El seis de noviembre de 1985, en Bogotá, treinta y cinco miembros del legendario Movimiento 19 de Abril, el eme, como se lo conocía en toda Colombia, irrumpen y toman el Palacio Nacional de Justicia reteniendo, en calidad de rehenes, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Dentro del edificio tomado se encontraban, además, funcionarios, empleados y gentes tras sus tramitaciones.
El motivo del copamiento: golpear al gobierno de Betancur y presionar una salida polìtica para la crisis en que estaba sumergido el país. No lograron alcanzar este objetivo.
El resultado fue una (llamativamente) inmediata respuesta militar que consigue, tras casi un día de combates, retomar el edificio. Para lograrlo, el ejercito no escatimó recursos: no utilizó armamento especifico para ese tipo de acciones, recurrió a equipamiento de guerra convencional, con inclusión de tanques artillados. Dicho de otro modo, un “operativo demolición”.
Alrededor de cien muertos, entre los que se encontraban la casi totalidad de los miembros del grupo guerrillero y todos los miembros de la Corte, el edificio reducido a escombros, fue el saldo luctuoso y brutal de la Operación Rescate.
Una operación que no consistió en ningún rescate, según se desprende de distintas publicaciones e informes entre los que se destaca el de Maureén Maya, de la Fundación Cese el Fuego. Este documento es un análisis lúcido y valiente sobre aquellos acontecimientos y el contexto en que se produjeron.
Dice Maureén Maya “(…) hoy nadie quiere hacer mención a las verdaderas causas que impulsaron la toma del Palacio, nadie hace referencia a lo que significó ese frustrado proceso de paz ni a las razones que lo frustraron; nadie quiere escuchar que habían una demanda política clara y no de beneficio propio, porque la guerrilla M-19 no estaba conformada por mercenarios de guerra nacidos en las bandas sicariales de Medellín como los paramilitares; había una propuesta de reconciliación posible y de diálogo nacional.
El M-19 incursionó, es cierto, de forma violenta en el Palacio para ser escuchado, para pedir que la reserva moral del país enjuiciará al mandatario por traición a los pactos firmados, para que el país supiera que estaba pasando con los recursos naturales que se entregaban a manos llenas a emporios internacionales, quería que el país supiera que en plena tregua su vocero en las mesas había sido victima de un atentado que casi le cuesta la vida, que el ejército no había cesado sus ataques a los campamentos de paz y que días después de firmada la paz, el pacto de tregua había sido burlado por el Gobierno Nacional. Querían juzgar ese acto de traición y a su máximo representante, el presidente Betancur.
Querían mediante la presión de las armas -quizás ese fue su error- obligar al estado colombiano y a todas las fuerzas democráticas de la nación a realizar un gran pacto social que diera garantías a las mayorías empobrecidas y explotadas del país, y querían que se hicieran públicas las actas de la Comisión de Verificación, que demostraban la violenta acción militar en tiempos de “paz”.
Hoy pocos quieren reconocer que allí se frustró nuestra última propuesta democrática.
La Operación Rescate fue una trampa destinada a lograr varios objetivos simultáneos con un solo golpe:
Devastar a la organización guerrillera, quitar del medio a una Corte que pretendía que la Ley no fuese letra muerta en el país e imponer a la estructura militar como instrumento central de control.
La razón por la que un hecho acontecido hace alrededor de veinte años emerja ahora con fuerza, se debe a la búsqueda de tantos que no bajaron los brazos y que no cejaron en su intento de desentrañar la verdad de lo ocurrido en aquella tragedia.
Y, tal vez, porque el actual gobierno, encabezado por Alvaro Uribe, esta llevando paso a paso hacia el abismo a Colombia, como una suerte de director de orquesta enloquecido. Tal como entonces lo hizo Betancur.
Colombia no está quieta. No sólo es la dinámica de la guerra interna lo que la mueve, aunque ese sea el factor central de su realidad presente, es también que, por primera vez desde aquel entonces, existen espacios políticos y sociales de cuestionamiento. Partidos con representación parlamentaria que buscan detener el conflicto interno y encausarlo por vías humanitarias y democráticas, fundaciones, ongs, organismos de derechos humanos que tratan de trabar, de denunciar la locura de esta guerra sin fin…
Esas fuerzas molestan, preocupan, condicionan al poder, por lo que las presiones que soportan en represalia son cada día de mayor dureza.
El gobierno Colombiano tomó una serie de decisiones recientes que tienen una clara dirección:
– Un atentado con explosivos tuvo lugar en el corazón del complejo militar de Bogota, uno de los sitios mas vigilados de país. Uribe y sus voceros, atribuyeron de inmediato el atentado a las FARC, con el mismo énfasis con que el resto del país lo atribuía al propio gobierno. Ese mismo día Uribe dio por finalizadas las negociaciones para el intercambio de rehenes que se desarrollaban en el marco de un Acuerdo Humanitario y ordenó el rescate manu militari de los hombres y mujeres que se encuentran en poder de la guerrilla. Casi una orden de ejecución y, por sobre todo, la voladura de cualquier puente que pudiera conducir a la mesa de negociaciones.
– Insistentes rumores y denuncias sobre un posible cierre del congreso.
– Una profundización del conflicto interno mediante el abandono del Plan Patriota y la adopción de una estrategia de guerra más compleja, que incluye la ocupación de territorios hasta ahora en manos de las FARC.
– El resurgimiento de nuevas estructuras paramilitares y la reconversión de las antiguas va tejiendo una «malla» que puede transformar definitivamente el perfil de la sociedad colombiana. Esto no se produce por decisión gubernamental. Es, en rigor, un proceso que antecede a la gestión de Uribe… sólo que Uribe toma a los paramilitares como base de sustentación de su política.
Dice el reciente informe del Colegio de Abogados Colombiano «Jose Alvear Restrepo»:
“La tesis de Uribe Vélez, es que en Colombia no hay un conflicto social y armado sino una lucha del Estado contra el terrorismo, simplificando la realidad histórica y desconociendo el derecho internacional humanitario. Desde esta perspectiva ha implementado la llamada “política de seguridad democrática” cuya prioridad de una parte, ha sido buscar la derrota militar a las guerrillas, destinando gran parte del presupuesto nacional a través del Plan Colombia, para fortalecer las Fuerzas Militares, y por la otra, otorgar grandes beneficios e impunidad a los miembros de los grupos paramilitares, quienes se encuentran en una etapa de metamorfosis y consolidación a todo nivel”
Parte de esta metamorfosis y consolidación son las compras de propiedades por jefes paramilitares áreas rurales de una magnitud tal que se habla de una contrarreforma agraria, imposición mediante el terror de candidaturas propias o aliadas en las elecciones, con el consiguiente control de intendencias y afianzamiento del poder territorial , filtración y complicidades en el poder legislativo, construcción de verdaderas redes de informantes y de fuerzas de choque que actúan coordinadas con las fuerzas de represión «legales», participación y fuertes conexiones con la ruta del narcotráfico.
– La firma reciente del TLC entre Colombia y EEUU habla de la subordinación de ese gobierno a los intereses comerciales y geopolíticos norteamericanos en el área.
– La detención en estos días del periodista de Telesur es una inequívoca señal de esa subordinación y la perspectiva de su proyección en el área.
Cuando países con fuerte peso específico en la región hablan de multilateridad, cuando se reflota el espacio de los países No-Alineados, Colombia puede convertirse en fuerza de hostigamiento contra esa voluntad emergente.
NI COMISIÓN NI VERDAD
por Maureén Maya
El informe de la Comisión de la Verdad sobre la toma del Palacio de Justicia se basa en declaraciones de testigos sin rostro y toma como verídica la voz de un ex -empleado de Pablo Escobar vinculado al paramilitarismo, y quien ya había ofrecido una versión mentirosa sobre el caso el año pasado.
La historia del Palacio de Justicia es una historia de encubrimiento oficial y de distorsión de la memoria histórica; un tenebroso montaje que intenta ocultar toda una cadena de irregularidades con las que se pretendía facilitar el crimen de Estado, la posterior impunidad con la absolución de los directos responsables del magnicidio y poner en marcha un perverso, pero no nuevo, plan de suplantación y falseamiento de la memoria histórica.
Esta Comisión de la Verdad, definitivamente no es Comisión ni en ella hay verdad. Se trata de tres juristas interesados en hacerle juego al olvido y en sostener las versiones oficiales sobre el holocausto; y por ello incurre en graves imprecisiones y dolorosas afirmaciones. Lo cual, si tenemos en consideración que sus investigaciones fueron secretas, nunca se hizo pública su hoja de ruta, no se celebraron audiencias públicas y jamás fueron tenidas en cuenta las peticiones de apoyo y de documentación que la Fundación Cese el Fuego les quiso hacer llegar, no es inesperado, pero si espanta al alcance de sus cínicas afirmaciones.
EL MAGISTRADO MANUEL GAONA CRUZ MURIÓ ASESINADO POR EL EJERCITO NACIONAL
La Comisión afirmó que Andrés Almarales, uno de los comandantes del M-19 y líder del operativo “Antonio Nariño, por los derechos del hombre”, con el cual se ejecutó la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, asesinó a sangre fría al magistrado Manuel Gaona Cruz. Esto falso.
El informe de Medicina Legal, publicado por el Juzgado Treinta de Instrucción Criminal señala, según el estudio de balística y de trayectoria de disparos analizado a través de la reconstrucción de los hechos en tercera dimensión y del examen minucioso de restos cuyo estado permitía análisis, que el magistrado Manuel Gaona Cruz murió por un disparo efectuado desde un piso inferior a donde se encontraba, es decir, realizado por el Ejército Nacional.
Del mismo modo un magistrado auxiliar de la época, ese sí, con rostro, nombre y apellido, declaró haber visto como una bala disparada desde fuera del baño, sitio donde se hallaban recluidos los rehenes, impactó en la sien del magistrado, y como su cuerpo se le vino encima, teniendo que esconderse bajo él para hacerse el muerto y evitar ser asesinado por los soldados. Ninguno de los rehenes sobrevivientes del baño ha afirmado que Almarales haya asesinado a ninguno de los civiles, al contrario en repetidos informes oficiales han dejado constancia que Almarales les permitió salir, advirtiéndoles que lo hacían a riesgo personal porque los disparos no cesaban. Los testigos también han afirmado que para el día 7 de noviembre los guerrilleros ya no tenían municiones e intentaban enviar un mensaje al gobierno para ponerle punto final al sangriento operativo militar. Por ello se tomó como emisario al magistrado Reynaldo Arciniegas para que llevara una carta escrita por el mismo magistrado Gaona donde advertía sobre la existencia de varios rehenes con vida en el baño para que el gobierno diera la orden de suspender la Operación Rastrillo. Gaona Cruz se había ofrecido inicialmente como emisario, pero Andrés Almarales analizando que el magistrado se había enfrentado fieramente a las disposiciones retardatarias del anterior gobierno condenando el militarismo salvaje de aquellos años y había liderado valientes luchas por los derechos humanos, podía ser reconocido por los oficiales y asesinado, prefirió que el más conservador de todos llevara el urgente comunicado; sin embargo éste nunca llegó al Palacio de Nariño porque fue interceptado por la fuerza pública.
En documento público de 1986, ya se había advertido sobre la intención del ejército de incriminar a los guerrilleros en la masacre que se ejecutó durante la toma del Palacio. En el Oficio No-0243 del 4 de abril de 1986, el magistrado Reynaldo Arciniegas afirmó a través de un documento dirigido al Tribunal Especial de Instrucción, no conocer al mayor Joaquín Téllez Posada, quien en una declaración juramentada, había afirmado que El doctor Arciniegas le había contado que el mismo Almarales había ejecutado al doctor Reyes Echandía la noche anterior. “Según el doctor Arciniegas, lo hizo colocar de cabeza contra la pared y le disparó a la altura de la nuca o de la cabeza”. El magistrado Arciniegas declaró no tener conocimiento de que el señor Almarales hubiera ejecutado al Doctor Alfonso Reyes Echandía. “Él no se encontraba con nosotros en el costado norte del edificio. La última vez que lo vi fue a mediados de octubre con ocasión de una reunión de Salas de Gobierno, de la Corte y del Consejo de Estado para escuchar explicaciones de un Capitán de la Policía acerca de las condiciones de seguridad del edificio… No tengo manera de conocer las circunstancias de la muerte del doctor Reyes Echandía”.
El magistrado Alfonso Reyes Echandía murió en el cuarto piso del edificio, entre los rehenes que se encontraban bajo control de los comandantes Luis otero y Alfonso Jacquin. El informe de balística estableció como posible causa de la muerte un disparo en el tórax realizado con arma de uso privativo de la Policía Nacional. Esto ya fue demostrado y profusamente denunciado.
LA MAFIA NO FINANCIÓ A LA GUERRILLA
La Comisión también afirmó que el M-19 fue financiado por el narcotraficante Pablo Escobar. La versión es recogida de la voz de un antiguo empleado del capo, ahora servidor del paramilitarismo, quien el año pasado en un libro publicado en asocio con una periodista declaró que el millonario pago por la acción había sido recibido por los comandantes Iván Marino Ospina, muerto tres meses antes de la toma, y por el legendario Jaime Bateman Cayón, fallecido en un accidente aéreo tres años atrás. Las mentiras han sido evidentes y ahora son expuestas por esta Comisión como pruebas irrebatibles. Es claro que si está guerrilla hubiera recibido dos millones de dólares como se afirma, no hubiera entrado tan mal armada, hubieran podido comprar las armas antitanque, cuya carencia, de entrada, definió su pronta derrota. Si el M-19 hubiera contado con algún tipo de financiación, el comando que no logró entrar no hubiera tenido que robar un destartalado camión de la plaza de mercado de Corabastos para llegar al sitio, ni se hubieran retirado del lugar juntando monedas para su transporte.
En una grabación enviada a medios de comunicación y autoridades competentes, varios oficiales del ejército denuncian que bajo tortura se intentó obligar a uno de los guerrilleros capturados tras la toma -posteriormente asesinado y desaparecido- a firmar un documento en el cual confesaba haber recibido dinero de la mafia. Los oficiales también alertaron sobre la retención de varios de los empleados de cafetería en batallones militares, incluso revelaron los apellidos de algunos de ellos, quienes, acusados de cómplices de la guerrilla, fueron torturados, asesinados y sus restos desaparecidos en ácido de batería.
El Informe del Tribunal Especial de investigación creado en 1986 con el único propósito de esclarecer estos hechos, afirmó enfáticamente que no existían evidencias de que la toma hubiera sido ejecutada en asocio con la mafia, y es de reconocer que tales vínculos fueron desmentidos, en momentos en los cuales se pagaba por demostrar lo contrario.
Hoy la opinión pública y los principales medios de información del mundo repiten a la ligera que el M-19 entró financiado por Pablo Escobar. Recibieron 2 millones de dólares, mucha plata, para quemar las copias de unos expedientes y asesinar magistrados. Hoy posee mayor credibilidad la versión de un ex empleado del narcotráfico y en la actualidad servidor de las oscuras fuerzas del narcoparamilitarismo, que el testimonio de las victimas, de los testigos y los análisis de la época. El M-19 no era una guerrilla vendida al narcotráfico y eso tiene que quedar muy claro, aunque sea cierto que esto no la exime de su responsabilidad en los hechos. Su fin era político y por ello acudieron al máximo poder de la justicia del país para plantear una demanda armada ampliamente sustentada.
Sin embargo, hoy nadie quiere hacer mención a las verdaderas causas que impulsaron la toma del Palacio, nadie hace referencia a lo que significó ese frustrado proceso de paz ni a las razones que lo frustraron; nadie quiere escuchar que habían una demanda política clara y no de beneficio propio, porque la guerrilla M-19 no estaba conformada por mercenarios de guerra nacidos en las bandas sicariales de Medellín como los paramilitares; había una propuesta de reconciliación posible y de diálogo nacional.
El M-19 incursionó, es cierto, de forma violenta en el Palacio para ser escuchado, para pedir que la reserva moral del país enjuiciará al mandatario por traición a los pactos firmados, para que el país supiera que estaba pasando con los recursos naturales que se entregaban a manos llenas a emporios internacionales, quería que el país supiera que en plena tregua su vocero en las mesas había sido victima de un atentado que casi le cuesta la vida, que el ejército no había cesado sus ataques a los campamentos de paz y que días después de firmada la paz, el pacto de tregua había sido burlado por el Gobierno Nacional. Querían juzgar ese acto de traición y a su máximo representante, el presidente Betancur.
Querían mediante la presión de las armas- quizás ese fue su error- obligar al estado colombiano y a todas las fuerzas democráticas de la nación a realizar un gran pacto social que diera garantías a las mayorías empobrecidas y explotadas del país, y querían que se hicieran públicas las actas de la Comisión de Verificación, que demostraban la violenta acción militar en tiempos de “paz”.
Hoy pocos quieren reconocer que allí se frustró nuestra última propuesta democrática.
El M-19 se equivoco, por supuesto que se equivoco. No supo interpretar la realidad nacional, no fue capaz de ver que esa honorable corte elegida como juez del gobierno, en primer lugar no tenía potestad para serlo, y en segundo lugar tenía una enemistad casada con las Fuerzas Armadas a las que investigaban por violaciones a los derechos humanos y por primera vez en la historia la alta cúpula militar del país iba a ser enjuiciada por tortura y desaparición forzada.
El M-19 no supo reconocer que el ejército deseaba su destrucción a cualquier costo, era una guerrilla extremadamente popular, osada, compuesta por carismáticos líderes, profesionales, había herido el orgullo militar con el robo de cinco mil armas del Cantón Norte cinco años atrás, había burlado su brutalidad con el éxito político alcanzado en la toma de la Embajada Dominicana, había sido un enemigo invencible en el plano de la contienda militar, había realizado un atentado contra el general Rafael Samudio Molina, máximo jefe del Ejército Nacional, días antes de la toma, y en otra audaz acción había tomado por asalto el Batallón Cisneros de Armenia colocando a las fuerzas de orden, nuevamente en ridículo ante el país; el Eme tampoco entendió que se encontraba frente a unas Fuerzas Armadas adiestradas en la escuela del sur, en la escuela de la tortura y que no sabían que la guerra tiene unas normas y que existe un derecho internacional humanitario.
Y así, ingenuos y optimistas, los retaron en la toma del Palacio y creyeron que un presidente traidor negociaría con ellos. Creyeron que el poder judicial tenía valor en un país tan poco dado a la grandeza de sus gobernantes.
El M-19 se equivocó desde el plano político y militar y pagó las consecuencias con la muerte de todos los guerrilleros que participaron en la toma, a excepción de una sobreviviente que milagrosamente logró salir del país.
La gran mayoría de los jóvenes guerrilleros que incursionaron en el Palacio no murieron en la acción del combate sino ejecutados con tiros de gracia como también ya lo demostró Medicina Legal y el estudio forense desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia; es decir en un crimen de guerra. Por ello ninguno de los combatientes que entró al Palacio fue amparado con la ley de indulto firmada en 1989; todos murieron asesinados dentro del Palacio o bajo la tortura en los batallones militares. La comandancia de la organización que no hizo parte del Comando Iván Marino Ospina, también fue posteriormente ejecutada fuera de combate como se recuerda en el caso del Comandante Álvaro Fayad, asesinado junto a una mujer embarazada en extrañas circunstancias el 16 de marzo de 1986 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Posteriores investigaciones sobre el caso terminaron prontamente con el exilio forzado de quienes intentaron llegar al fondo del confuso crimen.
La toma del Palacio entonces es la peor muestra de un crimen de estado, orquestado, por no querer ir más lejos ni tener que hacer referencia al poder ejecutivo o a gobiernos extranjeros, por las Fuerzas Armadas.
Los hechos así lo evidencian.
1. Se retira misteriosamente la seguridad del Palacio. Las declaraciones de los oficiales justificando está acción son falsas y esto queda demostrado, sin embargo, estos en vez de ser sancionados son promovidos a cargos superiores. La Comisión de la verdad no intenta esclarecer este hecho, que sin duda se constituye en pieza clave de este siniestro rompecabezas; porque su misterioso retiro contrariando las medidas de seguridad establecidas un mes atrás ante las amenazas de que eran victimas los magistrados por los extraditables y al haber sido descubierto un plan de la guerrilla de tomarse el Palacio, lo que buscaría era tenderle una trampa a la guerrilla, masacrarlas y de paso asesinar a los magistrados que se oponían furiosamente a los desmanes militares.
2. Con celeridad extrema, sin dar tiempo a la negociación política pese a los clamorosos llamados del presidente de la Corte, silenciado por orden de la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín que impuso la censura, se empleó excesivo material de guerra; es decir que desde un comienzo se desconocieron los principios sobre proporcionalidad, limitación y distinción del DIH establecido en acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento.
3. Nunca se intentó negociar con los asaltantes, la política imperante fue la de tierra arrasada y el Presidente nunca aclaró cuál fue su posición y si efectivamente como siempre se ha rumorado, se le propinó un transitorio golpe de Estado o las Fuerzas Armadas desde tiempo atrás ya venían controlando al poder ejecutivo.
4. Las comunicaciones al interior del Palacio fueron misteriosamente cortadas y los contactos que pretendieron establecerse entre insurgencia y gobierno, tanto por parte de la guerrilla al enviar un emisario y de la Cruz Roja al enviar al Presidente de Socorro Nacional, fueron interceptadas por el ejército sin que nunca se diera una explicación satisfactoria.
5. La ministra de Comunicaciones ordenó se transmitieran dos partidos de fútbol para impedir que el país conociera la gravedad de los sucesos que se estaban dando en el centro de la justicia del país. Nunca dio explicaciones satisfactorias.
6. Una vez concluye el operativo de arrasamiento por parte de las fuerzas del estado, se impide el acceso de los peritos de Medicina Legal, los cuerpos fueron minuciosamente lavados y movidos, algunos incinerados como sostuvo una valiente testigo, el lugar fue limpiado por una empresa de aseo y varios restos terminaron en la basura. Se borraron evidencias del lugar de los hechos en forma intencional.
7. La cúpula militar responsable del magnicidio empezó a ser premiada con cargos diplomáticos en el exterior o con cargos de responsabilidad en altas esferas de la vida pública del país; de modo que mientras sus carreras militares iban en ascenso por asesinar, torturar y desaparecer civiles, los familiares de las victimas, además de ser amenazados, fueron silenciados y relegados de todo proceso de reparación o participación social. Fueron beneficiados los victimarios y las victimas excluidas de la memoria nacional.
8. Las Fuerzas Armadas prohibieron se hiciera cotejo balístico de sus armas.
9. Misteriosamente se ordenó exhumar a varios cadáveres de modo presuroso, incluso antes de que pudieran ser reconocidos por sus seres queridos; muchos habiendo sido reconocidos igualmente terminaron en fosa común del cementerio del Sur, posteriormente mezclados con algunas victimas de la tragedia del Nevado del Ruiz ocurrida algunos días después.
10. Se informa a través de los medios de comunicación que el M-19 entró financiado por la mafia para quemar las copias de unos procesos de extradición cuyos originales reposaban en Estados Unidos. Nunca se hace mención de los 1800 procesos, esos si originales, que llevaban los magistrados contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los Derechos Humanos.
POR LA AMNESIA NACIONAL
Hoy la Comisión afirma enfática que Almarales asesinó al magistrado Gaona Cruz y tibiamente, en contravía de los análisis y veredictos de Medicina legal que establece sin lugar a equívocos que varios magistrados fueron asesinados por la fuerza pública, que al parecer otros murieron por armas que no eran de la guerrilla.
El informe de esta Comisión contribuye al falseamiento de la historia porque se basa en conjeturas, distorsiona la realidad de los hechos y obedece a un plan de exclusión legitimado por el actual gobierno que desconoce las voces de las victimas e intenta desconocer el único proceso de paz exitoso en el país, pese a que muchos ex combatientes del M-19 han sido ejecutados desde su ingresó a la vida civil. El fin es justificar el proceso de impunidad que se sigue con las temibles fuerzas del narcoparamilitarismo, orquestadas desde su origen, por el actual mandatario.
Sobre el tema de exclusión y de distorsión de la memoria nacional se ha escrito bastante desde el campo de la psicología, de la sociología, el análisis político, cultural y desde el psicoanálisis. Pero resulta en extremo alarmante reconocer en el caso del Palacio de Justicia, la lectura que sobre este fenómeno plantea la escuela del pensamiento lacaniano, porque a diferencia de la teoría lanzada por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, ha establecido que la dinámica del olvido, que es un arma de dominación, trasciende la represión que de una u otra forma deja abierta una ventana mental para el recuerdo del horror. Es decir aunque se anule en la cotidianeidad el terrible recuerdo, ahí está en la memoria, palpitante, presente. En cambio cuando se habla de FORCLUSIÓN, la cosa se hace aún más abyecta porque nos enfrentamos a la anulación total, a la imposición de otra historia que destierra los recuerdos, las vivencias y las personas.
Decir que muchos nombres serán eliminados de la lista de los vivos y de los muertos, decir como en el holocausto nazi, que la versión del hombre del terror será la única, la legítima, y los otros, los derrotados serán olvidados, su lucha excluida, sus nombres eliminados de la memoria nacional y será como si nunca hubieran existido porque los que sobrevivan y cuenten los horrores padecidos no serán escuchados y nadie dará crédito a sus relatos. Y a esto apunta al trabajo que realiza la mal llamada Comisión de la Verdad.
En el libro “El objeto del siglo” se afirma que en el siglo XX se inventó el crimen perfecto; y no es perfecto porque no exista forma de llegar a la verdad, a la justicia o a la reparación de las víctimas; es perfecto por efecto del olvido.
La Comisión de la Verdad, hoy intenta decirle a Colombia que la guerrilla M-19 nunca tuvo razones para alzarse en armas, que no había tal dictadura militar, que no se dieron las tales traiciones a los acuerdos de paz, que ellos no eran revolucionarios que en una acción valerosa decidieron armarse para defender el derecho a la vida, para propiciar un cambio social urgente que negaba elementales garantías a los ciudadanos. Desean que el país olvide las diez mil personas torturadas bajo el gobierno de Turbay, que a la gente la desaparecían en los batallones militares y que eran las fuerzas armadas las encargadas de juzgar civiles en los llamados consejos verbales de guerra, quieren que olvidemos que las oligarquías de este país impulsaron una guerra fraticida entre partidos que costó ríos de sangre, mientras sus representantes jugaban a las componendas y bebían whiskey en los grandes clubes sociales.
Esos mismos que hoy dicen que sus piecitos no pueden caminar por Bogotá, sólo por Londres y Paris, esos mismos que han robado durante décadas, que se han repartido el poder como hanqueridoexcluyendo a las mayorías, los mismos de siempre, los mismos apellidos, los mismos delfines soberbios que no se untan de pueblo y sólo se acuerdan del hambre y la miseria en época electoral, pero no para proponer soluciones sino para explotar su dolor y comprar su voto con falsas promesas y una vergonzosa generosidad expresada en camisetas pola y lechona.
La memoria de los pueblos pertenece a los pueblos y las versiones oficiales no pueden seguir imponiéndose sobre el recuerdo de las víctimas del horror. Por ello hoy más que nunca se hace necesario la conformación de una Comisión mixta de Ética y Verdad, que un ámbito de reflexión y riguroso análisis ayude a esclarecer todos los casos de violencia, emblemática y no emblemática, con la cual se ha alimentado nuestra perturbadora historia nacional.
Hoy más que nunca urge que las víctimas sean escuchadas, sus testimonios atendidos y así sea desde la justicia internacional, se sindiquen responsabilidades y los perpetradores de crímenes y horrores sean debidamente enjuiciados. No basta para frenar su acción de la justicia, que en el caso del Palacio de Justicia sea detenido el ex Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jede de inteligencia militar de aquel entonces y absuelto de todo cargo por la Justicia Penal Militar en 1989; no basta mientras no se aclare la verdad, mientras no se aplique justicia a la alta cúpula militar y a su máximo jefe, el presidente Betancur, quien hoy se burla de la historia recordando que tiene fuero de inmunidad y que los actos de gobierno no son enjuiciables.
