Por Causa Popular.- Esta semana Bolivia volvió a ser centro de todas las miradas. Esta vez, las razones no fueron las bravuconadas de las secretaria de Estado norteamericana Condolezza Rice, ni las del jefe del pentágono Donald Rumsfeld. Desde que en el país andino asumió interinamente la presidencia Eduardo Rodríguez, Estados Unidos se ha encargado de acusar al líder popular y candidato favorito Evo Morales de estar apoyado por narcotráfico y recibir financiamiento de Cuba y Venezuela. Esta vez Bolivia volvió a estar reflejada en todos los medios del mundo a raíz de dos sentencias del Tribunal Constitucional que pone en duda las elecciones previstas para el 4 de diciembre. El Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que integra Evo Morales, puntero según los sondeos y principal perjudicado por una eventual postergación de la consulta, apuntó a la Casa Blanca y llamó a la ciudadanía defender la convocatoria para el 4 de diciembre.
El Tribunal Constitucional primero falló redefinir el número de escaños del próximo Congreso, dando lugar a un pedido de Santa Cruz de la Sierra y reactivando los conflictos regionales, y luego admitiendo un recurso presentado por la brigada parlamentaria potosina demandando la inconstitucionalidad de los comicios generales a realizarse en diciembre, ya que la Constitución sólo prevé la elección de presidente y vice, no la renovación del Parlamento, como se acordó en junio para contrarrestar el malestar social de ese entonces.
“Lo único que podemos decir es que ni se descarta ni se confirma (que las elecciones se realicen en la fecha prevista)”, advirtió la titular de la Cámara Baja, Norah Soruco, tras una reunión que sostuvo en la víspera con el presidente Rodríguez y el jefe del Congreso, Sandro Giordano, en la que no se logró una salida a este escollo.
Giordano ratificó este miércoles el compromiso de impulsar las elecciones e indicó que se ha iniciado un “trabajo de consenso” entre las cámaras legislativas para cumplir con la sentencia.
El fallo declara inconstitucional un artículo de la Ley Electoral que sirvió de base para el llamado a los comicios, al tiempo que deja sin efecto la actual distribución de curules -bancadas- en la Cámara Baja.
Ante este panorama, el Congreso deberá aprobar una modificación de la Ley Electoral para reasignar los puestos congresales teniendo en cuenta el censo de 2001, mientras que la Corte Nacional Electoral (CNE) tiene la responsabilidad de reconfigurar las circunscripciones.
Con esta decisión, se prevé que las regiones de Oruro, Potosí y La Paz pierdan diputados, y aumenten los espacios para Santa Cruz y Cochabamba, que ha registrado un crecimiento de su población en los últimos años.
Como era de esperarse apenas conocido el fallo, se desataron diversas reacciones regionales. Mientras los representantes cívicos de Santa Cruz piden su cumplimiento, los delegados de La Paz, Oruro y Potosí se han declarado en “emergencia” y anunciaron movilizaciones.
Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS), denunció el interés de algunas “fuerzas” de promover un golpe de Estado para impedir que su candidato Evo Morales, gane las elecciones. “Sabemos que en este momento hay fuerzas de derecha muy interesadas en provocar un golpe”, declaró el diputado Antonio Peredo, del MAS, a la prensa.
Pese a admitir que en las Fuerzas Armadas “hay una situación de acatamiento de la Constitución”, no descartó la “posibilidad de que determinadas fuerzas interesadas en que el proceso electoral no siga adelante, estén buscando una solución por el desastre”.
El Comité Cívico de Potosí convocó para este miércoles a una “gran marcha de la potosinidad” y en rechazo de la sentencia, a la vez que se sumó a la propuesta formulada por los diputados de esta región y de sus vecinas de La Paz y Oruro de postergar las elecciones para dar vía libre a la instalación de la Asamblea Constituyente.
Los parlamentarios de Potosí presentaron, además, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la convocatoria a elecciones. El Tribunal deberá pronunciarse ahora sobre la realización de comicios generales o de una elección parcial (presidente, vicepresidente).
Evo Morales quién se encuentra en Francia, al día siguiente del fallo convocó a sus bases al “estado de emergencia” aunque en “serenidad”, ante la posibilidad de la decisión del Tribunal Constitucional obligue a retrasar los comicios.
“Quiero alertar y convocar a nuestros compañeros de base a la serenidad, pero también declarar el estado de emergencia frente a este golpe del Tribunal Constitucional al movimiento popular”, declaró Morales, en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
El líder indígena apuntó además a los Estados Unidos, y lo funcional que significaría para una intervención del imperio una desestabilización de las instituciones bolivianas.
Evo subrayó “no estamos convocando a la movilización, sino al estado de emergencia, porque en este momento hay mucha incertidumbre, y las fuerzas externas quisieran que hubiese una gran confrontación para buscar alguna salida antidemocrática o intervencionista”
Las elecciones generales del 4 de diciembre fueron convocadas respondiendo al pedido de campesinos, mineros, trabajadores y estudiantes que la exigieron con fuertes movilizaciones realizadas entre mayo y junio pasados.
Morales, que achacó la decisión del Tribunal a las presiones de “la oligarquía y empresas petroleras transnacionales”, anunció que el próximo sábado se celebrará en La Paz una “reunión de emergencia de los movimientos sociales” para examinar “cómo defender la democracia y las elecciones generales del 4 de diciembre”.
Mientras los Estados Unidos, declaman cínicamente por el mundo su cruzada por la democracia, entrarían en una seria contradicción si buscan desestabilizar un posible gobierno del líder cocalero Evo Morales elegido en las urnas.
Por otro lado, la experiencia de Venezuela, les ha demostrado la dificultad de atacar a un gobierno consolidado por vías constitucionales.
Este nuevo escenario que se abre en Bolivia parece entrever una mano oculta del imperio norteamericano, que ante un nuevo enfrentamiento interno, y sin la posibilidad de la salida democrática en el horizonte, encontrara una hendija para justificar una intervención militar externa.
