Las dramáticas consecuencias de tomarse 11 años para discutir un aumento salarial

Por Causa Popular .–
Probablemente si Kirchner no lo hubiera convocado, habrían pasado más años que los 11 transcurridos para que el Consejo del Salario reanudara su funcionamiento.

El aumento fue leve y los empresarios van por menos aún. Mientras los triunviros cegetistas posaron para la foto, sólo la CTA lo calificó de inadmisible. Víctor De Gennaro dijo que “pensaba que (el gobierno) tenía una política clara para recuperar el salario” por sus declaraciones, es más que obvio que hoy no piensa lo mismo.

Sin embargo nadie hizo caso al peor dato derivado de la devastación: en la Argentina ya hay 1.500.000 jóvenes de entre 18 y 29 años que están en la calle, sin empleo ni estudio, y el 68 por ciento de ellos nunca vio trabajar sus a sus padres.

Luego de varias idas y vueltas, el segundo plenario del Consejo del Salario Vital y Móvil acordó aumentar el salario mínimo de los trabajadores en 100 pesos a partir del 1 de septiembre. Con esta resolución el salario que recibirán los trabajadores registrados tendrá un piso de 450 pesos, alcanzando un 125 por ciento de aumento en un año. La decisión fue avalada el pasado jueves por las dos terceras partes de los 32 consejeros -16 empresarios y 16 sindicalistas- que participaron en el debate. La medida afectará directamente a 350 mil trabajadores registrados que cobrarán, en una economía dolarizada como la argentina, 150 dólares, 50 dólares menos que los que recibían en el 2001.

Dos debates estuvieron ausentes tanto en el Consejo del Salario como en la prensa nacional: cómo distribuir la riqueza y, conjuntamente con ella, cómo aumentar el monto de los planes de empleo que reciben dos millones de argentinos. Planes de 150 pesos para trabajadores desocupados que con este ingreso no alcanzan a superar la línea de indigencia ubicada por el INDEC en 333,55 pesos para una familia de cuatro integrantes.

Carlos Heller representante de la flamante Central Entidades de Empresarias Nacionales (CEEN) y Eduardo Buzzi presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) se abstuvieron, mientras que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) rechazó formalmente la propuesta por considerarla “inadmisible”. La resolución fue respaldada por la CGT y los representantes de los grandes empresarios de la industria, la banca, el comercio y el agro.

Desde el martes 26 de agosto, cuando empezaron las negociaciones, el principal ausente en los encuentros entre empresarios y sindicalistas fue el debate sobre la redistribución de la riqueza que el gobierno aún no ha querido encarar a fondo. Con la propuesta presentada por los tres representantes de la CTA, de que el salario mínimo no puede ser menor al valor de la canasta básica para una familia integrada por cuatro personas, ubicada por el INDEC en 730 pesos, se puso en evidencia que un salario de 450 pesos no soluciona el problema del ingreso y menos aún el de la pobreza.

El titular de la CTA, Víctor De Gennaro, no sólo calificó la suma acordada como inadmisible sino que criticó duramente al gobierno al afirmar que “pensaba que tenía una política clara para recuperar el salario». El dirigente de la Central opositora además se quejó de que el Consejo ni siquiera discutiera “las distintas alternativas” para subir el mínimo a 730. «Existe diferencia entre los sectores porque no entienden que esta suba en el salario es una recuperación de la dignidad», dijo De Gennaro, quien además consideró que estas actitudes son las «causantes de la desocupación y la pobreza».

Un cable de la Agencia de la Central de Trabajadores Argentinos (ACTA), del día siguiente al primer plenario del Consejo del Salario, reproduce la opinión del titular de la CTERA Hugo Yasky sobre el encuentro. Uno de los tres integrantes en el Consejo de la Central expresó que además de un aumento que alcance a los trabajadores en todo el país, se debe incorporar a la discusión la recomposición de los valores de los planes Jefes y Jefas de Hogar, “en el convencimiento de que sólo reactivando el poder de consumo será posible avanzar en una política que genere trabajo y una mejor distribución de la riqueza”.

La misma Agencia a su vez reproduce un documento elaborado por el director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Claudio Lozano. Allí explica que la heterogeneidad del cuadro salarial y de ingresos en la Argentina opera como un patrón que reproduce la injusticia, que luego se manifiesta, por ejemplo, «en que la fuerza laboral precarizada presenta ingresos promedios que son un 50% inferior al conjunto de trabajadores ocupados». Eso provoca, según este informe, que la brecha del poder de compra de los trabajadores formales respecto a los no registrados continúa expandiéndose. El informe también explica que el 83,5% de los puestos de trabajo de hasta un año de antigüedad son precarios, y eso genera “un importante deterioro de la fuerza laboral”. Tomando en cuenta que el aumento sólo afectará a los trabajadores formales, se entienden mejor las declaraciones de De Gennaro

Mientras tanto la Agencia Diarios y Noticias, en este caso propiedad del Grupo Clarín y en asociación con diarios del interior , informó que en la Argentina hay 1.500.000 jóvenes de entre 18 y 29 años que están en la calle, sin empleo ni estudio, y el 68 por ciento de ellos nunca vio a sus padres trabajar. Datos que se desprenden de un informe presentado el jueves 2 de septiembre en el Primer Encuentro Latinoamericano de Inclusión Laboral de Jóvenes, en el que participan varios países. Una parte de la realidad de un mercado de trabajo desvastado, con 15 millones de personas que integran la población económicamente activa, de las cuales sólo 4,5 millones tiene un empleo en blanco.

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se reunió luego de 11 años. Los elogios fueron unánimes para el gobierno como principal impulsor, una de las pocas coincidencias que hubo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios desde que el Consejo comenzó a sesionar el martes 26 de agosto. Claro que los motivos fueron diferentes. Los empresarios decían que un nuevo aumento por decreto podía no tener en cuenta las particularidades de cada sector, «la posición de la Unión Industrial Argentina es que los aumentos deberían ser a través de negociaciones», sostuvo el presidente de esa entidad a mediados de agosto.

Por su parte, la CGT sabía que formando parte de la negociación y con 13 de los 16 representantes, podía lavarse un poco su cara empresaria y discutir algo de las mejoras en las condiciones de empleo que colaboró a destruir durante la década del 90.

Presionados por declaraciones de Kirchner que proponía el monto del mínimo en 450 pesos, los empresarios se bajaron de los 424 pesos que pensaban en un principio conceder y aceptaron el piso del gobierno. La CGT que se sentó a la mesa con la idea de escuchar las propuestas, luego se empacó infantilmente en pedir 500 pesos, de los que se bajó recién con una comunicación directa de Kirchner con Hugo Moyano.

La mesa conformada continuará las deliberaciones. El aumento de salario fue un primer paso del trabajo de varias comisiones que conforman el Consejo que se reúne en el Ministerio de Trabajo. Además de la Comisión de Salario, también se juntarán la comisión de Productividad, Empleo, Formación y Reglamento, el 14 de este mes es la fecha fijada para su conformación.

Los empresarios ya declararon que uno de los motivos para aceptar el aumento es que la verdadera discusión se dará en la comisión de empleo, donde van a exigir medidas que bajen los costos laborales, o sea, más neoliberalismo.

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