La tragedia de Cromagnón y el canibalismo de la república mediática

Por Causa Popular.- Muy pocos temas de actualidad tuvieron y tendrán la cobertura mediática que se desplegó sobre la masacre de República Cromagnón. Regueros de tinta, minutos de radio y televisión se volcaron a informar y opinar sobre la tragedia no natural más importante de la historia Argentina. Pero cantidad no es sinónimo de calidad. El incendio que enlutó a todo un país además de dejar una vez más al descubierto un Estado obsoleto para velar por el bienestar de sus ciudadanos, desnudó las desidias de las empresas periodísticas cuya única lógica es la ganancia.

Violación de la intimidad de los familiares, operaciones políticas, defensa corporativa de la lógica empresaria, desvalorización y manipulación de las movilizaciones, son sólo algunas de las características de la cobertura de la masacre que dejó hasta el momento 190 muertos y amenaza la gobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Un gobierno al que estas empresas observarán pasar, para luego analizar como acomodarse y seguir obteniendo ganancias con el que lo suceda.

Fundamentalistas del rating, nada detiene a las empresas periodísticas a la hora de alcanzar el panteón de los elegidos por los espectadores. Desde que los medios de comunicación de masas dejaron de cumplir una función social todo lo que producen está constituido por la lógica de la mercancía. Sólo sirve aquello que vende, o sea, aquello que en el mercado de los bienes simbólicos tiene un valor de cambio superior al ofrecido por los otros productores de los mismos bienes que compiten con ellos.

Luego y durante la masacre de Cromagnón quedó bien claro: el fin justifica los medios. Movileros detrás de una madre desesperada que buscaba el viernes por la tarde a su hijo desaparecido, el servicio informativo de una radio que se jactaba por la exclusiva de haber obtenido una grabación desgarradora que dejó en el contestador de su casa una adolescente desde su celular segundos después de haberse salvado de milagro, micrófonos tomando el llanto y los gritos de madres, padres y familiares de los chicos muertos en Once que peregrinaban por lo hospitales sin perder la esperanza.

La lista podría llevar varias líneas y cada una de ellas denotaría la misma lógica: un despreció por el dolor de los sobrevivientes y los familiares de las victimas.

Cuando los multimedios que conforman el escenario mediático argentino cubren un hecho en cadena como sucedió con esta masacre, la competencia se agudiza y la búsqueda de la primicia y la cobertura diferente respecto a los competidores se vuelve aún más obsesiva a lo que es diariamente.

Desde que en la década del 90 se concentraron las empresas de comunicación esta competencia es aún más encarnizada. Cuanto mayor es el rating, también lo es el dinero que ingresa en estas empresas en concepto de publicidad. Cada punto de rating se mide en miles de dólares y hasta 190 muertes evitables como las de Cromagnón son susceptibles de mercantilizarse con este fin.

Claro que, como pasa con miles de los locales bailables y espacios públicos privatizados en los que se concentran miles de personas, el Estado sólo los observa y obedece. Serán sus dueños, en última instancia, fundamentales para que estas autoridades estatales, elegidas por la población pero renovadas día a día por otros actores, mantengan su espacio de poder inalterado.

No es una novedad que los multimedios se han convertido en un poder de hecho, que nadie eligió, pero que son capaces de instalar agendas, y hasta cuenta con la potencialidad de desestabilizar gobiernos. De la mano de los favores legales del menemismo estos se han consolidado, y acumulan fortunas y poder en nombre de la opinión pública y la libertad de prensa.

Una oportunidad desaprovechada

Producto de la gran cantidad de público que la observa y del dinero que circula a través de ella en concepto de publicidad, la televisión se ha convertido en el medio que domina, y al cual se subordinan, los restantes soportes mediáticos. Será por ello que el gobierno de Néstor Kirchner decidió renovar las licencias de los canales que vencieron en el 2004. Las frecuencias de radiodifusión son públicas y están concesionadas por el Estado.

La adjudicación para la explotación de las frecuencias públicas se otorgaron en 1989 a canal 11 y a canal 13, mientras que en ese año fueron renovadas las del 2 y el 9, estos últimos privatizados en 1983 cuando aún gobernaban los militares. La adjudicación fue por 15 años y caducaron en el 2004.

El muy probable que las casi 200 muertes en República Cromagnón sea el comienzo del fin del gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires, así lo determinará seguramente la ciudadanía en las elecciones venideras.

Sin embargo no pasará lo mismo con los medios masivos de comunicación que renovaron sus licencias de la principal caja de recaudación que significa la televisión, y su poder se mantiene intacto, elecciones tras elecciones y crisis tras crisis.

En el 2001, cuando el sistema político perdía su legitimidad para continuar gobernando al grito del que se vayan todos, los medios de comunicación eran cuestionados en las paredes porteñas con graffitis como: “nos mean y los medios dicen que llueve”.

De La Rua tuvo que salir en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada, pero los dueños de los medios siguen en enriqueciéndose jugando con la conciencia y las vidas de los argentinos como si nada hubiera pasado.

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Tucumán: “Durante días los militares se dedicaron a tapiar las villas de la ciudad y a cazar mendigos. Los subieron en un camión militar y los arrojaron en los descampados de Catamarca. La abismal desolación de esos parajes da cuenta de la crueldad de la limpieza.” Por Carlos Zeta
“Con otros instrumentos, los mismos resultados”. La pasión del eterno retorno de hundir una y otra vez a un país entero. Por Raúl Dellatorre
Santa Fe no debería endeudarse para hacer obras críticas en infraestructura de exportaciones si existiera la coparticipación de retenciones al complejo oleaginoso, que estuvo vigente desde 2009 hasta la vuelta del FMI. Por Gustavo Castro.