Las políticas del Kirchnerismo en materia de seguridad

Breve repaso por algunas políticas vinculadas a la seguridad durante los gobiernos de Nestor y Cristina

“La democracia tiene una deuda en materia de seguridad” dijo Cristina en La Plata en su último acto para sorpresa de muchos militantes que afirmaban no era común en ella dedicarle tanto tiempo a la cuestión securitaria en un contexto de tantas otras problemáticas sociales tales como la inflación, la falta de empleo de calidad, el ajuste o no producto del acuerdo con el FMI, por solo nombrar algunos.

 En realidad, el Kirchnerismo como actor central de la política nacional en los últimos 20 años por supuesto que han tenido muchas y diversas manifestaciones y propuestas en torno a la cuestión de la seguridad como a casi cualquier otro tema público. Haremos aquí un breve repaso por solo algunas de las principales características de estas a los fines de dar un conocimiento general para todo aquel publico interesado que quiera contar con algunas herramientas básicas para pensar esta problemática y profundizar las capacidades publicas y estatales para enfrentar este hecho complejo al que llamamos crimen y o delito.

Quizá dentro de este “olvido” o “novedad por el discurso” de varios sobre todas las políticas de seguridad desarrolladas por el Kirchnerismo, aparezcan los vestigios del pensamiento mas tradicional de una “militancia nacional y popular” en torno a la cuestión de la seguridad, “Seguridad es incluir a los pibes” “ni yuta ni puta” “los pibes están en peligro no son peligrosos” “cual es la gorra peligrosa?” y montones de otras expresiones típicas y aunque meramente simbólicas representan el pensamiento más común de los sectores no conservadores en cualquier lugar del país, a la que podríamos resumir en la idea de que “la inseguridad se va a disminuir cuando tengamos educación y trabajo de calidad para todas y todos”.

 En términos académicos existen desarrollos amplísimos sobre las nociones de “idealismo de izquierda” que comúnmente aparecen como enfrentadas a un discurso “Realista de derecha” como suponen diversos autores. Los desafíos a nuestro modo de ver, tienen que ver con construir un “realismo inclusivo” en el tema, que no deje de lado estas visiones ultimas en torno a las razones y las formas mas eficientes de prevenir el delito a largo plazo, pero que también se permitan pensar y hacer en el mientras tanto todo lo posible para poder aminorar los efectos de la exclusión económica y la desigualdad social reinante, que sin dudas explican y promueven gran parte del “delito predatorio” (ese en el que se roban bienes a veces con violencia) que genera mayor preocupación social (lo cual a su vez es plenamente razonable porque nadie puede acostumbrarse a ver imágenes, que además son potenciadas por los medios de comunicación hegemónicos, de asaltos y hechos violentos y cotidianos en su barrio o ciudad y conformarse a ello con naturalidad), aunque desde ya que no representan el total de los delitos cometidos en una sociedad en un tiempo determinado a la vez que invisibiliza el denominado por la académica “delitos de cuello blanco” que son los que realizan los sectores de clase media y alta quizá sin violencia pero con altísimos niveles de impacto económico y social. Además, y en coincidencia con el pensamiento desarrollado por la criminología critica, padre y madre del idealismo de izquierda, en los barrios periféricos de las grandes ciudades la gente trabajadora vive estos hechos de manera mucho mas permanente que los residentes del centro de las zonas mas acaudaladas, ni hablar que además conviven con los mayores niveles de violencia altamente lesiva que a veces ni tiene que ver con hechos de robos como suele ser en los “ajustes de cuenta” entre bandas que se dedican al narcomenudeo, pero a los fines de la conmoción que sufre quien vive alguno de estos hechos en su familia, barrio o vecindad, no puede ser clasificado como comúnmente se hace con los “motivos” del delito que se discriminan para llevar “tranquilidad a la sociedad” (los informes suelen querer fundamentar que los homicidios existen, pero no responden a inseguridad tradicional digamos, sino a problemas entre delincuentes, con lo cual es un problema secundario o relativo, para la moral hegemónica de la sociedad actual). Este mecanismo siniestro que en definitiva clasifica y valoriza el valor de las muertes para darle mas o menos importancia termina por impactar de fondo en la percepción social de un clima de indefensión absoluta por parte del estado frente a la criminalidad cuando uno habita en una zona que tiene altísimos niveles de violencia, aunque se den por el motivo que fuere.

 Está claro también que la ultima dictadura Argentina con su atroz genocidio y crímenes de lesa humanidad ha colaborado en gran medida en dejar una pésima imagen de las fuerzas de seguridad en gran parte de la sociedad civil y política del país. No es ajena ni aislada la colaboración que muchos miembros e integrantes de las fuerzas policiales prestaban a las propiamente militares en la ejecución de sus tareas de secuestro y tortura. No es casual que la idea de la conducción política y o civil de las fuerzas vayan apareciendo como mandatos de gobierno en las primeras décadas de la democracia, con el fin último de terminar con las autonomías de las “fuerzas del orden”, tarea que se ha venido llevando delante de modo parcial desde hace alrededor de 20 años mediante distintas formas y alcances en el país y en algunas provincias también.

Al Ministerio de Seguridad lo invento Cristina;

 Así es que por  decreto n.º 1993 del 14 de diciembre de 2010 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se creó el “Ministerio de Seguridad”, escindiendo el área de seguridad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que pasó a denominarse “Ministerio de Justicia y Derechos Humano”. De esta forma, el Gobierno dispuso la creación de una nueva cartera ministerial, quinta creada durante la presidencia de Fernández de Kirchner. Existían varias provincias que ya contaban a su nivel con un ministerio de seguridad, pero fue una novedad a nivel nacional que se produjo en el marco de diversos casos resonantes que suelen ser los disparadores de las reformas en el tema.

 El mismo estuvo a cargo de Nilda Garré, una persona de intima confianza del entonces entorno presidencial y que había estado al frente del trabajo de fortalecer el control civil y la conducción política de las fuerzas armadas argentinas, y ese era el mismo y principal razón de ser de la creación de un ministerio de seguridad a nivel nacional, a saber, fortalecer los mecanismos institucionales que promueven la conducción de las fuerzas de seguridad por parte de las autoridades políticas y civiles. Esta idea fuerza se tornó quizá la más importante desarrollada por los sucesivos actores gubernamentales en la materia ligados al gobierno kirchnerista.

Cristina y Nilda Garré en la jura por la asunción al frente del flamante ministerio.

El desarrollo de los perfiles y actores concretos que han llevado adelante las gestiones de este ministerio y otros entes afines es merecedor de muchas otras reflexiones en tanto a sus diferencias de perfil y a la dificultad y características particulares que debe sostener un ministerio de seguridad dentro de lo que puede ser un gobierno no conservador, pero no es el objeto del presente escrito.

De esta manera podemos evidenciar que claramente el kirchnerismo en este y otros tantos momentos y capítulos de su gestión y su recorrido político han entendido importante dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos y personal a la cuestión de la prevención en materia de seguridad además de desarrollar todo un discurso propio en la materia, aunque el mismo no haya sido absolutamente coherente en el paso de tanto tiempo.

 Es que podemos citar otros grandes “hits” en la materia, como lo fue todo el proceso de la reforma producto del “Caso Blumberg” en 2004, que derivo en variadas reformas penales y procesales que aumentaron considerablemente las penas y sanciones para muchos diversos delitos. También la llamada “ley de desfederalización de pequeñas causas de drogas” fue sancionada durante el primer gobierno del kirchnerismo, y es la que permite hoy en día a las provincias y la ciudad de Buenos Aires, poder adherir a la misma y perseguir con sus propias justicias ordinarias los delitos “menores” de los previstos en la ley 23737, a saber, la ley de regulación de estupefacientes. Esta ley es criticada por todos los sectores más progresistas de la doctrina penal y o criminológica, al aumentar notablemente la persecución sobre consumidores o a lo sumo pequeños y eventuales dealers, garantizando la impunidad de los grandes jugadores de la cadena del narcotráfico. Estas leyes, por mencionar algunas, fueron sancionadas durante el gobierno de Néstor Kirchner y si bien no todos, muchos de los legisladores de la bancada oficialista, como gobernadores y funcionarios en general de la alianza de gobierno, apoyaron las mismas.

Juan Carlos Blumberg.

Emergencias eran las de antes, ahora ya todos sabemos;

Hay quienes dicen que la emergencia en seguridad se viene reclamando hace miles de años, otros que la problemática agravada es más actual y en argentina producto de la pobreza urbana agudizada en el proceso de finales de los 90’ y comienzo del 2000. Lo que nadie dice es que el tema no importa o no haya nada por hacer, por empezar, como mínimo, al gobernar una provincia o un estado nación, hay miles (y cientos de miles en el 2do caso) de trabajadores de las fuerzas de seguridad mas todos los empleados y entes administrativos dependientes o vinculados a los mismos y toda una red de tecnologías de gestión a las cuales hay que darle un orden y un destino, y ya desde el momento en que los posicionamos de una forma u otra, estamos tomando decisiones políticas.

El paso adelante tiene que ver con definir la importancia de trabajar en estos temas y dejar de verlos como un tema de la derecha, formarse y prepararse para la ejecución de políticas públicas  en materia de seguridad y para la conducción política y civil de las policías además trabajar fuertemente los otros aspectos que se encargan de prevención social y comunitaria del crimen y de los delitos comprometiendo a su vez a las fuerzas judiciales federales y provinciales a desarrollar una política criminal que vaya en el mismo sentido.

Es que el poder judicial muchas veces resulta ajeno a estos reclamos cuando en realidad cumplen un rol fundamental atento a que son ellos quienes definen y llevan adelante en gran medida la política criminal que desarrolla el estado en su conjunto.

Promediando, podemos plantear que las políticas del kirchnerismo en materia de seguridad han sido titubeantes, vinculadas al propio proceso político que llevo adelante reformas y mejoras muy marcadas en varios otros aspectos sociales, atravesadas por un enfrentamiento feroz con las fuerzas de la oposición y sectores conservadores históricamente vinculados a las fuerzas de seguridad.

Para prevenir el delito con la policía no alcanza, pero sin ella es imposible;

 La institución policial es un organismo existente, abolirlo o reducirlo al máximo hoy en día es un pensamiento utópico, ajeno a la realidad. No quedan dudas que, para la prevención ambiental o situacional, es decir en un lugar dado y o momento dado, la policía es fundamental. Si la cuestión securitaria fuera un auto, la policía es el motor de este. Luego hay otros elementos como las ruedas, la dirección, las luces y los frenos, que también son muy importantes, pero no podemos dejar de lado a las fuerzas policiales o pretender que sean solo las culpables de todos los males vinculados al crimen. Las necesarias reformas policiales deben contemplar algún tipo de aprobación o apoyo por al menos alguna parte de las fuerzas policiales de lo contrario es muy probable que fracasen, como lo sería una reforma educativa que tenga a todos los gremios docentes en su contra. Por ejemplo, se han presentado diversos proyectos para autorizar o regularizar la agremiación policial, consideramos que esto es fundamental porque implica una organización “blanqueada” de la fuerza con la cual se puede dialogar, discutir, negociar, tensar y resolver como con cualquier otro grupo de trabajadores de estado de áreas claves y sensibles.

Reforma policial, sindicalización policial y aplicación de tecnologías para la gestión en conjunto con un acuerdo de sostenibilidad de estas prácticas por parte las principales fuerzas políticas son algunas de las ideas fuerzas que sostenemos como necesarias para mejorar la realidad en el aspecto preventivo, además de trabajar en la prevención social y comunitaria del delito y en conjunto con una política criminal alineada con las fiscalías provinciales y federales, que tengan por fin reducir la violencia y los delitos predatorios. Ni más, ni menos.  


 Joaquin Chiavazza es Abogado, Docente en la asignatura Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana y adscripto en Derecho Penal 1, de la Facultad de Derecho de la UNR.

Fue Subsecretario de “Seguridad Local y Abordajes Territoriales” del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe de 2019 a 2022.

 Es fundador del Grupo de Estudios Penales y Criminológicos, Asociación Civil “Flor de Irupé”, que lleva casi una década promoviendo actividades y formación en los temas que le competen.

Ha sido organizador, autor y conferencista en diversas actividades, encuentros y medios en las temáticas penales y criminológicas.

 Actualmente se encuentra especializándose en derecho penal en la UNR.

Contacto: chiavazzaj@gmail.com 

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