Por Juan Gasparini, desde Ginebra, especial para Causa Popular.- Dos órganos de control de tratados en Naciones Unidas que funcionan en Ginebra han convocado a los Estados Unidos para hacer frente a las alegaciones de torturas y de otras violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas en Afganistán, Irak y Guantánamo, incluyendo otras prisiones extraterritoriales. El Comité contra la Tortura de la ONU, la instancia que verifica el respeto de la Convención en la materia y que iniciara este lunes sus deliberaciones, tiene citado a EEUU para este 5 y 8 de mayo, al tiempo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le viene de reservar fecha para mediados de julio venidero.
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Fotografías inéditas de los abusos cometidos en Irak por Estados Unidos.-
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Aunque en esos dos foros no se desarrollaran procesos acusatorios sino exámenes sobre el acatamiento de disposiciones internacionales, los Estados Unidos serán confrontados a la totalidad de las imputaciones que han venido trascendiendo en la prensa desde que George W. Bus asumiera la presidencia.
Sus funcionarios deberán responder durante audiencias a puertas abiertas. Los dictámenes que emitan los expertos de la ONU luego de las vistas orales, tendrán valor jurídico y político, recordando que las instancias de los tratados de Naciones Unidas actúan como tribunales morales sobre derechos humanos y libertades públicas.
La administración Bush ya recibió decenas de preguntas que orientaran el debate que comienza el viernes próximo en el Comité contra la Tortura, una verdadera requisitoria fiscal de trece folios, recientemente conocido en Ginebra.
El documento rechaza las pretensiones estadounidenses de no admitir autoridad a la ONU en estos temas. Washington viene tratando de eludir sus responsabilidades esgrimiendo que no es responsable de la aplicación de las Convenciones que ha firmado en Naciones Unidas por hechos acaecidos al exterior de sus fronteras, y que los involucrados son “combatientes enemigos” que no están protegidos por las mismas sino por las reglas de la guerra que custodia la Cruz Roja Internacional (CICR).
No obstante esa línea de defensa ha sido desechada por los expertos de la ONU. Estos consideran que Estados Unidos tiene responsabilidad y jurisdicción donde operan sus fuerzas en cualquier sitio del mundo y que están obligados a observar los textos que han ratificado en la ONU, que son inderogables en todo momento, lugar y circunstancias, estando absolutamente prohibida la tortura y todas las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El texto de la ONU estima que los EEUU también se encuentran obligados a tratar humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, como a todas las personas privadas de la libertad. Naciones Unidas subraya que a los prisioneros se les debe garantizar, asimismo, un juicio justo y sin dilaciones indebidas.
El Comité de Derechos Humanos, que tiene a su cargo velar por la totalidad de todos los derechos y libertades reconocidos por el Pacto citado, está integrado por 18 expertos independientes, prestigiosos juristas “de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos” que representan “las diferentes formas de civilización y los principales sistemas jurídicos del mundo”, según lo establecen las normas aprobadas en 1966 que legislaron su creación, al que han adherido 157 Estados.
El Comité está presidido por la francesa Christine Chanet, secundada por el argentino Hipólito Solari Irigoyen, quienes en marzo pasado mantuvieron reuniones en Nueva York con las ONG para recibir denuncias sobre violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por los Estados Unidos. Este Comité ya ha hecho conocer a Estados Unidos la lista preliminar de preguntas escritas que deberán evacuar en julio próximo, sin perjuicio de las verbales que agregaran los expertos en el examen del informe durante las audiencias previstas.
En cuanto a la batería de preguntas de Los diez expertos del Comité contra la Tortura han sido elegidos todos por el voto secreto de los 140 Estados que han suscripto la Convención, con el mandato de velar por su inviolabilidad.
El cuestionario de preguntas sometido a los Estados Unidos exhorta a mejorar su legislación, aun insuficiente para sancionar la tortura de acuerdo a las exigencias de la ONU. En ese contexto solicita informes pormenorizados sobre las personas detenidas en Afganistán, Irak y Guantánamo, o que hayan sido ulteriormente transferidas a cárceles dentro de Estados Unidos, o a navíos bajo su bandera, y si sus casos han sido comunicados a la Cruz Roja Internacional (CICR) y a sus familiares.
El Comité aguarda se le indique donde están y conocer sus identidades, nacionalidad, sexo, edad, origen étnico, fechas de captura, inculpación, y etapa del procesamiento. De haber sido objeto de malos tratos, se requiere el resultado de las investigaciones llevadas a cabo y si las declaraciones arrancadas bajo tortura han sido tomadas en cuenta en su situación legal. Este Comité pide se le informe si estos detenidos reciben asistencia legal y médica y visitas familiares, por qué razón se los encierra en establecimientos secretos y, de haber muerto alguno, demanda la causa del fallecimiento y el sumario de rigor que debió instruirse.
Respecto a la cárcel de Abu Graib, el Comité contra la Tortura espera se le anuncien las medidas adoptadas por Estados Unidos para remediar que se haya infringido torturas a los prisioneros, individualizando y enjuiciando a sus autores e indemnizando a las víctimas.
A partir de este ejemplo, la ONU quiere saber si los perpetradores obedecieron ordenes y si existe algún marco legal que habilite se las hayan impartido, incluyendo técnicas y métodos de interrogatorios que pudieran justificar la tortura.
En la eventualidad que alguien esté facultado para hacerlo, Naciones Unidas aguarda se le notifique quien en los Estados Unidos podría autorizar la practica de conductas de este tipo, caratuladas de crímenes aberrantes.
