Aunque la Justicia Electoral brasileña (TSE) condenó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), a pagar una multa equivalente a 420 mil dólares por realizar propaganda de campaña anticipada, dos nuevas encuestas reforzaron las cifras arrojadas por los sondeos del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadísticas (IBOPE) que confirman que Lula ganaría en primera vuelta.
Esta semana comenzó el período de campaña en la segunda economía más importante de América Latina y la evolución de estas elecciones será crucial para el futuro del Mercosur y de planes de integración que hagan frente a la ofensiva comercial y política que Estados Unidos está incrementando en el continente.
DataFolha reveló a través de FolhaOnLine, en su primera pesquisa después del inicio del horario electoral de radio y televisión, que Lula sigue con el liderazgo absoluto y mantiene su oportunidad de vencer en el primer turno de los comicios de octubre.
En la intención de votos de los electores entrevistados, Lula, candidato de la coalición Fuerza del Pueblo, integrada por los partidos de los Trabajadores, Republicano Brasileño y Comunista de Brasil (PT-PRB-PCdoB), subió del 47 al 49 por ciento. Su principal oponente, Geraldo Alckmin, aspirante por los partidos Social Demócrata Brasileño y Frente Liberal (PSDB-PFL), ganó un punto al subir de 24 para 25 por ciento de las intenciones de votos.
La tercera figura en la lista es Heloisa Helena, impulsada por el llamado Frente de Izquierda integrado por los partidos Socialismo y Libertad, Socialista de los Trabajadores Unidos y Comunista Brasileño (PSOL-PSTU-PCB).
La candidata perdió un punto y fue de 12 para 11 por ciento.
En votos válidos, excluyendo blancos y nulos, Lula recibiría 56 por ciento en el primer turno. La evaluación del gobierno petista mejoró siete puntos y ahora el 52 por ciento la califica de buena, el 31 por ciento de regular y el 16 por ciento de mala.
Pero eso no es todo, un nuevo sondeo arrojó un 48 por ciento de intención de votos para Lula, un 17 por ciento para Alckmin (lo cual significa una caída de nueve puntos respecto a la anterior) y otros 17 para Helena.
Fuera de campaña
Pero mientras la cuenta regresiva hacia el 1 de octubre se acelera, la relación del gobierno petista con los Sin Tierra se va tensando, quizás una señal de la serie de alianzas actualmente caídas, pero que llevaron a Lula al Planalto. La situación ya no se trata de rispideces, sino de acusaciones más graves. El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) de Brasil denunció un «proceso de criminalización» de sus militantes tras la detención de su principal líder en el estado de Pernambuco, Jaime Amorim, por presuntos daños al patrimonio público durante una manifestación contra la presencia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en noviembre de 2005.
El MST manifestó su «repudio» por el arresto y persecución de sus dirigentes y militantes «por el gobierno de ese estado mediante su aparato policial y judicial».
Amorim fue detenido hace una semana en la localidad de Itaquitinga, Pernambuco, durante el sepelio de dos líderes del MST que, según la policía, fueron asesinados por otros agricultores sin tierra en un campamento de la organización campesina más grande de Brasil.
El MST rechazó la versión y sostuvo que los agricultores Josías Barros y Samuel Matías Barbosa fueron muertos «por personas infiltradas en el campamento con el objetivo de desmovilizar a los labriegos sin tierra y desmoralizar al movimiento».
Amorim fue detenido por no haber comparecido a las audiencias del juicio que se le sigue por daños materiales e incitación al delito, pero los Sin Tierra argumentan que «la policía usa todo su aparato para detener a Amorim, pero nada hace para detener a los asesinos de nuestros compañeros Josías Barros y Samuel Matías Barbosa. Al contrario, la policía y parte de la prensa quieren hacer creer que fueron asesinados por miembros del MST y no por infiltrados».
Pero mientras el conflicto con este movimiento social empaña una performance electoral totalmente diferente a la primera campaña, donde los campesinos fueron aliados claves del PT en su victoria, Lula enfrenta otros conflictos no menos delicados. Esta semana el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados de Brasil abrió un proceso de desafuero contra 67 parlamentarios acusados de recibir sobornos de una empresa privada para desviar recursos presupuestarios para la compra de ambulancias y material médico a precios sobrevalorados.
Las presiones de Washington
Tal es la importancia de la continuidad o no de Lula en el gobierno de Brasil para Estados Unidos, que Washington ha tratado que meter el debate sobre Cuba en la agenda electoral y precisamente ahora en el congreso norteamericano, el senador Chuck Grassley, afirmó que apoyará la exclusión de Brasil del SPG porque el gobierno de Lula llevó al fracaso las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Según informó la Agencia Mercosur de la Universidad Nacional de La Plata, Grassley dijo que Brasil, junto con India, han sido «grandes obstáculos» en las reuniones de la OMC. La ofuscación proviene por que ambos países lideran el Grupo de países emergentes (G20), que lucha en la OMC contra los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Europa. De un tiempo a esta parte, el G20 se ha mantenido en la postura de defender los intereses de los Estados más postergados que, teniendo una economía que muchas veces depende de la explotación de la tierra, no pueden colocar su producción en los principales mercados.
El SPG, establecido en 1974, permite que casi 150 países en vías de desarrollo vendan sus productos a Estados Unidos con derechos de aduana reducidos o nulos. El sistema expira el 31 de diciembre y su continuidad debe obtener consentimiento del Congreso. En 2005, Estados Unidos importó 26.700 millones de dólares bajo ese programa, 18 por ciento más que en el 2004.”
Según datos del Ministerio de Comercio Exterior brasileño, el año pasado, Brasil exportó en total a Estados Unidos 24.400 millones de dólares, de los cuales 3.600 -un 15 por ciento- fueron vendidos al mercado estadounidense por medio del SGP. Si se cancelan estos beneficios, Brasil perdería entre 300 millones y 400 millones de dólares por año en ingresos por exportaciones, según cálculos de la Cámara Americana de Comercio de San Pablo. Las cláusulas del SGP, dicen que Brasil tiene autorización para exportar sin tarifas arancelarias 3.359 productos a Estados Unidos, su principal socio comercial.
En contrapartida, Brasil percibe su exclusión como una «presión ineficaz, injusta y contraproducente”, porque considera que “no es una traba para ninguna negociación en la OMC; es parte de la solución, no parte del problema».
En el medio el presidente de Venezuela Hugo Chávez salió al cruce de la sanción que caería contra el socio mayor del Mercosur. “El imperio pretende castigar a Brasil porque se ha comportado de manera firme en la defensa de nuestros intereses regionales en foros internacionales como la OMC. Lula es el líder del Grupo de los 20, nació para decirle a Europa y Estados Unidos que no firmaremos esos convenios de libre comercio que ellos quieren firmar hasta que no eliminen las medidas proteccionistas y los subsidios inmorales a su propia producción agrícola».
