Por Causa Popular.- Las contradicciones del gobierno de Néstor Kirchner tiene su expresión más clara en la judicialización y criminalización a integrantes del pueblo organizado, al que en reiteradas oportunidades expresó defender. Los números indican que desde que asumió Kirchner hay 44 luchadores populares encarcelados por participar de manifestaciones, cortes de ruta y ocupación de edificios públicos, mientras que los procesados por los mismos motivos hacienden a 4200. 1200 más que durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
Si bien los grupos piqueteros que una vez más apoyaron al gobierno frente al Congreso el pasado 20 de diciembre no levantaron aún las banderas contra la criminalización de la protesta, una de sus aliadas, Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, realizó un ayuno el jueves 23 para «reclamar el desprocesamiento de los procesados por exigir trabajo digno», como lo expresó en un comunicado de Prensa. Para las Madres, «en un país donde los corruptos, los genocidas y los traficantes aún andan sueltos, no es posible mantener en prisión a quienes levantaron sus voces para reclamar por justicia social».
Durante los primeros meses de gobierno, Néstor Kirchner negó en varias oportunidades que se fuera a criminalizar la protesta social y actuó consecuentemente ante algunas manifestaciones con incidentes y que la derecha, y algunos funcionarios de su gobierno, pedían a gritos reprimir y encarcelar. Esta estrategia, estuvo acompañada por el intento de sumar al gobierno -al menos por fuera de cargos formales-, a un sector del movimiento piquetero de raíz peronista, paralelamente a que esperaba y fogoneaba un mayor protagonismo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Esta táctica toco su techo con una gran operación de la derecha comandada por Mauricio Macri, cuando ante una manifestación en contra de las modificaciones al Código Contravencional porteño, utilizó barras bravas del club de la rivera que preside para fomentar destrozos en la fachada de la legislatura (ver Causa Popular…), y en el mismo movimiento, no sólo justificar algunas de las modificaciones más polémicas en el Código, sino también presionar al gobierno nacional para que endurezca su actitud frente a las protestas de las organizaciones populares.
Frente a la legislatura incluso, por primera vez, actuaron policías de civil, con aspecto de manifestantes, infiltrados dentro de las columnas. Con la misma metodología la Policía Federal actuaría luego para reprimir una protesta en repudio a la presencia en el país del titular del FMI Rodrigo Rato.
Los cambios en la relación con la protesta social, se expresaron también en 16 arbitrarias detenciones frente a la legislatura cuando los manifestantes se habían dispersado y luego fueron interceptados por grupos de policías en procedimiento similares, por su metodología y seguimiento individualizado, a los realizados durante la dictadura militar. Mientras tanto en el gabinete nacional Gustavo Beliz se despedía del ministerio de Justicia y Seguridad Interior y comenzaba a ganar protagonismo en materia de seguridad el ministro del Interior Aníbal Fernández, otrora sólo dedicado a la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Fernández, llegó a ocupar este cargo con el antecedente, no solo de ser un dudoso ex duhaldista converso a las filas del Kirchnerismo, sino también sumando en su currículum, haber sido uno de los principales ideólogos, como ministro del Interior del gobierno interino de Eduardo Duhalde, del operativo conjunto de la Policía Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal que terminaría con la vida de Dario Santillán y Maximiliano Kosteki, además de herir con balas de plomo a decenas de manifestantes, el 26 de junio de 2002.
Una vez liberadas las fuerzas represivas, como en tantas otras ocasiones, la muerte y la tortura siempre surgen como un plan sistemático de la formación del aparato policial. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), durante el gobierno de Kirchner se produjeron dos muertes. El miércoles 1º de diciembre la Gendarmería y la Policía de la provincia de Santa Cruz, donde hay 250 luchadores populares procesados, reprimieron brutalmente a un grupo de trabajadores desocupados que reclamaban puestos de trabajo en la planta de la contratista petrolera Oil ONS, ubicada en la localidad de Las Heras. El saldo del operativo represivo fueron alrededor de 25 desocupados detenidos. Karina Sauco de 32 años, una de las desocupadas, perdió un embarazo de varios meses como consecuencia de los golpes y las torturas de la policía. Pero Sauco no fue la primera víctima. Ya en Jujuy en octubre del año pasado la policía del la provincia fusiló en una manifestación al militante Luis Cuéllar.
Para la Asociación Madres de Plaza de Mayo » la falta de trabajo es uno de los peores crímenes contra la humanidad. La falta de trabajo lleva consigo no sólo el hambre de los niños, sino la destrucción de las familias. Las autoridades de la Nación no pueden permitir que en un país tan rico como el nuestro, más de 100 niños mueran de hambre por día o por enfermedades producto de la miseria en que viven. Las Madres de Plaza de Mayo exigimos la libertad de los compañeros luchadores sociales presos.» Y agregan «La Defensa de los Derechos Humanos tiene que ser el principal objetivo de cualquier gobierno. Mientras se le niegue a nuestro pueblo el Derecho a un Trabajo Digno, no podremos decir que vivimos en democracia. Sólo con mujeres y hombres libres, con trabajo digno para todos, y con niños que puedan crecer con sus familias fuertes y sanos, sólo así podremos construir un mundo más justo y solidario.»
Mientras 4200 luchadores sociales esperan las decisiones que se van tomando en los correspondientes pasillos judiciales, 44 militantes pasaran la Navidad entre las rejas en un país donde los responsables de la miseria del pueblo caminan libremente, resurgen constantemente entre las cenizas, realizan actos políticos y se organizan para volver a gobernar la Argentina.
