El equipo de querellantes que representa a los ex detenidos desaparecidos Carlos García y Alfredo Margari en la causa contra el represor Héctor Febres reclamó a cada una de las fuerzas involucradas en la custodia del genocida muerto «que brinden toda la información que tienen sobre lo sucedido». La muerte del prefecto en retiro se produjo en la madrugada del 10 de diciembre, estando recluido en dependencias de la prefectura Naval de Tigre. El doctor Rodolfo Yanzón, uno de los abogados querellantes, señaló que «nuevamente el paso del tiempo -al igual que con el dictador chileno, Augusto Pinochet y tantos otros- nos impidió llegar a una sentencia condenatoria, como seguramente hubiéramos escuchado este 14 de diciembre». Agregó que «esto no nos puede sorprender porque lo mismo había sucedido con varios genocidas juzgados por los crímenes cometidos por el nazismo».
El profesional aseguró que junto a su equipo están haciendo las gestiones necesarias para tomar intervención en la causa por la muerte de Febres, que está a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo, y para designar a un perito médico de parte que participe en la autopsia que se realizará al genocida.
«Tenemos lógicas sospechas de que la muerte del prefecto Febres haya sido provocada, dado que nos hallábamos a pocas horas del veredicto y que Febres estaba alojado en una dependencia de la Prefectura Naval (una de las instituciones directamente involucradas en los múltiples crímenes que se cometieron en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA durante la dictadura) y no en una cárcel común como hemos reclamado ante diversos juzgados, entre ellos el TOF 5», sostuvo el doctor Yanzón.
Desde el 18 de octubre, ese tribunal lo estaba juzgando por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en las personas de Josefa Prada de Olivera, Carlos García, Alfredo Margari y Carlos Lordkipanidse. Tanto la fiscalía como los abogados querellantes habían pedido en días recientes la pena máxima que contemplan los códigos para estos delitos y que es de 25 años de reclusión. El TOF5, integrado por Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, iba a pronunciar su sentencia este viernes donde Febres podría haber hecho uso de su derecho a pronunciar las «últimas palabras» antes de conocerse la decisión del tribunal.
Febres, que fue oficial de inteligencia en la ESMA entre 1976 y principios de los 80, es sindicado como activo participante de los grupos de tareas que funcionaron en ese recinto de la Armada. Participaba tanto de las detenciones como de la aplicación de torturas y del control de los detenidos.
Sin embargo, se le atribuía un rol clave en el plan sistemático de robo de bebés a los militantes políticos que fueron asesinados, y durante el juicio numerosas víctimas lo emplazaron a que dijera dónde están los chicos dados ilegalmente en adopción.
Como muchos de los de su clase, Febres murió sin aportar a la verdad. «Con su muerte, se nos va también la posibilidad de su confesión, respecto de los niños nacidos en cautiverio y sobre lo sucedido con cada una de las víctimas», expresaron los querellantes. Se estima que por la ESMA pasaron alrededor de cinco mil prisioneros políticos, la mayoría de los cuales están desaparecidos