A comienzo de los ‘80, la dictadura argentina auspició un golpe militar en Bolivia para instalar una gran fábrica de cocaína que le permitiera financiar la intervención en Centroamérica con el objetivo de aplastar a la revolución sandinista. Un hilo que comienza a hacerse ahora visible une aquel cruento golpe con el actual terrorismo separatista del Oriente boliviano. Y en él se engarzan como las cuentas de un rosario entre 11 y 14 ex militares carapintadas que combatieron en los Balcanes y que hoy, según el gobierno boliviano, están instruyendo milicias separatistas en el norteño departamento de Beni. Sus jefes son el ex coronel Luis Enrique Baraldini y el ex mayor Jorge Mones Ruiz, violadores seriales de los derechos humanos en los ‘70, carapintadas en los ‘80, asesinos de sus camaradas a comienzo de los ‘90, combatientes del flamante ejército croata durante la guerra de secesión de la Federación Yugoeslava, quienes han vuelto a la palestra a partir de un rápido y violento tiroteo que tuvo lugar hace un mes y medio en un hotel de cinco estrellas del centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Un comando especial de la Policía Nacional boliviana tomó por asalto el pasado 16 de abril un piso del céntrico Hotel de las Américas, en Santa Cruz, donde mató a tres miembros fuertemente armados de un grupo innominado de extrema derecha y detuvo a otros dos. Aparentemente un sexto se había dado a la fuga.
Según el Fiscal Nacional a cargo de las investigaciones, Marcelo Sosa, muertos y detenidos formaban una célula terrorista al servicio de la secesión de Santa Cruz del resto de Bolivia. Y planeaban nada menos que asesinar al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera e incluso al opositor prefecto del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas. Quedaría la duda, sin embargo, si verdaderamente pensaban matar a Costas o sólo atentar contra su vivienda cuando el prefecto no estuviera en ella, como parecen haber hecho en la casa del cardenal Julio Terrazas –un opositor al Gobierno tan furibundo como Costas– escasas horas antes de ser sorprendidos por la blitzkrieg policial.
Los tres acribillados por el Grupo Delta de la Unidad Táctica de Apoyo y Reacción (UTARC) de la policía fueron el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Martín Dwyer, alias «Michel», y el rumano Arpád Magyarosi, alias «Carlos». Fueron detenidos el húngaro Elöd Tóasó, alias “Alf” y el boliviano-croata Mario Tadic Astorga, alias “Francisco”. Y quedó prófugo el misterioso sexto miembro del combo, apodado “El Viejo”. Que resultó ser un tal Ignacio Villa Vargas, infiltrado por la policía en la célula en enero.
No se dieron a conocer mayores detalles del ataque, del que la policía cruceña fue mantenida al margen para evitar filtraciones. Sólo que estuvo jalonado por explosiones y que los mercenarios fueron sorprendidos mientras dormían, a pesar de lo cual habrían logrado plantear resistencia.
El gerente del Hotel de las Américas –tradicional lugar de reunión de autonomistas y secesionistas–, Hernán Rosel, dijo que antes de iniciar el asalto, los policías desconectaron las alarmas y el sistema de cámaras de video del hotel, por lo que no quedaron testimonios grabados del tiroteo.
En otro allanamiento prácticamente simultáneo, se secuestró un arsenal de armamento muy moderno que se encontraba depositado en el stand de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (Cotas) en el campo de la Feria de Exposición de Santa Cruz (FEXPO), sitio habitual de encuentros y tertulias de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), principal organización opositora al gobierno del presidente Morales.
A consecuencia de este allanamiento quedó prófugo uno de los principales directivos de la Cotas y a la vez su abogado, Luis Alberto Hurtado Vacas, uno de los financistas que pagaba a los mercenarios y quien se hizo cargo puntualmente de pagar las cuentas de Rózsa y otras siete personas en el Hotel Asturias, donde se alojaron a partir de comienzos de octubre, antes de mudarse al más lujoso Hotel de las Américas.
Otros financistas del grupo parecen haber sido Carlos Guillén, vicepresidente del club de futbol Blooming (quién también le vendió un auto a Rózsa, que lo compró usando documentos falsos a nombre de “Germán Aguilera Roca”) y el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic. Ingeniero, terrateniente sojero y banquero de origen croata, Marinkovic es, además, el jefe político de la ultraderecha separatista.
Del Che Guevara al Opus Dei
Nacido en Santa Cruz, hijo de judío y católica, joven comunista admirador del Che Guevara en la adolescencia, miembro del Opus Dei en la Juventud, combatiente de los ejércitos de Croacia y Bosnia durante la guerra de los Balcanes y converso al islamismo, la trayectoria de Rózsa Flores, más que sinuosa, parece tan arbitraria como la de un globo pinchado. Acaso sabiéndolo, e intuyendo el riesgo que corría, antes de viajar a Bolivia, estando en septiembre último en Budapest, grabó un video, una especie de entrevista que hizo como que le hacía su periodista de la TV estatal húngara András Kepes. Rózsa se puso a hablar delante de la cámara de Kepes como si fuera un confesionario, y le pidió luego que únicamente difundiera el video si se enteraba de su muerte.
Rózsa explicó en él que se disponía a viajar a sus pagos natales convocado por empresarios para formar una milicia armada capaz de defender su autonomía y, eventualmente «crear un nuevo país en Santa Cruz».
“Pasaré de Brasil a Bolivia y comenzaré a organizar una milicia, basada en la decisión de Santa Cruz» de obtener una amplia autonomía. “Si ellos, el gobierno, no permiten la autonomía de Santa Cruz, Santa Cruz está dispuesto separarse de Bolivia», aseguró. Y agregó: «Los organizadores proveerán el financiamiento y las armas, las mismas que se obtendrán al margen de la ley. Probablemente desde Brasil, porque en Bolivia el comercio de armas no es legal (…) No marcharemos con banderas o con varas de bambú, lo haremos con armamento», subrayó.
La aparición de este video a cinco días del asalto policial al Hotel de las Américas enmudeció a la oposición, que había echado las campanas al vuelo para denunciar que todo era “un montaje” armado por el Gobierno.
El video le confirió credibilidad a la Fiscalía Nacional que aseguraba tener pruebas de que la célula desarticulada había atentado con explosivos contra los domicilios del viceministro de Autonomías, Saúl Avalos, el 29 de marzo, y del cardenal Julio Terrazas, el 14 de abril. Sin embargo, el gerente Rosel puso en duda la participación del grupo en el último ataque ya que, aseguró, ese día Rózsa y sus amigos permanecieron en el hotel.
A pesar de ello, los investigadores insisten no sólo en que la célula desarticulada atentó contra el domicilio de Terrazas, sino también que planeaba hacer lo mismo en la casa del prefecto del Beni, Ernesto Suárez Sattori. Se trata de lo que los expertos llaman “atentados de falsa bandera” que persiguen generar un ambiente caótico, una “estrategia de la tensión” que hiciera recrudecer las menguantes protestas contra el Gobierno.
Fuentes de la policía agregaron que la célula desbaratada también había estudiado la posibilidad de matar a Evo Morales, García Linera y a todos los ministros con un atentado con explosivos en ocasión de celebrarse el pasado 27 de abril una reunión de Gabinete en un yate que navegaba por el lago Titicaca. En realidad, según un segundo video que mostraría la policía, el incontinente Rózsa dejó grabado su lamento por haberse enterado tarde de dicha reunión, ya que de otro modo –se jactó– uno de sus hombres con habilidades de buzo táctico podría haber adosado una bomba lapa al casco del yate.
El rastro del betún
El vicepresidente García Linera se comunicó telefónicamente con el embajador argentino Horacio Macedo, a quien le manifestó su preocupación por la relación de varios ex militares carapintadas relacionados con la célula desarticulada, entre ellos el coronel Luis Enrique Baraldini y el mayor Jorge Mones Ruiz.
Tanto Baraldini como Mones Ruiz estuvieron destacados en Bolivia a comienzos de los años ’80 –cuando un cruento golpe militar auspiciado por la dictadura depuso a la presidenta constitucional Lidia Gueiler y entronizó al general narcotraficante Luis García Meza–, ambos participaron juntos tanto de la sublevación carapintada de diciembre de 1990 y poco después también en las guerras de secesión de Croacia y Bosnia de la Federación Yugoeslava.
García Linera también identificó como acompañante de Mones Ruiz y Baraldini a Liliana Raffo, viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, muerto en enero de 1989 en ocasión del ataque al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. Los tres, explicó, mantienen vínculos con Branco Marinkovic.
El Gobierno boliviano también le trasmitió al argentino que Baraldini, Mones Ruiz y otra decena de carapintadas tendrían su centro de actuación en el norteño departamento de Beni. El gobierno boliviano cifró a los carapintadas en 11, como los jugadores de un equipo de fútbol, pero expertos locales aseguran que son un poco más, acaso 14. Ambas fuentes coinciden en que los argentinos fueron convocados como instructores militares de milicias por empresarios y terratenientes de Santa Cruz, preocupados tanto por la posibilidad de que campesinos sin tierra e indígenas apoyados por el MAS ocupen tierras fiscales o haciendas improductivas o latifundios hoy en su poder, como por la posibilidad de ser detenidos y enjuiciados por sus actividades. Como ya le pasó al prefecto Leopoldo Fernández a causa de la “Masacre del Porvenir”, el asesinato de 18 campesinos aymaras en el departamento de Pando ocurrido en septiembre pasado, justo antes del regreso de Rózsa Flores.
Precisamente, con posterioridad a esa matanza, Baraldini y Mones Ruiz se reunieron con empresarios que habían puesto sus barbas en remojo en la ciudad de Cobija, capital de Pando. Y es que la rápida repuesta del Gobierno boliviano y de los gobiernos de la región, particularmente los de Argentina, Brasil y Venezuela, alteró drásticamente la relación de fuerzas entre el gobierno de Evo Morales y los envalentonados “autosecesionistas”, que se vieron a obligar a enfundar violines (y armas de fuego) en bolsas.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se reunió con el embajador Macedo a quien le enseñó una fotografía de individuos vestidos con ropas militares y armas de apariencia sofisticada. Quintana vinculó a los retratados con la UJC.
Quintana pidió la colaboración argentina para desarticular la actividad conspirativa de los ex militares argentinos en la llamada «media luna» oriental. Hablaron de las órdenes de captura dictadas contra Baraldini, Mones Ruiz y Liliana Raffo, que a imitación de Cecilia Pando es en Córdoba la cara visible de un «Movimiento por la Verdadera Historia» que reivindica el genocidio ejecutado en la segunda mitad de los años ‘70.
El ministro Quintana le reconoció a Macedo que, a pesar de que Baraldini tiene librada una orden de captura a través de Interpol por su protagonismo en una serie de desapariciones producidas en la provincia de la Pampa luego del golpe militar de marzo de 1976 (ver Un reguero de sangre) el gobierno boliviano tiene dificultades para detenerlo porque no sale de la Media Luna oriental, donde goza de la protección de los prefectos.
Seguidamente, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, difundió aquella y otras fotos similares por diversos canales de TV, individualizando a uno de los escrachados (palabra lunfarda que designaba a los fotografiados para el prontuario) como Marcelo Iturri, un prófugo de la justicia boliviano residente en Miami. Sin embargo, Iturri negó formar parte del grupo de embutidos en uniformes camuflados, y el señalado por Rada (quien al parecer obró con demasiada rapidez, acaso celoso por el protagonismo de Quintana) resultó ser otra persona, Pedro Álvarez, de 27 años.
Varios de los que aparecían con Álvarez en aquellas fotos se presentaron en esos mismos canales de televisión donde dijeron que las mismas habían sido bajadas de Facebook y tomadas en ocasión de jugar «Airsoft”, una variante del paint-ball sin pelotas ni pintura roja, con balas plásticas poco más grandes que las verdaderas y armas de aspecto prácticamente idéntico a las de guerra. Un dato que distó mucho de tranquilizar a los expertos, ya que las empresas dedicadas a la captación y entrenamiento de mercenarios –como la tristemente célebre Blackwater– entrenan a sus hombres jugando Airsoft, lo que les permite eludir restricciones, particularmente el uso de armas de guerra reales cuyo uso, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, en la mayoría de los países está prohibido.
Hablando de Estados Unidos: muchos de los participantes de la conjura aparecen vinculados a la ONG Human Rights Foundation (HRF), dirigida en Bolivia por Víctor Hugo Acha, prófugo de la justicia que ha encontrado refugio en Miami.
HRF es un gemelo univitelino de otra ONG llamada UnaAmerica, que pretende ser la contrapartida de la Unasur. Como se recordará, la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) busca ser el embrión de una unidad continental tan fuerte como la Unión Europea, y su conformación en septiembre último tuvo como detonante la necesidad de esclarecer la Masacre del Porvenir. Su rápida creación se debió en importante medida al impulso de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, empeñada en que su primera actividad fuera investigar la Masacre del Porvenir.
Los carapintadas, relacionados en Argentina y Bolivia a los terratenientes y pooles sojeros, crearon junto a sus socios norteamericanos el sello UnaAmerica con el propósito inicial e inmediato de objetar y contradecir las conclusiones a las que arribó una comisión investigadora de la Unasur encabezada por el abogado argentino Rodolfo Mattarollo, investigación que, entre otras cosas, certificó la responsabilidad en la matanza del detenido prefecto Leopoldo Fernández. Con este propósito, Fernández fue visitado en su celda por Liliana Raffo de Fernández Cutiellos y Mones Ruiz, quienes se acreditaron como periodistas del diario cruceño La Estrella del Oriente. La directora de este diario es Centa Reck, al mismo tiempo integrante del directorio de HRF-Bolivia cuyo vicepresidente, por cierto, es el escritor de módicos best-sellers locales Emilio Martínez Cardona, quien publicó el año pasado el libro Ciudadano X: La Historia Secreta del Evismo y recientemente, otra “novela” titulada X2. Lo que Unasur no dijo.
Detrás del telón
Una buena nota de Hugo Moldiz Mercado publicada originalmente en el diario potosino La Época y reproducida por Rebelión describe cómo, detrás de todo este tinglado, está la CIA. Pero sin llegar tan lejos puntualiza que “por encima de la célula desarticulada existían al menos dos niveles superiores. Un primer nivel, con responsabilidades intermedias y en las que están los que canalizaban los recursos que se recaudaban de distintas fuentes, y un nivel superior, al parecer denominado el ‘Consejo Supremo de Resistencia’, encargado de obtener los recursos, concebir el proyecto separatista y articularlo en una dimensión mayor de lo estrictamente departamental”.
En el primer nivel, continuó, “aparecen los nombres de Luis Hurtado y Hugo Achá, y en el segundo el prefecto Rubén Costas, el entonces presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic; los generales Lucio Añez y Gary Prado (quien en 1967 condujo la compañía que capturó al Che Guevara) y Guido Náyar, ex ministro de Interior de Hugo Bánzer Suárez, entre los más importantes”.
Junto a la célula o células de militares argentinos que pelearon en los Balcanes, hay otras células de mercenarios uruguayos y brasileños, militares que en los ‘90 también revistaron en el ejército de Croacia.
Ahora bien, ¿desempeñaron los carapintadas argentinos un papel distintivo en esta trama? Mientras se lo investiga, “El Viejo” (el infiltrado Ignacio Villa Vargas) se refirió a una reunión entre Rózsa Flores y el virtual estado mayor separatista. Especificó que el ganadero Náyar ofreció sus campos para el entrenamiento de las milicias cruceñas, el prefecto Costas una “casa segura” para que funcionara la célula que habría de conducirla y Marinkovic 200 mil dólares. A su vez, Alcides Mendoza Masavi –un detenido por proveer de armas a la UJC que colabora con la justicia a cambio de una reducción de pena– confirmó que también fue Marinkovic quien “inicialmente financió al grupo para la compra de armamento”. Pero añadió que Marinkovic había “entregado el dinero a un grupo de argentinos, quienes se dieron a la fuga con la pequeña fortuna”.
Quizá sea por eso que hayan dejado Santa Cruz para instalarse en Trinidad, la capital de Beni.
