La región ante la crisis boliviana

La teoría de los complejos regionales de seguridad afirma la interdependencia que experimentan los países que se encuentran geográficamente próximos entre sí. En este sentido, una de las principales características de una región es su constitución como un espacio en el que los Estados están lo suficientemente conectados como para que su propia seguridad no pueda ser considerada por fuera de la seguridad de los Estados vecinos.

El complejo regional de seguridad del Cono Sur se encuentra integrado por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En él, las dinámicas de seguridad inter-estatales fueron históricamente secundarias frente a la inestabilidad de los asuntos domésticos de los países que lo integran. Esto no quiere decir que la violencia política haya estado ausente de la región, sino que ésta se ha desarrollado principalmente fronteras adentro.

Entrado el siglo XXI, hacia el interior de nuestro complejo regional de seguridad no existen hipótesis de conflicto inter-estatales y sus países miembros tienen una gran afinidad cultural. Sin embargo, una de las principales características de este complejo sigue siendo la gran vulnerabilidad interna de los Estados que lo componen. El factor fundamental en este sentido es la cuestión social donde se entremezclan situaciones de pobreza extrema, desigualdad, desempleo, marginación y debilidad institucional.

Adicionalmente, existe un peligro cada vez mayor de derrame desestabilizador desde el complejo conformado por el Arco Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), que los países del Cono Sur no están logrando resolver.

La crisis como regla

Los tristes sucesos acaecidos en Bolivia durante las últimas semanas son, lamentablemente, parte de su historia recurrente.

Bolivia es un país que, según el censo del año 2001, cuenta con poco más de ocho millones de habitantes entre los cuales el 50% está conformado por población indígena que en su gran mayoría vive por debajo de la línea de la pobreza.

Sus fuertes divisiones étnicas se encuentran acompañadas por una profunda división territorial que da cuenta de la primera. De esta manera, la provincia de Santa Cruz concentra en el Sur y el Este del país a la mayor parte de los establecimientos industriales y de producción petrolera, así como también a las poblaciones de clase alta y media de origen europeo; mientras que en las regiones Oeste y Norte habitan mayormente los sectores empobrecidos de ascendencia indígena que se dedican al cultivo de coca, a la agricultura de subsistencia, o a trabajar en las minas.

Tradicionalmente, la economía boliviana dependió de sus recursos mineros y de una precaria estructura agrícola de subsistencia. Sin embargo, en 1990 se descubrieron importantes yacimientos de gas en la sureña provincia de Tarija que, en lugar de traer crecimiento económico para el país y aumento del bienestar para sus habitantes, se constituyó en la principal fuente de conflictos.

Si bien el actual ciclo de inestabilidad se disparó como consecuencia de disputas vinculadas a las políticas de explotación, procesamiento y comercialización de los recursos de gas y petróleo bolivianos, detrás de ellos se están enfrentando dos modelos de país que hasta el momento se han mostrado antagónicos e irreconciliables. Uno de ellos lo encabeza el Presidente Evo Morales y tiene por horizonte el desarrollo económico boliviano con una justa distribución de los ingresos y riquezas; y, el otro, dirigido por las élites del Sur y el Este de Bolivia que amenazan al gobierno central con declarar la autonomía o incluso buscar la secesión y exigen que los impuestos cobrados a la explotación de hidrocarburos sean administrados por las provincias.

Si bien la naturaleza de la crisis boliviana es predominantemente local y, en consecuencia, sus soluciones también lo son, el papel de la comunidad internacional es fundamental en este proceso.

El rol de la Unasur

El involucramiento de actores internacionales es imprescindible a los efectos de promover canales de diálogo y negociación entre el gobierno boliviano y las fuerzas políticas de oposición. Y, en este sentido, los países miembros de la Unasur tienen mucho para decir y hacer.

En primer lugar, resultaba imperativo que la Unasur manifieste su absoluto e incondicional apoyo a la democracia boliviana, tal cual lo hizo en su reciente encuentro de emergencia que tuvo lugar en Santiago de Chile.

En segundo lugar, es fundamental que los presidentes de los países miembros de la Unasur moderen el contenido de sus declaraciones. Lejos de adherir a teorías y explicaciones conspirativas como causas del actual conflicto boliviano, no puede negarse la verosimilitud de las hipótesis que señalan a los Estados Unidos y su expulsado embajador boliviano Philip Goldberg, como portadores de cierta responsabilidad en el proceso de desestabilización de la democracia boliviana.

No obstante, es imperioso estabilizar la situación de Bolivia y esto no se logrará incrementando los niveles de crispación y las divisiones existentes en esta sociedad. La Unasur no debe identificar chivos expiatorios ni abonar a teorías conspirativas, sino otorgar su más decidido y explícito respaldo a la democracia, la constitución y las instituciones de la República de Bolivia, poniéndose a disposición del gobierno constitucional.

En este sentido, es razonable la prudencia del Presidente Lula al condicionar su presencia en la reunión celebrada recientemente en Chile a que el Presidente Evo Morales solicite la intervención de la Unasur. Los argumentos esgrimidos por el mandatario brasileño encuentran su fundamento en la necesidad de evitar que esta reunión sea interpretada como una injerencia de los países sudamericanos en los asuntos internos de Bolivia. Sin embargo, esta razonable prudencia no debe expandirse a otras cuestiones como el visto bueno a las fuerzas bolivianas de oposición ni al hecho de que las resoluciones de la Unasur sean aceptadas por las partes en conflicto.

La única vía para el desarrollo y estabilización de los países latinoamericanos es la expansión, profundización y consolidación de sus democracias. Para ello, las fuerzas políticas de cada uno de los países de la región deben comprender que sus diferencias deben dirimirse a través del procedimiento electoral y de la participación en las instituciones representativas que ofrecen sus regímenes republicanos. Esto supone, entre otras cosas, descartar la acción directa de su menú de opciones y respetar las decisiones mayoritarias. Que los actores políticos de Bolivia comprendan esto debe ser una de las prioridades de las acciones de la Mesa de Diálogo que la Unasur instaló en La Paz. De no alcanzarse este objetivo, Bolivia no estará exenta de nuevas crisis políticas y culturales que no sólo incrementan la crueldad y el sufrimiento de la sociedad boliviana, sino que amenazan con derramarse al resto de la región.

El autor es Licenciado en Ciencia Política (UBA) y Máster en Relaciones y Negociaciones Internacionales (UdeSA/FLACSO).

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