El domingo 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) lanzó la tercera entrega de una saga que lleva nombres cinematográficos. Primero fueron los Panama Papers, luego los Paradise Papers y ahora los Pandora Papers, la filtración más extensa de archivos confidenciales que involucra personalidades de noventa países y unas veintisiete mil empresas offshore. La investigación ofrece un vistazo a la especulación financiera global, que aquí muestra su cara más escandalosa.
De líderes políticos a estrellas del espectáculo, de Dubai a las Islas Vírgenes Británicas, los Pandora Papers le ponen cara a un buen número de multimillonarios —muchos de ellos conocidos, otros no tanto— y brindan las coordenadas de un entramado de guaridas bajo la figura legal de “empresas offshore”.
¿Qué es una offshore? Es una entidad registrada en el extranjero, en un territorio donde no realizan ninguna actividad económica; es más bien un sello. Este tipo de empresas se radican en paraísos fiscales: países que ofrecen ventajas impositivas, legales y administrativas, además de una buena cuota de secretismo. Se ha aclarado largamente que no se trata de una estructura ilegal per se, pero es el mecanismo predilecto para encubrir actividades que sí lo son. Una empresa offshore es el mejor lugar para evadir y ocultar el origen de fondos que no se pueden explicar.
Haciendo foco en la región, alrededor de 100 políticos y funcionarios públicos de 18 países tienen entidades offshore en los Pandora Papers. En la lista, destacan expresidentes de Colombia, Honduras, El Salvador, Paraguay, Haití, Perú y Panamá; y tres mandatarios en funciones: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. Argentina también tiene su cuota de protagonismo: ocupa el tercer lugar en el ranking de países con mayor cantidad de beneficiarios finales.
Tres presidentes latinoamericanos en escena
En Chile, la revelación del ICIJ ha tenido un tremendo impacto. Para Piñera, llega en el peor momento: a poco de terminar el mandato, en medio de una campaña presidencial que define su sucesor y rodeado de socios políticos que prefieren tomar distancia antes que quedar pegados al escándalo. La misma noche que explotaron los Pandora Papers, la Dirección de Prensa del Ejecutivo publicó un comunicado desmintiendo que el mandatario o su familia tuvieran sociedades de inversión en el exterior.
El presidente chileno aparece vinculado a varias operaciones en dos sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Una de ellas es Dominga, un proyecto minero que lo tuvo como accionista mayoritario hasta 2010, año en el que vendió su parte al empresario Carlos Alberto Délano. Para sellar esta compraventa se fijaron condiciones, una de ellas era que el último pago quedaba sujeto a cualquier cambio que obstaculizara el proyecto, como la declaración de zona de exclusión o parque nacional en el archipiélago de Humboldt, área de interés de Dominga. Y quién mejor para garantizarlo que el propio Piñera, el cual por ese entonces atravesaba su primer mandato.
En vista de las implicancias políticas, la dirigencia andina salió a posicionarse. Sebastián Sichel, el candidato oficialista y tercero en las encuestas, se desmarcó rápidamente y aclaró que, de ser necesario, apoyará la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso. “Me cuesta entenderlo porque nunca he tenido ni de cerca un patrimonio así”, aseguró en plan austero en un ciclo de charlas de la Universidad Católica. “No basta decir que aquí la Justicia aclaró algo, sino que se requiere una aclaración concreta”. En las últimas encuestas, Sichel perdió posiciones frente a José Antonio Kast, un candidato que lo aventaja por derecha.
Lo de Guillermo Lasso, por otro lado, es poco novedoso, aunque no por eso menos cuestionable. El presidente ecuatoriano tiene una larga y turbulenta trayectoria en el sector financiero, fue presidente del Banco de Guayaquil y vicepresidente de la Asociación de Bancos. Más aún: Lasso está estrechamente vinculado a la crisis producida por el feriado bancario de 1999, el “corralito ecuatoriano”, momento en que su fortuna pasó de 1 millón a 31 millones de dólares. En 2017, la periodista Cynthia García expuso en una investigación sus lazos con entidades offshore: 49 empresas en paraísos fiscales.
Los Pandora Papers muestran que Lasso se relaciona con más de 10 sociedades en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. En respuesta, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador definió iniciar una indagación. El mandatario deberá comparecer ante representantes legislativos, que a su vez tendrán un plazo de 30 días para presentar un informe. Desde la oposición, el excandidato presidencial, Andrés Arauz, aseguró que se necesitará apoyo internacional. “Lasso ya ha amenazado a las personas, que ha dicho, van a escudriñar su patrimonio. Por eso he pedido a las Naciones Unidas que garantice independencia”.
Finalmente, en el caso del dominicano Luis Abinader, los documentos filtrados muestran su relación con dos sociedades de Panamá: Littlecot, Inc, que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso, S.A., de la que los tres hermanos son accionistas. Abinader es, a todo esto, el funcionario más rico de República Dominicana. Su fortuna alcanza aproximadamente 70 millones de dólares, según la declaración patrimonial que entregó un mes antes de ser electo presidente, en 2020.
Y quien tiene una mención destacada es el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, el mismo que viene sosteniendo una puja abierta con Argentina para flexibilizar el Mercosur, y que ahora deberá ofrecer explicaciones ante el Congreso. Guedes ha sido uno de los accionistas y director de Dreadnoughts International Group, una offshore que lleva a su a su hija como codirectora y a su esposa como accionista. Una de las confirmaciones que ofrece esta caja de Pandora es, que a la hora de la verdad, la fortuna siempre queda en familia.
Para sorpresa de nadie, la extensa lista de líderes que figuran en la investigación se autodefinen republicanos, y han sido encumbradas como referencias regionales. No hay entre los señalados ninguno de los referentes progresistas que se usan para hablar de corrupción en Latinoamérica, donde el lawfare, otra de las herramientas útiles de los privilegiados, han hecho buena parte del trabajo sucio para erosionar democracias.
Lo que Pandora Papers no cuenta
Cuando el ICIJ dio a conocer su trabajo, analistas internacionales como Alejandra Loucau advirtieron la gran ausencia de la filtración: la élite política y económica anglosajona, que en los hechos cuenta con sus propios paraísos fiscales, como Wyoming, Nevada y Delaware, este último, territorio del presidente Joe Biden. Delaware es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, no alcanza siquiera el millón de habitantes, y sin embargo allí se registran las direcciones de 1,6 millones de empresas, muchas de las cuales integran la lista “Fortune 500” de las mayores compañías estadounidenses.
Muy a pesar de las múltiples investigaciones, no se observa en el mundo ninguna disminución en la fuga de capitales. Y la pregunta que sobrevuela, cada vez que se publican datos confidenciales, es de dónde provienen y con qué propósito. Es difícil pensar que semejante volumen de información sensible pase por debajo del radar. Hay, desde ya, un destacado trabajo periodístico, pero hay también intereses en juego. De acuerdo al ICIJ, los archivos que conforman esta filtración fueron brindados por una fuente anónima en 2019.
En un mundo donde los ricos son cada vez más ricos (aún en pandemia), los Pandora Papers ofrecen nombres concretos que han merecido la condena social generalizada. Más allá de cualquier lección moralizante, hay un recordatorio que no viene nada mal: la mayor parte de la riqueza se escapa por arriba y no por abajo. Y la ausencia de regulaciones, lejos de equiparar las reglas del juego, ofrece ventajas a los que más tienen. En un mundo de especulación financiera, hay Pandora Papers para rato.
