El Director del Departamento de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales traza paralelos entre la situación en el país centroamericano y las demás naciones de la región, en especial la Argentina.
Como es sabido, a los habitantes de Honduras se los denomina hondureños. Pero en Honduras ha aparecido una especie de hondureños que han promovido un golpe de estado con características novedosas para Latinoamérica. Este golpe no ha sido la clásica toma del poder por una caterva de militares, que asumen el gobierno en forma ilegal e ilegítima, reemplazando al poder ejecutivo (un presidente constitucional elegido por el pueblo), suprimiendo el parlamento y contando con el apoyo de un grupo de civiles representantes del poder económico. El golpe de estado en Honduras lo han realizado los otros poderes del estado: el judicial y el legislativo, contando con el apoyo del poder económico y la legitimización de los medios de comunicación mas concentrados. Los militares, en este caso, han sido los ejecutores de la orden de esta banda seudodemocrática y absolutamente deslegitimada por su actitud. A estos golpistas que se amparan en la interpretación interesada de la ley para defender los intereses de los poderosos, frenar el accionar del ejecutivo en favor de intereses populares y hasta promueven golpes de estado para lograr sus cometidos, los llamaremos honduristas, es decir hondureños golpistas.
La reacción de los presidentes de los países latinoamericanos fue contundente, se reunió la UNASUR y hubo pleno acuerdo en no reconocer al régimen golpista. Aceptarlo, por otra parte, hubiera sentado un precedente peligroso para todos ellos. No obstante, y a pesar de la resistencia del presidente depuesto y del pueblo hondureño y del apoyo de sus pares del subcontinente, el golpe tuvo éxito dado que logró su cometido: reinstaurar un gobierno de corte neoliberal, en elecciones en que, era obvio, fue proscripto Manuel Zelaya. En las condiciones de proscripción, récord de abstencionismo, militarización y brutal represión, las elecciones fueron una farsa solo reconocida en América Latina por Colombia y Perú. El resto de los países del sur del continente siguen sin reconocer el nuevo gobierno surgido del fraude.
Lo dicho hasta aquí es historia conocida, pero lo traemos a colación, porque esta metodología golpista, desarrollada y ensayada en Honduras, no parece casual sino pergeñada desde los centros del poder para ser aplicada como nueva forma de controlar la posibilidad de transformaciones contrarias a sus intereses y de preservar el pensamiento único; a pesar de que la crisis (y quizás con más razón por ello) del sistema capitalista financista en el 2008 muestra que la propuesta neoliberal solo puede llevar al fracaso del desarrollo de los pueblos y a una profundización de la pobreza en el mundo
En América del Sur, luego de la calamitosa, cruel y asesina intervención de los militares en los gobiernos dictatoriales durante las décadas del 70/80 (Plan Cóndor), el desprestigio de los militares golpistas fue tal que se buscaron nuevas formas de control para los gobiernos democráticos. El peso de la deuda externa permitió que, durante las dos décadas pasadas, ese control lo realizara el Fondo Monetario Internacional mediante el condicionamiento de las políticas económicas.
En el último lustro, con el advenimiento de gobiernos de corte popular y las políticas de desendeudamiento y cuestionamiento del origen de la deuda (defaults, quitas de deuda, renegociaciones, investigaciones, etc.), el papel del control pasó a manos de los medios de información masiva, de gran concentración multimediática, en muchos casos integrados por capitales trasnacionales, y con negocios en diversas actividades financieras y económico rentistas. La generación de opinión, el establecimiento de la agenda política y la manipulación, silenciamiento y sesgo de la información, replicados sin cesar por estos multimedios, fueron instrumentos útiles de control. Primero durante los procesos dictatoriales y luego en los procesos democráticos incipientes, todavía débiles y con el peso de los problemas económicos. El inicio del cambio de paradigma (abandono del neoliberalismo) en un conjunto de países latinoamericanos (Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.) trajo aparejado una intensificación de las campañas mediáticas en contra de los gobiernos que intentaban desarrollar políticas independientes. Cuanto mayor ha sido el distanciamiento de estos gobiernos de los designios norteamericanos mas acentuadas han sido las campañas. Al punto tal que no sería descabellado hablar de los “partidos mediáticos” en muchos de nuestros países. Como también es legítimo sospechar que estos multimedios han participado en el golpe de Honduras, en el intento de derrocamiento de Chávez en Venezuela, en los avatares cercanos a un intento golpista de Morales en Bolivia y en el desprestigio moral de Fernando Lugo, en Paraguay, a través de la noticia de sus hijos no reconocidos.
En nuestro país, la corporación mediática viene operando desde hace tiempo para erosionar al gobierno, contando con aliados circunstanciales vinculados a sectores del poder económico, los partidos políticos y, según se ha vislumbrado en las últimas semanas, la justicia. El primer hito que expresó esta alianza opositora fue la resistencia de la “Mesa de Enlace” a la aplicación de retenciones móviles, la resistencia a la Resolución 125 y el fracaso en el parlamento de la ley que ordenaba el sistema de retenciones para que los mayores capitales pagaran más, mientras se subsidiaba a los agricultores medianos y pequeños. El voto “no positivo” del vicepresidente, Julio Cobos, puso en claro que esa confluencia opositora contaba con quintacolumnas en el gobierno nacional, Y no solo Cobos los representaba, Alberto Fernández, por esos días, también se descubría coqueteando con Clarín.
La pérdida de las mayorías parlamentarias del oficialismo en el recambio de diciembre de 2009 derivó en una metodología más cercana al hondurismo. Todas las minorías opositoras se unieron con el objeto de convertirse en una mayoría, transitoria y circunstancial, con el objeto de desconocer el carácter de primera minoría del oficialismo y arrebatarle el control de las comisiones en diputados y la totalidad de las presidencias de comisión en la Cámara alta. El respaldo de los multimedios a esta metodología se hizo evidente: solo las voces opositoras al gobierno, justificando estas decisiones, se escucharon en sus noticieros y programas. Los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda se transformaron en portavoces de los intereses de los grandes medios. Ya estaba conformada la alianza de dos de las patas golpistas, faltaba saber que ocurría con la justicia. La firma del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) creando el Fondo del Bicentenario y la posterior destitución del Presidente del Banco Central pusieron blanco sobre negro bastó una presentación de integrantes de la Coalición Cívica para que la Jueza Sarmiento (emparentada con la dictadura militar por el origen de su designación y por su parentesco directo con uno de los militares represores procesado por crímenes de lesa humanidad) frenara el Fondo del Bicentenario y Redrado intentara sostenerse al frente del Banco Central. Se hacía evidente que había un sector de la Justicia que conformaba una tercera pata destituyentes. De esta manera, se desconocía la autoridad presidencial, se intentaba detener la posibilidad de llevar adelante políticas fundamentales para la marcha del gobierno y se pretendía generar la sensación de que el ejecutivo nada podría hacer sin la aprobación del Congreso. Se pretendía avanzar, de facto, a un régimen parlamentarista no contemplado en nuestra Constitución Nacional. La estrategia estaba clara: en sus devaneos pensaban que si se lograba la inacción del gobierno la presidenta no tendría mas remedio que renunciar y había un vicepresidente afín a los destituyentes dispuesto a tomar la posta con el apoyo de la oposición parlamentaria. No se trataba de una situación impensada, unos meses antes Grondona y Biolcati ya habían insinuado este escenario en el programa Hora Clave.
La cuestión de los DNU es central tanto en lo formal como en los contenidos. En lo formal, con un Parlamento dispuesto a evitar la aprobación de leyes necesarias para el ejecutivo y en condiciones de fuerza de derogar cada DNU que el ejecutivo promulgue para reemplazar esas leyes no aprobadas, la gobernabilidad se haría muy difícil. En cuanto a los contenidos, el tema de fondo no es el uso de reservas del Banco Central para utilizarlos en el pago de parte de los vencimientos de la deuda externa sino las consecuencias. Si las reservas se aplican finalmente al pago de deuda, esto permite liberar ingresos fiscales para destinarlos a políticas públicas; ya sea vinculadas a la inversión y al desarrollo de la obra pública, ya sea relacionadas con el crecimiento, la creación de empleo y la distribución del ingreso.
Es difícil creer que la ceguera opositora sea tal que no les permita comprender que, luego de la quita obtenida en la negociación anterior, si se termina de resolver el saldo de deuda en default y se disminuye y ordena la deuda total, el principal beneficiario es el país y, como consecuencia inmediata, el gobierno que el pueblo elija en el 2011 que tendrá resuelto uno de los problemas que han preocupado en forma permanente a los últimos gobiernos. Esto no implica abandonar la investigación sobre la deuda iniciada por Alejandro Olmos que diera lugar al fallo del Juez Ballesteros. Hay mucho para investigar (Plan Brady, Canje, Megacanje, default, quita, etc) pero es obvio que se puede hacer en paralelo y sin afectar el crecimiento. Con una deuda ordenada los nuevos préstamos que se necesitaran, tanto del estado (Nación y Provincias) como de los empresarios privados, se obtendrían a intereses mucho mas accesibles que los que actualmente puede obtener el país. Y lo mismo podríamos afirmar respecto del crecimiento, ¿a quién puede beneficiar más que al país y a sus habitantes?
Presuponiendo que no hay tal ceguera, no queda más que pensar que la estrategia de la oposición está montada con la única intención de golpear al gobierno. Al no logran el objetivo de máxima ya mencionado (reemplazo de la presidenta por el vicepresidente hasta el llamado a elecciones) buscan frenar la gestión del gobierno para que llegue a las elecciones del 2011 con el mayor desgaste posible pensando que esto le quitará posibilidades electorales y favorecerá las de la oposición. Si no equivocamos la lectura, el objetivo de máxima se desinfló luego de un impulso inicial en el que el Senado se erigía amenazante, con una primer sesión en la que, habiendo logrado quórum y mayoría, lograron frustrar todos los proyectos oficialista sin cuidar siquiera las formas de un debate parlamentario, sesión en la cual se quedaron con todas las presidencias de comisión y con la mayoría en todas las comisiones.
El objetivo de freno seguirán persiguiéndolo pero con una debilidad temprana que obedece a varias razones:
El gobierno ha mantenido la iniciativa política a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria. Además se ha mantenido firme en las decisiones tomadas, mostrando flexibilidad en el uso de los instrumentos pero no en los objetivos. El oficialismo ha mostrado, además, creatividad y capacidad de gestión para hacer frente a la crisis internacional y ha implementado medidas tendientes a la reactivación que están logrando sus objetivos. Es probable que el resultado electoral de junio del año pasado hubiera sido mas favorable al kirchnerismo si las medidas reactivadotas que se tomaron en el segundo semestre del 2009 se hubiesen adelantado al primer semestre; principalmente la implementación del subsidio universal por hijo, el incremento a las jubilaciones y pensiones y el lanzamiento de las cooperativas de trabajo.
La movilización popular en apoyo del gobierno se ha incrementado en la misma proporción en que creció el avance opositor. Una buena muestra han sido la diversidad de marchas al Congreso en apoyo de las decisiones de la presidenta de la Nación y la concentración del 24 de marzo en Plaza de Mayo.
La diversidad de objetivos y de intereses de las fuerzas opositoras, sumado a la desconfianza que reina entre ellas. Es muy probable que las diferencias existentes entre los partidos de oposición se acentúen a medida que se acerquen los tiempos electorales. Así como todos pretenden erosionar al kirchnerismo en vistas a las elecciones 2011, aparece claro que todos los opositores pretenderán capitalizar en beneficio propio los pequeños éxitos que logren en contra del gobierno. Estas diferencias imposibilitan un programa alternativo común, por lo que aparecen frente a la sociedad como un conglomerado sin proyectos, sin ideas y sin capacidad de gestión. Esto se verifica cada vez que se da la oportunidad del debate de ideas, que en general la oposición evita y los medios esconden, y que se plasmó con claridad en oportunidad de la interpelación del Senado al ministro de economía, Amado Boudou,
En el aparato judicial no todos los jueces son funcionales a su estrategia antidemocrática y existen divergencias en los dictámenes de las diversas instancias. Los fallos de cámara que habilitan el uso de reservas, contradiciendo la opinión de los jueces de primer instancia, ameritan esta observación. Esto puede determinar que desaparezca el interés de la oposición en judicializar las divergencias políticas dado los dos últimos fallos adversos a sus intereses (uso de reservas y composición de la comisión bicameral).
Luego del traspié de la oposición en su interpelación al Ministro de Economía la corporación mediática volvió a sus temas de batalla: la inseguridad y la inflación.La incapacidad del arco opositor de quitarle la iniciativa política al gobierno, de mantener, en forma permanente, las mayorías logradas en el Senado para utilizarlas como ariete capaz de frenar los avances económicos del oficialismo y de superar sus diferencias a partir de acuerdos mínimos que vayan mas allá de ser “artífices del no” y de pelear cargos en las comisiones parece haber decepcionado a la pata mediática golpista. El regreso a su estrategia de insistir con los temas de la inseguridad y la inflación hasta el hartazgo puede estar mostrando cierto grado de desilusión de los grandes grupos mediáticos para con sus aliados políticos. En todo caso parecen dispuestos a insistir ellos mismos con la vía judicial para defender sus intereses económicos, como es el caso de las presentaciones hechas contra la ley de medios audiovisuales que hoy sigue frenada por la justicia.
