La polémica se dirimirá en las urnas

La Asamblea Nacional legislativa de Venezuela aprobó este viernes la polémica reforma de la Constitución de 1999 y la envió al Consejo Nacional Electoral para que la someta a consulta popular el 2 de diciembre. La iniciativa, impulsada por el presidente Hugo Chávez, apunta a cambiar 69 artículos de la ley fundamental que él impulsó hace ocho años, y tiene como objetivo profundizar el proyecto «socialista» de su gobierno.

Analistas políticos consideran que se trata del asunto más conflictivo desde mayo, cuando Chávez no renovó la licencia del canal privado de televisión RCTV, de orientación opositora.

Mientras los diputados sancionaban la reforma, con 162 votos a favor y cinco abstenciones –todos del oficialismo– la mayor confederación de empresarios del país, Fedecámaras, llamó a los venezolanos a rechazar el proyecto gubernamental.

En una concesión a reclamos opositores, la Asamblea Nacional decidió seguir la sugerencia de Chávez y dar a los ciudadanos la opción de votar las modificaciones en dos bloques: uno incluye los 33 artículos propuestos por el mandatario más 13 incorporados por los diputados, y el segundo contiene los restantes 23 redactados por los legisladores. La división sigue un criterio temático.

Chávez estaba en contra de fragmentar la consulta, pero en los últimos días cambió de opinión y pidió a la Asamblea que considerara su propuesta de ofrecer a los ciudadanos votar por «Sí» o por «No» a varios bloques de modificaciones.

«Me resulta inaceptable», dijo el diputado Ricardo Gutiérrez, del Partido por la Democracia Social (Podemos) «que diputados se hayan parado en esta tribuna a defender la propuesta del presidente», quien proponía un solo bloque, «y ahora con vehemencia y pasión defiendan que se vote en dos bloques».

Los 167 legisladores del parlamento unicameral pertenecen al arco oficialista, pues la oposición no tomó parte de las elecciones legislativas de 2005, alegando que no había garantías de transparencia electoral.

Sólo Podemos y el también oficialista Partido Comunista expresaron discrepancias con el proyecto de reforma constitucional, si bien los legisladores de esta última fuerza terminaron votándola a favor.

El diputado Eustaquio Contreras proclamó con gran euforia: «Hoy muere el Estado capitalista y burgués», en respuesta a los diputados de Podemos, que hicieron mención al Día de los Muertos, que se conmemoraba este viernes, para comparar la fecha con la situación, ante sus ojos negativa, que producirá la nueva reforma.

Entre otros cambios, Chávez incluyó prolongar de seis a siete años su mandato, permitir la reelección presidencial indefinida, suprimir la autonomía del Banco Central, reconocer la propiedad social junto a la pública y la privada, y crear milicias populares junto a las Fuerzas Armadas convencionales, que además se definirán como «un cuerpo esencialmente popular, patriótico y antiimperialista».

También propuso dar rango constitucional a los consejos comunales, establecer como base administrativa del país a las ciudades, divididas en comunas y comunidades, fijar la jornada de trabajo en seis horas diarias y organizar un sistema de seguridad social universal, así como ampliar los poderes presidenciales para diluir los estados y municipios en otras entidades, bajo su autoridad directa, cuando lo considere conveniente.

La Asamblea realizó otros cambios, de común acuerdo con Chávez, como reiterar la igualdad de todos ante la ley, sin discriminaciones de raza u orientaciones sexuales, fijar la edad mínima para votar en 16 años, sin alterar la de mayoría de edad que permanece en 18, y abrirle espacio al esquema de integración continental conocido como Alternativa Bolivariana para las Américas.

El artículo que generó más polémica fue el 337, cuya modificación contempla la suspensión del derecho al debido proceso cuando rijan estados de excepción que pueden ser decretados por el presidente, lo que produjo críticas de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch.

Finalmente, se mantuvo la prohibición de la tortura y el derecho a ser juzgado por los jueces naturales, pero se estableció la facultad de suspender el derecho constitucional a la información en situaciones de estados de excepción.

Al respecto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, comentó que será el gobierno quien dará la información.

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