Al menos seis muertos –entre ellos una niña- y más de ochenta heridos dejó como saldo el atentado ocurrido este domingo en la avenida Istiklal, en el distrito de Taksim, de la ciudad de Estambul, en Turquía. El lunes por la mañana, el gobierno turco anunció la detención de Ahlam al Bashir, una mujer de nacionalidad siria, a la cual responsabilizó por el ataque. El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, declaró que otras cuarenta y siete personas fueron arrestadas por tener supuestos vínculos con el atentado.
Sin perder el tiempo, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan acusó por el hecho al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), al Partido de la Unión Democráticas (PYD) y a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). El PKK es la organización que dio inicio al movimiento de liberación de Kurdistán y que tiene más de cuarenta años de lucha. Sus brazos armados –las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) y las Tropas de mujeres Libres (YJA-Star)-, tienen sus bases en las montañas de Qandil, en Bashur (Kurdistán iraquí). El PYD es el principal partido político kurdo en Rojava (Kurdistán sirio) e impulsor de la autonomía del norte y el este de Siria, región gobernada por una administración autónoma compuesta no sólo por los kurdos, sino también por organizaciones armenias, árabes, turcomanas y asirias, que tienen sus propias representaciones políticas, culturales y de autodefensa militar. Estas últimas confluyen en las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), en las cuales están integradas las YPG, las fuerzas militares kurdas de Rojava.
Desde 2012, este conglomerado de fuerzas sostiene la autonomía de un territorio jaqueado por diferentes pujas y tensiones, que van de lo nacional hasta lo internacional. Con relaciones al más bajo nivel con el gobierno de Damasco, la denominada Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) controla una región en la cual hay presencia militar estadounidense, rusa e iraní. Al mismo tiempo, la AANES y sus autodefensas lideran todavía la lucha contra los remanentes del Estado Islámico (ISIS), que fue derrotado en 2019 en la aldea de Baghouz, en la provincia siria de Deir Ezzor. Para los combates contra ISIS, las FDS cuentan con el apoyo de la Coalición Internacional, encabezada por Estados Unidos e integrada por más de setenta países. A su vez, la AANES mantiene diálogos con Moscú para llegar a acuerdos con Damasco y, sobre todo, intentar detener los avances territoriales de Turquía. Desde 2018, el Estado turco controla el cantón kurdo de Afrin, al cual bombardeó durante dos meses para luego permitir el ingreso por tierra de decenas de grupos terroristas y mercenarios –agrupados en el Ejército Nacional Sirio (ENS)–, que tomaron el control del territorio, forzando el desplazamiento de 300 mil habitantes y aplicando, hasta el día de hoy, una política de saqueo, secuestros y asesinatos, algo constatado en varias oportunidades por la ONU. Todo esto, mientras Estados Unidos y Rusia miraban para otro lado.
Acusaciones cruzadas
A la hora de repartir acusaciones, el ministro Soylu fue claro: “Los indicios de que disponemos apuntan al PKK/PYD”. “Los ataques terroristas contra nuestros civiles son consecuencia directa e indirecta del apoyo de algunos países a grupos terroristas”, señaló, por su parte, Fahrettin Altun, portavoz de la Presidencia turca. Sin nombrarlo, Altun se refirió a Estados Unidos y a su alianza táctica –según los kurdos de Siria- con las FDS.
El mismo lunes, Soylu rechazó el mensaje de condolencia emitido por la Casa Blanca, a través de su embajada en Ankara, tras el atentado. Desde Turquía acusan a Washington por respaldar a las FDS en Siria, a las cuales vincula al PKK, la organización fundada por el líder kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado e incomunicado desde 1999 en la isla-prisión de Imrali.
Desde hace tiempo, el gobierno turco mantiene una relación de ambivalencia pública con Estados Unidos. Dentro de la OTAN, Turquía tiene el segundo ejército en importancia, por detrás de Washington. A su vez, mantienen fuertes alianzas militares y comerciales, algo que no quita las crecientes rispideces entre ambas administraciones. En los últimos años, las fricciones están referidas a los acuerdos cada vez más fluidos entre Ankara y Moscú, que incluyen compra de armamento, respaldo diplomático y silencios compartidos por violaciones a los derechos humanos de un lado y del otro.
Desde el lado kurdo, el Comando del Cuartel General del Centro de Defensa del Pueblo, que representa a las HPG y a las YJA-Star, emitió un comunicado en el que negó la autoría del atentado. En la declaración pública, desde la insurgencia manifestaron sus condolencias con los familiares de las víctimas y remarcaron: “No tenemos nada que ver con este atentado y es bien sabido por el público que no atacamos directamente a los civiles ni aprobamos las acciones dirigidas contra ellos”. A esto, agregaron: “Somos un movimiento que libra una lucha justa y legítima por la libertad. Actuamos desde una perspectiva que busca crear un futuro común, democrático, libre e igualitario con la sociedad de Turquía. Desde este punto de vista, el hecho de que ataquemos a la población civil de cualquier manera está definitivamente fuera de lugar”. Al mismo tiempo, desde la guerrilla kurda advirtieron que el régimen encabezado por Erdogan “está teniendo dificultades frente a nuestra lucha legítima”, por lo cual “hay un intento de poner en marcha un oscuro plan para distorsionar el estado actual” de la resistencia kurda.
Por su parte, el Comandante General de las FDS, Masloum Abdi, aseguró que “nuestras fuerzas armadas no tienen nada que ver con el atentado en Estambul” y rechazó “las acusaciones de que nuestras fuerzas armadas están implicadas en el hecho”. En la misma línea, desde las YPG rechazaron “enérgicamente” las “acusaciones infundadas” del gobierno turco. “No tenemos ninguna conexión con la terrorista Ahlam al Bashir, que llevó a cabo el ataque. El mundo entero sabe que el principio de nuestras fuerzas se basa en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. Condenamos cualquier forma de ataque dirigido contra civiles. Nuestras fuerzas luchan en el contexto de la democracia, los derechos humanos y de las mujeres, y la lucha contra el terror y la dictadura”.
Desde Turquía, el Partido Democrático de los Pueblos –tercera fuerza parlamentaria impulsada por el movimiento kurdo-, también expresó su “profundo dolor y pena por la explosión que ha matado a seis de nuestros conciudadanos”.
Hacia las elecciones del 2023
No es la primera vez que ocurre en Turquía. El gobierno de Erdogan sabe muy bien que exacerbar los sentimientos nacionalistas e islamistas de sus seguidores es un plan óptimo para tapar los problemas. Con una crisis económica cada vez mayor y con varios frentes militares abiertos en el exterior, la administración turca se apresuró a acusar a las organizaciones kurdas por el atentado. Aunque al cierre de este artículo no había presentado ni una sola prueba concreta sobre esta acusación, el Ejecutivo de Erdogan se va a esmerar todo lo posible para que el ataque en Estambul quede vinculado al pueblo kurdo.
Un primer hecho muestra en qué puede derivar el atentado en Estambul: Ahmet Taşkaya, vicepresidente del Partido de la Victoria de Turquía – de ultraderecha-, culpó desde sus redes sociales a Jiyan Tosun, abogada de la Asociación de Derechos Humanos (IHD, por sus siglas originales). Sin perder el tiempo, la policía detuvo, el mismo domingo, a Tosun. Cuando fue el atentado, la abogada se encontraba en otra parte de Estambul. Aunque la policía la liberó después de tomarle declaración, Tosun denunció que recibe amenazas de muerte constantemente.
Desde el gobierno saben que en las elecciones presidenciales en junio de 2023, el voto kurdo es definitorio: más de 20 millones de pobladores de Bakur (Kurdistán turco) no es una cifra despreciable para unas elecciones en las que Erdogan no tiene todas las de ganar. Si el gobierno y el partido AKP (liderado por Erdogan) no pueden atraer ese voto hacia su lado, van a hacer todo lo posible para silenciarlo. Y este método ya es conocido: el HDP lo vive en carne propia con el arresto casi diario de sus dirigentes, militantes y hasta diputados y diputadas electas. Como si fuera poco, el Poder Judicial –a pedido del propio gobierno- hace años que intenta ilegalizar al HDP, con la misma acusación que pesa sobre el pueblo kurdo: tener vínculos con “organizaciones terroristas”, algo que para Erdogan y sus funcionarios significa el PKK.
En las últimas semanas, el gobierno turco también está recibiendo duras críticas por sus ataques militares contra Bashur, donde la insurgencia kurda tiene sus campamentos. Desde abril de este año, Turquía realiza bombardeos masivos contra guerrilleros y población civil. En los meses recientes, comenzaron a aparecer cada vez más denuncias sobre la utilización de armas químicas por parte de Turquía. En paralelo, tanto en el territorio kurdo como en Europa se multiplicaron las protestas para denunciar al Estado turco por usar armamento prohibido por las leyes internacionales.
En el comunicado ya citado de las YPG, se acusó al propio gobierno turco de ser el responsable del atentado en Estambul. “Antes de su partida a Indonesia para asistir a la Cumbre del G20, Erdogan busca convencer al mundo de lanzar un ataque contra Rojava y el noreste de Siria, y encontrar una excusa para obtener la aprobación internacional”. Remarcaron desde las fuerzas de autodefensa.
El dato por demás curioso –o, mejor dicho, preocupante– del atentado en Estambul es el siguiente: según Ankara “la persona que perpetró el ataque había pasado por Afrin”. El Estado turco sabe muy bien lo que ocurre en esa región, porque controla el territorio y su frontera. La pregunta latente es: ¿no es, como mínimo, extraño que la acusada del atentado haya cruzado hacia Turquía desde Afrin sin que los mercenarios y terroristas apoyados por Ankara no lo supieran?
