Por Causa Popular.- La multinacional estadounidense MONSANTO no se conforma con la destrucción de los campos argentinos y las ganancias multimillonarias que le deja la comercialización de la soja transgénica. Argentina es actualmente el segundo productor de soja transgénica detrás de los Estados Unidos, y el primer exportador de aceite y harina de soja. La empresa biotecnológica pretende cobrar una suma de dinero por tonelada de soja transgénica que se exporte desde Argentina, en concepto de patente por su invento genético. Si Argentina se niega, MONSANTO tiene previsto trabar los embarques en los países de destino, donde sus derechos están legalmente reconocidos. Ahora buscan llegar a un entendimiento con los agricultores nacionales, pero a pesar de la oposición oficial han quedado demostrados los planes que tantas organizaciones vienen denunciando y que muchos no quisieron escuchar. Ahora están golpeando sus puertas.
Entre las entidades que agrupan a los productores del campo la primera en plantear su rechazo a la propuesta de MONSANTO fue la Federación Agraria Argentina (FAA), presidida por Eduardo Buzzi, que calificó de «inaceptable» la pretensión de la empresa.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, por su parte declaró que «estamos en condiciones jurídicas y morales de no aceptar el esquema de pago de regalías porque consideramos que estas empresas ya han recibido mucho de nuestro país y pueden darse por bien pagas». Los términos de la discusión parecen intentar ocultar la realidad del Campo Argentino y su estructura dependiente.
Campos hacía referencia a que la soja es el grano de mayor producción del país, con más de 30 millones de toneladas anuales, y de acuerdo al valor que se fije, la recaudación de la multinacional puede sumar varios millones de dólares al año. Luego de las primeras voces de rechazo, la multinacional monopólica publicó una solicitada en los principales diarios del país explicando los motivos de su afán insaciable: reclama el pago de regalías por su invento de la soja resistente al herbicida glifosato del cual es también principal proveedora.
En su declaración, MONSANTO insistió en la necesidad de establecer un «modelo de negocio» confiable que asegure una «retribución razonable» a las empresas que invierten en la obtención de nuevas variedades de semillas transgénicas. La empresa señaló que su intención es adoptar un sistema que le permita cobrar su patente a partir de la cosecha 2004/05 en Argentina como lo hace en otros países productores. El jueves 16 Miguel Campos salió al cruce de estas pretensiones y expresó que el sistema de pago propuesto por MONSANTO «es inaceptable» por motivos «jurídicos y morales».
Como contra propuesta Campos redactó un proyecto de ley de «regalías globales» que contempla la creación de un «fondo fiduciario» con aportes de los productores para pagar derechos a los proveedores de semillas, pero MONSANTO se diferenció de los semilleros reclamando el cobro de su patente sobre el gen transgénico. El proyecto oficial fue cuestionado por agricultores y semilleros y actualmente está «a estudio» en el Ministerio de Economía, cuyo titular, Roberto Lavagna, destacó que la resolución del tema «es de gran importancia porque incidirá en el desarrollo de la agricultura argentina de los próximos veinte años».
El “fondo fiduciario” que propone Miguel Campos, contempla un pago, por parte de los productores, del 0,5 por ciento del valor de la tonelada en la «primera venta de granos», a acopiadores y exportadores, para amortizar las inversiones de los creadores u “obtentores” de semillas. Por el contrario la multinacional pretende que los agricultores le paguen una suma fija por tonelada de soja transgénica exportada y amenaza con trabar la descarga de los buques argentinos en los puertos de destino si no logra el cobro de la regalía en el país. Campos no descartó la posibilidad de que el Estado argentino inicie acciones legales contra MONSANTO, pero aseguró que «brindará asesoramiento y respaldo jurídico» a los productores que se nieguen a pagar. «No discutimos la suma por tonelada, lo que rechazamos es el procedimiento», enfatizó.
Argentina en los últimos años dejó de lado la producción de alimentos para consumo humano y comenzó una tendencia hacía el monocultivo de soja para la exportación a China o Europa en donde se convierte en alimento para la cría de animales. Las retenciones por la exportación de soja es una de las cajas principales que tiene el gobierno para alcanzar los 15.430,7 millones de superávit actuales. Según informó Clarín la soja aportó 10.000 millones de dólares a las exportaciones argentinas y el Estado se quedo con 2.000.
Este contexto es el que le da a MONSANTO un poder importante y deja en evidencia la dependencia en la que se encuentra la argentina. La multinacional estadounidense tiene el control monopólico de la producción de semillas transgénicas fundamental para que cierren las cuentas del Estado nacional. En 1994 se autorizó el cultivo de soja RR (resistente al herbicida Round UP) acelerándose así el cultivo llegando a un récord histórico. Hasta ese momento los propios productores podían reproducir las semillas transgénicas, debido a que el negocio de Monsanto estaba en la venta del herbicida. Una vez que la soja RR fue instalada, MONSANTO la patentó y exigió que le sea comprada cada año.
Otro factor a tener en cuenta es la dependencia tecnológica que genera el cultivo de soja transgénica. Este cultivo se realiza mediante el sistema de siembre directa para el cual el productor necesita estar equipado con alta tecnología, la que implica un alto costo. Esto produce una importante concentración de la tierra mediante la compra, el arrendamiento o la compra forzosa de las tierras del pequeño campesino que no esta en condiciones de acceder al crédito para contar con la tecnología necesaria.
Mientras los campesinos se empobrecen, MONSANTO obtiene ganancias multimillonarias, pero no se conforma y viene por más.
