La petición de extradición de Galvarino Apablaza: Otra broma “inocente” de la justicia chilena

Por Causa Popular.- El 28 de diciembre del 2004, en exactamente cinco minutos, la Corte Suprema de Chile ratificó la solicitud de extradición del ciudadano Galvarino Sergio Apablaza, conocido como “Salvador”, detenido en Argentina desde el 29 de noviembre pasado. Tras escuchar sólo el alegato de tres minutos del abogado de familia Luis Hermosilla, la Corte resolvió de forma inmediata. Se estima que la petición llegará a la Argentina en diez días a partir de la fecha.
La Corte suprema chilena confirma, una vez más la persecución a luchadores sociales en la persona de Galvarino Apablaza, mientras torturadores y genocidas continúan impunes.

Galvarino Apablaza, quien se enteró de estar imputado por la muerte de Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, recién luego de su detención, es requerido por el juez Hugo Dolmestch. Ambas causas están policial y judicialmente resueltas, y en ambas quedó establecido que Galvarino Apablaza no tuvo participación.

Las partes del caso que suman al Estado chileno a la solicitud de extradición, no se presentaron a los alegatos. Específicamente el abogado Jorge Morales de la División Jurídica del Ministerio del Interior, y la abogada Lupy Aguirre del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presidido por Clara Szczaranski.

Por su parte, la defensa de “Salvador”, el abogado Carlos Margotta de amplia trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos en Chile, desistió de alegar ante los jueces supremos pues consideró que “teníamos la certeza de lo preparado que estaba todo, no me presenté como una forma de denunciar que esa instancia no era más que el cumplimiento de una formalidad pues el fallo estaba resuelto de antemano, lo que expresa que en Chile, Galvarino Apablaza, no tiene las garantías mínimas para un juicio justo, ya que se encuentra juzgado y condenado de antemano».

La no presencia de los abogados del Gobierno Chileno causó la sorpresa del abogado Luis Hermosilla y provocó una reacción alterada de los voceros del pinochetismo, la UDI, quienes a través de Andrés Chadwick, emitieron sobre el hecho una serie de calificativos negativos.

El CDE, en tanto, de acuerdo a medios de prensa chilenos, consideró el trámite de extradición un antejuicio de carácter administrativo y, por tanto, la audiencia en la Sala Penal era la última fase en la que sólo se debía verificar si se cumplían o no los requisitos para dictar la solicitud. De ahí que, se explicó, el organismo se concentró en las alegaciones por el procesamiento de Apablaza y en instar en las alertas rojas para su detención, entre otros puntos que permitieran el proceso de extradición.

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, según el mismo medio de prensa, admitió que la ausencia de Interior en el alegato fue un error. Sin embargo, endosó toda la responsabilidad al abogado Jorge Morales, quien llevaba el patrocinio de la causa y que actualmente se encuentra de vacaciones en Cuba. Según Correa, «este abogado informó que la causa sería vista en cuenta, esto es sin alegatos. Ese error significó la decisión, al día siguiente del fallo, que este abogado dejara la causa de Apablaza, sin perjuicio de que se puedan tomar otras medidas en su contra«.

Correa reiteró, sin embargo, que «este error no tuvo consecuencias, ya que la extradición ha sido concedida y era perfectamente previsible el resultado«. Por ahora, la causa quedó en manos del jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Jorge Claissac, cuyo papel en el «error» también fue internamente cuestionado.

Los medios televisivos chilenos señalaron sobre la ausencia de los abogados del gobierno en el fallo de la Suprema que «Margotta al parecer tenía razón«, ya que demostraron con su ausencia que era una pérdida de tiempo y un mero trámite. El resultado ya lo conocían de antemano por lo que no necesitaban ni siquiera presentarse.

Concertados por la impunidad y la represión

Más allá de los aspectos jurídicos, administrativos y hasta anecdóticos de la Audiencia del 28 de diciembre, es evidente que Galvarino Apablaza esta recibiendo el fuego concentrado de la Concertación y de la Derecha Pinochetista.

El propio presidente Ricardo Lagos, en una prioridad poco usual luego de “la crisis del gas”, ha levantado el teléfono de la Moneda para solicitar la extradición de “Salvador” a su par argentino, el presidente Néstor Kirchner. Lo propio han hecho el ministro del interior, José Miguel Insulza y el canciller Ignacio Walker en reiteradas oportunidades.

Es más, se emplearon a fondo por imponer la expulsión inmediata, como medio para sortear el engorroso proceso de extradición y para impedir que Apablaza pudiera solicitar el refugio. Artilugio que fue rechazado por el gobierno argentino, pues es inconstitucional.

La derecha chilena, por su parte, decidió abortar su promocionado viaje de los senadores Chadwick y Espina, para promover la expulsión, luego de evaluar la nula repercusión de la avanzada de los los diputados UDI Darío Molina, presidente de la Comisión Bilateral chileno-argentina, el diputado Cristián Leay, y el parlamentario de RN, Carlos Vilches en la Argentina. Los problemas de “salud” del abogado hermosilla fueron la excusa de ocasión.

El desprestigio que enfrenta hoy la derecha chilena, en el escenario tanto chileno como argentino, por cuestiones de derechos humanos, complicidad de torturas, negociados diversos, pedofilia y otros, los lleva a desplazar su presión hacia los personeros de la Concertación para gestionar a través de ellos el hostigamiento sobre los luchadores sociales, personalizados en Galvarino Apablaza.

Ello es actualmente implementado por llamados telefónicos de personeros de la Concertación en el Poder Ejecutivo y el lobby de su embajada.

Todo esto es la continuidad política, jurídica y diplomática del Cóndor reciclado versión 2004.

La propia intervención de la Jipol, policía chilena, (ver notas relacionadas de Causa Popular) en la detención de Galvarino Apablaza en Argentina el 29 de noviembre pasado, que involucran al reconocido torturador y apropiador ilegal de menores de detenidos desaparecidos en “Automotores Orletti” en 1975, Miguel Angel Furci refleja la continuidad política del Estado chileno en la materia.

La Causa 1281 que explica con detalles la coordinación de los órganos represivos chilenos con el FBI y sus pares argentinos, a pesar de haber sido anulada judicialmente, fue el elemento clave para la detención de Apablaza.

Ello, a pesar de la negativa de la anterior Canciller de Chile, Soledad Alvear, que en carta dirigida a organismos de Derechos Humanos de chilenos en la Argentina fechada el 4 de Mayo del año 2000, señala “…el gobierno de Chile no participa de ninguna coordinación internacional de organismos de inteligencia para perseguir luchadores sociales.” Los porfiados hechos contradicen a la ex Canciller y actual virtual candidata presidencial.

La cómplice complacencia

La transición a la democracia prometida por la Concertación aún es una tarea pendiente. Sigue vigente la Constitución política pinochetista, con poderes fácticos que paulatinamente consolidan un régimen cívico-militar, con suprapoderes como el COSENA y enclaves dictatoriales como los senadores designados. Con las fiscalías militares, que permanecen vigentes, que imponen la prisión para quienes lucharon por la democracia contra el régimen militar pasado y que obliga, hasta el día de hoy, a centenares de patriotas chilenos a vivir clandestinos. Más aún, esta modalidad represiva se extiende hoy sobre comunidades Mapuches que suman más de 400 procesados por fiscalías militares.

Se da a conocer el terrible testimonio de más de 28.000 chilenos torturados. Un terremoto social. Así lo calificó el Presidente Lagos.

Se conoce el testimonio y la identidad de los torturados. Más se oculta la identidad de los torturadores por 50 años. ¿Por qué?

Porque los asesinos que cometieron el genocidio durante el régimen militar pasado, hoy son reconocidas personalidades; porque la gran mayoría de estos torturadores ocupan hoy altos cargos institucionales. Todo ello, con la cómplice complacencia de los Gobiernos de la Concertación.

Es por eso que no sorprende que tanto la Concertación como la derecha se unan para perseguir y procesar eternamente a luchadores sociales.

Esta soberbia indecente es la que tiene asqueado al pueblo chileno, principalmente a sus jóvenes, que cada día desprecian más a los políticos oportunistas y pusilánimes, que prefieren callar y ser cómplices de genocidas y torturadores.

He ahí la causa de porqué Salvador ha concitado pronunciamientos solidarios del pueblo chileno y de sus organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Sólo así se explica la amplia solidaridad que esta recibiendo de diversos pueblos de todo el mundo.

Lo propio acontece en la Argentina, que también padeció de una dictadura criminal. La diferencia es que acá los genocidas, torturadores y sus cómplices son estigmatizados, presos y tienen prohibición de ejercer cargos públicos.

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