La resistencia popular y las guerras del imperio

Entre los días 15 y 20 de julio se desarrolló la Misión Internacional de Observación organizada por la CADA (Campaña por la Desmilitarización de las Américas), que tuvo como objetivo recorrer Paraguay, y constatar la difícil situación que atraviesa el movimiento popular, duramente afectado por el crecimiento de la militarización del país, que incluye la presencia militar norteamericana. Ésta ha sido favorecida por la ley 2594 que autoriza el ingreso de tropas de EE.UU. por un lapso de 18 meses, desde el 1 de junio del 2005, hasta el 31 de diciembre del 2006 y otorga inmunidad a las fuerzas armadas de los Estados Unidos (1).Más allá del examen detallado de la realidad paraguaya, de la que se dará cuenta en un informe final que está siendo elaborado por el conjunto de organizaciones que integramos la Misión Internacional, quisiera reflejar algunas primeras impresiones que surgen de la visita a distintas localidades en el departamento de Concepción (a 400 km. de Asunción), y del diálogo con las organizaciones campesinas, populares, así como con distintos factores de poder.

La cultura de resistencia

El pueblo paraguayo sabe de resistencias. Su memoria lleva las marcas de una larga historia de desafío de las comunidades originarias de esa región a las políticas de colonización política, económica, social, militar y cultural desarrolladas desde la conquista. No es casual que se haya conservado la lengua guaraní como lengua básica junto con el español, y que ésta se imparta en las escuelas (aunque las organizaciones populares demandan una mejor formación en este terreno).

La tradición rebelde de los guaraníes y de otros pueblos originarios, ha permitido forjar un pueblo con identidad, coraje, que ha enfrentado durante el siglo 19, el genocidio organizado por los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay, que sirviendo a los capitales e intereses ingleses, desarrollaron la guerra de la Triple Alianza (2).

Es el mismo pueblo que sufrió la dictadura sangrienta de Stroessner, y su complicidad con las dictaduras del Cono Sur, en los marcos del Operativo Cóndor. Es por ello que, aunque la recorrida por las zonas golpeadas por la pobreza y la represión, generó una fuerte impresión en quienes participamos de esta Misión, lo que más nos ha conmovido, ha sido el valor y la integridad de las organizaciones campesinas e indígenas, de movimientos ciudadanos por los derechos humanos, con quienes tuvimos el honor de compartir varios días de largas marchas, y de escucha de testimonios lacerantes.

«Nos enfrentamos a cuatro fuerzas organizadas –dice Orlando Castillo, dirigente del SERPAJ Paraguay, en el primer encuentro en el que realizamos un análisis de coyuntura–: la fuerza de los ganaderos, organizada en la Asociación Rural del Paraguay, la de la UIP (Unión Industrial Paraguaya), CADELPA (Agroexportadores), y el Movimiento de Víctimas del Secuestro (3)».

Como parte de la estrategia de control del país de estas cuatro fuerzas principales, junto con los avances en la militarización de la vida cotidiana, con el entrenamiento de las FFAA y la Policía por parte de efectivos norteamericanos, se han desarrollado también efectivos paramilitares, algunos de los cuales son «grupos de seguridad» creados por los latifundistas, o al servicio de los narcoganaderos. Existen fuerzas especiales para operaciones rurales y «ambientales», como la «policía ecológica»; a lo que se agregó en los últimos años la creación, por parte del Ministerio del Interior, de los Consejos de Seguridad Ciudadana -cuerpos combinados policíaco-militares, señalados como autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas.

El decreto 167 del presidente Nicanor Duarte Frutos legalizó la presencia militar y paramilitar en las áreas rurales, ante las dificultades de la policía para contener las luchas campesinas. El militarismo tiene entonces varias caras, con agentes estatales, agencias privadas, y paramilitares. Cada cual responde a distintas fracciones del poder, lo que hace que el país avance en una acelerada espiral de violencia, en la que es difícil identificar los autores de cada hecho particular (4).

¿Quiénes integran las fuerzas paramilitares? En general son ex-policías, o también ex-militares, como gran parte de los cuatrocientos oficiales pasados a retiro por ser partícipes del golpe del ex general Lino Oviedo (5). «Mano de obra desocupada», que ahora actúan a sueldo de las mafias políticas y de los latifundistas (6).

La represión al movimiento campesino

Las distintas organizaciones del campo con las que dialogamos, insistieron en la sistemática represión que sufren, en el marco de allanamientos, desalojos, quemas de viviendas, prisiones, torturas, asesinatos, y procesamiento de luchadores sociales y políticos.

La militarización del campo se agravó desde el año 2003, cuando el decreto 167 autorizó a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía Nacional.

Los campesinos, en sus distintos relatos, relacionan el avance del militarismo, con la expansión de la frontera de la soja (el total del cultivo de soja es transgénico), y con la necesidad de controlar a la población campesina que se levanta al ser empujada de sus tierras, o desplazadas como consecuencia de las fumigaciones con agrotóxicos.
A lo largo del camino entre Asunción y Horqueta, vimos una gran cantidad de poblaciones arrinconadas en la orilla del camino. También se produce la expulsión de la población hacia Argentina (donde se calcula que hay alrededor de un millón y medio de paraguayos) y hacia España (7). En el caso de los pueblos originarios, la desvinculación de la tierra afecta su propia existencia e identidad como pueblos. Las guardias de los paramilitares para expulsarlos les queman las casas, los cultivos, los pastizales.

En algunos casos, los latifundistas los contratan (cada mil hectáreas de soja se emplean alrededor de tres personas); pero se ocupa a la familia y se paga sólo al hombre, en un trabajo temporario en el que no se respeta ninguno de los derechos laborales. Por otra parte, es común que contraten a criollos provenientes de otras regiones, buscando enfrentarlos con el indígena de la región, promoviendo el racismo y la desconfianza entre unos y otros (8).
«Los paramilitares contratados -nos dicen los campesinos- forman cuadrillas de diez a quince matones que actúan en una región por alrededor de tres meses, sembrando la muerte» (se les paga «por pieza»).

Muertos, desaparecidos, son cuentas corrientes en las que la única respuesta del Estado es la impunidad y la complicidad.

En un encuentro con militantes de Tesai Reka Paraguay, organización que trabaja principalmente en proyectos de salud comunitaria, nos informan que el gobierno agrede sistemáticamente a las organizaciones sociales. Uno de sus locales, en Villarrica fue ocupado por los militares, y los dirigentes locales son perseguidos. «Se intenta frenar el desarrollo de las organizaciones sociales, se secuestran nuestros equipos de comunicaciones, se queman nuestras casas», relatan los dirigentes campesinos, que recuerdan también que en «noviembre del 2004, el Presidente llamó a la radio local para amenazar directamente a los campesinos movilizados, diciendo que nos iban a sacar de las rutas con perros».

La represión, si bien se centra en el movimiento campesino, por su nivel de organización, afecta también a todos los opositores.

Nos dicen en Tesai Reka Paraguay, «Los funcionarios públicos que no responden al gobierno, viven bajo la amenaza de ser despedidos. Lo mismo sucede con los maestros».

Esta misma denuncia la recibimos en una reunión realizada con el movimiento ciudadano de Yby Yaú, donde desaparecieron 49 personas en los últimos años, entre ellos el periodista «Enrique Galeano», conocido como «Pirulito», cuya desaparición motivó la organización de esta población para exigir justicia. Los integrantes de Tesai Reka Paraguay nos dicen que las prácticas de control social son las heredadas de Stroessner. Prebendas para quienes responden al oficialismo, y castigo a los que se oponen (incluso la muerte).

La Organización Campesina del Norte nos informa que hay más de dos mil campesinos procesados por luchar en defensa de la tierra, y de una vida digna. El procesamiento funciona como mecanismo de control social, ya que quienes están imputados tienen que estar firmando cada dos meses en las oficinas estatales, y si se reincide, van a prisión.

En el encuentro de Yby Yaú nos entregaron también documentación sobre la persecución y el cierre de las radios comunitarias, y el secuestro de sus equipos. Varios hombres y mujeres se acercan a denunciar que los crímenes en la región tienen un responsable, el diputado colorado Magdaleno Silva Dávalos, a quien definen como un «narcopolítico», amigo del presidente Nicanor Duarte Frutos, y un operador directo del mismo, el Comisario Osvaldo Nuñez. Dicen que todas las denuncias que se hicieron, para que se investigue su responsabilidad en el crimen de Pirulito, no fueron consideradas.

El miedo es una constante entre la población. Los militares que se instalaron en Hugua Ñandú, un paraje alejado en el que se quemó una comisaría, asumen en el diálogo que «la población no quiere colaborar con ellos», que ahí existe «la ley del silencio». Pero los pobladores, organizados en el movimiento campesino, aseguran que la quema de la comisaría, realizada por algunos de los delincuentes que dependen de algún latifundista o narco local, es utilizada para perseguirlos, para avasallar sus tierras, para apresarlos.

El campesino Rafael Rodríguez nos cuenta que su hijo, Anastasio Rodríguez Silva, de 27 años, fue llevado detenido desde su casa, allanada en dos oportunidades. Lejos de Asunción, donde está recluido el joven campesino, su padre no puede saber siquiera si el hijo tiene atención legal. «Somos perseguidos por jóvenes, y por pobres», asegura un líder campesino local, que nos informa también que en la región ha habido 19 muertes de campesinos sin aclarar.

En un encuentro con el Jefe de la Policía de Concepción, Aníbal Rojas V., él afirma -contradictoriamente con toda la información existente en los medios de comunicación de masas- que «no existen guerrilleros», que estos casos que se atribuyen a supuestos guerrilleros, por lo general los realizan gente conocida de la zona, a los que califica «delincuentes armados», algunos de los cuales son conocidos ya por ser responsables de otros delitos como abigeato, o tráfico de drogas.

Por su parte el Obispo Pablo Cáceres, nos aseguró que tanto los detenidos en Puentecinho como en Hugua Ñandú son campesinos honestos que él conoce bien, y que en realidad no existe ninguna guerrilla, pero sí la persecución al movimiento campesino montada tras esta excusa.

Los yanquis en Paraguay

La presencia militar norteamericana en Paraguay adopta diferentes modalidades, que combinan la presencia de una enorme infraestructura -la base de Mariscal Estigarribia, la mayor pista de aterrizaje del país-, con destacamentos operativos de diferentes carácter, estimándose la presencia militar directa en alrededor de 50 efectivos de manera continua.

Quienes han tenido más contacto con la población en los últimos años, son los grupos de militares norteamericanos que desarrollan estrategias contrainsurgentes, en el marco de los operativos MEDRETEs (9) y Nuevos Horizontes.
De acuerdo con las informaciones que nos provee el SERPAJ Paraguay, desde el año 2002 se realizaron 46 operaciones militares norteamericanas, de las cuales diecisiete fueron en Asunción, y el resto en aquellos lugares donde existe mayor conflictividad del movimiento campesino, como en la región que recorrimos de Concepción.

¿Por qué el interés de EE.UU. en establecer una presencia permanente en el Paraguay?

En el llamado Informe Craddock, realizado por el General Bantz J. Craddock, Comandante del Comando Sur del Ejército de los EE.UU el 14 de marzo del 2006 ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU., al referirse al Paraguay señala, «Estamos preocupados por la situación de seguridad en Paraguay, sobre todo en la zona de la Triple Frontera. El gobierno de Paraguay reconoce las amenazas existentes en estos espacios de región fronteriza sin presencia gubernamental, y está trabajando para asegurar esos espacios.

Para apoyar estos esfuerzos, las unidades de operaciones especiales americanas han dirigido entrenamiento conjunto con las unidades contra-terroristas paraguayas, que también aumentaron la interoperabilidad con las unidades contra-terroristas americanas.

También hemos dirigido numerosos ejercicios «Medical Readiness Training Exercises» (MEDRETEs) en Paraguay, para ayudar al entrenamiento de nuestras tropas médicas y apoyar las necesidades médicas paraguayas».

A pesar de la agitación que sistemáticamente se ha realizado sobre la presencia de bases terroristas en la Triple Frontera, lo cierto es que el argumento viene sirviendo como pantalla para ampliar la intervención norteamericana en esta región neurálgica del continente, en el corazón mismo del Cono Sur, en una zona de grandes recursos naturales como el Acuífero Guaraní, la biodiversidad, y también una zona estratégica fundamental para el control de los países circundantes, Brasil, Argentina, Bolivia, todos agitados por movimientos populares que rechazan crecientemente las políticas neoliberales.

En este contexto, con un Mercosur convulsionado a partir de la incorporación de Venezuela -que promueve activamente una propuesta política alternativa y opuesta al ALCA y a los Tratados de Libre Comercio, el ALBA (10) -, Paraguay es una pieza fundamental para desactivar las propuestas de integración regional que cuestionan la subordinación incondicional a la hegemonía norteamericana.

Un factor adicional, es que Paraguay es un país en el que la política continuista del Partido Colorado, y la corrupción del poder, llevan a una profunda crisis interna, en la que podrían irrumpir con mayor energía los movimientos campesinos y populares que cuestionan al capitalismo neoliberal.

En esta perspectiva, las acciones desarrolladas, en el marco de los MEDRETEs, y de los Nuevos Horizontes, se presentan como iniciativas de carácter humanitario, «ayuda médica, odontológica, construcción de pozos de agua, etc.», que de acuerdo a las opiniones dadas por los campesinos, resultan de dudosa calidad («frente a cualquier enfermedad que consultáramos, a todos nos entregaban la misma pastilla», insistieron con desconfianza).

Julia Franco, dirigente de la organización CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas), denunció también que las mujeres indígenas que recibieron pastillas o inyecciones sin identificación, tuvieron en muchos casos hemorragias, por lo que se está investigando el contenido de esa «ayuda humanitaria».

El Obispo de la Diócesis de Concepción Pablo Cáceres, nos insistió en que la presencia norteamericana «no llegaba a configurar siquiera un plan de asistencialismo barato», pero sí era evidente que estaban reconociendo la región, marcándola, naturalizando su presencia frente a la población, y alterando la vida cotidiana de esos pueblos campesinos.

La «ayuda humanitaria», de acuerdo con la percepción de las organizaciones campesinas, persigue el control de la población, y el adiestramiento de tropas sobre el terreno.

En un comunicado entregado por la Organización Campesina del Norte, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), del 27 de marzo del 2006 manifiestan «Denunciamos a este gobierno de Nicanor Duarte Frutos, por su cobardía más grande, ya que se aprovechan la miseria y la necesidad de los compatriotas, para cumplir con sus proyectos pro-imperialistas, ya que hace poco ha revitalizado la Doctrina de Seguridad Nacional, utilizando varios pretextos. Este nuevo convenio con los EE.UU. otorga a los militares total impunidad…

Estamos indignados como Norteños, porque somos conscientes que todas las necesidades en el departamento no son responsabilidades de militares, y mucho menos de estos mercenarios que tantos hombres mataron en toda la historia, para imponer sus recetas, y despojar de sus riquezas. Si no cesa la filosofía del despojo, nunca cesará la filosofía de la lucha».

La filosofía de la lucha y sus urgencias

Como respuesta a las necesidades y demandas crecientes del movimiento campesino, ha venido desarrollándose una intensificación de las protestas, en todos los departamentos de Paraguay. Movilizaciones, ocupaciones de latifundios, cierres de rutas simbólicos, son las formas de lucha utilizadas para reclamar por los derechos a la tierra, a la salud, a la educación, a la justicia, por una auténtica reforma agraria y para exigir la libertad de quienes han sido detenidos.

Una vez más, lo que han recibido como respuesta los campesinos, es la brutal represión, con decenas de manifestantes presos y heridos graves, incluso niños desaparecidos.

Las organizaciones campesinas están preocupadas por la formación de sus militantes. «La batalla contra la injusticia, tiene que tirar las cercas del latifundio y de la ignorancia». Así dicen.

A pesar de la represión, en Paraguay se está librando una batalla dura por la dignidad de nuestros pueblos, por la soberanía, por la libertad.

Para los latinoamericanos, y especialmente para los movimientos populares del Cono Sur, en esta batalla se juega gran parte de la «suerte» de nuestros esfuerzos comunes por un proyecto de Segunda Independencia, que proponga una integración nacida desde los pueblos. No se trata de pensar sólo en términos de la imprescindible solidaridad con estas luchas, sino de saberlas y sentirlas como propias.

En Paraguay late un corazón sensible del continente. Evitar que el genocidio continúe, es tal vez una manera de poder pensar nuevamente nuestra historia, desafiando política y culturalmente los mandatos que nos llegan de la Guerra de la Triple Alianza, y más cercanos, del Operativo Cóndor.

Como urgencia, la libertad de los campesinos paraguayos, presos en Argentina en la cárcel de Devoto en condiciones infrahumanas, tal vez sea una posibilidad concreta de comenzar a hacer gestos activos y verdaderos de «integración».

Si el gobierno de Kirchner y sus selectivos «derechos humanos» pactaron con Duarte Frutos el rechazo al pedido de refugio primero, y ahora la extradición de los luchadores campesinos, cabe a los movimientos populares redoblar la solidaridad de los de abajo, la que «crece desde el pie».
En el Paraguay, en la vitalidad del movimiento campesino y del pueblo guaraní, están latentes muchas posibilidades de nuestro presente inmediato, y también de nuestro futuro. Se trata de que las semillas no sean esterilizadas. Se trata, en definitiva, de continuar la resistencia.

25 de julio de 2006

Notas:

– (1) Señala en un comunicado el SERPAJ Paraguay, que «el citado convenio es una nueva estrategia del gobierno de los Estados Unidos para incumplir con legislaciones internacionales, como el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, debido a que nuestro país garantiza la «inmunidad» a todo el personal que participe de estas actividades, incluyendo civiles. Que nuestro país renuncia a su poder jurisdiccional, y lo delega al Gobierno de los Estados Unidos, cuando un funcionario norteamericano se vea involucrado en la comisión de Hechos Punibles, incluso impidiendo que un particular acceda a la justicia cuando el mismo fuera atropellado en sus derechos por personal norteamericano.»

– (2) «Para morir, el Paraguay va a dar al mundo el más heroico ejemplo americano de resistencia nacional. Y va a experimentar una de las más trágicas lecciones de la historia, que cuando un pueblo autodetermina su destino, es invencible e incorruptible. Es preciso entonces, como se hizo con el Paraguay, destruir hasta su último germen. La necesidad del opresor de destruir totalmente un pueblo libre para establecer él su dominio, fue cabalmente expresado por el Duque de Caxias, en carta al Emperador Pedro II, fechada el 18 de noviembre de 1867, cuando afirmó que para vencer al Paraguay, el Imperio necesitaría matar al último paraguayo en el vientre de su madre.»… «Cuando comenzó la guerra, el Paraguay tenía aproximadamente ochocientos mil habitantes (hay estadísticas informando que la población llegaría a un millón trescientos mil, lo que es muy improbable). Al terminar el genocidio fue hecho tan eficientemente que sólo existían en el Paraguay, ciento noventa y cuatro mil habitantes. De estos, catorce mil eran hombres y ciento ochenta mil mujeres. O sea, la población masculina fue prácticamente exterminada: de los catorce mil hombres que quedaron de la población inicial de ochocientos mil habitantes, por lo menos el setenta por ciento eran niños de menos de diez años. Juan José Chiavenato. Genocidio americano. La guerra del Paraguay. Carlos Schauman Editor. 1984

– (3) Con más de 15 secuestros resonantes en los últimos años, el problema se ha convertido en tema nacional. Este movimiento está dirigido sobre todo a la criminalización de las organizaciones de izquierda, pero es sabido que en el origen de muchos de los secuestros están los ajustes de cuentas entre las distintas fracciones del Partido Colorado que gobierna con mano de acero el Paraguay en los últimos 60 años. Los grupos antisecuestro de las fuerzas represivas del Paraguay reciben actualmente entrenamiento de inteligencia y militar en Colombia, y tienen asesoramiento norteamericano.

– (4) Esta situación, es utilizada desde el Estado, el gobierno y la justicia, para criminalizar a organizaciones campesinas, y a organizaciones políticas de izquierda, como es el caso de Patria Libre, a quien se viene acusando de cada uno de los secuestros o asesinatos realizados por los grupos facciosos del Partido Colorado, o de los narcoganaderos. La persecución de líderes campesinos, imputados por diversos secuestros, va más allá de las fronteras, y se extiende hacia países como Argentina o Bolivia, donde varios líderes campesinos pidieron refugio. En el caso de Argentina, le fue rechazado el refugio, y se encuentran detenidos en la cárcel de Devoto, mientras el gobierno paraguayo tramita ante el gobierno argentino y los jueces su extradición.

– (5) Vale recordar que el general Lino Oviedo fue formado en la Escuela de las Américas.

– (6) Una de las empresas más importantes de «seguridad», Aguila Seguridad Privada, pertenece al hermano del presidente de la ARP (Asociación Rural del Paraguay), Alberto Soljancic.

– (7) En Paraguay hay alrededor de seis millones y medio de habitantes, de los cuales unos 500.000 son de origen brasileño. El 51% es urbano, y el 49% es rural, según indica el último censo.

– (8) Nos informan las organizaciones de campesinos que se estiman unos 80.000 campesinos desplazados de sus tierras por año, que se agregan a los ya existentes 600.000 campesinos sin tierra.

– (9) Medical Readiness Training Exercises.

– (10) Alternativa Bolivariana de las Américas

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Claudia Korol*

– Secretaria de América Libre y colaboradora de Adital

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