La transición energética y el dominio sobre los recursos estratégicos son temas centrales de la economía mundial del siglo XXI. China, Estados Unidos y Alemania lideran el sector que promueve un cambio de paradigma del sistema energético, el cual implica modificaciones tecnológicas, programas de inversión y cooperación, así como formación de recursos humanos, según los intereses y objetivos de los países centrales, las corporaciones transnacionales y los organismos internacionales. Esta dinámica condiciona el desarrollo, planificación e implementación de políticas energéticas en los países periféricos, que en el tablero mundial tienen menores capacidades de negociación y en el aspecto interno muestran marcados índices de desigualdad económica, social y de géneros.
Actualmente, se asiste a una suerte de consenso global sobre la necesidad de modificar el patrón energético en virtud del calentamiento global y el cambio climático, situación que se da en un marco en que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo energético. A nivel mundial los combustibles fósiles siguen siendo la fuente más utilizada de energía, en torno al 70% de la generación neta de hoy. En este sentido, el alto grado de vinculación entre el dióxido de carbono y la temperatura global explica la necesidad de reducir las emisiones de carbono, dado que el uso de combustibles fósiles representa el 40% de estos GEI.
En los países periféricos, el impacto negativo del cambio climático se suma a las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y dependencia que complejizan la viabilidad y racionalidad en la planificación y uso de alternativas al sistema energético dominante. Dicho sistema incluye tanto a los hidrocarburos como a las energías y las tecnologías renovables, las cuales funcionan como componentes de un modelo de consumo y “desarrollo” liderado y promovido por los Estados y corporaciones de los países centrales. Tal es así que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las principales fuentes de financiamiento de América Latina, estableció que para el 2023 todos sus préstamos y proyectos estarán completamente alineados con el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre cambio climático jurídicamente vinculante para Argentina, al cual se suscribieron otras ciento noventa y tres partes (ciento noventa y dos países y la Unión Europea), que tiene por objeto “reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global”.
En América Latina la crisis ambiental y las desigualdades sociales tienen su reflejo en el ámbito energético, ya que mientras una minoría puede financiar la instalación de paneles fotovoltaicos o adquirir un auto eléctrico o híbrido, la mayoría de la población depende de energía sucia o transportes contaminantes para desarrollar sus actividades productivas y reproductivas. A pesar de esta situación, la paradoja está dada por el hecho de que en términos globales la huella de carbono de los países latinoamericanos está muy por debajo en comparación con la de los países centrales. En tanto las emisiones contaminantes, los GEI que generan los hidrocarburos y el uso de los recursos estratégicos dependen del crecimiento económico y de la capacidad de desarrollo tecnológico de un país.
Emisiones CO2 toneladas per capita 2020
En la región, existe una precarización de las condiciones de vida de millones de personas que no solo está vinculada con la falta de acceso a servicios públicos –como la energía–, sino también al gasto excesivo de los ingresos económicos familiares para acceder a esos servicios o al acceso limitado por debajo de los estándares que garantizan un uso de la energía mínimo para el desarrollo de la vida. Se estima que el 12% de la población de la región -más de 76.800.000 de personas- utiliza fuentes de energía no limpia para los servicios energéticos, destacándose en este aspecto: Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Paraguay; en Argentina fuentes oficiales estiman que alrededor de 9.000.000 de personas se encuentran en situación de pobreza energética (CEPAL, 2021; Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina, 2021). Este marco encuentra a la Argentina en un contexto social y económico complejo, con una significativa proporción de la población en situación de pobreza, ya que, según el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer trimestre del 2022 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 27,7%; en ellos reside el 36,5% de las personas.
Respecto a la relación gasto-energía-ingresos existe una marcada inequidad distributiva de la economía, pues, a pesar de gastar menor cantidad de energía, los sectores menos favorecidos gastan una proporción mayor de sus ingresos en ella. En otros casos, para acceder a la energía se recurre a la leña o a la conexión clandestina, que, si bien disminuye el gasto energético, aumenta los peligros para las y los usuarios. Por su parte, la distribución desigual de tareas de cuidados desde un enfoque energético se refleja en la mayor cantidad de tiempo que pasan mujeres, niñxs y personas mayores en la vivienda, lo que se traduce, entre otras cosas, en una mayor exposición a la contaminación intradomiciliaria producto del uso de energía de biomasa en fuentes abiertas a la vivienda. El informe Contaminación del aire ambiente: Una evaluación global de la exposición y carga de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que en tan solo un año la contaminación del aire doméstico por combustión de fuentes energéticas deficientes es causante de 4.300.000 de muertes mundiales y que el 60% de las muertes prematuras por contaminación intradomiciliaria son de mujeres y niños debido a la mayor exposición a combustibles de mala calidad durante más tiempo al interior de la vivienda.
Un estudio reciente de la Agencia Internacional de Energía, con sede en Francia, estimó que la transición energética, es decir, el cambio del paradigma energético hacia un sistema de producción, distribución y consumo de la energía, que reduzca los GEI generará alrededor de 14.000.000 puestos de trabajo para 2030 a nivel mundial debido al aumento de las inversiones en energía limpia y nuevas actividades del negocio energético. Por su parte, aclara que estas inversiones serán realizadas por los países en los sectores de transporte, electromovilidad y en la construcción para la remodelación de edificios. Frente a este contexto, la generación de electricidad limpia, la infraestructura de red y el uso final que le dan los sectores a la energía son áreas estratégicas de inversión, en tanto la infraestructura y las tecnologías habilitadoras son vitales para transformar el sistema energético.
Vale preguntarse cómo impactará el paradigma económico de la transición energética en los países periféricos con marcados índices de desigualdad social. En otras palabras: ¿La transición energética es o será igual en los países centrales que en los periféricos? ¿No hay ahí también una división internacional del trabajo? ¿Cómo se inserta América Latina en la transición energética? ¿Puede dejar de ser proveedora de energéticos y recursos estratégicos y plantear su propia estrategia regional? Ya que, indudablemente, la disputa por recursos energéticos (incluidos los minerales y agua necesarios para las tecnologías de energías renovables) forma parte de la competencia entre potencias y potencias emergentes, planteando un desafío para la soberanía de los Estados en materia de recursos estratégicos, en particular de los Estados periféricos con menor poder de negociación en la arquitectura institucional internacional.
Al respecto, Diego Hurtado, Secretario de Planificación y Política Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación expresó: “el punto de la transición energética es que terminamos compitiendo con los de siempre, con China, Estados Unidos y Alemania. La transición energética es una ventana de oportunidad pero no viene regalada, no es espontánea, hay que construirla con política exterior, con posicionamiento regional y con apoyo a la industria local. Es una ventana de oportunidad si tenemos las capacidades de coordinación institucional y si tenemos las empresas dispuestas a trabajar en asociatividad con el Estado”.
Más allá de que la inversión anual mundial en redes de transmisión y distribución, se calcula en 260 mil millones de dólares en la actualidad, proyectándose a 820 mil millones de dólares en 2030 (Agencia Internacional de la Energía, 2021). La incapacidad de proveer acceso a la energía es un problema que continúa en muchas partes del mundo y se puede profundizar. Por un lado, puede entenderse que la transformación del empleo en el sector de energía y las inversiones complementarias son oportunidades para que la modificación del mercado de trabajo sea también equitativa desde el punto de vista de género (Soto, Hallack y Johnson, 2021). Por otro lado, se hace necesario analizar cuál es el grado de aplicabilidad del paradigma económico de transición energética de hidrocarburos a energías renovables en autos y casas en el sur global, donde para el año 2030 se estima que aumentará el número de personas sin acceso a electricidad, llegando a 691.000.000 de habitantes, y de no revertirse el paradigma las más desfavorecidas serán nuevamente las mujeres.
A estas alturas, no sólo hay que preguntarse respecto a la inserción regional del continente en la transición energética, sino resulta necesario reflexionar sobre cuáles son las acciones que deben generarse en materia de energías para que millones de mujeres que trabajan en cuidados accedan a condiciones dignas del trabajo que realizan. Porque si bien es cierto que en la división del trabajo a las mujeres nos ha tocado una mayor cantidad de trabajos no remunerados, también es cierto que estos se realizan en condiciones de extrema vulnerabilidad social que debe revertirse. Por ello, el fenómeno de pobreza energética representa el verdadero problema a resolver para los países de la región para alcanzar condiciones de igualdad social.
En Argentina estamos en un punto de inflexión y en un momento único e irrepetible ya que van a ingresar dos actores en la economía que antes no estaban: Vaca Muerta y el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Por su parte, respecto al mineral litio existen proyecciones de generar ingresos de aquí a cinco años de más cuatro mil millones de dólares anuales. Además, se estima que con el gasoducto funcionado habrá condiciones de exportar energía que no sólo permitirán mejorar el desempeño comercial energético en la balanza de pagos, sino que tendrán la capacidad para reducir los costos hasta cuatro veces en las industrias nacionales (INTI, 2022). Dado que la matriz energética en Argentina es un vector central del desarrollo económico nacional, la política económica y la política energética deben tener un enfoque conjunto y articulado (Res. 1036/2021). En otras palabras, la política económico-energética si bien muestra potencial para cambiar nuestra matriz del crecimiento económico debe promover el desarrollo desde un paradigma que no reproduzca las desigualdades preexistentes. Esto quiere decir que el crecimiento económico proyectado no debe fortalecer la brecha entre ricos y pobres, ni las desigualdades entre varones y mujeres en materia laboral, salarial, económica y social.
La paridad de género en el sector energético: un desafío
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables de Argentina (AMES) realizaron el primer estudio sobre Género y Energía en Argentina con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la participación de las mujeres en el sector de energía eléctrica. Si bien el informe del BID recupera los Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030 establecidos en la Resolución 1036/2021 de la Secretaría de Energía de la Nación, que plantea como un objetivo en materia de inclusión “asegurar la asequibilidad de los servicios energéticos, atendiendo, especialmente, a la situación de los sectores socioeconómicos más vulnerables, incorporando la visión sobre las desigualdades de género” y como lineamiento estratégico en el desarrollo energético federal la “equidad territorial y de género en el desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales”, este primer diagnóstico sobre género y energía en Argentina no genera indicadores sobre el acceso a la energía eléctrica de las mujeres, sino más bien pone el foco en datos cuantitativos de un conjunto de empresas generadoras de energía en nuestro país.
En este trabajo, se recolectaron datos sobre: (i) la cantidad de mujeres que trabajan en el sector generador de energía eléctrica, (ii) la distribución de las tareas en las diferentes áreas de las empresas, (iii) los puestos y cargos jerárquicos y (iv) las políticas de género que se aplican en cada una de las empresas relevadas. La muestra se realizó a través de encuestas que completaron catorce empresas que integran la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA), cuya potencia instalada suma 12.492 MW, es decir, las empresas relevadas representan el 31% del total de la capacidad instalada del sector eléctrico nacional: “el estudio procuró contar con una muestra representativa en términos de tamaño y tecnologías de generación” (BID, 2022).
i) El 80% del personal contratado por las empresas es varón
Según los datos relevados, se observa que más del 80% del personal contratado por las empresas es varón, inclusive su participación llega al 91% en empresas grandes. Por su parte, las mujeres tienen más participación laboral en medianas (17%) y en pequeñas empresas (15%). Asimismo, si se desagrega la participación laboral entre varones y mujeres por tipo de tecnología de generación, el estudio refleja que la participación de las mujeres está concentrada en energías renovables no convencionales como la solar y eólica, sin embargo, en las empresas generadoras de energía renovable, el 30% de las mujeres están empleadas en puestos STEM, mientras que el 76% de los varones están trabajando en alguna posición con estas características. Es decir, se observa una brecha considerable entre mujeres y varones en lo relativo a los puestos con formación técnica en la generación de energía renovable.
ii) En los cargos de toma de decisiones en las empresas de generación eléctrica una de cada diez personas es mujer
Las desigualdades de género segmentadas de manera vertical en el análisis evidencian que “al mirar la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, esta disminuye a medida que incrementa el tamaño de la empresa” (BID, 2022). En otras palabras, a medida que las empresas incrementan su tamaño las posiciones que ocupan las mujeres en sus cuerpos directivos disminuye. Por ejemplo, en MiPyMes, 1 de cada 8 personas en cargos de toma de decisión es mujer, pero en empresas grandes 1 de cada 10 personas en dichos puestos es mujer. El informe concluye que “las opiniones divergen entre mujeres y varones cuando se les pregunta su opinión sobre la existencia de barreras para que las mujeres accedan al sector. El 70% de las mujeres opinan que sí existen barreras que les impiden participar en el sector de generación eléctrica, mientras que el 66,6% de los varones opinó lo contrario” (BID, 2022)
