Arranca la campaña presidencial en Brasil y, a pesar de los recientes escándalos de corrupción, el actual presidente Luis Inacio Lula da Silva es favorito para ser reelegido: según los últimos estudios del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadísticas (IBOPE), mantiene una amplia ventaja como candidato a la reelección y puede vencer en el primer turno. Antes del comienzo de la campaña, el antiguo operario metalúrgico que lideró uno de los procesos de masas más importantes de la historia de Brasil, mantenía niveles de popularidad superiores al 50%, mientras su más cercano competidor, el socialdemócrata Geraldo Alckmim, no superaba el 30%. A poco más de una semana del inicio de una prolongada campaña presidencial, Alckmim apuesta a que, en poco menos de cuatro meses, remontará la cuesta que lo separa del presidente-candidato.
Contra Lula compiten, además de Alckmim, dos ex integrantes del Partido de los Trabajadores: los senadores Heloísa Elena, expulsada del PT por criticar la gestión de Lula, y Cristovam Buarque, quien fuera gobernador de Brasilia y ministro de Educación durante los primeros meses del actual gobierno. Ninguno alcanza ni el 10% de intención de voto hasta la fecha.
Según los analistas políticos más conservadores, la ventaja de Lula está en su empatía con los electores más pobres y la diseminación de subsidios como el «bolsa familia», que reparte unos 45 dólares por mes a familias de escasos recursos. El programa -creado durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, antecesor de Lula- ya beneficia a más de 11 millones de brasileños, y le costará al Estado unos cuatro mil millones de dólares este año.
Pero en el plano económico, los números son una buena vara para evalur su desempeño. La economía brasileña ha tenido en los dos últimos años niveles de crecimiento moderados, empleo en aumento, con el consumo a buen ritmo y la inflación bajo control, sin embargo, el gobierno del PT convalida las tasas de interés reales más altas del mundo, que han favorecido ganancias sin precedentes al sector financiero.
«Sería tan fácil gobernar si tuviéramos que cuidar sólo de los pobres. Los pobres no dan trabajo», dijo Lula durante un acto público en el estado de Minas Gerais. Poco después completó su reflexión en voz alta; «el pobre quiere apenas un poco de pan, mientras los ricos, cuando se me acercan, quieren un billón. Hacer política para los pobres es algo muy placentero», completó.
Para los analistas el gobierno de Lula da Silva optó por la combinación de una política económica de fuerte rigor fiscal y monetario, con válvulas de descompresión en programas sociales y de crédito popular. Esto, para los especialistas, explica buena parte de la convocatoria que Lula tiene en las encuestas sobre la sucesión presidencial, «, asegura el analista y columnista Kennedy Alencar.
Con un patrimonio personal que, según declaró a las autoridades brasileñas, se duplicó desde que es presidente, Lula camina seguro a concretar su reelección al mando de la mayor economía de América Latina.
Ahora Lula está en campaña y atrás quedó el escándalo por su financiación ilegal. Tras las denuncias que demostraban irregularidades en el financimiento de la campaña que llevó a Lula a la presidencia, se modificaron las leyes para exigir campañas más fiscalizadas y con mejores auditorías. «Como máximo gastaremos 89 millones de reales (menos de 40 millones de dólares) en la campaña», aclaró el presidente del oficialista PT, Ricardo Berzoini, para acallar suspicacias, pero para Joao Pedro Stedile, economista y especialista en economía agraria, y miembro de la dirección nacional del Movimiento Sin Tierra, el análisis es otro: «La sociedad brasileña está perpleja ante la «desnudez política» a que fue expuesto el Parlamento y a la forma como funcionan las campañas electorales en Brasil. Los partidos se abastecen de las empresas públicas o privadas, de algunos bancos, a fin de sostener sus campañas, obtener privilegios personales y parlamentarios, derrumbando con esto las barreras que separan las recaudaciones legales de las ilegales. A cambio, sólo Dios sabe lo que se ofrece.
Ciertamente, lo que causó más perplejidad fue que la práctica tradicional de la derecha ahora -comprobadamente- es realizada también por el principal partido de la izquierda. Y la opinión pública espera que sean revelados los orígenes de los recursos, quiénes son los empresarios que pagan y cuáles los verdaderos intereses. Finalmente, nadie entrega millones gratis.
Más que un escándalo: una crisis
Para Stedile, «más allá de los casos de corrupción, es preciso reflexionar sobre la naturaleza de esta crisis. Las evidencias son muy graves. Nuestro país vive una crisis que envuelve al conjunto de la economía. Es verdad que el PIB creció -aunque sea mediocremente-; que la inflación está controlada; que las grandes corporaciones y los bancos tienen ganancias fantásticas, y que los saldos de la balanza comercial baten récords. Sin embargo, la economía no está resolviendo los problemas básicos de la población: empleo, renta y bienestar social. Hay una crisis social. Nuestros niveles de violencia social se equiparan a los de los países en guerra.»
Frente a este cuadro, la evaluación del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), de Vía Campesina y de otros movimientos sociales, es que «la salida a la crisis no está sólo en la penalización necesaria de quien practicó la corrupción. No basta con pedir a los partidos que hagan sus autocríticas. No basta reducir la cuestión a apoyar o no al gobierno de Lula. Los movimientos sociales, como el MST, deben mantener su autonomía con relación al gobierno, al Estado y a los partidos. ¿Dónde está la salida, entonces? La salida a esta crisis requiere diversas medidas, que abarcan aspectos económicos, políticos y sociales.»
Según el periodista uruguayo Raúl Zibechi, “para la región, la relección de Lula es una buena noticia. La política exterior de Brasilia es un elemento de estabilización y de contención. Con Lula en la presidencia, las posibilidades de una intervención estadunidense contra Venezuela parecen menores, se ensanchan las condiciones de dar pasos hacia una integración regional diferente a la que promueve el ALCA, y los gobiernos progresistas cuentan con puntos de referencia alternativos a Washington. Brasilia se ha convertido, con mucha más fuerza desde 2003, en un polo de atracción diplomático y comercial que ejerce un saludable contrapeso que está equilibrando las relaciones hasta ahora unipolares en la región. En el plano interno las cosas son más complejas. Es cierto, como sostienen buena parte de los defensores del gobierno, que pese a la continuidad básica con el modelo neoliberal Lula ha introducido cambios. No hubo privatizaciones (en una región donde el modelo no avanza ahora por ese costado), la represión sobre los movimientos ha sido menor, se canceló la deuda externa y se registra una reversión de ingresos entre los más pobres gracias al plan Bolsa Familia.
Sin embargo, el modelo de acumulación sigue sin sufrir modificaciones: mayor concentración de la renta a favor del capital financiero y en detrimento del trabajo, endeudamiento creciente del Estado, desindustrialización y desnacionalización del sistema productivo. Quizá la mejor síntesis la ofreció la Conferencia Nacional de Obispos, aliada histórica de Lula, cuyo secretario general, Odilio Scherer, apuntó a comienzos de marzo que con el actual gobierno el país se convirtió en un «paraíso financiero».
Los últimos datos económicos avalan esta apreciación: en 2005 Brasil creció 2.3 por ciento, el más bajo de la región después de Haití. Pero la banca acumuló las mayores ganancias de su historia: el banco más grande del país, Unibanco, creció 60 por ciento respecto a 2004; Itaú, el segundo, 39 por ciento, y así todo el sector financiero.
Para Stedile, «en el campo económico es preciso cambiar esa política neoliberal que sólo beneficia a bancos y grandes corporaciones. La inmensa mayoría de la sociedad está contra la actual política económica, inclusive el vicepresidente de la república. Es preciso subordinar la política económica a los intereses del pueblo y de la sociedad. Es preciso que el Estado oriente la economía a resolver prioritariamente el problema del desempleo y de los ingresos de todos los brasileños, por ejemplo, aumentando el salario mínimo. Es preciso priorizar los gastos públicos en educación, vivienda, saneamiento básico, salud, reforma agraria y los incentivos a una política de promoción de las actividades culturales.
Acerca de reforma agraria, el gobierno está en deuda con nosotros y con la sociedad, pues el Plan Nacional de Reforma Agraria marcha a paso de tortuga, mientras 130 mil familias sobreviven debajo de lonas negras a lo largo de los caminos brasileños, indignando a todos. Es necesario que realicemos una amplia convocatoria nacional para debatir un proyecto para el país, como fue propuesto durante la semana de debate social de la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil) y por todas las fuerzas sociales. El país precisa un rumbo, el de un proyecto que recupere la soberanía popular y nacional, que reoriente la economía para atender las necesidades del pueblo. Y esto sólo se construye debatiendo, aglutinando fuerzas.»
Para Zibechi, “el PT nació y tuvo sus bases principales entre los obreros industriales y las clases medias con formación universitaria, con peso decisivo en el sur y sureste del país, en ciudades como Porto Alegre y el cinturón obrero de Sao Paulo. Desde hace un tiempo este perfil se ha ido modificando. Hoy el gobierno tiene sus mayores niveles de aprobación en el noreste, región de matriz conservadora dirigida por elites clientelares. Mientras en el sureste Lula cuenta con una aprobación de 29 por ciento, en el noreste llega a 55 por ciento. Simplificando, los apoyos tradicionales han emigrado en dos direcciones: hacia la socialdemocracia por un lado, y hacia la abstención y el partido de la petista disidente Heloísa Helena (PSOL), que recoge las banderas históricas del PT, cuyo respaldo tiene un piso de 7 por ciento del electorado (y ahora llega al 11). En buena medida, los nuevos apoyos de Lula se deben al programa Bolsa Familia, creado en octubre de 2003.
Atiende a 77 por ciento de las familias pobres (unos 9 millones), que reciben 45 dólares mensuales. Se trata de un universo de 30 millones de personas en un país de 180 millones de habitantes. La mitad de los beneficiarios vive en el noreste, que cuenta con 27 por ciento de la población del país. Según las encuestas, entre los beneficiarios del programa asistencial y sus familias Lula obtiene un respaldo de 58 por ciento, frente a sólo 41 por ciento de quienes no están incluidos en el programa.”
