Los gerentes de Macri

Ya nadie tiene duda alguna de que Mauricio Macri pretende conducir a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera una sociedad anónima. Pero en los 100 primeros días de gobierno, el empresario que comanda el segundo presupuesto más importante de la Argentina, ha puesto en funcionamiento la mejor organización que tiene a mano: el grupo de gerentes que trabajó para él y para Franco, su padre. Se trata del núcleo duro de un gobierno comunal que es visto por la embajada norteamericana en Buenos Aires como el embrión práctico del futuro presidente de la Argentina. La piel de su estructura de gobierno la conforman algunas caras conocidas vinculadas a PRO, el partido que inventó para ganar las elecciones, pero el cerebro de su gestión es manejado por un puñado de hombres que revistan una larga trayectoria empresarial a cargo de viejos y polémicos proveedores del estado. Radiografía de un modelo gerencial que pretenderá suplir la ausencia de organización política con una línea de mandos empresariales que creen saber lo que están haciendo.

Según la constitución porteña, la función de Jefe de Gobierno es incompatible con ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora de asesoramiento o el mandato de empresa que tenga contratos con la Ciudad. Todo eso era Mauricio Macri hasta que resolvió desvincularse de las empresas de su padre para que nadie se aprovechara de su talón de Aquiles: ser proveedor y jefe de un Estado a la vez.

Sus defensores sostienen que Macri hizo algo parecido a la convocatoria que formalizó Aníbal Ibarra antes de ingresar al despacho de jefe de Gobierno en 2000, cuando llamó a sus ex compañeros del Nacional Buenos Aires. La única diferencia es que los que flanquean al Berlusconi argentino son, en su mayoría, gerentes que aborrecen la construcción política y que simulan la conducción de un Estado que desconocen por completo.

Hay dos equipos que lo rodean: sus ex compañeros de colegio y sus ex gerentes. El primer equipo proviene del colegio Cardenal Newman de San Isidro y el segundo de SOCMA, la empresa controlante de la mayoría de los activos que posee la familia Macri.

El poder en las sombras

Antes de recalar en sus ministros, vale la pena recordar quiénes son los hombres que controlan los resortes cotidianos del poder de un municipio con rango y presupuesto de provincia. Entre ellos están:

Gregorio Centurión: Secretario de Medios y amigo de Macri desde los 15 años. Aunque no fue al Newman, revistó como gerente de una empresa del grupo Socma y ahora controla la estratégica área de comunicación. Si bien comparte cartel con el vocero Iván Pavlovsky, Centurión está a cargo del presupuesto y la negociación económica con los medios. Mantiene una dura interna con Pavlovsky y los dos detentan el título de ser amigos del jefe.

José Torello: Es un viejo gran amigo de Macri, ex apoderado de Compromiso para el Cambio y compañero de colegio de su jefe. Tiene a su cargo el control del funcionamiento interno del Estado Porteño, dicen que estaría controlando en las sombras las cajas del Instituto del Juego de la Ciudad y tiene trato diario con “el uno”, como le suelen decir a Macri dentro del Palacio Municipal.

Pablo Clusellas: Actual secretario Legal y Técnico, es íntimo de Macri desde el colegio y según un informe difundido por la diputada y ex funcionaria de Jorge Telerman Gabriela Cerrutti «se encuentra vinculado a más de 10 sociedades anónimas, participando en su directorio. Los objetos sociales de estas sociedades van desde implementar proyectos para la explotación de servicios públicos hasta actuar como consultoría económica, financiera y comercial». Según el documento dos sociedades anónimas como Webcor Inversora y Alverton, fueron creadas entre agosto y setiembre de 2007, justo cuando Macri estaba en camino a asumir la jefatura porteña

Francisco Irarrazábal: Ex Puma que trabajó como entrenador de rugby del Newman. Se desempeña como subsecretario de Deportes del gobierno porteño, y su principal desempeño radica en la cercanía con su jefe político, ya que sus pares lo desprecian por el nivel de desconocimiento que tiene del área.

Entre este primer grupo se destaca otro gran compañero del Newman: Nicolás Caputo, un constructor millonario que si bien no ocupó ningún puesto remunerado, tuvo que renunciar al cargo de “asesor ad honorem”, luego de que estallaran los primeros cuestionamientos públicos por estar a los dos lados del mostrador. Sin embargo, los hombres macristas de la legislatura porteña, se jactan de que “podrán correrlo de los papeles, pero Mauricio no hará nada sin la ayuda de su amigo Nicolás”.

Una frase que sintetiza una de las principales características de los hombres que acompañan a Macri: mantienen un nivel de vida tan alto que no les alcanza con el sueldo que les puede ofrecer el estado y por eso les importa muy poco si tienen cargo o no. De hecho, los que no detentan fortunas y amenazaron con el portazo, obligaron a Macri a subir por decreto los salarios estipulados para contratos temporarios, como una manera de retener a los gerentes provenientes de empresas privadas que ganan más por fuera del Estado que dentro de él. “Si viene de una empresa, es bien visto, pero si lleva años dentro del gobierno sin dedicarse a otra cosa, es porque está contaminado”, razonó un miembro del bloque PRO de la Legislatura Porteña que mantiene un contacto cotidiano con Macri y que asume que frente a la ausencia de una organización que los provea de cuadros políticos, la mejor sintonía la mantienen con “los privados” que acercan sus ideas a través de la red de contactos que mantiene SOCMA en el mundo empresarial. Un dato que confirma un dramático anticipo reiterado por opositores, socios desconfiados y empleados estatales: Macri cree que el estado se puede manejar como una empresa y el fenómeno de su victoria, ha convocado a un gran sector desmembrado de la derecha que se encuentra nuevamente ante la suculenta posibilidad de poner a prueba esa hipótesis. El problema es que harán cualquier cosa para demostrar que pueden ser más eficientes con un modelo que históricamente ha hecho desastres en la estructura pública.

Las nuevas caras viejas

Pero el manejo de una estructura con 128 mil empleados públicos necesita algo más que una red de oportunidades para gerentes angustiados y banales que confunden peras con manzanas. Por eso, debajo de los hombres que administran la poca confianza que les prodiga Macri, existe una línea de mandos que sostiene la gestión, a través de una compacta lista de ex gerentes y funcionarios cuestionados. Entre ellos están:

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gabinete: Fue gerente de la ANSES durante el menemismo y le adjudican la firma de costosos contratos con consultoras internacionales. Por su actuación en el PAMI (con De la Rúa) tiene abierta una causa judicial. En la AFIP, sus trabajadores recuerdan que “armó toda una serie de medidas (traducidas en Decretos del PE números 1390, 1394 y 1398 de noviembre de 2001) para privatizar el servicio jurídico de recaudación fiscal, abrir la base de datos del Estado a las AFJP y ART y facilitar las contrataciones informáticas directas privadas. Tiene el récord de la recaudación más baja de la ex DGI y la recesión no lo excusa, ya que otros administradores como Héctor Rodríguez recaudaron más, también con recesión. Pretendió contratar consultoras cuando los trabajos de las áreas respectivas (informática y cuenta corriente) habían sido desarrollados por trabajadores del Organismo Público sin costo alguno para el Estado. Hoy la AFIP–DGI es un modelo exitoso de gestión pública con desarrollos propios, a la vanguardia tecnológica en relación con otros organismos recaudatorios internacionales. Culminó su tarea despidiendo inspectores, posteriormente reincorporados, que habían descubierto deudas impositivas de grandes empresas”.

Néstor Grindetti, ministro de Hacienda: reporta un informe diario a su jefe tal como lo hace desde que trabajó en SOCMA. Es un hombre de extrema confianza de Macri, a quien conoce desde hace 25 años. Es actuario, nacido en Lanús, e ingresó como cadete a SOCMA, pero llegó a manejar Sideco, la constructora del holding. Fue el primero en hablar del aumento del ABL y es el único que sabe hasta dónde llegará la ola de despidos luego del censo que comenzó en marzo. Según confiesan fuentes macristas, Grindetti será el piloto de tormentas cuando comiencen los despidos y retiros voluntarios que dispondrá Macri cuando se sepan los resultados del censo.

Daniel Chain, ministro de Obras Públicas: es arquitecto, trabajó en el grupo Socma, dentro de Sideco. Tiene a su cargo la extensión de las líneas de subterráneos y tiene en carpeta un polémico plan de urbanización de villas que en realidad es un plan de erradicación y aprovechamiento inmobiliario. Antes de asumir, desarrolló todo el plan urbano de Macri en la Fundación Creer y Crecer y aunque tiene grandes proyectos en carpeta, tiene problemas para lograrlos ya que la mayoría de los proveedores del estado no quieren aceptar un bono para refinanciar la deuda porteña que ideó Grindetti y que tiene a gran parte de la obra pública paralizada.

Francisco Cabrera, ministro de Producción: fue director ejecutivo del diario La Nación, fundador y ex gerente general de Máxima AFJP y el 90 por ciento de su carrera la desarrolló en el Grupo Roberts, luego adquirido por HSBC. Integró los directorios de La Buenos Aires Seguros y de Docthos. Es uno de los funcionarios que menos exposición tiene dentro del gobierno de Macri, y hasta ahora sigue empeñado en desmantelar la estructura heredada, ya que su perfil financiero no es compatible con el perfil productivista del área que recibió.

Juan Pablo Piccardo, ministro de Espacio Público y Medio Ambiente: se desempeñó como gerente de Isenbeck y jugó para Los Pumas. Su papel en la empresa cervecera le ha traído dolores de cabeza. Según reveló el periodista Alfredo Leuco en el conservador Diario Perfil, “está imputado por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta durante su desempeño como gerente general de la empresa Isenbeck. La causa se tramita en el Juzgado Nacional de Instrucción Penal Nº 47, a cargo de la jueza Mónica Liliana Berdión de Crudo y según el Código Penal, está acusado de un delito de acción pública que tiene penas de entre un mes y seis años, es decir que puede ser excarcelable o no según lo resuelva el magistrado a cargo de la causa.”
Por eso, el garante y cerebro de su gestión es Carlos Tramutola, hijo del ex vicepresidente de Techint, hombre muy cercano a Macri y especialista en temas de basura, una de las principales actividades que lleva adelante el Grupo Macri desde 1979, cuando Manliba comenzó a recolectar residuos en una ciudad controlada por la dictadura militar. Su principal objetivo será la renegociación de los contratos de basura y según admiten voceros macristas, tiene en mente reducir las zonas de recolección de 5 a 2.

Mariano Narodowski, ministro de Educación: es la única voz que Macri consulta en temas educativos y durante los primeros meses de gobierno fue tildado de inepto por sus pares, tras los retrasos en el plan de refacción de escuelas porteñas. Fue maestro de escuelas públicas en zonas pobres; es magíster en Ciencias Sociales y doctor en Educación. Director de Educación en la Universidad Torcuato Di Tella y profesor de las universidades de San Andrés y de Quilmes. Ha escrito once libros sobre temas educativos y sus pares lo consideran un ferviente abanderado de la privatización de la educación pública. «En la ciudad de Buenos Aires –señala- , el costo por alumno en escuela pública es de 2.200 pesos por año. Esa suma es bastante mayor de lo que muchas escuelas privadas les cobran por año a sus alumnos. La escuela privada gasta mejor el dinero», repite desde la campaña.

Jorge Lemus, ministro de Salud: es doctor en Medicina y en Salud Pública, diplomado en Epidemiología y en Administración de Servicios de Salud. Fue director del Hospital Fernández y durante el segundo gobierno de Carlos Menem se desempeñó como subsecretario de Atención Médica y de Programas Prioritarios del Ministerio de Salud de la Nación.

María Eugenia Vidal, futura ministra de Desarrollo Social: asumirá en mayo, cuando termine su licencia por maternidad. Tiene 33 años, es politóloga, recibida en la UCA, e integra los equipos técnicos de Macri desde el comienzo. Trabajó en ANSES, Desarrollo Social y el PAMI. Su cartera perderá lo referido a las políticas de Derechos Humanos (tema que pasará a depender de la vicejefa Gabriela Michetti), pero recibirá la Subsecretaría de Deportes, que esta en manos de Francisco Irarrazábal. Hasta ahora la gestión está a cargo de Esteban Bullrich, ferviente militante anticastrista enrolado en la Fundación Pensar. Su función ha sido no innovar hasta la llegada de su sucesora.

Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad y Justicia: era el juez de la causa Skanska, caso en el que se vieron involucrados altos funcionarios del gobierno nacional. Su gestión esta empantanada, porque si bien el Congreso aprobó la modificación de la ley Cafiero, (que permite a la ciudad tener su fuerza policial propia) está abocado a la creación de una policía porteña propia, ya que el gobierno de Néstor Kirchner rechazó la posibilidad de traspasar al área de la ciudad la actual estructura de comisarías de la Policía Federal. Según revelaron fuentes del macrismo ha recibido la asistencia de especialistas del FBI tras los buenos oficios del desplazado ex comisario de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios, despedido en 2004 y ex jefe de seguridad de Boca Juniors. Junto a él están William Godoy, delegado del FBI en la Argentina, y Ross Newland, ex jefe de la CIA en Buenos Aires. Palacios, el asesor en las sombras de Macri y de Montenegro, fue desplazado por Néstor Kirchner en 2004, tras la trascripción de un diálogo entre Palacios y Jorge Sagorsky, el reducidor de autos acusado por el fiscal Jorge Sica de ser miembro de la banda que mató a Axel Blumberg. Palacios argumentaba dentro de la Policía Federal que su única relación con Sagorsky era el tipo de contacto que un oficial mantiene con un informante, pero desde la Casa Rosada sostienen que “habían perdido la confianza del hombre que estaba a cargo nada menos que de la Superintendencia de Investigaciones y a cargo de la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (Duia)”. El ex comisario es un viejo contacto de confianza del FBI en la Argentina. La participación de oficiales de policía en el robo de autos fue la que impidió una investigación profunda del atentado contra la AMIA y la que garantizó que los secuestradores de Axel Blumberg disfrutaran de una zona liberada –liberada de toda seguridad por parte del Estado– para privar de su libertad a una persona y matarla.

Jorge Andrés Rey, designado interventor de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires por Mauricio Macri. Trabajó para IECSA, perteneciente al grupo SOCMA, controlado por la familia Macri. Fue director de obra y gerente de relaciones industriales de esta constructora, entre 1976 y 1985. Allí tuvo a su cargo las relaciones laborales y sindicales y fue el representante ante las cámaras del sector. Desde 1995, se desempeñó en la empresa CMS Energy, como gerente de recursos humanos. La empresa se dedica a la generación, transporte y comercialización de recursos energéticos (electricidad, gas y vapor). Entre 1985 y 1994, se desempeñó en la empresa Ormas, dedicada a la construcción y a grandes obras de ingeniería, donde fue gerente de relaciones industriales. Entre 1976 y 1985, fue administrador de contratos, director de obra y gerente de relaciones industriales de IECSA S.A., una empresa que fue controlada en su momento por el grupo SOCMA y vendida el año pasado a Ángelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri.

Operadores legislativos: una mancha más para un tigre de papel

Además de los cuestionables funcionarios que acompañan al hijo de Franco al mando de la ciudad, sus operadores en la Cámara de Diputados de la Nación son Jorge Vanossi y Federico Pinedo. El primero, ministro de Justicia de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, creador de una serie de causas contra trabajadores desocupados cuando la bonaerense ya había asesinado a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Pinedo fue mencionado como uno de los concejales de la derecha que en 1990 votaron la prórroga para Manliba, que como ya dijimos, fue beneficiada en 1979 con una suculenta privatización que dispuso la dictadura militar.

Y como si esto fuera poco, su hasta ayer referente en la Legislatura Porteña, Santiago de Estrada, principal exponente de la ultraderecha católica, ex funcionario de la dictadura y secretario de seguridad social de Carlos Menem, quien presidió la Casa hasta el 10 de diciembre pasado, pasó a revistar ese mismo día como Auditor General de la Ciudad.

No se trata de dos funcionarios, es casi el 90 por ciento de los principales mandos políticos del gobierno de Mauricio Macri que están gestando una corriente de opinión que buscará enquistarse en el Estado para sobrevivir en el poder. Demasiadas pruebas para no estar preocupado, ya que esto recién comienza y tienen 4 años por delante. El Estado no es una empresa y Macri, junto a los ejecutivos de su corporación, están convencidos de lo contrario. Desde estas páginas, Zoom hará foco en un proceso que ha comenzado a pasar inadvertido para la prensa y que traerá graves consecuencias para los porteños.

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