La pluralidad de voces garantizará la libertad de expresión

El proyecto de ley para medios audiovisuales que presentó el Gobierno Nacional para que sea discutido por toda la sociedad se contrapone, en su esencia, a la actual ley de la dictadura que fuera corregida solo para beneficiar a los monopolios durante el menemismo, en la década del ‘90.

La iniciativa de distribuir en forma tripartita las adjudicaciones de los espacios radiofónicos y televisivos, otorgándoles iguales proporciones a las empresas privadas, a los organismos gubernamentales y a las ONG, promueve la diversidad de voces y la pluralidad informativa.

Con el 33 por ciento destinado a las ONG, se garantiza el acceso a un medio radial o televisivo para las cooperativas, las asociaciones gremiales, las iglesias y todas las entidades sin fines de lucro, que no necesitarán cumplir, como ocurre ahora, con requisitos patrimoniales que vuelven el respaldo económico como una barrera incapaz de superar por la mayoría.

El articulado y los contenidos del proyecto de ley no son obra del Gobierno Nacional, sino que reúne los aportes de muchos periodistas agremiados y asociados que participan en la idea de modificar la radiodifusión argentina, desde hace varios años, con el objetivo de multiplicar las voces y garantizar mayores fuentes de trabajo.

En la Argentina, durante casi 30 años, hubo cada vez más licencias para menos personas y empresas porque, supuestamente, sólo aquellas constituidas en sociedades anónimas y con fuerte respaldo patrimonial podrían garantizar la libertad de expresión, cuando en la realidad han sometido a toda la sociedad a ver y escuchar sólo las campanas que suenan llamando a un único discurso mediático: el de sus intereses económicos.

Empeñados en mostrarnos al sistema vigente de los Estados Unidos como ejemplo de libertad de expresión, simulan desconocer que en aquel país la legislación sobre medios es mucho más restrictiva e intervencionista que el proyecto argentino actualmente en debate. “Si nosotros tuviésemos la ley del país del Norte, donde no está permitido a una misma empresa tener un diario y un canal de televisión, dirían que somos como la URSS. Nadie en los medios dijo que en Estados Unidos hay una ley restrictiva, al contrario, llenan páginas diciendo que es la prensa más libre del mundo”, señaló en uno de los debates el sociólogo de FLACSO, Luis Alberto Quevedo.

El proyecto de ley que los argentinos estamos debatiendo para introducir mejoras y consensuar mediante discusiones en el marco de la democracia, no admite a los grupos monopólicos que ahora concentran la información y la difunden de modo sesgado, según sus intereses.

Las leyes nunca deben responder a los gobiernos de turno. La futura ley será para la posteridad, eso quiere decir que pasarán gobiernos, el actual y los venideros, y también las empresas que hoy acaparan los medios, pero la ley seguirá rigiendo a lo largo de los años, para beneficio de la sociedad que ahora está alineada con una sola voz, la de los grupos propietarios de medios.

El 33 por ciento destinado a los organismos gubernamentales contempla la participación de la segunda y tercera minorías parlamentarias en el futuro organismo de control audiovisual, para que se garantice la pluralidad y un servicio a la comunidad, sin hegemonía del oficialismo.

Para rescatar de la globalización a las culturas autóctonas, donde la información y la producción artística televisiva de Buenos Aires invaden a las emisoras locales y en donde todo se conduce con una misma vara, las diferentes voces deben ser escuchadas porque la información no es aséptica.

El sistema actual de radiodifusión es tan cerrado que, por ejemplo, las pequeñas cooperativas que necesitan difundir su trabajo no consiguen un espacio en los medios porque la ley en vigencia garantiza la libertad de la empresa periodística, pero no resguarda la libertad de expresión. Debemos quitarnos la idea de que la comunicación solo es viable desde lo comercial.

Preocupados por el proyecto de ley, Clarín y La Nación prepararon informes sobre los supuestos agravios que se hacen desde el gobierno a la prensa y advierten que “vienen por la libertad de prensa”. Hasta llegaron a publicar algunas expresiones de la oposición que aseguran que “vamos a vivir como en la época de Stalin”.

La paranoia desatada por esos medios es un verdadero disparate. Cabe aclarar que en el proyecto de ley no se habla de prensa escrita y no contempla restricciones a los diarios. Las empresas monopólicas de la información no quieren que cambie la ley y utilizan como estrategia el negarse a discutirla. “Es una ley que va a costar mucho y solo se ganará con el debate democrático, con la sociedad y el parlamento, haciéndoles saber a la gente que no hay que pagar para ver un partido de fútbol. En los países desarrollados, con libertad de expresión, los partidos se ven en la televisión abierta, mientras que aquí tenemos que pagar y la recaudación es de uno solo”, expresó Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), el organismo que tiene a su cargo el otorgamiento de las licencias y la aplicación de la ley vigente.

Esta ley vigente es tan anacrónica que contempla que en el directorio del COMFER deben participar un representante por cada una de las Fuerzas Armadas y por la SIDE. Por eso ha sido intervenido sistemáticamente desde que el presidente Raúl Alfonsín asumió en diciembre de 1983 y no hay posibilidades de normalizarlo, hasta que se dicte una nueva ley, democrática, pluralista y sin militares en sus sillones de mando.

El proyecto de ley dice que “la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual son de interés público” y que “la explotación podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro”.

El debate está en marcha y, si existen ambigüedades, habrá que cambiar los términos del proyecto de ley en todo lo que sea necesario, porque la tecnología digital que viene nos posibilitará la multiplicación de los medios con alta definición audiovisual y será justo un instrumento que permita multiplicar las voces con un sentido democrático y pluralista.

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