Los oligopolios soplan vientos inflacionarios tras el canje. Quieren precios subiendo en avión y salarios en bicicleta.

Por Causa Popular.- El rebrote de la inflación en los primeros meses de este año, es uno de los temas que más se discute en los últimos días. El disparador no fue el aumento del costo de vida que desde comienzos del 2005 generó en el país 188.000 nuevos pobres. El propio presidente fue el que desató el debate al llamar a un boicot activo de la empresa Shell por el aumento en los combustibles, cuyas variaciones de precios afectan sensiblemente al consumo masivo. Lo cierto es que para este último fin, el boicot que trajo pérdidas insignificantes en los balances globales de la multinacional anglo-holandesa, no alcanzó para frenar los aumentos y comenzaron los acuerdos por sector: carne, pollo y yerba mate, hasta ahora.

No faltaron en el debate las conocidas diatribas neoliberales que se oponen a la intervención del Estado en la economía y a lo que el gobierno respondió, esta vez, no con las conocidas alusiones a la injusta década de los ’90, sino declarando el respeto a las políticas de libre mercado.

Mientras que el año pasado el Índice de Precios al Consumidor fue del 6.1% para todo el 2004, los dos primeros meses del 2005 la inflación llegó al 2.5%, lo que proyectada para todo el año superaría el 10 por ciento.

Si esta tendencia se confirmara, el gobierno estaría muy lejos de poder presentar una disminución en el índice de pobreza, tal como sucedió cuando se difundieron los datos del INDEC del segundo semestre del año pasado. Kirchner atribuyó los aumentos a una búsqueda «desmedida» de rentabilidad de las empresas, al tiempo que hizo una advertencia a los «sectores monopólicos que nos quieren imponer condiciones», refiriéndose directamente a la empresa de combustibles Shell.

Una de las consecuencias que trajeron los ’90 para la economía Argentina, fue el gran proceso de concentración que monopolizó en grandes empresas extranjeras la estructura económica del país.

Según una nota publicada por el economista de la CTA, Claudio Lozano, en un importante matutino “las empresas Shell y Esso ocupan el 7° y 10° lugar en el ranking de ventas de las primeras empresas del país. Son parte de la cúpula empresarial argentina, integrada por las 200 empresas más importantes. El 68 por ciento de esta cúpula (136 de las 200) es de capital extranjero y acumula para sí el 76 por ciento de las ventas y el 84 de las utilidades obtenidas por el total de la cúpula.”

La alusión de Kirchner a las presiones que podrían estar ejerciendo estos monopolios no parece errónea con una estructura tan concentrada como la descripta por Lozano.

Sin embargo, a pesar de sus ganancias, las empresas Shell y Esso, las más aludidas por el primer mandatario en sus últimas alocuciones, sólo representan el 16 % del mercado como expendedoras de combustibles. Quien controla el 50 por ciento del mercado y tiene poder de imponer los valores del combustible es Repsol-YPF, que no aumentó los precios aún, pero que si lo hiciera no habría boicot posible, ya que el petróleo es un recurso imprescindible para la economía de cualquier país del mundo.

Si esto último ocurriera, el gobierno quedaría boyando en su discurso neokeynesiano, ya que hasta ahora no ha hecho demasiado para recuperar las herramientas con las que debería contar el Estado Nacional para disponer (según las necesidades del pueblo) de la energía que se genera en el territorio patrio.

El mismo jefe de gabinete Alberto Fernández expresó que “existen herramientas que colisionan con la certidumbre jurídica, tributaria y política (de manera) que hay que darle un ámbito de negocio».

«Es una herramienta que no estamos de acuerdo, (pero) el control de precios también se puede aplicar, cómo no, pero conspira con la vocación que estamos teniendo de seguir administrando este país sin ese marco, con disciplina fiscal, con libertad de comercio», insistió.

La perversa libertad de los monopolios parece ser una característica que este gobierno no está dispuesto a modificar, por lo que la realidad y la medidas concretas vuelven al control de precios y la redistribución del ingreso queda sólo en una utopía, al menos por ahora.

Pero no es sólo el gobierno quien corre el eje de la discusión. Los conocidos de siempre de la fundación FIEL, aprovecharon la discusión sobre la inflación para responsabilizar a la política salarial del gobierno y a la expansión del gasto público como los principales motivos que impulsan la inflación.

Algo insostenible en términos reales, no sólo por los retrasados que se encuentran aún los salarios respecto a los valores reales anteriores a la devaluación, sino también por el escaso gasto público, teniendo en cuenta el superávit fiscal declarado. Daniel Artana -uno de los economistas fustigados por el presidente Néstor Kirchner por sus pronósticos pesimistas en torno al canje de deuda-, dijo que los salarios tuvieron un incremento del 12 por ciento anual, y consideró que «lo peor es empezar a buscar chivos expiatorios», como el boicot contra Shell.

No tuvo la misma apreciación que la fundación cuyo referente principal es Domingo Cavallo, la consultora Ecolatina, fundada por el actual ministro de economía Roberto Lavagna.

Uno de sus economistas afirmó que «hay estudios realizados donde se muestra que en muchos sectores la baja en el costo total ha sido tan importante que aún tienen margen para aumentar los salarios sin que esto aumente los precios». No obstante aclaró que no es partidario de aumentos «generalizados» sino que «deberían darse por sectores y mejor aun si se hacen empresa por empresa». Una apreciación que no resulta menor teniendo en cuenta que este tipo de aumentos fue los que realizó el gobierno nacional durante el 2004.

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