Por Causa Popular.- Estuvieron presos durante 14 meses. Son los que durante ese tiempo se los acostumbró a nombrar como “los presos de la legislatura”, 15 hombres y mujeres que fueron acusados por el Estado luego de participar de una manifestación contra el Código Contravencional frente a la legislatura porteña. Un inesperado cambio de carátula de la causa los dejó en libertad el pasado miércoles, cuando tres de ellos se encontraban en grave estado de salud producto de una huelga de hambre que realizaban junto a familiares y compañeros, y las esperanzas se desvanecían a medida que aumentaba la indiferencia social.
Los quince detenidos por los incidentes ocurridos en julio de 2004 frente a la Legislatura porteña quedaron en libertad tras la decisión del Tribunal Oral Correccional Nº 17 de cambiar la carátula de la causa.
La medida fue dispuesta después que un defensor oficial pidiera el cambio de carátula de “coacción agravada” a “perturbación de los poderes públicos”.
Julián Langevin, defensor de Horacio Ojeda, le señaló al Tribunal que “la amenaza contra miembros de los poderes públicos constituye un medio coactivo típico de otros delitos, donde la coacción agravada queda desplazada”.
El artículo 241 del Código Penal prevé que el delito de “perturbación de los poderes públicos” establece condenas desde 15 días a seis meses y por ende son penas excarcelables. En tanto que la tipificación anterior de coacción agravada tenía un mínimo de pena de cinco años, es decir que no es excarcelable.
El miércoles los abogados defensores de los detenidos se negaron a aceptar la probation, aunque el primer liberado, Horacio Daniel Ojeda la aceptó, por lo que los jueces dispusieron lisa y llanamente la liberación.
Los detenidos que quedarán en libertad son: Marcela Sanaguas; Margarita Meira; María del Carmen Ferreira; Antonio Medina; Eduardo Ruiz; Jorge Nieva; Eduardo Suriano; Fabián Scaramella; Carlos Santamaría; Jesús Calderón; Adolfo Sánchez, Pablo Amitrano; Héctor Gómez y César Gerez.
Estos tres últimos mantenían una huelga de hambre desde hace veinte días en reclamo de su inmediata liberación, dos de ellos recibieron la noticia de su libertad en el hospital Ramos Mejía, mientras que Gómez lo hizo en la cárcel de Devoto.
El 16 de julio de 2004, los diputados de la ciudad de Buenos Aires, se disponían a debatir reformas en el Código de Convivencia Urbana.
Frente a la Legislatura Porteña una movilización popular que se oponía a su aprobación, derivó en numerosos disturbios que terminaron con la detención de varios de los manifestantes por parte de policías de civil que actuaron sin ninguna identificación.
Estos hechos generaron un conflicto en el seno del gobierno que terminó con la renuncia del ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y su secretario de Seguridad, Norberto Quantin, y originaron una profunda purga en la Policía Federal, que estuvo a cargo del operativo.
Los legisladores del macrismo, bloque mayoritario en el Palacio, eran quienes impulsaban los cambios en el Código, a los cuales se oponían fuertemente venderores ambulantes, travestis y organizaciones políticas y sociales, por considerarlo violatorio de varios derechos constitucionales, entre los que se encuentra el derecho al trabajo y a manifestarse.
A pocas semanas de estos hechos, Causa Popular, reprodujo una investigación realizada por el sitio web, Lavaca.org, que demostró la vinculación de la barra brava de Boca, la comisaría 24 y Mauricio Macri, con los incidentes -los que incluyeron corridas, piedrazos y palos- frente al palacio legislativo.
A pesar de las pruebas ningún medio difundió la información.
Lo mismo ocurrió durante la liberación de los presos: la cobertura fue escasísima y a pesar de las enormes irregularidades cometidas todos dan el caso por cerrado.
Durante los catorce meses que transcurrieron desde estos incidentes, una jueza de primera instancia, Silvia Ramond, además de la Sala 5º de la Cámara de Crimen y la Sala 1º de la Cámara de Casación Penal mantuvieron la prisión preventiva, incluso en contraposición de otros fallos, dejando en evidencia que la decisión de mantener bajo prisión preventiva a los manifestantes estaba lejos la adopción de un criterio judicial.
La sorpresiva liberación dio lugar a diferentes interpretaciones. En todas se remarcan el carácter político de las detenciones, las que se produjeron sin ninguna prueba para sostener la carátula por la cual hasta el miércoles los 15 manifestantes estuvieron detenidos.
Según expresó uno de los abogados defensores Luis Orellana en Lavaca.org “Esto tiene un carácter puramente político.
Acá hay un llamado político de alguien del gobierno para sacarse este paquete de encima antes de las elecciones.
Porque si no, ¿cómo se entiende? Cada vez que dijimos que había hechos nuevos que justificaban la excarcelación, nos contestaban que no.
Y ahora, ¿qué hubo de nuevo?
El tribunal oral casi no nos contestó el último pedido, pero ahora nos dan la excarcelación. Yo no creo en los milagros. Son presos políticos, detenidos por cuestiones políticas. Y ahora por cuestiones políticas, frente a la movilización y al apoyo de la gente que veía a Chabán afuera, a María Julia, y no a estas personas, eso ayudó a que se viera la injusticia que se estaba cometiendo.”
