De la Redacción de ZOOM. Brasil es el segundo exportador mundial de soja, con 25,6 millones de toneladas en 2006-2007 e
ingresos millonarios por exportaciones. Como en Argentina y otros países, el debate sobre el avance de este cultivo genera polémicas y tensiones, a pesar de las cuales el gobierno espera
un aumento de la producción.
Deforestación, degradación de los suelos y alteraciones en el régimen de lluvias son denunciadas por quienes se oponen a una sojización de la agricultura, en tanto otras fuentes rechazan por completo esas afirmaciones.
Se trata de un negocio que, dicen varios críticos, propicia la «transnacionalización» de la tierra, con participación de grandes grupos multinacionales. El ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, estimó que Brasil puede tornarse el mayor exportador sojero en los próximos años, desplazando a Estados Unidos, y pronosticó que en 2017 se llegará a 50 millones de toneladas vendidas al exterior.
La exportación de soja generó ingresos por 11.300 millones de dólares en 2007 y la producción en 2008 llegará a 60 millones de toneladas, según Roberto Rodrigues, director del departamento
Agronegocios de la Federación de Industrias de San Pablo. El experto destaca el «sorprendente boom» de la soja brasileña, que en los ‘60 apenas se producía en el estado de Rio Grande do Sul y era destinada sólo al consumo interno, como un cultivo que se rotaba con el trigo.
En los años ‘70 se expandió a San Pablo (sudeste), donde era rotada con plantíos de maní, y luego a Paraná, otro estado del sur. Fue en los ‘80 y ‘90, junto a la segunda revolución verde y gracias a estudios de la Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias, cuando la soja llegó al centro-oeste y parte del norte, dos regiones que forman parte de la Amazonia.
Los científicos desarrollaron semillas de soja adaptables a climas subtropicales y tropicales, y al tipo de suelo colindante con la floresta amazónica, como en Mato Grosso y Goiás. También se expandió el empleo de semillas genéticamente modificadas producidas por grandes compañías internacionales, como Monsanto, lo que es cuestionado por organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Esta entidad dice que el modelo impuesto por el agronegocio favorece la concentración de la propiedad de la tierra y la «transnacionalización del campo» en perjuicio de la agricultura familiar y del mercado interno.
Según el Instituto Internacional para la Adquisición y Aplicación de Biotecnologías, hay 11 millones de hectáreas de soja transgénica, sobre un total de 20 millones. Mato Grosso, en el centro oeste y parte de cuya superficie se encuentra en la Amazonia, encabeza a los estados productores con 16,5 millones de toneladas en 2007, seguido por Paraná (sur) con 12 millones. Los otros grandes productores son Rio Grande do Sul (sur), y Goias y Mato Grosso do Sul (centro-oeste).
Mato Grosso encabezó el crecimiento de la deforestación.
Entre agosto y diciembre de 2007 desaparecieron 7.000 kilómetros cuadrados de selva, el mayor índice de los últimos años. Ante ello el presidente Lula da Silva convocó a una reunión urgente de gabinete e hizo consultas con sus ministros Stephanes, de Agricultura, y Marina Silva, de Medio Ambiente. Stephanes relativizó la culpa de los productores, en particular los sojeros, mientras que Silva cargó sobre ellos.
Los productores de soja están entre los mayores invasores de tierras públicas en la Amazonia, conocidos como grilleros, dice la organización ambientalista Greenpeace. Además de apropiarse del patrimonio público, los grilleros son conocidos como depredadores de la floresta a través de incendios que les permiten convertir bosques o zonas de vegetación frondosa en tierras cultivables. Los agricultores, entre ellos los de soja, cuentan con el poderoso lobby del bloque ruralista en el Congreso, que desde el año pasado había orquestado una ofensiva, junto con organizaciones empresariales, en favor de una amnistía. El perdón oficial llegó el 26 de marzo de 2008 cuando el Poder Ejecutivo emitió el decreto 422, con el cual se reconoce la titularidad de las tierras a sus ocupantes. Greenpeace catalogó a la decisión del gobierno como Programa de Aceleración del Grillaje (PAG) en un juego de siglas que remite al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), uno de los proyectos principales del presidente Lula da Silva.
Una fuente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, del gobierno, dijo al sitio O Eco que esa medida provisoria tuvo como objetivo «legalizar para fiscalizar», es decir que el Estado hizo una concesión debido a su imposibilidad de expropiar tierras a todos los que la ocuparon ilegalmente para instalar unidades productivas, gran parte de ellas sojeras. Para Rodrígues, en cambio, la expansión de la «frontera agrícola» en la Amazonia, «siempre que sea ambientalmente y socialmente sustentable», es signo de «modernización». Rodríguez alega que gracias a la soja la agricultura brasileña se transformó en un «player global en el mercado de comodities«.
La presión de los productores a favor de la medida y para no ser sancionados por los incendios contó con el respaldo del gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi, productor de soja. La entidad ecologista Instituto Socioambiental señala que la soja erosiona el suelo y que por su alta rentabilidad induce al «monocultivo», con consecuencias negativas para el ecosistema.
Gilberto Risch, del Centro Aerospacial San José dos Campos, determinó que en zonas de Rondonia, oeste amazónico, donde se cultiva soja, hubo una alteración marcada de las lluvias. La Federación de Agricultura de Mato Grosso rechaza que la soja sea una amenaza, y sostiene que la deforestación es causada por madereros, que talan para exportar ilegalmente.
Fuente: ANSA
