La Universidad Pública después del Menemato. Cómo es el debate entre el Gobierno y los rectores.

Por Causa Popular.- El último miércoles el Presidente Néstor Kirchner recibió a los rectores de las 37 Universidades Nacionales que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante el encuentro Kirchner firmó un convenio a partir del cual se le otorgarán 61,7 millones a 22 universidades nacionales, como parte de la primera etapa del plan de obras públicas. Los rectores por su parte, agradecieron el aumento indirecto, pero no pudieron plantearle al presidente que lo consideraban insuficiente. Según los rectores los 2400 millones de pesos presupuestados para el 2005 deberían incrementarse en 1200 millones más para mejorar los salarios de docentes y empleados, el equipamiento, las bibliotecas y los subsidios a ciencia y técnica, entre otros puntos.

El encuentro resultó ser el epílogo de las discusiones que protagonizaron funcionarios del gobierno nacional y rectores universitarios en torno a la autonomía universitaria y la función social de la universidad, debates olvidados tras las políticas neoliberales que bregaron durante años por subordinar las universidades públicas a las necesidades del mercado.

La jornada de los rectores universitarios comenzó por la mañana cuando en una extensa reunión presidida por su titular Luis Fernández, rector de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), discutieron los criterios para distribuir el dinero que les iba a destinar el gobierno por la tarde. Al finalizar su reunión, se dirigieron al Senado para pedirles a los legisladores de la Cámara Alta que «se haga efectiva antes de fin de año» la continuidad del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (CyT), de 35 millones de pesos.

A pesar de los anuncios, el CIN reclama un aumento en el presupuesto de varios millones más: 308 para funcionamiento, 720 para aumentar sueldos, otros 35 para ciencia y técnica, unos 200 para “blanquear” estímulos salariales y 30 por los programas que maneja el Ministerio de Educación. Los rectores llevaron en su paso por los despachos del poder ejecutivo y el legislativo, un informe que argumenta las precarias condiciones presupuestarias en las que se encuentran las Universidades Nacionales, y demostrar de esta manera lo insuficiente que resultan los 2400 millones asignados para el 2005.

Elaborado por el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos Eduardo Asueta, el informe publicado parcialmente por un matutino nacional, da cuenta de lo sucedido con el presupuesto universitario durante los últimos 10 años. Entre otros indicadores el informe señala que por cada peso que se ponía por alumno en 1994, hoy las universidades cuentan con 33,46 centavos para cada uno de sus 1.412.637 alumnos, sumando 478 dólares al año, mientras que Uruguay invierte 2057 dólares, Paraguay 4012, mientras que Brasil, el principal de los socios estables en el Mercosur, invierte 11.946 dólares al año por estudiante.

El paso del neoliberalismo no pasó desapercibido por las casas de altos estudios. A pesar de que diversos intentos de desfinanciar a las Universidades Públicas fueron resistidos por estudiantes y docentes en las calles, acompañados por un alto consenso social, el Estado Nacional fue reasignando partidas presupuestarias destinadas a la educación pública al calor de las exigencias del Banco Mundial, quien recomienda desde hace años su arancelamiento.

El informe aprobado por el CIN demuestra que cuando la recaudación tributaria sumaba 31.441 millones en el 94, el presupuesto universitario era de 1395 millones. Ahora ese presupuesto es de 2028 millones, mientras que este año ingresarían a las arcas del Estado 72.946 millones.

Si el porcentaje se hubiese sostenido, este año las universidades hubieran recibido 3238.

Pero finalmente ninguno de estos planteos pudieron ser escuchados por Néstor Kirchner quien de todas formas no obvió los cuestionamientos y declaró: “Vamos a seguir respaldando la tarea de consolidar la política universitaria para apuntalar investigaciones, bibliotecas, carreras prioritarias y programas, que es lo que ustedes querían (…), estamos dando respuestas claras y concretas para tener un país mejor y, en este caso, tener un país universitariamente federal”.

Los rectores agradecieron al presidente, pero en declaraciones posteriores mantuvieron las mismas demandas con las que entraron a la Casa Rosada.

Autonomía y responsabilidad social

Una de las novedades que mostró el CIN fue la presencia del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que ante la ausencia de su rector Jaime Echeverri, quien se encuentra de viaje, participó de las reuniones que mantuvo el Consejo Interuniversitario con los senadores y el Presidente. La UBA había tomado distancia del CIN luego de que éste acordara con los planteos de un documento elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Según las autoridades de una de las universidades más importantes de Latinoamérica, el contenido de este documento vulneraba la autonomía universitaria consagrada en la reforma de 1918.

El trabajo elaborado por el secretario Juan Carlos Pugliese planteaba como uno de sus principales ejes la necesidad de que la universidad responda a las necesidades de “la hora de la Argentina”, y que para esto trabaje para funcionar mejor. Algo que fue reafirmado hace unos días atrás desde el propio poder ejecutivo cuando se reclamó que en Argentina se formaban pocos ingenieros. La reacción de la UBA ante estos lineamientos reavivó el debate sobre el significado de la autonomía universitaria y la función que esta debe cumplir en los cambios sociales más profundos.

La universidad más grande del país fue el principal actor en las movilizaciones que pararon los recortes presupuestarios pretendidos por Cavallo y López Murphy, y una de las pocas universidades nacionales que se mantuvo con una importante independencia de los embates del mercado y el Banco Mundial para arancelar la educación pública. La autonomía universitaria que aportó herramientas importantes en los momentos de resistencia, hoy puede estar trabando el profundo debate con el que los universitarios deberían protagonizar los cambios que pueden estar atravesando hoy al país.

En relación a la autonomía universitaria, el intelectual chileno Miguel Rojas Mix declaró a un importante diario nacional que «Cuando era estudiante, la autonomía correspondía al derecho de asilo frente a las persecuciones de la policía. Cuando era profesor, la autonomía consistía en la libertad de cátedra, nos defendía de un Estado intrusivo. Pero desde la llegada del neoliberalismo, al Estado dejó de interesarle la universidad. Hoy casi tenemos que pedirles a los gobiernos que se interesen por ella. La autonomía está menos amenazada por el Estado que por los poderes fácticos del mercado.»

En el debate entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Buenos Aires subyacen algunos planteos que dan cuenta de los embates que aún el mercado pretende dar sobre la educación. Entre las propuestas impulsadas por la Secretaría de Políticas Universitarias se encuentra la de crear ciclos comunes para familias de carreras. Un viejo proyecto del Banco Mundial para establecer ciclos comunes de 2 años a todas las carreras con un título intermedio, y reducir la carrera de grado a dos años más, para fomentar una mayor afluencia de estudiantes a los postgrados que hoy están arancelados en su totalidad.

“El aporte principal de la universidad debería ser recuperar su responsabilidad social” expresó el Ministerio de Educación en el documento de la discordia.

El debate llega a buena hora, la universidad pública debe ser uno de los actores fundamentales en la transformación del modelo cultural, político y económico de los 90.

Sin embargo, la reacción de la UBA debe llamar la atención ante la posibilidad de que estos objetivos a primera vista innovadores traigan en el fondo las mismas recetas que expresan combatir.

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