«Los sectores dominantes no quieren que siga aumentando la participación de los asalariados.»

Miembro del CELS e investigador del CONICET, Basualdo es una de las referencias más importantes en el país en materia económica. Cultor del bajo perfil, en esta extensa charla con ZOOM habla de la extranjerización de la economía, el rol del Estado, el papel de los grupos locales en la dictadura, la desmovilización de los sectores populares, la emergencia sindical y la necesidad de reconstituir el mercado de trabajo formal. Niega que los aumentos de salarios sean causantes de inflación y dispara: «La oligarquía eminentemente agropecuaria está buscando una representación política».

—¿La crisis de 2001 marca la finalización de un período y el comienzo de otro con la victoria de los devaluacionistas sobre los dolarizadores?

—Efectivamente el 2001 constituye un punto de ruptura muy importante porque se cierra un ciclo de casi 30 años donde la sociedad argentina tuvo un patrón de acumulación de capital específico, impuesto por la dictadura militar. Un patrón diferente al agroexportador de las primeras décadas del siglo XX y al de sustitución de importaciones que vino después: el de la valorización financiera. Se trata de un patrón de acumulación de difícil comprensión por parte de los sectores populares, por su componente financiero y porque tiene que ver con el papel del endeudamiento externo que deprime a buena parte de la economía real, pero no se entiende como ni por qué.

—¿Es de difícil aprehensión porque es complicado operar sobre ese sistema?

—Y porque es difícil de entender. Durante muchas décadas, la economía argentina tuvo como eje y sustento la economía real. Ahí se dilucidaban las relaciones entre capital y trabajo. Del año ‘76 en adelante, el patrón de acumulación es de una naturaleza muy diferente porque la variable de ajuste es la economía real, y la relación entre capital y trabajo se dirime en el ámbito financiero. Con una paradoja: los sectores centrales del nuevo patrón de acumulación (internos) son principalmente industriales. Hay una redefinición en el comportamiento de la economía argentina que alcanza una enorme envergadura. Y es efectivamente esa característica la que hace que sea complicado aprehenderla. Dentro de América latina, por las evidencias que hay, el caso argentino fue el que presentó la mayor exacerbación de la valorización financiera. Un circuito donde el sector privado oligopólico se endeuda, valoriza en el mercado financiero interno (porque la tasa de interés local es mayor a la internacional) y fuga al exterior. Esta es la enorme compatibilidad o complementariedad que existe entre fuga de capitales locales al exterior y la deuda externa.

—No es casual

—Hay una alta correlación que es el resultado de causalidades entre ellas. La política económica a partir de 1976 cambia drásticamente, al adoptarse diversas políticas monetaristas. Hasta ese momento, la política económica buscaba potenciar la economía real y las variables financieras se acomodaban a su evolución. A partir del ‘76 es al revés: la variable de ajuste es la economía real. Ese cambio de política económica va acompañado de nuevas funciones del Estado. Un patrón de acumulación de capital implica una modificación sustancial, porque cambian las alianzas sociales y por lo tanto el carácter del Estado. El papel del Estado en este proceso es garantizar que la tasa de interés interna sea mayor que la internacional porque, si no, no hay valorización. Ese es el rol estratégico que cumple desde mi punto de vista la reforma financiera del ‘77, que establece que el Estado ya no se financie a través del Banco Central, sino que es un tomador de fondos más en el sector financiero.

Por otro lado, el Estado durante la dictadura y el gobierno constitucional posterior asume como propia la deuda externa privada, cosa que no va a suceder en el 2001, a pesar de que hubo algunos intentos. A estos posicionamientos muy relevantes del Estado se le agrega otro: el endeudamiento externo del sector público no está en función de la economía real y de la expansión productiva, sino en función de la valorización financiera. Esto quiere decir que el sector privado saca más de lo que pone. Y la renta que obtiene la remite al exterior en divisas, que las provee el Estado mediante su propio endeudamiento con el exterior.

El menemismo y la extranjerización

—¿Esto se potencia en los ’90?

—Dentro de los años que median entre 1976 y 2001, la década de los ‘90 implica la etapa superior de la valorización financiera por su impacto en la economía y en la sociedad argentina. Las privatizaciones son el mayor cambio en la estructura económica del país durante el siglo XX. Más importantes, incluso, que la estatización del peronismo original, momento en que el Estado tenía mucha menor importancia en términos relativos. A principios de los ’90, las empresas estatales eran las más grandes de la economía argentina porque ostentaban la mayor participación en las ventas de las grandes firmas de la economía nacional. Por lo tanto, tenían un gran impacto en términos de inversión y de importancia como instrumento de la política económica. Por eso las privatizaciones fueron un cambio de enorme trascendencia que tiene que ver con el proceso de valorización financiera. Para los acreedores implicaba el pago del capital adeudado, caracterizado como impagable por Alfonsín. Para los grupos económicos internos, ese sector diversificado de la oligarquía pampeana, implicó un salto notable en términos de su importancia estructural. Y eso que ya era de por sí muy relevante.

La trascendencia de las privatizaciones se puede apreciar también porque no es sólo una fracción del capital la que se queda con las empresas, sino que la propiedad de las firmas estatales es compartida entre las distintas fracciones dominantes del capital. En cada una se verifica un trípode constituido por un grupo económico, una empresa transnacional que es la operadora y un banco transnacional que es el agente financiero. Esto es fruto de un acuerdo: el mayor cambio estructural de la historia no podía quedar en manos de un solo bando, debía ser compartido. Por eso son escasísimas las excepciones donde una empresa estatal importante queda en manos de una sola fracción del capital dominante.

Este cambio estructural trajo aparejado la etapa de oro de Menem, desde 1990 a 1995, porque el bloque de poder está muy cohesionado, se había constituido una comunidad de negocios. Sin embargo, posteriormente, los grupos económicos comenzaron a vender estas empresas y a fugar esos recursos al exterior para realizar ganancias patrimoniales. Habían comprado barato y venden caro, porque tienen una alta rentabilidad debido a las regulación estatal o por ser empresas oligopólicas. Esa elevada rentabilidad es la que les asegura un alto precio de venta, porque este último se fija en base al nivel de ganancia.

—Además, en esos años se vendieron muchas empresas privadas de capital nacional.

—El proceso de transferencias de capital es más amplio que las empresas privatizadas. Entre ellas, se encuentran empresas oligopólicas líderes en la producción industrial. En general, los grupos económicos, que son los principales vendedores de activos productivos, se recuestan en producciones exportables. Estos capitales, modificaron substancialmente la composición de su patrimonio. Trajeron parte de fondos fugados al exterior para incorporarse como accionistas en las empresas estatales, después venden, fugan al exterior e invierten financieramente. Por eso, a partir de allí el patrimonio de los grupos tiene un enorme componente financiero.

De esta manera, se disgrega esa comunidad de negocios entre las diferentes fracciones del capital. Más aún, ese proceso las coloca en situaciones no sólo distintas sino enfrentadas, porque mientras los grupos económicos están dolarizados el capital extranjero tiene inversiones productivas en la economía real.

La diferente inserción estructural de estas fracciones a partir de la crisis del ‘98 que se inicia en Asia y Brasil, se expresa, a su vez, en proyectos políticos alternativos que buscan reemplazar a la Convertibilidad. Los grupos económicos van a plantear la devaluación como salida a la Convertibilidad, mientras que el capital extranjero, financiero y productivo, impulsa la dolarización de la economía nacional. No se trata únicamente, de diferencias económicas sino políticas y sociales. Efectivamente, en este enfrentamiento se expresan concepciones diferentes de Nación. Así por ejemplo, los dolarizadores plantean como horizonte de la integración económica el NAFTA, mientras que los devaluacionistas el MERCOSUR.

Asimismo, los dolarizadores plantean implementar la regionalización, la fusión de varias provincias en una región y de hecho, avanzaron en tanto que La Pampa fue instituida como la cabeza de la Región Patagónica, lo cual significaba que había que rediscutir los recursos coparticipables. A su vez, esta iniciativa conllevaba una reducción de gastos pero también de la representación política al modificar la composición de la representación del Congreso, lo cual indica una profunda reforma del sistema político.

Por su parte, la base fundamental de los devaluacionistas estaba constituida por los grupos económicos locales que son una expresión de la oligarquía, es decir del sector fundador del Estado argentino moderno. Su representación política en ese momento estuvo en la alianza de Duhalde y Alfonsín, sectores de la iglesia y gremiales, quienes enfrentan a un sector dolarizador débil en términos de estructura política y social pero fuerte en términos económicos.

—Más allá de su posición relativa durante la crisis, los devaluacionistas no pueden ser considerados los perdedores de la etapa anterior.

—No, fueron grandes ganadores. De hecho, son una base económica fundamental de la de la dictadura militar. Pero también son relevantes en los gobiernos de Duhalde y de Kirchner, aunque entre ambas gestiones hay diferencias políticas muy significativas.

A partir de 2001/2002, se abre una transición en la Argentina porque no se define un patrón de acumulación de capital alternativo a la valorización financiera. El crecimiento está basado en lo preexistente y en lo que se va generando por la vía de la sustitución de importaciones. En realidad, hoy no está consolidada una alianza dominante en la Argentina. Néstor Kirchner ha gobernado buscando aumentar la autonomía del espacio político respecto a la estructura económica, aprovechando que, en una etapa de crisis, los sectores dominantes tienen que hacer concesiones, lo cual ocurrió desde 2002 hasta 2005. No quiere decir que Kirchner sea un mandadero de los que detentan el poder estructural. Opera con sus concepciones, buscando ampliar la autonomía del Estado después de la crisis de 2001. Y lo hace con medidas que están en sintonía con banderas históricas de los sectores populares. Así es como definió una estrategia de alto crecimiento económico que implicó un fuerte impacto en el empleo del 2002 en adelante.

Durante estos años hubo un incremento del empleo muy sustancial, un mejoramiento evidente de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, en 2007 su situación relativa en términos de la distribución del ingreso muestra una participación que se ubica en parámetros cercanos, pero menores, a la obtenida en 2001.

Las causas de la inflación

—¿Se puede adjudicar la inflación al crecimiento de los salarios?

—El costo relativo de la mano de obra para las empresas es mucho más reducido hoy que en 2001. El salario tiene dos condiciones, demanda y costo para las empresas. En estos años, aumentó como factor de demanda más que como costo. De allí que cuando se analizan los factores estructurales de la inflación, se debe tener en cuenta esto, ya que no se le pueda adjudicar al salario real la responsabilidad de la inflación.

La inflación puede ser producto de cuellos de botella muy importantes en la economía argentina por la creciente utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, más allá de algunos casos específicos, tampoco a este factor se le puede adjudicar el incremento de precios ya que hubo una reactivación muy importante de la inversión productiva. Lo que parece influir decisivamente es el veto de los sectores dominantes a que siga aumentando la participación de los asalariados. Parece que la consigna de estos sectores es que del nivel de 2001 no se pasa. Allí radica uno de los contenidos fundamentales de la inflación.

—¿Hablamos de la operación política de esos sectores sobre la economía?

—La tasa de rentabilidad de las grandes empresas (las de mayores ventas) aumentó el 200% entre los años ‘90 y el período 2002-2005. Estaba aproximadamente en el 3% y pasó al 9%. No baja de ahí y quieren incrementarla. No lo caracterizaría como operación política: es la acción concreta del gran capital nacional y extranjero para mantener su nivel de rentabilidad.

—Entonces, los sectores dominantes, que durante la crisis se vieron obligados a hacer concesiones, a partir del año 2005 empiezan un proceso de recuperación.

—Este es uno de los problemas que tenía Kirchner y ahora la actual presidenta Cristina Fernández. Tiene un desafío mayor: enfrentar a los sectores de poder para redistribuir el ingreso o alejarse de los sectores populares. Es un dilema profundo, que implica el riesgo de perder su carácter popular e incluye una paradoja: La presidenta está muy ligada a la redistribución del ingreso en su discurso político y en su actitud personal, con el contenido político y social de las movilizaciones en los ‘70. Sin embargo, uno de los pilares en que se sustenta su gobierno (los grupos económicos locales) fue antes la columna vertebral de la dictadura militar. Es una paradoja, desde mi punto de vista.

Esta asociación tiene límites y allí radica la apuesta de los sectores populares. Sin embargo, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina , Fernández deben superar un fracaso político severo. Como consecuencia de su accionar político, el kirchnerismo se encarna en el PJ que, me da la impresión, espero equivocarme, no tiene ya la capacidad de convocar a los sectores populares. Esto es un problema, porque cuando hay que enfrentar la problemática de la inflación, la movilización conducida por la gran burguesía pampeana (que tienen raíces muy comunes), con los medios de comunicación, se requiere de la movilización social y fortaleza política. Desde el aparato del Estado se puede empezar a generar un movimiento político pero no se lo puede remplazar.

Hoy se enfrenta el agro y el Estado, es un conflicto entre esa gran burguesía pampeana y el aparato estatal, pero no se percibe que detrás de este último haya organización política ni movilización social. El hecho de que el kirchnerismo se encuentre dentro del PJ es introducirlo en el corral político del movimiento que ha devenido en expresión de los sectores dominantes desde hace bastante tiempo. Si se les hace este planteo a los integrantes del kirchnerismo dicen “y bueno, si no lo ocupábamos lo iban a usar los otros”. En eso consiste la derrota, en obligarlos a incorporarse. Ahí empezó el juego.

—De algún modo se está enfrentando con los mismos grupos que sostuvieron los primeros años de gestión.

—No necesariamente, porque la economía argentina como nunca tiene un grado de extranjerización inédito, una forma de extranjerización que sintetiza las formas en que se incorporó el capital extranjero en los distintos modelos económicos. Tiene extranjerizado buena parte de los servicios públicos, y por otro lado buena parte de la industria. Uno es típico del modelo agroexportador y el otro de la sustitución de importaciones.

Este gobierno está impulsando equivocadamente, no en forma declamatoria sino efectiva, la reconstitución de una burguesía nacional, uno de los integrantes de la alianza social del peronismo. Ninguno de los grupos económicos más conocidos es burguesía nacional, no tiene la naturaleza de la burguesía nacional del peronismo. Si uno mira los números de la promoción industrial comprueba que 5 ó 6 grupos perciben aproximadamente el 80% de las transferencias fiscales que comprometen esos programas. Esto implica una doble tergiversación porque esa fracción del capital local no es la burguesía nacional, ni esta última fue el eje central del peronismo. La burguesía nacional fue producto de un movimiento político de base obrera. Es decir, si se conforma un movimiento con los trabajadores se puede generar una burguesía, pero no al revés. Son dinámicas sociales y construcciones políticas distintas. Sin embargo, sería un error entender que esta situación se origina únicamente en la política oficial, porque también influye para que sea así el profundo deterioro del movimiento popular en la Argentina. Decíamos que la presidenta tiene que construir organización popular ¿con quiénes lo va a hacer?.

El Estado y los sectores populares

—Volviendo al racconto inicial ¿en qué cambió el rol del Estado a partir de 2001?

—Hay cambios notables, hay una política económica que defiende el crecimiento contra los ajustes económicos y sociales, que permitió reconstituir el mercado de trabajo. La defensa del crecimiento económico en las actuales circunstancias es un hecho relevante, porque permitió la recuperación de la ocupación, lo cual plantea un cambio muy drástico respecto a los 30 años anteriores. Obviamente, también está presente la modificación de los precios relativos. Los sectores líderes en la economía real en los ’90 (las empresas privatizadas), hoy son los de menor crecimiento. Y los que caían en los ’90 (industria y construcción) son los que lideran, junto con el agro y la producción petrolera, el crecimiento económico.

Hay una reversión: lo que era la valorización financiera como forma de rentabilidad hoy es la economía real. La fuga que hay hoy es inducida por la política económica. YPF puede no liquidar el 70% de sus divisas obtenidas por sus exportaciones y dejarlas afuera. Las empresas mineras no tienen que liquidar el producto de sus exportaciones en el país. Son distintas políticas que incentivan eso para no presionar sobre la cotización del dólar.

Estamos ante un contexto internacional que implica altos precios para los bienes primarios, con una economía con una alta participación del capital extranjero pero donde no está definida una alianza social dominante, lo cual significa que transitamos una etapa de transición.

—¿Qué herramientas de política pública podría poner en juego el gobierno en su alianza con los sectores populares para mejorar la participación de los trabajadores en la economía, por encima de la inercia del crecimiento global?

—En general, profundizar la distribución del ingreso, criterio que está esgrimiendo en la negociación con el agro. Estoy de acuerdo con las retenciones, especialmente porque son efectivamente redistributivas y no sólo por su carácter fiscal, pero también es necesario indicar que también deberían tributar otras rentas, como la financiera. Por otra parte, hay que reconstituir el mercado de trabajo formal en la Argentina. Hay una emergencia sindical en el país, que es necesario enfrentar porque es un factor que incide directamente en la distribución del ingreso. Hay en el mercado de trabajo una gama de instrumentos a utilizar, como diseñar eventualmente un control de precios basado en las cadenas de valor. Reconstituir un organismo que han destruido (como el INDEC) y su colapso inhibe la posibilidad de determinar el alcance del proceso inflacionario, y la situación de la clase trabajadora de la Argentina.

En términos generales, es necesario, plantearse que el tema de distribución no solo es una cuestión de recuperación del salario nominal sino también una reconstitución de una estructura de protección al trabajador y de formas de producción. Respecto a esto último, parece poco discutible que es necesario instalar nuevas empresas estatales, distintas a las anteriores, pero sobre aquellos núcleos estratégicos para la Argentina de hoy. En ese sentido, en vez de proponer que los administradores de las retenciones sean las cerealeras, tendría que ser un organismo del Estado.

—Cambiar el paradigma de las empresas estatales.

—En general el complejo industrial estatal tenía que ver con un determinado paradigma productivo, que era el metalmecánico, y con las áreas estratégicas en ese tipo de economía. Hoy habría que debatirlo. ¿Qué papel le cabe en la electrónica a la Argentina? ¿Tiene que haber una empresa estatal de telecomunicaciones o no? La industria naval sería una cuestión bien interesante para la Argentina. Cuando se privatizó SOMISA, Techint se llevó el tren de laminación de chapa naval que todavía no había inaugurado esa empresa estatal a Brasil. Hay que debatir un plan estratégico. Sobre qué líneas y con qué actores, con qué organización social. Esto no está presente, más allá del debate de crecimiento o ajuste económico.

—Si el gobierno dijera “voy a usar 20.000 de los 50.000 millones que tengo de reservas para estas políticas”, ¿se afectaría en algo la situación macroeconómica? ¿Se generaría una sensación de inestabilidad por eso?

—A diferencia de muchas décadas de economía argentina, el tema crucial no radica en el debate sobre el nivel de los recursos disponibles. El tema central es el contenido de las políticas y el tipo de alianzas alianzas sociales que se busca. Quiero decir, caracterizar qué variables se van a potenciar.

En este sentido, me da la impresión que estamos en esas etapas en las cuales se gestan las alianzas sociales que darán lugar a un modelo de acumulación específico y, por lo tanto, se trata de situaciones que se caracterizan por sus vaivenes, en los cuales los senderos sociales son sinuosos tanto para los sectores populares como para los sectores dominantes.

La irrupción de la problemática agropecuaria es un ejemplo de esas búsquedas. Desde esta perspectiva, es indudable que el paro de los productores agropecuarios tiene que ver con las retenciones, la diferente rentabilidad de los pequeños y los grandes propietarios pero también es indudable que esas problemáticas ocultan otros fenómenos o búsquedas de la gran burguesía agraria. Al menos como hipótesis, se puede asumir que durante el proceso de extranjerización de la economía argentina, la oligarquía pampeana se quedó sin la conducción que tuvo desde la consolidación de la industrialización, que era esa fracción de la oligarquía que se había diversificado hacia la industria pero cuyos integrantes seguían siendo grandes terratenientes (tal el caso de Bunge y Born, Bemberg, Pérez Companc, etc.). No porque ese sector haya desaparecido de la actividad productiva sino porque vendieron sus empresas industriales y cambiaron sus intereses e influencia. Muchos de estos grupos pasaron de ser grupos económicos con diversificación industrial, a ser fuertísimos exportadores y productores agropecuarios. Es decir, que los grandes propietarios prevén un horizonte de mediano plazo de altos precios de sus productos en el mercado internacional y no tienen conducción ni representación política. El sector agropecuario como tal, esa oligarquía eminentemente agropecuaria está buscando un lugar bajo el sol, una representación política, y la están construyendo, en un contexto desde el 2005 en que la derecha política y social está crecientemente movilizada y sectores populares desmovilizados, muy quietos, con poco poder de articulación y masa crítica.

—Cuando buscan esa referencia ¿la buscan en el campo político o en un referente propio?

— En el propio proceso de construcción política van surgiendo liderazgos y expresiones nuevas. De Angeli es uno de esos y debe haber varios. Así surgen los cuadros políticos. En una etapa donde, como dijo Hugo Yasky (secretario general de la CTA), los pequeños y medianos son la infantería ligera de la oligarquía, las enormes posibilidades de alianza que abre este movimiento para los sectores dominantes incluye a las administraciones provinciales. Está incidiendo en ellas la posibilidad de coparticipar las retenciones al agro. Lo que hicieron con la renta petrolera, en que participó el propio Kirchner, lo quieren hacer ahora, con la oposición de Kirchner, con la renta agropecuaria. Estas reivindicaciones están en sintonía, por supuesto lejana, con la disputa de los autonomismos en América Latina. Extremando los argumentos se podría pensar que comprometen una discusión sobre un nuevo formato de Nación. Son expresiones de un proceso de transición que no están saldadas sino en pleno desarrollo en una época de cambio.

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