Jair Bolsonaro todavía no asumió, pero ya tiene problemas judiciales. El pasado lunes 12 de noviembre, el sector técnico del Tribunal Superior Electoral (TSE) presentó un análisis preliminar de la presentación de cuentas del Partido Social Liberal (PSL). El trabajo reveló 17 indicios de irregularidades y 6 inconsistencias.
El equipo técnico presentó ante el juez que lleva el caso, Luis Roberto Barros, constancias de incumplimiento de plazos, incongruencias entre datos presentados y registrados en órganos oficiales y recepción de fondos de origen prohibido.
Según trascendió, las donaciones irregulares vendrían de personas físicas que ejercen actividades comerciales para instituciones públicas. Para la ley brasileñas, se trataría de donaciones ilícitas por conflicto de interés.
En ese informe técnico resalta el nombre de Marcos Aurélio Carvalho, propietario de la empresa AM4, la principal donante de Bolsonaro. Y según otra pesquisa en marcha, el posible responsable de la mayor campaña sucia 3.0 jamás ejecutada en la región.
En la rendición de cuentas de Bolsonaro, la empresa AM4 Brasil Inteligencia Digital figura como receptora de R $ 115 mil por concepto de difusión en medios digitales. Sin embargo, una investigación del diario Folha constató que el servicio de AM4 no se limitó a la “campaña digital” del candidato: el medio afirmó que la compañía habría generado decenas de números telefónicos extranjeros -mediante sitios como TextNow- para realizar campañas sucias a través de grupos de WhatsApp.
Con códigos de área de otros países, estos administradores logran escapar de los filtros de spam y de las limitaciones impuestas por WhatsApp, que establecen un-máximo de 256 participantes en cada grupo y el reenvío automático de un mismo mensaje para un máximo de 20 personas o grupos. Los mismos administradores también utilizan algoritmos que segmentan a los miembros de los grupos entre partidarios, detractores y neutros. De esa manera se logra personalizar de forma más eficiente el tipo de contenido que se envían.
La pesquisa realizada por Folha constató pagos de R$ 12 millones por cada contrato de un servicio denominado «disparo masivo» de mensajes a destinatarios surgidos de bases de datos vendidas por agencias de estrategia digital. Estas agencias ofrecen una segmentación por región geográfica y, a veces, por renta. Envían al cliente informes de entrega que contienen fecha, hora y contenido difundido. Entre las agencias que prestan este tipo de servicios están Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market.
Las agencias involucradas en la supuesta venta y distribución irregular de bases de datos operan en todo occidente, pero tiene su base de operaciones en los Estados Unidos. No es casualidad. El país del norte fue pionero en el uso de la tecnología de mensajería instantánea para realizar campañas sucias.
Nacido en USA
Las sospechas existen desde los años de la Guerra Fría, pero el ex topo de la CIA Edward Snowden aportó la pista que faltaba cuando filtró al mundo millares de documentos que datallan acciones de inteligencia en todos los puntos del planeta.
También, claro, en América Latina, donde la intervención fue tan evidente, vasta y letal que en la diplomacia regional aún se intercambia un viejo chiste: “¿Sabe por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Porque allí Estados Unidos no tiene embajada”.
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Un detalle: referirse a la sede diplomática estadounidense como “La Embajada” explicita hasta qué punto se naturalizó a EE.UU. como faro político de la región. Pero no son las sedes diplomáticas las únicas que perpetran las actividades intervencionistas de EE.UU. El país cuenta con una compleja red de organismos que, con fachadas varias, fueron y son utilizados para tareas sucias que van desde el espionaje y la formación de cuadros dirigenciales adictos hasta la desestabilización de gobiernos y economías.
Una de las organizaciones más activas es la United States Agency International Development (USAID), un organismo que EE.UU. creó con la proclamada intención de desplegar tareas humanitarias en los países del Tercer Mundo. Su origen se remonta a la Alianza para el Progreso, creada por los mismos funcionarios que varios años antes habían alumbrado el Plan Marshall con la intención de poner a su país a la cabeza de la reconstrucción de la Europa de posguerra.
La Alianza fracasó a poco de nacer, luego de que los países de la región rechazaran las condiciones de la “revolución pacífica y democrática” que pretendía imponer EE.UU. a cambio de los 20.000 millones que prometía invertir. Pero antes de que fuera cancelada, en noviembre de 1961 se fundó la USAID, una de sus agencias que, en las formas, debía vehiculizar parte de las inversiones a programas de desarrollo humanitario, fachada que se mantiene hasta hoy.
La fantasía filantrópica le permitió forjar, a través de generosos aportes financieros, una red de fundaciones y ONGs destinadas a difundir los beneficios del alineamiento con EE.UU. y su “american way of life” mediante propaganda y programas de formación. Pero esa es -si se quiere- la cara amable de su tarea. Apenas maquillado, el verdadero rostro de la agencia es más hostil: intervenir en los procesos políticos de América Latina con el pretexto de proteger la seguridad nacional de su país.
La militarización de los objetivos de la USAID tocó cumbre en 2010 cuando el presidente Barack Obama incluyó al general Jeam Smith –un estratega militar que estuvo en la OTAN– en el Consejo de Seguridad sólo para que atendiera los programas de “asistencia social” que llevaba adelante la agencia. Y como director adjunto se nombró a Mark Feierstein, cuya hoja de servicios encajaba con los desafíos que EE.UU. percibe en la región: experto en guerras de cuarta generación –o campañas de desinformación–, y dueño de Greenbarg Quinlan Rosler, una firma que ofrece orientación estratégica sobre campañas electorales, debates, programación e investigación.
Alérgico a los gobiernos populares que se extienden por América latina, Feierstein probó la eficacia de su método como asesor de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la campaña que lo depositó en la presidencia de Bolivia. “Goñi”, como lo llamaban en su patria, fue el paroxismo del coloniaje político que EE.UU. impartió en los noventa sobre los países del Sur. Criado, educado y formado en suelo estadounidense, Sánchez de Lozada volvió a su tierra de nacimiento para ser presidente de la mano de Feierstein. Duró en el cargo algo más de un año: la denominada “Masacre del Gas”, en 2003, donde murieron más de sesenta personas, lo eyectó del poder y lo devolvió a EE.UU., donde vive como prófugo de la Justicia boliviana amparado por el gobierno que nombró a su amigo Feierstein al frente de la USAID.
Las correrías de la agencia en Bolivia culminaron un 1 de mayo de 2013, cuando Evo Morales la expulsó por “injerencia política” y “conspiración”. Días más tarde, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, detalló las razones de la decisión: “No se trata de una agencia inocente de cooperación filantrópica de Estados Unidos a Bolivia y al mundo. La agencia estadounidense sirvió para legitimar las dictaduras entre 1964 y 1982, para promover el neoliberalismo entre 1985 y 2005, además es un factor externo que alimenta la inestabilidad en el país desde 2006”.
Uno de los hechos que llamó la atención del gobierno boliviano fue la materialización, en 2007, de un convenio entre el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la USAID para llevar adelante “programas sociales” en Bolpedra, Cobija y El Porvenir. El apoyo logístico estuvo a cargo del Comando Sur y la cobertura institucional de la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica. Otro episodio que motivó la expulsión fue la activa participación de la agencia estadounidense vía Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre) en la disputa violenta entre los pobladores de Caranavi y Palos Blancos por el lugar de instalación de una planta procesadora de frutas en enero de 2010, a pocos días de que Evo Morales asumiera su primer mandato dentro del Estado Plurinacional.
La utilización de fundaciones y ONGs para tercerizar operaciones es una práctica habitual de la USAID. En la Argentina, por caso, hay una decena de fundaciones que operan por cuenta y orden de la agencia estadounidense. Que los movimientos sean más sigilosos no implica que sean menos potentes. Un ejemplo: la USAID financió una cumbre de la derecha internacional celebrada en Buenos Aires, en 2013. Organizada por la Fundación Libertad –el tentáculo predilecto de la agencia en nuestro país–, a la cita concurrieron el Nobel Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro –reactivos a los gobiernos populares que habitan la región–; José María Aznar –ex presidente español que impulsó la invasión a Irak–; el pinochetista Joaquín Lavín; Marcel Granier, presidente de la emisora venezolana RCTV que apoyó e impulsó el golpe a Hugo Chávez en 2002, y la cubana anticastrista Yoani Sánchez, quien a último momento desistió de la visita.
El seminario abundó en críticas contra los procesos emancipadores de la región. Y los expositores, sin sutilezas, pidieron terminar con los gobiernos populares en curso para reemplazarlos por otros más “modernos”, a tono con los conceptos de “democracia” que EE.UU. impuso como doctrina global. No fue, por cierto, un planteo original. Cinco años atrás, en el mismo escenario empachado de prosperidad sojera, se había realizado un seminario similar, con el propio Vargas Llosa como animador principal.
Aquel seminario contó con varios “expertos” alineados con las políticas del Consenso de Washington como el periodista de La Nación Carlos Pagni, el ex candidato presidencial Ricardo López Murphy, y Mauricio Macri, entonces regente del Pro y de la Fundación Pensar, co-organizadora del evento.
Una década después de ese evento, Macri gobierna la Argentina montados sobre tres pilares: el apoyo financiero del FMI, el respaldo de un sector del establishment (entre ellos los medios tradicionales) y la acción de activistas digitales rentados que alimenta la “grieta” donde abreva la base electoral de Cambiemos.
El “troll-center” criollo
En octubre pasado, un documento elaborado por el bloque de diputados del Frente Renovador detalló la existencia de un “Troll-center” oficial dividido en tres roles: coordinadores, trolls y bots.
Según los denunciantes, los coordinadores son quienes bajan la línea y administran las cuentas más importantes. Esta parte de la pirámide habría acordado contratos con diferentes dependencias del estado y logran cobrar entre 50 y 60 mil pesos mensuales sin prestarles servicio.
Los famosos “trolls” trabaja con usuarios con menor tráfico -entre 2 y 5 mil seguidores cada una- mientras que los Bots son cuentas operadas digitalmente que no producen contenido, pero se encargan de replicar.
El documento afirma que el Jefe de Gabinete Marcos Peña comandaría al menos “cuatro grandes estructuras creadas por funcionarios en campaña, que ahora le responden desde que son financiadas por el Gobierno nacional”.
El informe le adjudica el comando operativo a Guillermo Riera, jefe de la campaña digital de Macri y ex secretario de Vínculo Ciudadano, la oficina que tendría a cargo el troll center. Riera dejó el puesto en 2017 para encargarse, de nuevo, de la campaña macrista. Pero el vínculo, según los diputados, no es sólo político: “Su empresa, G-Digital SA obtuvo contratos millonarios de la Ciudad para realizar difusión de actos de Gobierno”, acota el documento.
En Brasil, mientras tanto, Bolsonaro anunció su intención de nombrar a Carvalho en un puesto similar al que aquí tuvo Riera. En esta historia, está claro, ninguna coincidencia parece ser casualidad.
