La “Patria Financiera” contra las cuerdas

El interbloque encabezado por Carlos Heller y Martín Sabbatella presentó el proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Productivo, que reinstala el debate acerca del rol que debe cumplir el Estado en sociedades modernas y complejas. A continuación los puntos centrales del proyecto y algunas conclusiones.

El interbloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario de la Cámara de Diputados, encabezado por Carlos Heller y Martín Sabbatella, presentó un proyecto para modificar la estructura financiera y crediticia del país, y, por lo tanto, profundizar la distribución de la riqueza.

La actividad financiera en la actualidad tiene como marco legal la ley de Entidades Financieras dictada el 14 de febrero de 1977, que lleva las firmas del dictador Jorge Rafael Videla, Martínez de Hoz y del ministro de Justicia dictatorial, el brigadier Julio Gómez. El proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social viene a remplazarla y define que “la actividad financiera es un servicio público”, percibiendo las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. En este sentido, regulará la orientación del crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y las tasas de interés activas.

El proyecto introduce la existencia de cinco clases de entidades: bancos comerciales, de inversión, hipotecarios, compañías financieras y las cajas cooperativas de crédito, que fueron las principales perjudicadas por la ley de Martínez de Hoz.

Asimismo, establece que el 40 por ciento del crédito sea destinado a las PYMES y microemprendimientos, al tiempo que fija que ningún banco pueda concentrar más del 8 por ciento del sistema financiero. El objetivo es promover el acceso universal a los servicios financieros, fortalecer el ahorro nacional y proteger los colocados en las entidades financieras, en particular los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas, así como también las necesidades de crédito para la vivienda y el consumo. Toda una novedad.

En el texto parlamentario figura que el Banco Central de la República Argentina tendrá que monitorear la concentración en las distintas operatorias de la actividad financiera para resguardar un nivel leal de competencia. Los bancos nacionales, por su parte, no podrán tener más del 30 por ciento de su capital en poder de personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior.

Los banca privada, es importante destacar, ha incrementado sus ganancias exponencialmente, contabilizando utilidades crecientes, hasta alcanzar los 8048 millones de pesos en 2009, un 70 por ciento por encima de lo acumulado en año anterior. Asimismo, los mayores cinco bancos privados del país concentran el 51,4 por ciento de los activos totales privados, según expresa el texto presentado por Heller que tiene el aval del oficialismo.

El proyecto también fija tasas de interés máximas para préstamos a micro y pequeñas empresas: “las tasas no podrán superar en una proporción del 5% a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento.” Y encomienda al Banco Central establecer un listado de “Servicios Esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de comisiones. En la misma línea, se crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, que estará bajo la orbita del Banco Central, cuya misión será la defensa y protección de los intereses de los usuarios.

El plazo de adecuación a la norma, algo que a los grupos económicos concentrados que tienen actividades en empresas de servicios de comunicación audiovisual ha puesto irritables, en este caso deberá ser en forma gradual en un plazo máximo de dos años, conforme lo disponga la reglamentación que deberá dictar el BCRA.

Por último, el proyecto de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social establece la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, algo que venían reclamando amplios sectores de la sociedad.

En síntesis, lo que este proyecto hace es cambiar el sujeto. Con la ley del neoliberalismo impuesta a fuego y terror por la dictadura, el sujeto eran lo bancos; a partir de ahora, de aprobarse, el eje central pasará a ser el usuario, es decir el trabajador, el pequeño y mediano productor, el comerciante y los jóvenes que proyectan comprarse una casa, un departamento o un auto. Para esto, los tres pilares fundamentales son la tasa, el destino y la regionalidad. El primero, es el precio por el acceso al crédito, cuyo costo se traslada al precio de los productos. La idea es que los bancos compitan en bajar la tasa, con el consiguiente aumento de los volúmenes de dinero para prestar. El segundo, con la ley vigente las entidades financieras pueden direccionar el otorgamiento de crédito hacia los sectores que deseen, lo cual no sería posible con el nuevo marco de reglas claras. En cuanto a la regionalización, los grandes bancos son fundamentalmente urbanos, lo que impide el acceso al crédito para los individuos alejados de los centros financieros. La nueva ley incluiría condiciones de territorialidad para asegurar la total cobertura financiera del país, algo que ha comenzado a estimular el Banco Central a partir de la asunción de Mercedes Marcó del Pont.

Otro hecho trascendental que incorpora el proyecto, es el espíritu que lo engloba: suplanta el objetivo de una mayor rentabilidad posible por el de una mínima rentabilidad necesaria; y la actividad financiera deja de ser una función de acumulación de capital para ser un servicio público.
También se renueva un importante debate que se viene desarrollando en Argentina y en el mundo, como lo prueba la reforma sanitaria en Estados Unidos y la crisis en España y Grecia: la centralidad del Estado como regulador de la actividad económica, social y cultural. En ese sentido propone un sistema regulado por el Estado, en el cual “no se puede participar empresarialmente de un modo libre, ya que hay muchos intereses económicos y sociales involucrados”. En un artículo publicado en Página/12 el 5 de febrero de este año, Carlos Heller escribió que “los mercados no se autorregulan, y si no hay regulaciones adecuadas, son propensos al exceso. Ante la amenaza de colapso del sistema financiero, la red de seguridad se extendió no sólo a bancos sino a otras entidades financieras. Dice Joseph Stiglitz: ‘Nunca se transfirió tan gran cantidad de dinero a tan pocos’. El salvataje, continúa el Nobel, ‘expuso una profunda hipocresía… Aquellos que han predicado recortes fiscales cuando iban a pequeños programas de ayuda social para los pobres, ahora piden a gritos el programa de bienestar más grande del mundo (hacia los bancos)’”.

La ley de la dictadura liberalizó el negocio bancario, permitiendo una serie de crisis periódicas, quiebras y estafas a los usuarios, hasta llegar al extremo del corralito y el corralón, ingeniados por Domingo Cavallo para dar salida a la ilusoria convertibilidad que él también había implementado durante el menemismo siguiendo el manual neoliberal de Martínez de Hoz. La desregulación del Estado, el reemplazo de éste por el mercado, la fuga de capitales, y todos los mecanismos que posee la “Patria Financiera”, han encontrado un límite. El pasado lunes el bloque que lideran Heller y Sabbatella presentaron el proyecto, el martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Martínez de Hoz y Videla. Algo ha cambiado en Argentina, “señal de que estamos cabalgando”.

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