La punta del iceberg

Jorge 40 o Roviro Tovar Pupo ejercía, junto a Salvatore Mancuso, la comandancia del Bloque Norte, uno de los mas poderosos de la estructura paramilitar colombiana. Corría la tarde del once de marzo del 2006 cuando funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía colombiana ingresan al conjunto residencial Villa Canaria y detienen a quien buscaban desde hacía meses : Edgar Ignacio Fierro Flores, mas conocido como Don Antonio.

Don Antonio no salía de su asombro. Contaba con el carnet de desmovilizado, lo que de acuerdo a la legislación vigente representa una suerte de patente de indemnidad… sin embargo, ignoraba que la Unidad de Derechos Humanos lo requería por homicidio agravado y extorsión.

Se encontraba a cargo de la zona del Atlántico de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, como tal, reportaba directamente a la Comandancia del Bloque Norte, uno de los más poderosos de la estructura paramilitar colombiana.

Pero si Don Antonio estaba sorprendido, los funcionarios a cargo del procedimiento no podían dar crédito a lo que encontraron: una masa de información vital para entender el funcionamiento interno de esa estructura paramilitar.

Dos computadoras, dos memorias USB, y multitud de información impresa quedaron expuestas a los ojos de los investigadores. Quizás lo que más sorprendió a quienes pudieron acceder al computador de Jorge 40, el propietario de las máquinas encontradas, fue la visión de una verdadera campaña de exterminio.

El listado de más de quinientas personas con todos sus datos filiatorios, condenadas a muerte … con sentencia cumplida. Es necesario aclarar que la nómina se refería solamente a la zona del Atlántico.

Pero había mas: el listado de entidades estatales bajo su control, el porcentaje que cobraban de los contratos que suscribían esos organismos convertidos en «caja» cautiva, nombres de colaboradores en el tráfico de cocaína, rutas de salida de drogas hacia Europa y EEUU, listado de funcionarios, fiscales, policías, militares y agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) considerados propios o confiables.

Pero remontémonos hacia atrás en breve síntesis para comprender mejor este fenómeno cuyo nivel de extensión y profundidad hace difícil imaginar la salida del tunel.

Los antecedentes

Para encontrar los orígenes de las estructuras paramilitares debemos remontarnos a la época de la colonia. En aquel entonces, los grandes hacendados reclutaban verdaderos ejércitos privados para resguardo de sus intereses y su expansión territorial.

Cuando nace Colombia como país independiente, esta práctica se mantuvo con el aditamento de que estas fuerzas de choque eran utilizadas por los partidos emergentes para dirimir sus disputas electorales.

Sólo a partir del año 1962 se dan los primeros pasos para darle otro carácter a estas fuerzas paralelas. En efecto, de acuerdo a un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: Durante ese año, luego de una visita al país del General Yarborough, Director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh (Carolina del Norte- EEUU), encargado de revaluar la estrategia militar de EEUU en Vietnam, Argelia y Cuba, redactó un “Suplemento secreto” al informe de su visita, que hablaba de la creación de organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la “lucha anticomunista”.

Colombia ingresó lentamente en la Guerra Fría de la mano de la doctrina de Seguridad Nacional. En 1965, al calor de esta estrategia, se dicta el decreto 3398 de 1965.

Convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968, el Estado pasó a contar con el soporte jurídico para que la fuerza pública organizara la «defensa nacional», «defensa civil» y entrenara, dotara de armas y adoctrinara a habitantes en zonas de conflicto con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación, y los apoyara en la lucha contrainsurgente.

Estas normas fueron el fundamento legal para la promoción y organización de las «autodefensas», y/o paramilitares que así irían rotando de carácter y funciones en paralelo al agravamiento gradual de una conflictividad interna que no conoció paréntesis.

El peso específico de las estructuras paramilitares creció en la medida que fue desarrollándose el conflicto interno. Tal vez llevado a su máxima expresión por Álvaro Uribe, para quien no existe un estadio de conflictividad social, que alcanzó en varias regiones a manifestarse de modo armado.

Para el presidente colombiano, lo que parte aguas es la lucha del Estado contra el terrorismo. En línea absoluta con la tesis estadounidense como fórmula para su expansión y control global, esta definición niega y a la vez criminaliza la protesta o disconformismo social y pretende quitar carácter político a la oposición armada.

La metodología de control poblacional que desarrolla el gobierno es nítida: el ejército perimetra un territorio acordado y, dentro de ese perímetro, actúan las AUC, con licencia para desatar el máximo terror posible. Con la retaguardia cubierta, con abastecimiento garantizado, con impunidad legal, estas verdaderas legiones mercenarias masacran poblaciones enteras.

Pero no queda ahí el rol de las AUC. Es que estas estructuras no son o dejaron muy atrás la función de meras fuerzas de choque. Una carta abierta recientemente publicada en periódicos colombianos da cuenta de un siniestro entrelazamiento.

En momentos en que la Fiscalía emprende acciones contra varios ganaderos de la Costa Atlántica dentro del denominado escándalo de la ‘parapolítica’, un numeroso grupo de habitantes del Bajo Cauca antioqueño y de la región del Alto, Medio y Bajo San Jorge, respaldados por los gremios de ganaderos y comerciantes de ambas zonas del país, decidieron públicamente reconocer que prestaron apoyo a las organizaciones de autodefensa.

“En carta abierta al presidente Álvaro Uribe, más de 10.000 firmantes de las dos regiones reconocieron que ante el abandono del Estado y la agresión de los grupos guerrilleros de la Farc, el Epl y el Eln, se vieron obligados a apoyar a los paramilitares, que con el tiempo engrosaron tales grupos con hijos de esta misma tierra y que esta acción se realizó con la aprobación de sus pobladores y el conocimiento de sus estamentos porque, según ellos, ejercían su legítima defensa”.

Sigue la nota de El Espectador:
“Asimismo, el confeso paramilitar Diego Viáfara Salinas, quien además fuera miembro activo de Acdegam (una asociación ganadera), admitió que existió una alianza tácita con los grupos de autodefensa y que gracias a Acdegam, no sólo crecieron los grupos paramilitares en la región, sino que se fue desarrollando un proyecto económico que rápidamente contó con almacenes, droguerías, imprenta, fincas, sistemas de comunicaciones, redes de apoyo logístico y sofisticado parque automotor.”

Y mucho más.

Lo que tiene en vilo a la oposición, en particular al Polo Democrático Independiente, fuerza de centro izquierda que logró en estas últimas elecciones varios escaños legislativos, es la fuerza expansiva de estas estructuras criminales. Según denuncias reiteradas del senador Gustavo Petro, la fuerza política que representa, organizaciones sociales y de derechos humanos, fundaciones de diversa índole y organismos internacionales, se está asistiendo a una autentica contrarreforma agraria.

Se estima entre cinco a seis millones las hectáreas afectadas por este proceso, que consiste desde usurpación territorial lisa y llana hasta ventas «obligadas», normalmente a nombre de testaferros.

Las AUC ejercen un férreo control poblacional en aquellos sitios donde lograron asentamiento territorial y se diseminan a lo largo y ancho del país. No esta exenta, por supuesto, la inmensa región fronteriza con Venezuela, Brasil, Peru y Ecuador. Tampoco la ruta de la droga. La conexión con los carteles y articulación de «actividades» no es nueva ni desconocida.

No es fácil ser optimista al pensar en las perspectivas de ese país tan trágicamente castigado. A la represión legal se le suma una estructura mafiosa que extiende influencias en instituciones, organismos de seguridad, representaciones políticas y un creciente poderío económico, asentamiento territorial y, por ende, fuerte control poblacional en áreas de influencia. Debe agregarse, para cerrar el cuadro, del lanzamiento de la incorporación masiva de informantes: el objetivo declarado por el gobierno es alcanzar el millón de inscriptos.

Uribe dio dos pasos más hacia el abismo: la ruptura de las negociaciones que se desarrollaban con las FARC para el intercambio de prisioneros y el anuncio del cese del Plan Colombia y su reemplazo por una nueva estrategia de guerra cuyas características aún no fueron dadas a conocer pero que sin dudas implican la profundización de la política de confrontación interna.

Nada es lineal, ni en la vida de los hombres ni en las historias que tejen. Por tanto, es imposible hacer proyecciones. Ahí avanza una oposición obstinada en tratar de encontrar algo humano debajo de tanto escombro. Ahí van, en la misma búsqueda, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, masas de desplazados, resistentes que soportan el gran drama de Colombia y que obsesivamente insisten en construir un país para todos.

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