En medio de la crisis postelectoral que vive México, el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, recibió la negativa del Tribunal Electoral de realizar un nuevo conteo voto por voto, y ordenó revisar menos del 10 por ciento de las casillas del país. Con este panorama, es posible que continúe movilizando a sus simpatizantes y mantenga los campamentos permanentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Poco antes de que se conociera la negativa judicial, López Obrador habló desde el Zócalo con un discurso que desnudó a la justicia mexicana. Sin embargo, para algunos observadores estadounidenses el conflicto poselectoral en México y las movilizaciones masivas que se derivan no son «amenazas», sino más bien podrían fortalecer y profundizar la democracia en México, pero para otros esta crisis representa un revés en la evolución política del país. En un punto hay aparente consenso: la necesidad de que de surja un gobierno que sea percibido universalmente como «legítimo».
Los siete jueces del tribunal rechazaron por unanimidad el pedido de un nuevo conteo voto por voto presentado por López Obrador, que desde hace semanas encabeza protestas tras haber perdido por un estrecho margen ante su rival oficialista, Felipe Calderón. Afuera del edificio del tribunal, decenas de simpatizantes del izquierdista con pancartas en mano expresaban su enojo gritando: «¡Magistrados vendidos, magistrados vendidos!» y «¡Si no hay solución, habrá revolución!».
Después de la decisión del tribunal, López Obrador se reunió con representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su campamento permanente de protesta en el Zócalo -la principal plaza pública capitalina- para decidir los pasos a seguir en su campaña de «resistencia civil pacífica». Desde el último domingo de agosto miles de partidarios del candidato ocupan con campamentos el Zócalo y un largo tramo del Paseo de la Reforma, una importante avenida de la ciudad, en apoyo al reclamo del candidato.
Antes de conocer la decisión del tribunal, López Obrador había advertido que solamente cesaría con sus protestas, que generan un caos vial en la ya congestionada capital y el enojo de muchos mexicanos, si el tribunal ordenaba el conteo total.
Considerando esa posiblidad, el gobierno federal envió policías antimotines para reforzar la vigilancia del principal aeropuerto internacional, no muy distante del centro de la ciudad. A pesar de la negativa al recuento total, los magistrados del tribunal ordenaron un recuento en 11.839 casillas, de las 130.477 que fueron instaladas en todo el país para los comicios del 2 de julio.
De las 231 impugnaciones de López Obrador, el tribunal analizó el 75 por ciento y aún tiene que estudiar el resto. Las protestas e impugnaciones se desataron por la estrecha victoria de Calderón, que triunfó por una diferencia de sólo 0,58 puntos porcentuales sobre López Obrador, equivalente a 240.000 votos sobre un total de algo más de 41 millones.
Observadores electorales internacionales dijeron que no hallaron pruebas consistentes de fraude durante los comicios, pero López Obrador ha asegurado que él sería el ganador de la elección si se hace un nuevo conteo voto por voto. John Coatsworth, profesor de historia en la Universidad de Harvard, declaró a La Jornada que «es crucial que los mexicanos puedan contar con un gobierno que sea percibido como legítimo».
Dijo que espera que las autoridades electorales, en particular el tribunal, ofrezcan una respuesta aceptable a la demanda de Andrés Manuel López Obrador sobre el recuento de votos. México «está mucho mejor preparado para realizar un recuento -o un recuento parcial- que como lo estaba Estados Unidos «en una situación parecida, es factible».
Coatsworth, quien hasta hace poco era director del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos en Harvard, consideró que las movilizaciones recientes expresan «un amplio deseo para otorgar credibilidad a los resultados de la elección», y consideró que esa es una demanda razonable, «dada la historia de comicios pasados, particularmente antes de 1994».
A la vez, más allá de esta coyuntura, Coatsworth planteó que «lo que López Obrador ha logrado es hacer plausible la presencia de un partido de centroizquierda en México como contendiente viable por el poder».
Con ello, agregó, «las movilizaciones tendrán un efecto a largo plazo que es positivo para el futuro». Añadió que si es que los resultados iniciales son confirmados, confía en que «López Obrador tenga capacidad de manejar una estrategia de salida que podría fortalecer a la democracia en México.
«Es importante reconocer que López Obrador ha hecho posible que los izquierdistas mexicanos hablen con más gente de lo que jamás hayan logrado hacer en el pasado», lo cual podría ser benéfico «si logran desarrollar y presentar propuestas sobre la economía y la democratización en su sentido más profundo», manifestó.
En torno a los panistas, Coatsworth consideró que «es vitalmente importante que Felipe Calderón y sus simpatizantes encuentren una manera de reconfirmar su promesa de que desean gobernar para todos los mexicanos. Por tanto, este es el momento para que demuestren máxima disciplina y generosidad (…) tienen que ver más allá de los problemas de tránsito (en el Paseo de la Reforma en estos días) y mirar hacia los próximos años».
Por ello, indicó, deben empezar a buscar cómo van a negociar y dialogar con el PRD para resolver los grandes problemas nacionales. «Los panistas no deberían permitir que su irritación a corto plazo dañe las posibilidades de una presidencia exitosa a largo plazo».
Pero lo cierto es que el conflicto se viene incrementando con una fuerza que, como dice el analista estadounidense, beneficia un mayor contacto de la centroizquierda con la gente. Quizás en esa línea, este sábado López Obrador gritó desde el Zócalo que:»¡Nada de que sólo una pequeña parte de los paquetes electorales, queremos la apertura de todas las casillas, la solución de fondo al problema!
Lo sabemos todos, porque es un asunto de sentido común, si se quiere resolver el problema, no hay que andar con indecisión ni con medias tintas», exclamó ante miles de ciudadanos que corearon con él la frase emblemática de su lucha: «¡Voto por voto, casilla por casilla!». La convocatoria fue a pocas horas de que se conociera la resolución de la justicia sobre los pasos a seguir para resolver la crisis poselectoral.
Por esas horas, desde la coalición Por el Bien de Todos, recalcaron que no están de acuerdo en la posibilidad de que el tribunal ordene un recuento parcial o una muestra aleatoria de casillas. Por la noche, López Obrador insistió en ese punto y dejó en claro que sólo el contar los sufragios en las más de 130 mil casillas del país podrá solucionar el conflicto poselectoral que vive el país.
Recordó a los magistrados que «no es exagerado decir que el destino de la vida pública de México está en sus manos». Tienen, recalcó, una responsabilidad con la nación, porque «no es poco lo que está en juego: es el respeto a la voluntad ciudadana, que es el pilar de la República».
Entre gritos de «no estás solo, no estás solo, señor presidente», López Obrador advirtió: «Nadie debe temer a que la elección se limpie y se resuelva a los ojos de México y del mundo». Insistió en que el tribunal «no debe desperdiciar esta oportunidad histórica de convertirse en la primera institución del país en nuestro tiempo que haga honor a la integridad y el decoro que deben distinguir a los hombres públicos».
Recordó una frase de Benito Juárez: «Tengo la percepción de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y no de trajes y de aparatos militares, propios para los reyes del teatro», y pidió a los magistrados actuar en consecuencia, porque «un acto honorable puede rectificar una injusticia, cambiar el rumbo del acontecer y abrir las puertas a la democracia que hoy se pretende clausurar».
Sólo la integridad de los magistrados «puede impedir que se cometa un atropello contra los derechos ciudadanos y contra la voluntad popular. La legalidad y la justicia deben caminar juntas para que sea posible la reconciliación y la paz entre los mexicanos». Reiteró el compromiso de aceptar los resultados que provengan de un recuento voto a voto, una exigencia, señaló, surgida de los propios ciudadanos, a la que se han sumado millones «de hombres y mujeres libres» que entienden que la democracia está en riesgo.
Por ello, «esperamos que los magistrados resuelvan anteponiendo los intereses de la nación y sean sensibles ante la exigencia de millones de mexicanos». En su discurso, destacó: «No podemos aceptar que la ilegalidad, el dinero, el poder y las trampas de un grupo de privilegiados se impongan sobre el interés nacional, que se cancele el derecho a una vida mejor, que nos cancelen el derecho a la esperanza».
En los tiempos recientes «son excepcionales los casos en que los hombres encargados de impartir la justicia no se someten al poder y el dinero y actúan en función del interés general». Hay que recordar, como uno de los pocos ejemplos de dignidad en el Poder Judicial, lo que hizo un juez en la época del general Lázaro Cárdenas, que falló en favor de los trabajadores y en contra de las empresas trasnacionales, lo que dio pie a la expropiación petrolera.
López Obrador resaltó que México es el país de la impunidad y el sometimiento, y puso como ejemplo la represión al movimiento estudiantil de 1968, las matanzas de Acteal y El Bosque, y los asesinatos de cientos de perredistas que luchaban por la democracia.
«No olvidemos que el Poder Judicial ha convalidado siempre los abusos de poder y la injusticia, por eso, si el TEPJF opta por un fallo justo y decide contar los votos, estaríamos ante una decisión histórica. No sólo quedaría a salvo la democracia, sino quedaría de manifiesto por primera vez que una institución está por encima de cualquier interés particular y decide en función del interés público.”
Lo que está en juego
Según datos del Banco Mundial, México es la decimotercera economía del mundo y el octavo exportador de bienes y servicios. Es también la segunda mayor economía de América Latina, sólo superada por Brasil. Además, es el cuarto productor mundial de petróleo y un importante exportador. Casi un tercio de los ingresos del Estado provienen de esta industria. Gran parte del crudo lo compra Estados Unidos.
Pero la prosperidad sigue siendo un sueño para la mayoría de los mexicanos. Las áreas rurales con frecuencia no reciben la atención que merecen y muchas ciudades están rodeadas por barrios donde reina una extrema pobreza. Ya es público que miles de mexicanos pobres tratan de cruzar ilegalmente a Estados Unidos para buscar trabajo. Algunos de ellos mueren en el intento, debido al cansancio y a la deshidratación.
Como resultado del éxodo, en algunos pueblos pequeños hay pocos hombres en edad laboral. El impacto en las familias es considerable. Las áreas rurales y pobres dependen en gran medida de las remesas familiares provenientes de los millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos.
Aunque el presidente Fox le ha pedido a EE.UU. que legalice a los más de seis millones de indocumentados mexicanos y se ha opuesto a lo que ha llamado la militarización de la frontera, Estados Unidos continúa adelante su política expulsiva y mira con muchísima atención la evolución de este proceso postelectoral que ahora, tras la resolución de la justicia de abortar las posibilidades de conteo total, ha entrado en una zona gris que puede poner en peligro la legitimidad del nuevo gobierno neoliberal que estará encabezado por Felipe Calderón, un presidente que deberá tener en cuenta semejante movilización social para poder gobernar.
