La razón de la turba

Desde 1996, tras casi cuarenta años de una guerra civil que dejó doscientos mil muertos, quinientos mil desaparecidos y un millón de desplazados, se incrementó exponencialmente la violencia en Guatemala, un país que no puede escapar a los designios de Mictlantecuhtli, el Señor de la Muerte, el dios más oscuro de la mitología Maya.

Secuestros, robos de niños, violaciones, asaltos y otras atrocidades, protagonizadas en su mayoría por esas multitudinarias pandillas juveniles conocidas como Maras, junto con el feminicidio asuelan al país como una pandemia. En Guatemala circulan casi dos millones de armas de puño que ocasionan el ochenta por ciento de las muertes violentas. Como represalia se recurre al linchamiento, una justicia popular directa, ejecutiva y ejecutora.

Esta alarmante expresión social se conoce desde el principio de los tiempos. Pero será en los Estados Unidos donde se la bautiza, cuando un coronel de Virginia, Charles Lynch, ordena en 1780 que los colonos sospechados de fidelidad a la corona británica fueran ahorcados sin juicio previo. Luego, la ley de Lynch o linchamiento comenzó a ejecutarse contra los negros y fue habitual en las nuevas poblaciones que se fundaban en el oeste norteamericano, huérfanas de justicia institucionalizada.

Desde 1996 a la fecha se registraron oficialmente más de setecientos linchamientos que provocaron cerca de trescientos muertos y un número incierto de heridos graves. El primer caso registrado tuvo lugar en la ciudad capital, cuando un niño lustrabotas que trabajaba en el Parque Central fue acusado del robo de una cartera. Rodeado por un grupo de estudiantes, literalmente se lo ultimó a patadas.

La indefensión de la población frente a los altos niveles de violencia tanto urbana y rural, acompañada del descrédito del sistema judicial son, para los expertos, las causas principales de los linchamientos. A pesar de que estas ejecuciones son cotidianas, los casos resueltos son escasos; esto coloca a la población en un permanente estado de inquietud e inseguridad.

En las zonas rurales, la policía ha sido sobrepasada. Los agentes temen practicar detenciones por temor a las venganzas y la población se niega a atestiguar y entregar evidencia por miedo a represalias o, simplemente, por estar de acuerdo con las ejecuciones.

Violencia que viene de lejos

La causa de esta catarsis que se resignifica en los linchamientos, se conjuga con un estado de violencia en que el país esta sumergido desde fines de los años cincuenta. Con el inicio de la guerra civil (1960-1996), la acción del ejército contra poblaciones civiles fue cotidiana; posteriormente, con el surgimiento de grupos paramilitares, la violencia ejercida sobre todo contra las poblaciones campesinas, fundamentalmente indígenas, produjo un etnocidio y la violación a los derechos humanos, la impunidad, y la ruptura del tejido social, conseguida a partir de los desplazamientos de población civil como estrategia contrainsurgente. En la actualidad la manipulación política, la pobreza extrema, y los mensajes apocalípticos de ciertas sectas neo-evangélicas, fogonean el nuevo espiral de violencia que no se detiene.

No es extraño que la población, en sus ejecuciones, copie las metodologías de los paramilitares. Los informes coinciden en que muchos son instigados por ex miembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Las estrategias contrainsurgentes eran similares a los actuales linchamientos: las víctimas son torturadas, después incineradas y todo ante la vista de la comunidad. Un episodio de linchamiento en el departamento noroccidental de El Quiché, en julio del 2000, rememora con precisión los operativos paramilitares. Ochos familiares de víctimas de la represión, que habían iniciado juicios contra miembros de las PAC, fueron linchados en sus aldeas. Este grupo cuenta con el respaldo de autoridades locales vinculadas al Frente Republicano Guatemalteco (FRG) el partido del genocida José Efraín Ríos Montt.

Espontaneidad organizada

Los linchamientos, según las definiciones, son actos impulsivos llevados a cabo por ciudadanos indignados, pero existen serios indicios de que algunos, en apariencia espontáneos, fueron planeados e instigados por simple venganza personal o por intereses económicos y políticos. Ese fue el caso del juez Álvaro Martínez Pérez, que tuvo lugar en la localidad de San Antonio Senahú, unos 370 kilómetros al norte de la capital, en marzo del 2001, cuya ejecución se intentó encubrir con la excusa del descontento que había producido en la población el que el magistrado hubiera dejado en libertad a un presunto violador. Pero la delegación de Amnistía Internacional que visitó Guatemala en junio del 2001, dictaminó que el ataque fue para impedir que el juez continuara con una investigación sobre el robo de vehículos que implicaba a figuras políticas del orden nacional. Tres campesinos indígenas se encuentran ahora acusados de su muerte.

En enero del 2001, cientos de vecinos de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, detuvieron durante seis horas al entonces Ministro de Medio Ambiente, exigiéndole la renuncia del alcalde del municipio. Al mismo tiempo, los pobladores protestaban contra la propuesta de aumento al Impuesto Único Sobre Inmuebles y las multas que se les imponía por el corte de leña. La turba pedía que el ministro fuera linchado y más de doscientos policías intervinieron para evitarlo.

Ejemplos de una práctica mortal

Ladinos o mestizos, grupos de descendencia maya y otras etnias representan el noventa y ocho por ciento de la población. Por este motivo se ha querido inculpar de los linchamientos a la justicia maya, pero esta pretensión es injustificada. Eduardo Zacayón, director del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos (Usac) explica que el derecho consuetudinario Maya, basado en la tradición oral, permite que los miembros de las comunidades castiguen los delitos cometidos en ellas, pero no contempla la pena de muerte. Los castigos deben exponer al individuo frente a la comunidad para que todos conozcan su crimen, y el penado, después de humillado, es obligado a dejar la comunidad.

Para linchar a un presunto delincuente, acusado de participar en el asalto a un autobús y de la violación de cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, los vecinos de San Pedro Yepocapa incendiaron la sede de la subestación de la Policía Nacional Civil, dos vehículos particulares y dos motocicletas.

Los pobladores colocaron un lazo en el cuello a Cristóbal Xicay y lo hicieron caminar cuatro kilómetros hasta el parque de la localidad, donde después de subirlo a una tarima, lo obligaron a confesar su crimen y luego lo golpearon hasta morir. Finalmente su cadáver fue paseado por el pueblo e incinerado.

En Comitancillo, San Marcos, cinco hombres acusados del robo de caballos permanecían detenidos en la prisión municipal cuando un grupo de unas doscientas personas coparon la repartición policial y rociaron con nafta a los sospechosos, para luego quemarlos. Los victimarios adujeron no tener confianza en la justicia.

El 29 de abril del 2000, un turista japonés y el conductor del bus en el que viajaba, fueron asesinados en Todos los Santos, Huehuetenango. A la vez otros turistas fueron atacados por un grupo de quinientas personas cuando fotografiaban a un niño en un mercado indígena. Los pobladores habían sido advertidos de la llegada de un grupo satánico que pretendía secuestrar niños del pueblo para sus rituales.

Los linchamientos han dado lugar a venganzas personales: sólo basta con invocar una acusación en la aldea para que se inicie el castigo y se asesine al sospechoso, aunque sea por banalidades. En Mutucuy, Baja Verapaz, se intentó linchar a tres personas acusadas de robar alimento para aves y dos cajas de gaseosas. En Pueblo Nuevo, Ixcán, dos mujeres fueron acusadas de la muerte de un joven con actos de brujería, a pesar que un profesional de Médicos del Mundo, que trabajaba en la zona, testificó que el joven había muerto de SIDA.

En Almolonga, Quetzaltenango, fue suficiente que el ómnibus que debía transportar a alumnas a una fiesta en otra localidad no arrancase, para que los padres de las muchachas agredieran a dos maestras con golpes, para después rociarle nafta con el fin de prenderles fuego.

Los linchamientos incluso suceden por disputas domésticas: accidentes de tránsito, infidelidades, herencias, usurpación de cursos de agua, falta de suministro eléctrico, hechicería, tala de árboles, irregularidades administrativas, desalojos, venta clandestina de licor.

El Estado ha comenzado a realizar desde las radios y la televisión una fuerte campaña de concientización, en k’iche’, q’eqchi’ y en español, intentado alcanzar todo el espectro de la población para terminar con estos procedimientos, pero todos los días en la prensa se informa de nuevos linchamientos.

Mientras tanto, Mictlantecuhtli, el Señor de la Muerte, sigue sonriendo.

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