Por Antonio Muñiz.- En un país normal sería normal una polémica como la que, al parecer, enfrenta a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Estarían discutiendo, en un país normal, qué acento se debe poner en qué ramas de la producción y cuál sería el método más adecuado para lograr un desarrollo industrial que asegure cierta autonomía dentro del poder multinacional de las corporaciones.
En la Argentina ninguna lección parece suficiente. Alejadas por el momento las modas de las aperturas, desregulaciones, privatizaciones, el librecambio y la especulación financiera (modas o recetas que -vale recordarlo- no son aplicadas en sus países de origen), una parte de la sociedad todavía cree en ellas, por interés o estupidez, lo que asegura a la vez que algunos candidatos o precandidatos vivan de estas recetas y de la sociedad nostálgica, enmascarando sus verdaderas intenciones con un lenguaje falaz y eufemístico, apropiado para pescar incautos.
En este contexto, Lavagna aparece, o se lo quiere hacer aparecer, como la gran ilusión de esos pequeños opositores.
¿Qué hizo para merecer esto?
No podría decirse que en su gestión al frente del Ministerio de Economía, Roberto Lavagna haya hecho mucho por favorecer al sector financiero y a las grandes empresas trasnacionales, principales beneficiarios de la década precedente. Por el contrario, en sintonía con el ex presidente Duhalde y siguiendo la línea Remes Lenicov-De Mendiguren, buscó proteger a los grandes grupos económicos locales -entre los que destaca más de un importante multimedia-, que tras fugar sus capitales al exterior, gracias a la devaluación
los vieron triplicados, así como licuadas sus deudas.
Es cierto que en varias oportunidades, presionó para que aumentaran las tarifas de las empresas privatizadas en manos de grupos trasnacionales, con argumentos como la necesidad de alentar la inversión o las complicaciones que traerán las demandas ante el CIADI, pero tal retórica parece más relacionada con algunos compromisos profesionales de su consultora Ecolatina que con una concepción política o económica cercana a las modas venidas del Norte.
Siempre habrá que reconocer que fue, en 30 años, el primer ministro de Economía que se propuso defender los intereses nacionales frente a las exigencias de los acreedores externos, y el hecho de que esa negociación haya estado más en manos del presidente Kirchner que en las de ningún otro, no le quita mérito alguno.
Vistas así las cosas, y colocado como principal crítico no del modelo de crecimiento alentado por el presidente sino sólo de algunos de sus aspectos, a ojo de buen cubero se podría decir que el país avanza hacia la normalidad, y tanto, que hasta ha desaparecido la derecha como expresión política, ideológica y tecnocrática de los grupos trasnacionales y los inversores y acreedores externos, quedando en cambio un razonable conservadurismo, la saludable moderación de un “empresariado nacional” que exige, ante todo, previsibilidad.
Claro que con ese “empresariado nacional” pasa algo parecido a los doce “sponsors oficiales de la selección” que se calzaron la camiseta argentina: once eran empresas extranjeras que hinchan allí donde hay un buen negocio.
Patrocinadores
En el caso que nos ocupa, los sponsors oficiales son Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín.
No les falta coherencia a ninguno de los dos.
Durante la administración de Alfonsín, los grandes contratistas del Estado que habían crecido de la mano de la dictadura, se dedicaron a vaciar las empresas públicas. Con su sucesor -pacto de Olivos mediante-, las compraron por centavos y transfirieron más tarde sus acciones a empresas estatales extranjeras o a grupos trasnacionales.
Durante el gobierno de Duhalde, ese postre tendría su frutilla: una devaluación que con fondos públicos y en base a un súbito empobrecimiento general, les licuó las deudas (financiadas en su momento por el Estado merced a la ley de convertibilidad) y triplicó la capacidad adquisitiva de los capitales que habían depositado en el exterior.
La “pesificación” no fue la salida de un proceso de desnacionalización y desindustrialización llevado a cabo mediante la convertibilidad, sino su acto final, mediante el que se convalidó la más brutal transferencia de ingresos de la sociedad hacia un grupo capitalista de que tengamos memoria, y al que sólo habría podido superar la “redolarización” (uno a cuatro, y hasta uno a diez) que propugnaba el menemismo ya como un francotirador de ese poder concentrado.
Y ese es el inevitable punto de partida, lo que no significa que el modelo sea inevitable: reconstruir el país aprovechando algunas ventajas relativas del tipo de cambio, pero no sacralizar el saqueo, ni hacerlo eterno e inmodificable.
El padre del modelo
Durante la gestión de Lavagna, resultaron notorias algunas diferencias entre el entonces ministro de Economía y el presidente, relacionadas principalmente con los salarios, la inflación y el posible vínculo entre una y otra cosa; y en los últimos meses, que el primero tuviera una postura más prudente y conservadora respecto al superávit fiscal que la del propio Kirchner.
Una de las últimas medidas del ex ministro fue la creación del fondo anticíclico, conservado por su sucesora, pero no a los niveles reclamados por los voceros del establishment, que por otra parte pasaron, sin solución de continuidad, de pregonar las bondades del déficit financiado con deuda pública, a exigir mayores ahorros y superávit.
La lógica de estos personajes no hay que buscarlos en los argumentos sino en el propósito: todo sea porque nada cambie sustancialmente.
Bien mirado, en este “que nada cambie”, Lavagna se anotó desde el principio en su primer encontronazo con los dirigentes sindicales, cuando pretendió establecer como principio básico del sentido común y el buen gobierno que los incrementos salariales, a fin de no ser inflacionarios, debían corresponderse a un mayor aumento de la productividad.
En principio, habría que preguntarse hasta qué punto el trabajador es responsable de una mayor o menor productividad: quienes lo sostienen son los mismos que ven en la falta de inversión externa el principal déficit de la política económica, puesto que sería de la inversión de lo que dependería la mayor productividad empresaria.
Uno está acostumbrado a que esta gente cambie de argumentos como de felpudo, pero si de eso valen los argumentos, mejor sería no tomárselos en serio.
Más serio, en cambio, es el supuesto del que se parte, ese modelo aparentemente inmodificable que se mencionaba más arriba: ¿cuál es el punto de partida para estimar que un aumento de los salarios debería corresponderse a un aumento de la productividad? ¿De dónde sacaron el ex ministro y sus dos guitarristas bonaerenses que la relación salarios-productividad debe ser la de marzo del 2002, y no la de 1998, o 1985, 1974, 1950 o 1763, llegado el caso?
Por otra parte y según convenga, se usan como sinónimos términos que no lo son, como productividad y rentabilidad, que no siempre van de la mano, no suelen reconocer las mismas causas ni responden a las mismas recetas y, en ninguno de los dos casos, resultan ser ni responsabilidad, ni atribución ni mucho menos posibilidad de los trabajadores.
¿Cuál es la lógica, entonces, por la que siempre acabe siendo el trabajador la tuerca que hay que ajustar cuando algo en una empresa no ande del todo bien o todo lo bien que al empresario se le ocurra? ¿Y por qué un empresario ha de obtener todo lo que se le ocurra por el sólo hecho de que se le ocurre?
Es razonable que quien tiene algo, ya sea por esfuerzo, suerte, herencia, robo o asalto a mano armada, ambicione conservarlo, pero lo que se pretende es creer o hacer creer que esa ambición es sacrosanta, indiscutible y consagrada por la ley, la constitución, la Biblia y el Martín Fierro.
Y en ese punto, lo que podría parecer normal deja de serlo, porque no se discute el destino del conjunto del país, sino la preservación de las ventajas de los grupos que lo saquearon, mediante la sacralización institucional, ideológica y conceptual de esas diferencias, disfrazada de “moderación” y recurriéndose a distintas versiones recauchutadas de lo viejo.
Es la torta, Roberto
Desde los primeros roces entre el ex ministro y el presidente a las actuales objeciones a la política económica (salarios, precios, superávit, gasto público y “setentismo”), todas giran en torno a un único punto: la distribución del ingreso nacional.
He aquí la cuestión.
En 1974, la Argentina tenía una distribución de la riqueza similar a la de muchos países desarrollados: los ingresos del 10 % más rico eran 12,7 veces más que los del 10 % más pobre. Veinte años después, esa distancia se había ampliado hasta llegar a 32,9 veces más en 1999, y tras la crisis del 2001, llegó a ser de 51,9 veces.
En febrero de 2006, a pesar de la reactivación económica, la brecha sigue siendo muy amplia: 31 veces.
Es que la reactivación económica no lo es todo. Mientras el PBI creció entre 1990 y 1997 a un promedio del 6 %, el empleo sólo lo hizo al 1 % anual y la tasa de desempleo pasó del 6,5 % en 1991 al 18,4 % en mayo de 1995.
Sin embargo (y en esto el trío Lavagna-Alfonsín-Duhalde viene a coincidir con lo más rancio del establishment) el actual esquema de ingresos no se puede tocar a riesgo de que se venga toda la estantería abajo.
Así, mientras los salarios se conservan bajo control gracias al empleo en negro y una desocupación que, aunque disminuya en términos absolutos, se mantiene estable en cuanto a la cantidad de personas que buscan empleo, los precios habrían de fluctuar libremente, como la auténtica válvula que regula ese esquema de ingresos.
La reticencia a convalidar aumentos salariales y a intervenir en la formación de precios fueron los desencadenantes del alejamiento de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía. Pero no fueron los únicos: confundir inversión pública con gasto público, y la demanda de que se utilicen esos fondos para financiamiento industrial (¿y cuáles serían las industrias beneficiadas?), forman parte del mismo punto.
La obra pública, además de su importancia estratégica, es uno de los más eficaces métodos de distribución del ingreso, no sólo por su facultad de generar empleo sino porque aumenta la capacidad adquisitiva del salario mediante el mejor acceso a los servicios, la disponibilidad de vivienda, la rapidez de los desplazamientos, la economía de los transportes, etc.
Lo implícito en esa discusión es el modelo de país, o más bien, de no-país: un proyecto con amplia financiación para el sector industrial, sí, pero orientado a la exportación y desentendido de la realidad nacional, en todo caso concebida como un mercado alterno, accesorio, apto para compensar eventuales reflujos, pero más que nada proveedora de mano de obra barata que ocasione el menor gasto posible.
Es, con las distancias que da el tiempo y la técnica, el tradicional esquema de factoría colonial, proveedora de materias primas y especialidades industriales de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado internacional, y por eso mismo, expuesta a sus oscilaciones y arbitrio.
Para que este esquema sea factible, basta con tomar la realidad post devaluación y sacralizarla, convenciendo a los argentinos de que es inmodificable.
A eso parece que viene Roberto Lavagna.
