Las aguas bajan turbias

El vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y el magnate George Soros planean apropiarse de un río en la provincia de Corrientes para un emprendimiento empresarial. El proyecto es criticado por grupos ecologistas y la norma que lo permite es cuestionada por especialistas que el propio Grupo Clarín calificaba como referentes en asuntos constitucionales.

José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y el magnate húngaro George Soros, planean apropiarse del río Ayuí en la provincia de Corrientes construyendo en su curso una represa con el fin de inundar 20 mil hectáreas para plantar arroz. El proyecto es cuestionado por especialistas de diversas organizaciones ambientalistas que aseguran que se pone en riesgo a la fauna local, y la norma que lo autoriza fue calificada de anticonstitucional por el constitucionalista Daniel Sabsay.

En su proyecto, Aranda y Soros planean construir una represa en la localidad de Mercedes y con ella inundar una zona cuyo tamaño equivale a la mitad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diversos grupos ecologistas cuestionan seriamente la construcción de esta represa y aseguran que pone en riesgo a un gran número de especies nativas y que provocarán la desaparición de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros.

En nuestro país, los ríos y sus afluentes son considerados un bien público; por lo tanto, están protegidos por los Estados nacional y provinciales. De llevarse adelante este emprendimiento sobre el Ayuí, sería la primera vez que un grupo empresario se apropia de un río. Lo que trasformaría a este proyecto en la primera privatización de un río en Argentina.

El tema ha generado que el debate exceda a los grupos ecologistas y llegue al ámbito legal. Esto provocó que referentes que parecían tener la verdad revelada para el Grupo Clarín hoy sean ninguneados.

Durante el conflicto entre el Gobierno y las patronales agropecuarias, TN, Canal 13 y el diario Clarín, recurrieron constantemente a Daniel Sabsay como fuente calificada de consulta señalándolo como un experto constitucionalista. En aquel momento se planteaba saber si la Resolución 125 era inconstitucional o no. A pesar de haberlo puesto durante meses como una de las voces más autorizadas para explicar cuál norma es constitucional y cuál no, hoy todo el Grupo Clarín hace oídos sordos a las declaraciones de Sabsay a quien no se le concede ni un segundo en los canales del monopolio, ni un mínimo recuadro en el “Gran Diario Argentino”.

Sin embargo, Sabsay -que además de ser abogado constitucionalista, es presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales- declaró: “esta represa es ilegal. Está viciada desde el origen. El gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto el ordenamiento territorial de bosques que posibilita su construcción, y eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Corrientes, porque una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos no puede ser saldada con un decreto”.

“Está en tela de juicio la autorización de la represa. Hay muchas voces disonantes al respecto. Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental. Pero va más allá de lo ambiental, desde el punto de vista del derecho”, concluyó Sabsay.

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