No puede menos que sorprender desagradablemente el episodio signado por el anuncio y la posterior rectificación del gobierno nacional acerca de la aparición de 45 casetes supuestamente extraviados
No puede menos que sorprender desagradablemente el episodio signado por el anuncio y la posterior rectificación del gobierno nacional acerca de la aparición de 45 casetes supuestamente extraviados con escuchas de la Policía Federal a sospechosos por el atentado contra la AMIA, que diez años atrás provocó la muerte de 85 personas.
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La información sobre el hallazgo de esas cintas grabadas había sido brindada en rueda de prensa por el titular de la AMIA, Abraham Kaul, luego de un encuentro que mantuvo con el presidente Néstor Kirchner y otros funcionarios. Kaul manifestó en esa ocasión que el propio primer mandatario le había comunicado la novedad.
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Casi 24 horas después de ese anuncio, que despertó tibias esperanzas sobre un avance en la investigación judicial, el primer mandatario habló de una «mala interpretación» de sus dichos y aclaró que lo que está en la causa judicial son los recibos de quienes se llevaron los casetes.
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La desmentida presidencial despertó una singular polémica por diversos motivos. Por cierto, siempre corresponde que un funcionario público se rectifique de un error, tanto propio como ajeno, vinculado con información oficial, por cuanto la ciudadanía tiene el derecho de ser correctamente informada y de no ser desinformada. Pero llama poderosamente la atención y despierta sospechas inevitables que la rectificación gubernamental se haya producido casi un día después de efectuado el anuncio. También parece objetable que, pese a que el doctor Kirchner insista en que nunca dijo lo que el titular de la AMIA le atribuyó, el propio secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, hubiera confirmado las palabras de Kaul en la mencionada conferencia de prensa, cuando señaló textualmente: «La única información que tenemos es que aparecieron los casetes y que se pondrán en manos de la Justicia para que se profundice la investigación».
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Surgen, además, otros interrogantes. Por ejemplo, cuál fue la razón para que la rectificación oficial no se produjera inmediatamente después de las declaraciones de Kaul a la prensa. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos si la infidencia sobre el hallazgo de los recibos de quienes se llevaron los casetes era tan importante como para que el presidente de la Nación la deslizara en el encuentro con los representantes de la comunidad judía.
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Desde luego, no se trata de un hecho anecdótico. Se está hablando de una cuestión supuestamente clave para la demorada y vergonzosa pesquisa judicial sobre el atentado más cruento de la historia argentina.
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Como se recordará, esos casetes habían sido dados oficialmente por perdidos por la Policía Federal y la SIDE, donde se señaló que «por un lamentable error fueron borrados». Se trataría, entre otras, de escuchas efectuadas a Carlos Telleldín, que tenía en su poder el vehículo que estalló frente a la AMIA, y que podrían echar alguna luz sobre el episodio.
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Sorprende, entonces, la desaprensión con la que desde el gobierno nacional se ha encarado un tema tan grave y que tanta sensibilidad despierta en toda la sociedad y en los familiares y amigos de las personas desaparecidas en la tragedia del 18 de julio de 1994.
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Pudo tratarse de una información errónea que alguien le transmitió al jefe del Estado, lo cual no es poco grave. O el hecho pudo estar vinculado con el afán presidencial de recibir a los representantes de la AMIA y de la comunidad judía con una noticia positiva, sin haberla chequeado correctamente, lo cual no sería menos preocupante.
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Frente a la gravedad de lo ocurrido, es menester que desde el gobierno nacional se asuman las consecuencias de los errores propios yse evite endilgarles a otros la culpa. La sociedad toda tiene hambre de verdad y no resiste que desde el poder político se la pretenda confundir con anuncios rimbombantes sin mayor fundamento.
