La Masacre del Puente Pueyrredón ocurrida el 26 de junio de 2002 marcó el comienzo del fin del gobierno interino de Eduardo Duhalde. Un repaso a la cronología de un crimen que tiene a sus autores materiales condenados a prisión perpetua pero ningún avance sobre los artífices intelectuales que desataron la represión organizada en la que el comisario Franchiotti y el cabo Acosta terminaron con la vida de dos militantes populares.
Esta semana se cumplieron 6 años de los asesinatos en el Puente Pueyrredón de dos militantes populares. Aquella fría mañana del 26 de Junio de 2002, y en uno de los puntos más álgidos de la crisis política que sacudía al país, prácticamente la totalidad de las organizaciones piqueteras se dispusieron a bloquear los ingresos terrestres a la Capital Federal en el marco de un plan de lucha conjunto. Si bien la atención se centró en el ingreso sur más importante, se lograron obstruir por escasos momentos, antes que se desatara la represión, los accesos al Puente La Noria, Puente Saavedra y el Puente Nicolás Avellaneda, así como diversos cortes de rutas a lo largo del país.
Toda la atención de ese día estaba puesta en el Puente Pueyrredón, ya que en esa movilización confluían las principales organizaciones de
En tanto, por la Avenida Mitre, se aprontaron las columnas del Bloque Piquetero Nacional (integrado por el Polo Obrero, frente de desocupados del Partido Obrero; Movimiento Territorial de Liberación, vinculado al Partido Comunista; Frente de Trabajadores Combativos y el Movimiento Teresa Rodríguez, pionero en la organización de desocupados en las barriadas bonaerenses), y algunos barrios organizados por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que conduce Raúl Castells.
Dentro de lo que fue el poderoso arco piquetero, las únicas organizaciones que se negaron a movilizar aquel día fueron la Federación de Tierra y Vivienda (conducida por el hoy incondicional y obsecuente kirchnerista Luis D’Elía) y la Corriente Clasista y Combativa (orgánica al maoísta Partido Comunista Revolucionario) por haber acordado previamente con el presidente interino Eduardo Duhalde la resolución de algunas de la necesidades de sus organizaciones, así como por haber participado en los consejos consultivos impulsados por el gobierno, donde también estaban representadas la iglesia católica y las cámaras empresarias.
El Plan de Lucha
La jornada del 26 de Junio fue producto de un pliego reivindicativo acordado por todas las organizaciones, que previamente se había intentado imponer mediante cortes de calles y rutas en los diferentes distritos del conurbano. Fruto de la salida devaluacionista de la crisis de 2001, las condiciones de vida se volvieron acuciantes para la base social representada por estas organizaciones, y es en este contexto que se decidió una jornada de lucha nacional que lograra abrir una mesa de discusión, ante un presidente que se negaba a reconocer la legitimidad de los actores sociales emergentes.
Los puntos exigidos por los piqueteros eran los siguientes:
– Restitución inmediata de los planes de empleo «caídos».
– Aumento de los montos de los planes de 150 a 300 pesos.
– Implementación de un plan alimentario, gestionado por las organizaciones sociales.
– Mayor cantidad de insumos para las escuelas y salas de salud de las localidades con presencia territorial.
– Desprocesamiento de todos los encausados por conflictos sociales y el fin de la represión como método de resolución de las demandas.
A último momento y ante la amenaza de un inminente desalojo, se incorporó una declaración en solidaridad con la fábrica neuquina Zanón, que se encontraba (y continúa actualmente) bajo gestión de sus trabajadores.
A lo largo de estos últimos 6 años, no se han generados importantes modificaciones positivas en lo referido al reclamo de los anteriores puntos, descontando el amague oficialista de decretar una ley de amnistía a todos los luchadores sociales en el año 2004. Sí se han recortado poco menos de un millón de planes sociales, ya sean asistenciales o de carácter “productivo”.
Los dichos, los hechos
La hipótesis de un plan estatal de disciplinamiento para con las organizaciones piqueteras surgió a las pocas horas de ejecutados los crímenes. Esta hipótesis fue confirmada políticamente en diversas investigaciones aunque no judicialmente ya que la causa en la que se investigan las responsabilidades políticas de los asesinatos, dependiente del Juzgado Federal Nº4 a cargo de Ariel Lijo, se encuentra actualmente cajoneada. Paradójicamente, poco después de asumir, en una reunión en la Casa Rosada el 19 de junio de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner prometía ante los familiares de los militantes, que bajo su mandato se iba a «investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga«.
La acusación de que los crímenes se enmarcan en un plan de desmovilización orquestado por el Ejecutivo de entonces surge a partir de los dichos y amenazas proferidas por la gran mayoría de los integrantes del gabinete de ministros de Eduardo Duhalde, con el
Otra de las investigaciones que apunta en este sentido es la que realizó el colectivo de comunicación popular Prensa De Frentebajo el nombre Masacre de Avellaneda. Este trabajo implicó la cobertura, mediante crónicas, de todas las audiencias del Juicio a los policías acusados de los asesinatos. De ese trabajo se desprende que figuraron como pruebas el cruce de llamadas durante el operativo policial, entre el ex Comisario Franchiotti y la sede Billinghurst de la Secretaría de Inteligencia de Estado, por entonces en manos de Carlos Soria.
Sin dudas, el dato que confirma la hipótesis de la planificación represiva es que en aquella jornada, y por primera vez en democracia, el plan represivo implicó el accionar conjunto de fuerza federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) y provinciales (Policía Bonaerense), bajo un solo comando operacional en manos del ejecutivo nacional. Incluso en la investigación de la causa que llevó a prisión con reclusión perpetua al comisario Alfredo Franchiotti y al cabo Acosta, por ser los autores materiales de los asesinatos, se comprobó que fueron convocados policías retirados, ya sea jubilados o cesanteados por ser partícipes de delitos, conformando así verdaderas bandas parapoliciales.
Más allá del espacio al que pertenezcan actualmente los diferentes actores que participaron de aquella lucha y la posibilidad de avanzar en el juzgamiento de los responsables políticos, la irrenunciable memoria y reivindicación de la militancia tanto de Maximiliano Kosteki, así como de Darío Santillán (pero sobre todo, el gesto ejemplar de este último, volviendo a ayudar a un compañero caído al que no conocía), no debería ser olvidada en tiempos en los cuales el compromiso político se mide en niveles de alineamientos o lealtades cada vez más acríticas y de cantidad de recursos o puestos conseguidos por cerrar filas con las posturas institucionales.
Más información en http://www.masacredeavellaneda.org/ y
http://www.prensadefrente.org
