismo norteamericano.
Si bien el comercio con América Central representa el 1% del total de las exportaciones de los Estados Unidos, la aprobación del CAFTA significa para Bush una clara herramienta política para contener el avance de la revolución bolivariana en la región, y avanzar en una América sin restricciones comerciales para las transnacionales de su país, desde Alaska a Tierra del Fuego. Esto quedó claramente demostrado, por los oscuros mecanismos a los que debió recurrir el presidente norteamericano, para convencer a sus propios legisladores de que aprobaran el tratado.
Antes de que George Bush lo rubricara el pasado martes, el CAFTA debía pasar por el Congreso. Muchos legisladores se mostraban remisos a darle un visto bueno, por las dificultades que podría traer su aprobación para los trabajadores estadounidenses, cuya mano de obra es mucho más cara que la de los centroamericanos.
Para su aprobación entre otros métodos un poco más sutiles, el gobierno de Bush recurrió a los argumentos ideológicos. En este sentido instaló el debate en contraposición directa con la revolución bolivariana impulsada pos los venezolanos y personificada en Hugo Chávez.
En una visita realizada el día anterior a la votación, y calificada de muy rara por diferentes medios de prensa, el presidente Bush insistió en las increíbles “implicaciones estratégicas o de seguridad nacional del acuerdo”, contando para esto con el apoyo de un importante sector del periodismo norteamericano que incluyó por esos días en sus crónicas duras referencias contra el mandatario venezolano Hugo Chávez.
El diario “The Washington Post” llegó a decir en un editorial publicado días atrás, que el rechazo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al CAFTA favorecería a “demagogos antiestadounidenses, empezando por Chávez”.
El influyente diario no hizo más que amplificar declaraciones del senador James Inholfe, quien durante el debate en el Senado estadounidense el 30 de junio dijo que “esos comunistas, esos enemigos de los Estados Unidos, (Hugo) Chávez, (Daniel) Ortega y (Fidel) Castro, todos ellos están en contra del CAFTA. “Si quieren estar al lado de ellos, entonces voten en contra del CAFTA”, vociferó el Senador.
Sin embargo, las diferencias ideológicas con los líderes de Cuba y Venezuela, no parecen haber sido razones suficientes para convencer a los parlamentarios estadounidenses. No sólo en Argentina o en Brasil se recurre a mecanismos un tanto oscuros para lograr que el congreso acompañe los lineamientos políticos del poder ejecutivo.
En la visita que realizara Bush el día anterior a la votación para intentar torcer el brazo a los últimos indecisos de su partido, acompañado por el vicepresidente y empresario petrolero con intereses en Irak, Dick Cheney, y el Representante de Comercio Exterior, Robert Portman, la presión tuvo efectos positivos.
Pero parece que no fue principalmente ideológica. La prensa estadounidense informó que, para quebrar las resistencias, el gobierno también había prometido fondos para infraestructura en los distritos de diputados contrarios al CAFTA. La votación finalmente fue muy reñida, pero 217 diputados votaron a favor, mientras que otros 215 lo rechazaron.
Los números y los mecanismos es probable que sólo queden en la anécdota, pero en lo concreto Bush obtuvo lo que buscaba.
Las consecuencias del CAFTA para los pueblos de América Central.
El CAFTA regula el intercambio comercial en un amplio espectro de temas: bienes industriales, agricultura, telecomunicaciones, servicios (de la distribución de agua a las actividades financieras), propiedad intelectual, ambiente.
El tratado estipula la inmediata eliminación de aranceles en casi el 80 por ciento de las exportaciones manufactureras de Estados Unidos a estos seis países, estableciendo un plazo de 10 años para eliminar el restante 20 por ciento.
Entre los sectores que se verán beneficiados de manera inmediata por la liberalización arancelaria están algunas actividades claves en la actual configuración productiva y comercial de la industria estadounidense. Por ejemplo, las tecnologías de información, el equipamiento científico, agrícola y de construcción, así como una amplia gama de productos químicos y farmacéuticos, además de celulosa y papel.
El capítulo agropecuario del CAFTA es quizá su aspecto más sensible y controvertido. El libre acceso que ahora gozará la mayoría de los productos primarios de Centroamérica al mercado estadounidense reforzará la dinámica de crecimiento de las empresas agroexportadoras -las mismas que más apoyan la validación del tratado al interior de sus países- y permitirá consolidar la posición competitiva ganada con anterioridad por algunas empresas y actividades.
Pero por el lado del gigante imperial, cuando el CAFTA este en vigencia se eliminarán los aranceles que gravan al 50 por ciento de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos a la región. De acuerdo con lo establecido en el tratado, durante los siguientes 15 años se habrán de eliminar progresivamente los gravámenes del resto de los productos estadounidenses.
Es un hecho que los negociadores de este país obtuvieron de sus contrapartes centroamericanas concesiones especiales en productos muy sensibles. El análisis elaborado al respecto por agencias multilaterales -que como las elites económicas y políticas centroamericanas son muy favorables al tratado-, reconoce que tales concesiones incluyen situaciones “preocupantes” en rubros de gran importancia económica, laboral y social en Centroamérica y República Dominicana, como arroz, maíz, carne de bovino, carne de pollo y productos lácteos.
En definitiva, los promotores del acuerdo aseguran que el CAFTA abre una nueva ventana de oportunidades para el crecimiento económico en la región. Sin embargo los ejemplos de los tratados de libre comercio ya establecidos por Estados Unidos, demuestran que el CAFTA no hará más que acentuar y profundizar la pobreza en la que se encuentra Centroamérica.
En síntesis, este tratado es un acuerdo que favorece a las grandes corporaciones estadounidenses en materia de acceso a mercados en agricultura y servicios, reglas fuertes en materia de propiedad intelectual, debilidad en regulaciones sobre medio ambiente y derechos laborales, y privilegios exorbitantes para la inversión extranjera. Esta aberración del proyecto neoliberal va a intensificar el proceso de estancamiento y pobreza en la región.
La población centroamericana en pie de lucha
Según informó La Jornada de México, en el caso de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad para revertir el CAFTA. Los dirigentes del FMLN afirmaron que la competencia entre agricultores de ambos países es desigual porque los productores del país norteño son subsidiados.
En Honduras, Carlos Reyes, dirigente del Bloque Popular integrado por indígenas, campesinos, profesores, ambientalistas, gobiernos municipales, productores, pequeños comerciantes y estudiantes, dijo que se trata de una victoria para algunos empresarios.
El tratado sólo traerá más pobreza, indigencia y desempleo y paliativos a corto plazo, por el peso desigual entre ambas economías, aseveró el líder.
Por otra parte en Costa Rica, a pesar de que un grupo de empresarios abogan porque se ratifique el convenio, numerosos sectores sociales se oponen y manifiestan que se volcarán a las calles si es presentado ante la Asamblea Legislativa.
Una encuesta realizada en junio último por la escuela de Matemática de la Universidad estatal de Costa Rica reveló que un 69.8 por ciento de los estudiados consideró que el CAFTA causará pobreza, daños en el medio ambiente y pérdidas enormes para los agricultores.
En Guatemala, organizaciones como Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) expresaron su oposición a la rúbrica del tratado.
El líder de la CNSP, Edwin Ortega dijo que el resultado del acuerdo será nefasto para este país ya que se encuentra en desventaja por tener una economía débil. “Llamaremos a las organizaciones a hacer un frente común de resistencia, con capacidad real de contradecir y revertir las disposiciones para implementar el CAFTA”, expresó Ortega.
En Nicaragua, el diputado Nathan Sevilla manifestó que cerca de dos millones de trabajadores, medianos y pequeños empresarios y productores se oponen al CAFTA y se levantarán para que no sea ratificado por el Congreso unicameral.
El secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, dijo que este acuerdo es una nueva forma de explotación de una nación desarrollada con países carentes de infraestructura, míseros y sin recursos económicos para competir. Es una condena a muerte para los productores nicaragüenses y los 38 legisladores del FSLN no lo ratificarán en la Asamblea Nacional, recalcó.
Finalmente en República Dominicana, a pesar de que el presidente Leonel Fernández y ex mandatario Hipólito Mejía (2000-2004) anunciaron una alianza para lograr que el Congreso ratifique el tratado existe un amplio rechazo por parte de la población.
Unas 160 organizaciones solicitaron al Parlamento no revalidar el TLC, ya que tendrá efectos devastadores para la economía especialmente en el sector agrícola, las finanzas públicas, el empleo y la salud de la población.
El TLC entre Centroamérica y Estados Unidos se firmó en la sede de Washington de la Organización de Estados Americanos, el 28 de mayo de 2004 y tres meses después se sumó la República Dominicana. El pasado 2 de agosto fue refrendado por el Presidente George Bush.