El debate sobre la extensión y/o universalización de las asignaciones familiares pasó de pantalla esta semana y en el Congreso ya se alistan para discutir proyectos. La nota analiza el punto de partida de esa discusión, que subyace en el espíritu y el alcance de las actuales políticas destinadas a los sectores excluidos.
Podemos quedarnos en eso de que “es lo que hay”. Sin embargo, el posibilismo expresa en un punto la degradación de lo político y en definitiva, cuando no enfila a ninguna meta, se canibaliza, se come a sí mismo como en las enfermedades autoinmunes.
El fraccionamiento del campo popular requiere de políticas que tiendan a unirlo. Pero este Estado insiste en actuar al revés, con mayor segmentación, como por ejemplo en las múltiples políticas públicas dirigidas a un mismo sector o problemática. Lo que, lejos de acabar con ella, puede ahondar sus causas o cronificarlas.
Es el caso de las que “atacan” la pobreza y la exclusión.
Desde dónde se mira
No puede dejar de señalarse lo evidente aunque, por serlo tanto, parece invisible a quienes ven con simpatía lo que sucede: la fuerza de la etapa iniciada en 2003 e impulsada hacia adelante desde la asunción de Cristina Fernández a la Presidencia, no se ha correspondido con un cambio en la sociedad argentina, gran parte de la cual –por una cosa u otra– ve con desconfianza lo que está sucediendo.
Esta susceptibilidad social no se limita a los veleidosos sectores medios, ni al bloque del poder concentrado perjudicado por las movidas de este gobierno, y tampoco se explica por la manipulación mediática: se extiende a los más beneficiados por las políticas sociales de este gobierno, parte de los cuales votaron en junio por sus propios enemigos. No adversarios sino enemigos, que es hora de llamar a las cosas por su nombre.
Eso, algo debe querer decir.
Tampoco puede dejar de señalarse que esta reflexión, si de veras es reflexiva y no una repetición de loro, no aparecerá en el diario La Nación ni en TN, Dios y la Patria nos lo demanden, lo cual algo deberá revelar para quien esto lee sin prejuicios.
Es preciso salir de determinadas categorías conceptuales: desde que murió Perón, y eso pasó hace mucho, la lógica de la traición ha perdido sentido; pero también hay que salir de ese atolladero en gran parte agendado por los medios, según el cual toda crítica “por izquierda” termina siendo funcional a la derecha. Es esta la oportunidad.
El gobierno persiste tozudamente en algunos errores, que en política se suelen pagar caros: el voto no positivo, el resultado de las elecciones de medio término, por ejemplo.
A las cosas
Poco después de las elecciones legislativas, cuando los multimedios se alistaban para la inminencia de la madre de todas las batallas, y luego de una semana en la que pareció que Néstor Kirchner se había recluido para lamer sus heridas, la Presidente anunció un amplio plan de creación de cooperativas de trabajo centrado en el GBA y focalizado en desocupados o personas sin especialización laboral, que todavía luce en estado de alistamiento. En nuestro modesto entender, ese plan reproduce una economía de subsistencia porque los administradores no ven más allá del marco de las producciones familiares artesanales.
Entretanto, arreciaba la polémica sobre las cifras de pobreza y exclusión al punto de que hasta el propio Dios habló desde el Vaticano para anatematizar la pobreza. A continuación, se volvió a poner sobre el tapete la propuesta del ingreso universal, cuestión sobre la que ZOOM recogió el guante a su debido tiempo.
No solo polémica como uso hipócrita de la cuestión en la que el diario La Nación hizo punta abriendo sus páginas a las más disparatadas opiniones. También confusión en las filas propias, para llamarlas de algún modo, por cuanto es cierto que la exclusión es antagónica con el propio sentido del peronismo del que este gobierno se siente o dice heredero, y también es cierto que hay una evidente distancia entre promover el trabajo y subsidiar la desocupación.
Pero hay en el medio una dramática razón de urgencia que no admite aplazamientos, íntimamente relacionada con las limitaciones o zigzagueos oficiales para afrontar la cuestión de frente. Sobre todo lo primero. Incluso aunque la universalización no atienda a realidades tan homogéneas como parece.
La cuestión de las políticas sociales fue reflejada en estos días por la prensa, la más cercana al gobierno, en carácter de trascendidos. El uso del condicional sugirió que se estaba en la gatera, buscando consensos en el Congreso a fin de repetir las mayorías obtenidas durante la sanción de la nueva ley de Medios y el presupuesto.
La visión del gobierno
La intención oficial fue confirmada por el diputado Agustín Rossi: «De los 12 millones de menores de 15 años, seis millones están cubiertos por salario familiar o deducción de ganancias de sus padres. De los seis millones restantes, tres millones son contenidos actualmente por planes de asistencia. Finalmente otros tres millones de menores no tienen cobertura alguna. La idea es impactar con un plan de transferencia de ingreso sobre este universo de $135 por niño».
Algo parecido había mencionado el diputado Héctor Recalde cuando fue entrevistado por ZOOM: “Nosotros planteamos la asignación universal por hijos en dos etapas. La primera es que se le pague salario familiar a todos los trabajadores de la entidad privada que no lo perciben. ¿Quiénes son? Los que están en negro, porque los otros, como hay un fondo compensador, tienen el beneficio. El que está en blanco cobra siempre el salario de desempleado. Basta que el trabajador vaya con la fotocopia de la partida de nacimiento y firme en una declaración jurada y diciendo dónde labura para que se le pague el salario familiar por hijo, porque ahí tenemos otro más para ver dónde tenemos trabajo en negro. Otra vez tenemos inspector de policía de trabajo gratis. Cuando hayamos terminado esta etapa, entonces ahí vamos a la asignación universal”.
Puede que el Gobierno no comparta la visión de la CGT, pero eso es secundario.
Límites y limitaciones
En un estudio de Artemio López, a quien no pueden atribuírsele actitudes destituyentes y que también mencionamos en nota anterior, se demostraba que el gobierno no puede perforar el 40% de trabajo en negro. Es muy problemático travestir al trabajador informal, (que llegó a ese estado por indefensión social y jurídica y no por voluntad propia) en inspector vocacional de una obligación indelegable del Estado. Esta lógica reproduce la de los planes sociales.
Por otro lado, que la asignación sea universal o no parece la piedra de la discordia, pero no por cuestiones de principio sino por la magnitud de su financiamiento o, lo que sería muy enojoso, por la defensa de determinadas porciones del poder estatal.
¿Cómo se financia? Para poner aquí, hay que sacar de algún lado. Habría que hacer una reforma tributaria a fondo, pero eso no es fácil ni se ha intentado todavía. La oposición y los beneficiados por la actual estructura de impuestos trinarán. El argumento confiscatorio. Preferible pedir al Banco Mundial. Usar reservas o reducir los superávits. Son prioritarias otras leyes. Etc. Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos.
¿Tal como están concebidos, los planes sirven para disminuir estructuralmente la pobreza? Un estudio del Ateneo Jauretche de La Plata, que tampoco puede ser acusado de destituyente, demuestra que la pobreza es mayor donde hay bajos ingresos laborales, alta prevalencia del empleo público, hogares más numerosos, abundante empleo informal y precario, y ocupaciones de baja productividad. Se intenta apagar el fuego con una gotita de agua, como haría un buen samaritano.
En el estudio se menciona que Resistencia tiene a la vez “récord” de pobreza combinado con casi “pleno empleo”. Pleno empleo estatal, al estilo de lo que hizo Menem con La Rioja, agregamos. Y que Bahía Blanca, con un 28 por ciento menos de pobreza que la media nacional, es la cuarta localidad de mayor desempleo de la Argentina.
Un estudio del Siempro revela que el 66,4% de quienes reciben el Plan Familias se encuentra ocupado, a pesar de lo cual es pobre o indigente. Algo se está haciendo mal o resulta muy insuficiente.
Focalicemos
Según la información periodística, el Plan Familias del Ministerio de Desarrollo Social será retocado en el Congreso. La política de ese ministerio consiste en un puñado de planes focalizados.
“Lo focalizado” es una visión del imperio, derivada de una estrategia militar y generada por los técnicos sociales del Banco Mundial que ven a América latina como una zona de saqueo de recursos por un lado, y de conflicto social con potencialidad de convertirse en guerra de baja intensidad, por otro. Llevaría un buen espacio (que ZOOM no puede brindar) focalizar sobre la focalización. Cuanto más focalizadas son las políticas, es decir, más reducidas a conjuntos estadísticos de creciente homogeneidad, más se contribuye a carecer de una visión de la totalidad del problema. Y son otros los que lo resuelven: los mercados, por ejemplo.
Tal homogeneidad es (para ser ingenuos) ilusoria, como parece demostrarlo el estudio del Ateneo Jauretche de La Plata.
El Plan está regulado por varias normas. La principal, la Resolución 3380/09, en su artículo 9º establece textualmente –como para que no queden dudas entre los funcionarios, ejecutores y lectores comunes duros de cabeza– que los beneficiarios recibirán “un mínimo de 155 pesos por hijo o mujer embarazada más 45 por cada hijo hasta un máximo de 6 hijos, lo cual representa 200 pesos con 2 hijos a cargo, doscientos cuarenta y cinco pesos con 3 hijos a cargo, doscientos noventa pesos con 4 hijos a cargo; trescientos treinta y cinco pesos con 5 hijos a cargo, y trescientos ochenta pesos con 6 hijos a cargo hasta un máximo de trescientos ochenta pesos por familia”.
En lenguaje accesible a todos, que el grupo familiar recibe 155 pesos por el primer hijo o mujer en estado de embarazo y 45 por los siguientes hasta un máximo de seis, lo que desalienta (hay que decirlo, y este aspecto está bien planteado) la multiplicación de embarazos.
Es difícil calcular el costo administrativo del programa que monitorean unos 600 agentes estatales. A grosso modo, sólo el gasto estatal en salarios asciende a unos 18 millones de pesos anuales, con lo que podría alimentarse malamente a 286.000 compatriotas. ¿Por qué no se entregan alimentos, como en Brasil?
Logros: la información proporcionada por el mismo programa reconoce que “si antes de percibir el subsidio el universo de pobreza (pobreza + indigencia) ascendía al 85.4%, con el programa este porcentaje disminuye al 76.3%”, es decir que el esfuerzo acumulado sirve, eventualmente, para remediar un 9,1% de la problemática.
Y ya está sugiriendo un criterio de selección. ¿Cuál?
Como dato accesorio, ATE ha denunciado que la mayor parte de esos 600 empleados estatales trabajan en condiciones precarias, como monotributistas, sin vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, licencia por maternidad, estudio y/o enfermedad, sin seguro ni cobertura social salvo la que le aportaría ANSES.
Selección
¿Cómo se decide quién es beneficiario? Mediante la información que le proporciona a los administradores la agencia Siempro-Sisfam (diseñadas por el Banco Mundial en los ‘90), y estas de las intendencias y gobernaciones. El Siempro –que depende de la Jefatura de Gabinete– sistematiza y analiza datos estadísticos. En el marco de convenios firmados con el BM, esta información es girada a ese organismo multilateral de crédito y también se cruza con la proporcionada por el Sistema de Información Nacional Tributario y Social (SINTYS), otro de los sistemas diseñados y financiados por el Banco Mundial.
Al poner el peso en las intendencias, asoma la madre del borrego: el pavoroso y no suficientemente denostado clientelismo, que lejos de desaparecer, se refuerza. Amén de ser síntoma de la decadencia de la política, y sin abundar en otras cuestiones harto conocidas, el clientelismo es eficaz –si dejamos de lado que se trata de dineros públicos– hasta que aparece un opositor con mayor capacidad financiera. Que los hay, los hay. Por lo que su eficacia para mantener cautivo al beneficiario es relativa, y en lugar de reivindicar lo político, lo degrada todavía más.
Eficiencia
Como informamos en nota anterior, un estudio del SEL revela que “en 2008, el gasto devengado de estos programas fue de $6.350 millones, equivalentes a poco más del 0.6% del PIB. En términos nominales ese monto es 30% más alto que en 2006. En ese mismo período, para el INDEC la canasta básica de alimentos se encareció 13%, al tiempo que el número de indigentes cayó 49%8. Esto lleva a concluir, en la versión del INDEC, que el gasto asistencial real por persona en situación de indigencia más que se duplicó entre 2006 y 2008. En cambio, con los precios relevados en forma independiente, la canasta básica de alimentos aumentó 57%, y la población indigente creció 14%9. Ajustando el gasto nominal con estas variaciones, el resultado es que, en términos reales, el gasto por persona en estado de extrema pobreza tuvo una caída próxima a 28%”.
Lo denunció el CELS, pero ni falta hace. El subsidio no llega a cubrir la canasta básica de alimentación, que según los últimos datos disponibles del Indec (setiembre 2009) ascendía a $ 148,22 por habitante.
Aunque esta canasta calcula la alimentación de un adulto, un grupo familiar de 8 integrantes (2 adultos mas 6 chicos a cargo) requeriría $ 1.185,76 para cubrirla. Muy lejos de ella, y hasta hoy, los beneficiados por el Plan Familias cobran $ 380.
¿Se apresta el Congreso a actualizarlo sin tocar la lógica del programa? Es lo que hay.
