La verdad no da miedo: concientiza

La economía internacional está en crisis. Como dijo el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, “no es el mejor de los mundos para nuestro país”.

En este mundo tan complejo, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno comprometido con la preservación del empleo y con gran sustento popular o un gobierno con menos sustento parlamentario y más dificultades para seguir con el programa de mantener los empleos conseguidos y crear otros nuevos?

Los trabajadores de prensa debemos tener memoria en las próximas elecciones del 28 de junio para no dejarnos confundir por los mariscales de la derrota, que siempre esperan volver para hacer lo que mejor saben hacer: desastres.

Para comprender esto sólo basta recordar las cosas que ya hicieron cuando estuvieron en el Gobierno. Las vivimos de cerca: la liquidación y disolución de Télam SAIyP y ATC SA ejecutada por el presidente De la Rúa y la Alianza a través del Decreto Presidencial 94/01, que dejaba a 650 familias sin fuente de trabajo, por citar un ejemplo.

Sin embargo, éste fue sólo uno de los eslabones que tanto los radicales conservadores como el neoliberalismo agazapado comenzaban a unir en su larga cadena de desaciertos.

Así, personajes que trabajaron junto al proceso militar, como Elisa Carrió –funcionaria del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el gobierno del Coronel R.E. Antonio Serrano durante la dictadura–, miraban al costado mientras nos desmantelaban. También fue el caso de Leopoldo Moreau, por entonces senador nacional, quien luego de cuatro horas de espera no recibió a los compañeros de Télam.

Otro personaje de la época fue el ministro de Economía, José Luis Machinea, quien dispuso el recorte del 12 al 15% a los salarios de empleados estatales.

Respecto de la Agencia Télam –que en el marco del ajuste llegó a correr peligro de liquidación– Machinea dijo que “ésta será reorganizada, con el cierre del área de publicidad y la venta del edificio donde tiene su sede central, en el centro de Buenos Aires”.

En marzo de 2001 comenzaba la fuga de depósitos en los bancos y en menos de 3 meses se habían perdido más de U$S 5.000 millones.

Ante el catastrófico derrumbe De la Rúa optó por cambiar de ministro de Economía. Designó a Ricardo López Murphy, quien anunció recortes de 361 millones de pesos a las universidades del Estado y otro de 341 millones para el 2002, y transfirió 550 millones de pesos que correspondían al pago del último aumento docente de las provincias. Así también, se eliminaron becas, subsidios y pensiones graciables y se quitaron recursos para la ANSeS y el área de Salud.

En materia de impuestos se eliminaron exenciones al IVA para la TV por cable y espectáculos artísticos y deportivos. Se estudió la eliminación de los subsidios a las naftas patagónicas y al tabaco para las provincias del norte. Esto se complementaba con la reducción del 30 por ciento del empleo público y el proyecto de vender la AFJP Nación, la Casa de la Moneda y la transferencia a manos privadas de la Lotería Nacional.

Ante semejante panorama eyectaron a López Murphy, quien aparece hoy como uno de los miembros de la “nueva oposición”, y convocaron “al padre de la convertibilidad” Domingo Cavallo, quien se encargaría de terminar la pulverización de la economía y el país.

Una de las medidas resueltas por el Ejecutivo fue el recorte del 13 por ciento de los salarios de empleados estatales, jubilados y pensionados, que se concretó con la sanción de la Ley 25.453 de “Déficit Cero” aprobada por la mayoría radical, entre ellos los hoy candidatos Luis Brandoni y Margarita Stolbizer.

A esto se sumó la poda del 13 por ciento en todas las asignaciones familiares que cobraban todos los trabajadores públicos y privados, los beneficiarios del seguro de desempleo y los planes de empleo, como el Trabajar. Solo siguieron cobrando el 100 por ciento del salario familiar los jubilados con haberes inferiores a los 500 pesos.

En diciembre de 2001 se impuso mediante el decreto 1570 el llamado “corralito”, una restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, imponiendo una retención forzada de los depósitos y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones, a través del uso de la tarjeta de débito.

Tenemos derecho a formular una pregunta: ¿Dónde estaban el senador Gerardo Morales, Julio Cleto Cobos, el entonces vicegobernador bonaerense –y gobernador a partir de 2002– Felipe Solá, la ministra de Trabajo de De la Rúa y actual diputada Patricia Bullrich, el entonces empresario Francisco de Narváez y otros tantos?

¿Son estos personajes, que hoy se autodenominan “la nueva oposición”, la bocanada de aire fresco que necesita el país?

No nos pueden engañar más. Quieren llegar al Congreso para realizar medidas como las que tomaron cuando fueron mayoría, siempre contra los trabajadores y el pueblo.

Por eso, debemos tener intacta la memoria para recordar que en el 2003, con el voto del 22 por ciento del electorado, comenzamos a salir de la desintegración del país, gracias a políticas diametralmente opuestas a las que aplicó la Alianza. Debemos demostrarle a la oposición que el 28 de junio seguiremos apoyando un proyecto de país, un proyecto de vida.

El mundo está en crisis. La Argentina tiene que defenderse con toda la fuerza posible. Cuenta el voto de cada ciudadano. Tengamos presente que un error al momento de votar podría influir para que todo lo que se consiguió hasta ahora quede en peligro. Por suerte la democracia permite optar entre la continuidad de un proyecto productivo, por un lado, y por otro, la vuelta de gente que tomaría medidas trágicas: las que ya aplicaron y llevaron a la desigualdad y la miseria.

La verdad no da miedo: concientiza.

El comunicado lleva las firmas de Luis Giménez y Daniel Lauro, Secretarios General y Adjunto del SITRAPREN.

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