Por Causa Popular.- El sábado 2 de octubre los informativos radiales dieron cuenta de algunos detenidos en Caleta Olivia, en la Provincia de Santa Cruz, luego de un desalojo pacífico de manifestantes que bloqueaban la planta de Terminales Marítimas Patagónicas (TerMap) y la ruta nacional 3. Con el correr de las horas, los verdaderos sucesos fueron ya difíciles de ocultar: la versión oficial comenzó a derrumbarse cuando la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que los detenidos eran 36, y que habían sido víctimas de una «violenta represión», protagonizada por efectivos de Gendarmería Nacional y de la policía provincial. Después se supo que el operativo incluyó torturas y amenazas de violación. Hasta ahora el Gobierno Nacional se limitó a decir que los hechos serán investigados, pero las pruebas de los excesos son ineludibles. En esta crónica el detalle de los hechos.
La propia gobernación de Santa Cruz fue la primera en difundir que en los procedimientos no se habían producido arrestos. Contradiciendo las versiones oficiales, integrantes de ADOSAC informaron a la prensa que «22 personas», de un total de 30 que permanecían en el predio de TerMaP, habían sido detenidas en dependencias de la policía provincial en la localidad de Cañadón Seco, a unos 100 kilómetros de Caleta Olivia, en la Provincia de Santa Cruz, tierra natal del Presidente de la Nación Néstor Kirchner.
Por otra parte, «14 personas» que manifestaban en los alrededores en solidaridad con los ocupantes también fueron detenidas y se hallaban alojadas en el escuadrón de Gendarmería, ubicado en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia, a disposición de la jueza federal de primera instancia de la misma ciudad, Eva Parcio.
El desalojo de la planta, ubicada en el acceso norte a Caleta Olivia había sido ordenado por el juez de Instrucción Marcelo Bailaque, en tanto que el operativo en la ruta 3 estuvo a cargo del fiscal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver.
Los manifestantes se habían instalado el miércoles 29 de septiembre en el acceso al predio. En la noche del jueves aprovecharon un descuido del personal de seguridad privada e irrumpieron en el interior de la planta cuando se abrió el portón principal para que ingresara un vehículo. Los desocupados pasaron varias horas apostados sobre dos tanques, pese a que efectivos de la Gendarmería Nacional les lanzaban agua desde carros hidrantes, una situación que se prolongó durante la madrugada.
Otros manifestantes habían paralizado el tránsito sobre la ruta 3, a la que liberaban cada dos horas durante 15 minutos, lo que trabó el tránsito en ambas manos que unen Caleta Olivia y la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.
César Amaya, abogado de los detenidos y secretario del Colegio de abogados local, dijo a la prensa que en la represión del sábado hubo una «precisión de relojería» y un «trabajo de pinzas» entre gendarmes y policías, y confirmó apremios ilegales. «Fue un trabajo bien, bien preparado, fue una especie de encierro», dijo el abogado. «Las chicas detenidas me comentan que la noche fue terrible, con gritos de gente detenida y gritos de mujeres, insultos, todo un marco que me hizo acordar lamentablemente a otro tiempo de la Argentina muy duro, que fue la del terrorismo de Estado», advirtió.
Amaya sostuvo también que «como profesional recibí las informaciones de muy malos tratos que había habido con respecto a toda esta gente, que manifestó desde golpes, esposamiento indebido, con algunos policías que realmente estaban como sacados. Tenemos ya la información por ejemplo de lesiones de cierta gravedad, como fracturas, escoriaciones, fracturas de mano, de los golpes y de la represión violenta«, manifestó el letrado.
Los familiares presentaron la denuncia sobre torturas en la Secretaría de Derechos Humanos y acusaron en la Cámara de Diputados al gobierno provincial de «usar el Código Penal para judicializar el conflicto social«.
El lunes 4, como lo hiciera con la represión desatada en Plaza de Mayo a los manifestantes que repudiaron el mes pasado la presencia del titular del Fondo Monetario Internacional en el país, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la «represión y criminalización» de los manifestantes de Caleta Olivia y exigió la investigación de las denuncias sobre supuestos abusos y violaciones a las garantías fundamentales de los detenidos.
«El CELS considera que la utilización de mecanismos violentos de represión de la protesta social resultan inadmisibles en un Estado de Derecho y conllevan a una afectación de los derechos constitucionales de manifestar y peticionar», dijo la entidad en un comunicado de prensa. La entidad que preside el periodista Horacio Verbitsky, de alta influencia sobre el Presidente, también cuestionó «la aplicación de figuras penales como la asociación ilícita, la privación ilegítima de la libertad y el entorpecimiento de la actividad económica, utilizadas por el juez penal Marcelo Bailaque contra los manifestantes».
Ante evidencias tan contundentes, al día siguiente que el CELS emitiera su comunicado, el gobierno de Santa Cruz, cuya gobernación está a cargo de Sergio Acevedo, reconoció los hechos pero intentó justificarlos: «Cumpliendo instrucciones de la Justicia Federal, Gendarmería Nacional detuvo a 15 personas que cortaban la ruta nacional número 3 en clara violación a las leyes. Al ser identificados, se comprobó que muchos de estos detenidos eran conocidos militantes políticos, que durante el piquete actuaban encapuchados», explicó la administración de Acevedo.
La Secretaría de Estado de Seguridad, a cargo de Juan Balois Pardo, expresó que asumirá las investigaciones, y serán citados a declarar policías que actuaron en la represión.
A fines de julio, la playa de tanques, operada por Repsol-YPF, Panamerican Energy y Vintage Oil, fue ocupada durante 12 días por más de 200 desocupados, quienes después bloquearon la intendencia municipal, donde el jefe comunal Fernando Cotillo permaneció sin poder salir 12 horas. Más tarde, volvió a ser tomada otros tres días, y concluyó tras un acuerdo entre las partes.
Días después, unos 20 manifestantes fueron detenidos, de los cuales seis, que lideraron protestas anteriores, permanecen todavía bajo arresto por orden del juez de Instrucción Marcelo Bailaque. El magistrado les imputa los cargos de privación ilegítima de la libertad, daños, usurpación, e impedimento de actos funcionales y entorpecimiento de explotación económica.
La represión y torturas en Caleta Olivia ocurrieron un mes y medio después de los incidentes ocurridos en Plaza de Mayo, donde militantes de Quebracho y agrupaciones piqueteras repudiaron la presencia del titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato.
A la represión policial con gases, le siguieron un centenar de detenidos, siete de ellos permanecen hoy en prisión por transgredir una figura contenida en el artículo 213 bis del Código Penal que no se utilizaba desde la dictadura militar: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años, el que organizare o tomare parte de agrupaciones permanentes o transitorias que (…) tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación.”
La causa está en manos del juez federal Juan José Galeano .
