Oro blanco, mineral del futuro, recurso natural estrella. En los últimos tiempos, llamado por estos epítetos, el litio se hizo presente en agendas políticas, empresariales, de organismos multilaterales de crédito y, cada vez con más fuerza, en los medios de comunicación y la boca de las personas de a pie. Pero hay dos preguntas clave que deberíamos hacernos como punto de partida, ¿para qué sirve este mineral y cuál es su situación en la Argentina y Sudamérica?
Comencemos por el principio, ¿qué es el litio? El litio es un metal blando y de color plateado en su forma pura; relativamente abundante en nuestro planeta, tradicionalmente se utilizó en múltiples actividades industriales tales como la confección de vidrio, cerámicos e incluso en la farmacéutica, por solo citar algunos ejemplos. Pese a este largo recorrido, en la actualidad el litio es sumamente apreciado por una de sus cualidades intrínsecas: su ductilidad para la conversión de energía eléctrica en energía química y viceversa. Tal es así que desde 1991, momento de lanzamiento comercial de las primeras baterías de ion-litio por parte de la compañía japonesa Sony, la demanda del elemento pasó a estar cada vez más y más asociada a la masificación del uso de aparatos electrónicos como celulares, notebooks y tablets, y, más recientemente, a los vehículos cuya movilidad depende de la electricidad.
En ese marco, tanto la posesión de las reservas de litio comprobadas y el avance sobre la exploración de las potenciales, como el control de los distintos eslabones de su cadena de valor, constituyen una misión que se reviste de carácter estratégico y es a raíz de ello que concita múltiples tensiones geopolíticas. Este fenómeno tiene como una de sus principales consecuencias el hecho de que los decisores del modo de producción capitalista (y no solo desde este, si se observa la voracidad con la que el “socialismo con características chinas” se aboca a esta búsqueda) se han volcado decididamente a la descarbonización de sus parques automotores y por ende a nuevas esferas de acumulación verde, una suerte de “acumulación por desfosilización”. Acumulación que –lejos de la búsqueda de soluciones destinadas a mitigar y resolver los peligros gestados por las lógicas internas de un sistema responsable de una crisis climática global, principalmente causada por acciones humanas— profundiza la presión extractiva sobre minerales críticos.
Es aquí importante destacar una cuestión, la abundancia relativa del litio en nuestra región. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, de acuerdo por sus siglas en inglés), a 2022 se habían identificado cerca de 89 millones de toneladas de recursos de mineral de litio a nivel mundial. En este punto, debe hacerse una precisión para diferenciar recursos de reservas. Los primeros de ellos, ya sea por motivos técnicos o por sus costes de producción, no son necesariamente recuperables. Esto no implica que en un futuro no puedan ser aprovechables, pero sí que de momento las empresas no puedan o no prefieran avanzar sobre su producción. Las reservas, por su parte, cumplen con las dos condiciones antedichas para seducir al capital: pueden ser extraídas por técnicas ya viables y a precios dentro de los marcos de la ganancia normal del mercado.
Dicho esto, vamos a lo importante para nuestra región: la distribución de los recursos de litio favorece de forma decidida a América Latina en general, y a Sudamérica en particular. Tal es así que los tres principales países poseedores de recursos son Bolivia (21 millones de toneladas, 24 % del total global), Argentina (19 millones de toneladas, 21 % del total global), y Chile (9,8 millones de toneladas, 11 % del total global). Es decir, de conjunto, en el llamado “Triángulo del litio” se acumula nada menos que cerca del 56 % del recurso a nivel global.
Si volvemos a la cuestión de la distribución litífera, debemos decir que, en términos de reservas, la Comisión Chilena de Cobre (COCHILCO) establece que un 22,3 % se hallan en Australia que es primer país exportador mundial; un 43,7 % en el segundo proveedor global, que es Chile, y un 9 % en Argentina (cuarto exportador luego de China). No debemos olvidar que el litio se encuentra en diferentes estados y superficies geológicas (rocas de tipo pegmatitas, salmueras, arcillas, etc). El litio en pegmatitas es menos abundante y su distribución geográfica más amplia: Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Perú, Portugal y Zimbabue son ejemplos de poseedores de esta forma del mineral. A su vez, es de destacar que, en las condiciones técnicas actuales, los costos para su explotación resultan menos competitivos para las firmas extractivas que los que se hallan en forma salmuera. Es este último el caso del triángulo sudamericano compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, donde con mayor abundancia se acumula el litio en salmueras en el planeta.
Fuente: https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/
La técnica de extracción de litio más utilizada en estos proyectos que se denomina “método evaporítico”. Consiste en la construcción de grandes piletones, situados generalmente en los salares, y el bombeo permanente de la costra salina por medio de pozos y salmueroductos. Con ellos se succiona la salmuera hacia estas piletas de evaporación para posteriormente obtener mediante un proceso químico, que utiliza agua dulce, el grado de pureza del litio. El carbonato de litio puede ser obtenido en grado técnico o en grado batería, pero es sólo este segundo el que tiene la pureza necesaria para la elaboración de las mismas.
En relación a su demanda se encuentran las firmas automotrices como Toyota, BMW, VW, Nissan, General Motors, Audi, BAIC, y los gigantes Tesla y ByD; las firmas electrónicas Samsung, Panasonic, Huawei o Apple, y empresas dedicadas al almacenamiento estacionario, como Vestas, LG Chem, General Electric, Siemens. Pero en rigor solo dos firmas CATL, de China y Panasonic de Japón concentran la mitad de la producción de baterías con destino hacia la industria automotriz. Este funcionamiento de la cadena global de valor del litio, limita las posibilidades de transferencia o desarrollo tecnológico en los países proveedores que pertenecen al sur global, y potencian los esquemas de dependencia de paquetes tecnológicos del norte global.
Vista la importancia y la trascendencia indudable de este mercado, cabe, quizás, revisar qué está haciendo cada uno de los países de nuestra región con su litio y las proyecciones que tiene para el mismo.
Bolivia o el trunco intento de ir del salar a la batería
En el marco de la nacionalización, o “bolivianización”, de los recursos naturales llevada adelante por el gobierno de Evo Morales, el turno del litio llegó en el año 2008. Esta decisión se encadenó con la sanción del Proyecto de Desarrollo Integral de Salmuera del Salar de Uyuni y la puesta en marcha de una planta piloto para el procesamiento de litio, la cual se puso en operación en 2013. A ello se le sumó la conformación de una división específica en la COMIBOL y una institucionalidad que primero fue la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, la cual derivó en la creación de una empresa estatal destinada al tratamiento del mineral, Yacimientos Litíferos Bolivianos (YLB), nacida en 2017.
Todo lo mencionado fue el prólogo de un proyecto más ambicioso, de fuerte cuño soberano, el cual buscaba que Bolivia pudiera desarrollar toda la cadena de valor litífera en su territorio, bajo el slogan “del salar a la batería”. El proceso tuvo varias dificultades internas y externas. Entre las primeras podemos destacar el hecho de que hubo un cambio de técnica recién sobre el año 2017 que impactó en, dicho en palabras simples, tener que volver a empezar con respecto a la proyección extractiva, no poder cumplir las metas previstas y que no existan por tanto los ingresos prometidos para el pueblo boliviano. Por otro lado, la necesidad de articularse con capital y conocimientos en la tercera etapa, llevó a la firma de acuerdos con distintas empresas de origen chino y alemán, entre las cuales destacó el entendimiento alcanzado por YLB con la germana ACI System. Con el 51% del joint venture en manos de la estatal boliviana, y el 49 % restante en propiedad de la compañía europea, el proyecto comenzó en 2018. Pese a las dudas de la capacidad técnica de la empresa alemana, la iniciativa fue retóricamente muy defendida por el gobierno de Evo Morales, el cual observaba en el mismo no solo una defensa de los recursos naturales bolivianos, sino también un salto hacia adelante para las capacidades técnicas del país.
Sin embargo, la inestabilidad política que precedió al golpe de Estado que dio por tierra con el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019, puso punto final a este proyecto. No obstante, con la vuelta a la democracia tras la victoria Luis Arce Catacora, nuevos proyectos empezaron a resurgir siempre de la mano de alianzas estratégicas con compañías internacionales, particularmente chinas, quienes se proponen desarrollar la técnica de la extracción directa en el Salar de Uyuni.
Chile y la Estrategia Nacional del Litio
La Estrategia Nacional del Litio, presentada por el presidente chileno Gabriel Boric a finales de abril de 2023, recoge parte de anhelos y contradicciones. La iniciativa, anunciada por cadena nacional de radiodifusión, si bien no desestima la participación privada, tiene por objetivo final el control estratégico de la explotación litífera por parte del Estado, el cual renegociará los contratos existentes y comandará las futuras explotaciones por medio de los instrumentos legales de los que dispone la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Los números involucrados dan cuenta de la importancia del control de esta área para la economía chilena. Segundo mayor productor de carbonato de litio del mundo solo por detrás de Australia, hasta el momento el mineral es extraído del Salar de Atacama y desde hace cuarenta años por dos empresas privadas, SQM (que posee el 65% del mercado) y Albemarle (que usufructúa el 35 % restante). El negocio del litio es impresionantemente redituable para las corporaciones, pero bajo el esquema que rige en Chile deja sumas cuantiosas de rentas fiscales también. Podríamos decir que hasta aquí y desde los años setenta se trató de un extractivismo de Estado. Tan solo en 2022, la exportación de derivados de litio chilenos significó ingresos por USD 7763 millones, representando el 30 % de las ventas totales a nivel global.
Resta ver cuánto de esto se modifique realmente bajo la nueva estrategia nacional de litio, la cual también implicaría nuevas técnicas productivas, como la extracción directa, en teoría ambientalmente menos agresiva. Pero habrá que esperar en la faena extractiva puesto que el presidente anunció que no habría modificaciones hasta luego de la caducidad de los contratos, siendo en 2030 para SQM (empresa de capitales mayoritarios chilenos ligada a Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet) y en 2043 para la estadounidense Albemarle. Sin embargo, la letra de la Estrategia no dice solo buscar el control de la extracción del mineral, para lo cual enviará un proyecto de ley al congreso a fin de constituir una empresa nacional, sino también aprovechar los recursos científicos e industriales chilenos a fin de avanzar en la cadena de valor litífera en clave de lo que el mandatario denominó como un sendero de “desarrollo sustentable”.
Argentina y su federalismo sui generis
Argentina posee un marco normativo que trata al litio como un mineral indiferenciado, a la vez que atomiza su gobernanza a nivel provincial, lo cual redunda en estrategias subnacionales competitivas y a veces incoherentes entre sí. Esta dinámica legal es vista con buenos ojos por parte de las compañías transnacionales, dado que en ello observan un margen de negocios convenientes a los objetivos de maximizar ganancias y operar con una fiscalización cuando menos laxa. Esta valoración favorable de parte de los empresarios de las “garantías” que otorga Argentina, precisa de un análisis algo más detallado del marco regulatorio en cuestión.
En una primera instancia, estas “virtudes” para la operatoria de las mineras se desprende de la Constitución Nacional y su reforma de 1994, en particular del artículo 124, el cual afirma entre otras cuestiones que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en su territorio”. Viejo anhelo de estos espacios subnacionales, la aplicación de este artículo vino a suplir el retiro de la presencia (y los recursos) del Estado nacional, dando paso a un federalismo sui generis en el cual las élites provinciales comenzaron una carrera cada vez más virulenta para mostrarse “atractivas” a las inversiones en actividades extractivas.
Estas prerrogativas venían a sumarse a la Ley de Inversiones Mineras aprobada un año antes, la cual se declaraba persecutoria de garantizar la estabilidad de mediano plazo que necesitaba esta clase de emprendimientos. Dicha ley establecía entre otros puntos la deducción del 100 % de los gastos de prospección y exploración del impuesto a las ganancias, la devolución anticipada sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la compra de bienes o servicios en exploración, como también la amortización acelerada de las inversiones en equipamiento, construcción, infraestructura y activos fijos. No obstante, quizás los elementos más importantes de esta normativa son los que tienen que ver con su cláusula de estabilidad fiscal para las empresas, las cuales no podrían ver modificada su carga tributaria por 30 años a partir de la fecha de presentación de los estudios de factibilidad antes las autoridades correspondientes, el tope del 3 % de regalías del valor del mineral extraído en boca de mina por ellas declarado y el beneficio arancelario para la importación de bienes de capital (lo cual les otorga acceso privilegiado a divisas en un país con déficit crónico en la balanza externa).
Esta batería legal se complementa con la reforma del Código de Minería establecida en 1995, la cual, entre otras cuestiones, garantiza facilidades para la exploración de nuevas zonas potenciales en recursos y simplifica el trámite de su pedimento de forma tal que la simple denuncia frente al tribunal de minas provincial habilita a comenzar con los trámites que derivaran en una eventual puesta en producción del área declarada.
Es importante señalar que, por detrás de los propietarios formales de los dos proyectos activos en Argentina, Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y Sales de Jujuy, en el Salar de Olaroz, existe una fuerte presencia de fondos de inversión. En efecto, el primero de los casos, el Proyecto Fénix, se encuentra controlado íntegramente por la compañía estadounidense Livent, la cual tiene por detrás de sí a Blackrock y Vanguard, dos de los más grandes fondos de inversión del planeta. Sales de Jujuy, por su parte, reparte sus acciones entre la australiana Allkem/Orocobre (66,5 %), la japonesa Toyota Tsusho (25 %) y la provincial JEMSE (8,5 %). Sin embargo, al desencriptar las acciones de los dos principales tenedores, nuevamente puede encontrarse una fuerte presencia de bancos y fondos de inversión trasnacionales tales como HBSC, JP Morgan, BNP Paribas, entre otros. Todo este cuadro de vulnerabilidad económica de cara a cualquier intento de explotación en clave soberana del litio se profundiza aún más con el reciente anuncio realizado por Livent respecto de que llevará adelante una fusión con Allkem, lo cual daría como resultado que los dos proyectos activos de explotación de litio de Argentina (y varios en etapa de desarrollo) quedarían en manos de un conglomerado supranacional valuado en más de USD 10 mil millones.
El cuadro normativo previamente descrito, sumado a la demanda global en alza del mineral y la crónica crisis de divisas argentina, ha creado un esquema de consenso en todas las fuerzas políticas mayoritarias en torno al mandato extractivo del litio y lo “indispensable” de su profundización. El mismo se refleja en una competencia interprovincial activa y descoordinada por mostrarse seductoras a las inversiones de compañías trasnacionales, las cuales se ven así ampliamente beneficiadas y no contribuyen de forma sensible al desarrollo de cadenas de valor locales, para las cuales a la postre existen recursos humanos formados y una base industrial relativamente robusta pasibles de ser aprovechadas.
También es menester señalar que una vez puestos en marcha, los emprendimientos litíferos muchas veces se ven acompañados de una aplicación laxa de convenios internacionales como el 169 de la OIT (que deberían proteger a las comunidades originarias de los territorios puestos en extracción por medio de la consulta previa, libre e informada). Algo similar sucede con los estudios de impacto ambiental de rigor en las primeras etapas de análisis de factibilidad de los proyectos, los cuales no siempre se realizan con todas las aristas necesarias para diagnósticos certeros, hasta incluso existiendo antecedentes de algunos de ellos llevados adelante por consultoras cercanas a las mineras intervinientes. Todo esto constituye un panorama opaco sobre los impactos efectivos de la actividad sobre territorios y poblaciones, como así también sobre el equilibrio hidrogeológico de cuencas cerradas como los salares.
En suma, como vimos a lo largo de esta nota, el litio puede ser considerado, antes que como el mineral del futuro, como un recurso de un presente más que tangible en Argentina y la región. No obstante, la disparidad de los marcos normativos, la capacidad de lobby de empresas globales, algunas desatenciones por acción u omisión en cuanto a trazar estrategias de desarrollo sólidas y, al menos en el caso argentino, la crónica y desesperante necesidad de divisas, están provocando que se repitan viejas historias: ser los garantes del desarrollo de los países centrales, en este caso de su descarbonización, con los recursos naturales que tanto aquí abundan poniendo poblaciones y territorios en sacrificio desaprovechando en el camino la posibilidad de generar agregados de valor locales sustanciales. De nosotros, y nuestros dirigentes, depende no volver a ser protagonistas de otro relato de desarrollo desigual y combinado o, más sencillamente, como reza la canción, que las penas dejen ser de nosotros y las vaquitas (o en este caso, el litio) sean ajenos.
